Este viernes al mediodía,  el Tribunal Oral en lo Criminal de San Nicolás dio a conocer las penas correspondientes al segundo juicio por el asesinato del abogado y comerciante de Ramallo César Butara.

Walter Díaz, sindicado como líder de la banda, y Ramiro Cáceres, señalado como el autor del disparo homicida, fueron condenados a prisión perpetua tras ser hallados culpables por el jurado ciudadano.

Miguel Pereyra Retamal, por su parte, recibió una pena de 28 años de prisión efectiva, luego de que Fiscalía y querella pidieran 37 años para él en la audiencia de cesura, que tuvo lugar la semana pasada. 

En marzo pasado habían sido condenados a 20 años de prisión José “Toti” Pereyra Retamal y Facundo Gómez, quienes eligieron un juicio técnico.

En la primera audiencia, el Tribunal rechazó el planteo de la Defensoría Oficial que pidió la suspensión del juicio por una pericia que estableció que Cáceres, que tenía 18 años al momento del hecho y es señalado como el ejecutor del disparo homicida, carece de entendimiento para enfrentar la causa.

Ramiro Cáceres tiene una disminución intelectual que le impide procesar pensamiento abstracto, establecieron en la entrevista a cargo de personal de Adajus, el programa de asistencia a las personas con discapacidad en conflicto con la Justicia.

Durante el debate pasaron testigos  y peritos que alimentaron la teoría de que si bien Cáceres no sabe leer ni escribir y posee algún grado de discapacidad intelectual, sí comprende la criminalidad de sus actos.

En su declaración, Walter Díaz reconoció el hecho y asumió responsabilidades como jefe de la banda, aunque aseguró que no habían  ido con la intención de matar a nadie. Dijo que ni siquiera habían hecho tareas de planificación previa y que entraron a la casa de Butara al azar, porque les llamó la atención.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había.

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido.

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

El jurado ciudadano halló culpables a los tres acusados del crimen de César Butara en Ramallo que eligieron esa modalidad, de una banda que tenía en tota cinco integrantes, todos condenados.

Walter Díaz y Ramiro Cáceres, señalado como el autor del disparo que mató al reconocido abogado y comerciante ramallense, fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causae, es decir un asesinato cometido para consumar otro delito, en este caso el robo.

Miguel Pereyra Retamal, por su parte, fue condenado con un calificación penal menor, por lo que no recibirá pena de perpetua, aunque todo indica que cuando el Tribunal dé a conocer la sentencia le tocará una condena relevante.

En marzo pasado habían sido condenados a 20 años de prisión José "Toti" Pereyra Retamal y Facundo Gómez, quienes eligieron un juicio técnico.

En la primera audiencia, el Tribunal rechazó el planteo de la Defensoría Oficial que pidió la suspensión del juicio por una pericia que estableció que Cáceres, que tenía 18 años al momento del hecho y es señalado como el ejecutor del disparo homicida, carece de entendimiento para enfrentar la causa.

Ramiro Cáceres tiene una disminución intelectual que le impide procesar pensamiento abstracto, establecieron en la entrevista a cargo de personal de Adajus, el programa de asistencia a las personas con discapacidad en conflicto con la Justicia.

Durante el debate pasaron testigos  y peritos que alimentaron la teoría de que si bien Cáceres no sabe leer ni escribir y posee algún grado de discapacidad intelectual, sí comprende la criminalidad de sus actos.

Durante su declaración, Walter Díaz reconoció el hecho y asumió responsabilidades como jefe de la banda, aunque aseguró que no habían  ido con la intención de matar a nadie. Dijo que ni siquiera habían hecho tareas de planificación previa y que entraron a la casa de Butara al azar, porque les llamó la atención.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había.

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido.

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

Comenzó este miércoles en San Nicolás el segundo juicio por el asesinato del reconocido abogado y comerciante de Ramallo César Butara, a quien un grupo de delincuentes de San Pedro, conocidos como "la banda de Walter Díaz", mató en su casa cuando entraron a robar.

En marzo pasado fueron condenados Facundo Gómez y José Pereyra Retamal, quienes recibieron una pena de 20 años de prisión en un juicio técnico. Los otros acusados habían elegido un juicio por jurados, que es el que se desarrolla esta semana.

Tras una larga etapa de selección del jurado popular, que llevó casi toda la mañana, pasadas las 13.30 comenzó en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales el debate oral y público que juzga a Walter Díaz, Miguel Pereyra Retamal y Ramiro Cáceres.

El Tribunal rechazó el planteo de la Defensoría Oficial que pidió la suspensión del juicio por una pericia que estableció que Cáceres, que tenía 18 años al momento del hecho y es señalado como el ejecutor del disparo homicida, carece de entendimiento para enfrentar la causa.

Ramiro Cáceres tiene una disminución intelectual que le impide procesar pensamiento abstracto, establecieron en la entrevista a cargo de personal de Adajus, el programa de asistencia a las personas con discapacidad en conflicto con la Justicia.

Durante el debate pasarán testigos que durante que alimentarán la teoría de que si bien Cáceres no sabe leer ni escribir y posee algún grado de discapacidad intelectual, sí comprende la criminalidad de sus actos.

Durante su declaración, Walter Díaz reconoció el hecho y asumió responsabilidades como jefe de la banda, aunque aseguró que no habían  ido con la intención de matar a nadie.

Díaz relató que ni siquiera habían hecho tareas de planificación previa y que entraron a la casa de Butara al azar, porque les llamó la atención.

En su declaración señaló a Cáceres como el autor del disparo y dijo que no entendía por qué lo había hecho. Además, aseguró que lo habían llevado a Ramallo diciéndole que iban "a pasear".

Por su parte, Pereyra Retamal sostuvo que él no estaba en el lugar del hecho y la defensa planteó que su participación es "secundaria" respecto del asesinato.

Los dos condenados en juicio técnico previo fueron hallados culpables del delito de homicidio criminis causae, el tipo de asesinato que se comete para consumar otro delito, en este caso el robo. 

La defensa busca en el debate modificar esa calificación para los tres imputados que eligieron ser juzgados por jurado popular ciudadano.

La declaración de los familiares de César Butara fue un momento duro y emotivo de la primera jornada del juicio, sobre todo la participación de su mamá, que se quebró ante el Tribunal, el jurado y los imputados, a quienes pidió explicaciones e insultó.

La esposa relató cómo fue el asalto, cómo entraron los delincuentes y la golpearon. Su relato fue crudo y tensionó la sala. Al igual que su suegra, lloró mucho durante la declaración.

También pasaron por ante el Tribunal dos de los tres hijos adolescentes del matrimonio, entre otros testigos relacionados con los movimientos que se vieron en la zona de la casa donde ocurrió el hecho.

Para este jueves está prevista una larga lista de testigos y todo indica que el debate podría extenderse hasta el viernes.

Entre las declaraciones para la segunda jornada se encuentran la de personas que contribuyeron al secuestro del arma y a los allanamientos, vecinos de Pereyra Retamal, que es quien vivía en Ramallo, y personal de la Asesoría Pericial de Necochea convocado para este juicio.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había.

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido.

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

Se desarrolla en San Nicolás este martes la segunda jornada del juicio por jurados contra Marisel "Pili" Solís, acusada del asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo hallado en un verdadero baño de sangre en una fina ubicada en ruta 191.

El lunes tuvo lugar la selección de los jurados, 12 titulares y seis suplentes, que tendrán la responsabilidad de establecer si Solís es culpable o no del delito de homicidio agravado por el vínculo, una calificación que tiene como única pena posible la prisión perpetua.

Este martes, cuando comenzó el debate propiamente dicho, hubo incidentes tras los que solicitaron la intervención del Tribunal. Fue luego de los alegatos de apertura, en la que las partes expusieron sus planteos.

Las abogadas de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, acusaron al hermano de Solís, Javier, de amenazarlas dentro del Palacio de Tribunales cuando se les acercó en el momento en que bajaban una escalera en el edificio.

Sanjurjo dijo a La Opinión que informaron al Tribunal sobre lo ocurrido y que el juez que lo preside hizo una “advertencia” al público para que no haya situaciones que molesten a las partes.

Las abogadas representan a la familia como particulares damnificados en la causa cuyo trámite comenzó en la Fiscalía 7 y llegó a juicio bajo la órbita de la 9, que conduce Vicente Gómez, fiscal de Baradero.

"Pili" Solís había transitado prácticamente toda la instrucción de la causa con el abogado Gustavo Moreno como defensor particular, quien antes de la etapa final fue reemplazado por Antonela Travesaro.

La nueva abogada tiene como estrategia intentar persuadir al jurado de que Marcel no fue asesinado sino que, como había establecido al principio la autopsia, las lesiones que presentaba fueron autoinfligidas.

Una pericia posterior, firmada por la perito de parte Virginia Creimer y el jefe de la Asesoría Pericial de San Nicolás, Manuel Caro, consideró que él no podría haberse provocado a sí mismo ese tipo de heridas.

Por eso la causa llegó a juicio con la carátula de homicidio calificado. El jurado ciudadano deberá ponderar las pruebas y los testimonios para establecer si Marisel "Pili" Solís es culpable o no.

Este lunes, desde las 8.00 de la mañana, se desarrolla en San Nicolás la primera audiencia del juicio por jurados contra Marisel "Pili" Solís por la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años que fue hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

La primera jornada es de selección del jurado, 12 vecinos de la región que tendrán la responsabilidad de establecer si la acusada es culpable o no de un asesinato.

El martes, ya con el jurado elegido, habrá alegatos de apertura y comenzarán a pasar los testigos que declararán en el juicio, lo que incluye peritos, profesionales de la salud y efectivos policiales. Se espera que las audiencias se extiendan al menos hasta el jueves.

Solís llegó al debate oral y público detenida con prisión preventiva desde que una pericia sobre la autopsia estableció que Marcel no podría haberse autoinfligido las heridas que le causaron la muerte.

La acusación es por homicidio agravado por el vínculo, cuya única pena posible, en caso de culpabilidad, es la prisión perpetua. Para que la imputada sea declarada culpable debe haber unanimidad en el jurado.

Por eso la tarea del fiscal Vicente Gómez y de las abogadas Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, que representan a la familia de Marcel, será la de exponer un cuadro de situación que no deje dudas en los 12 vecinos de la región seleccionados para el juicio.

Por su parte, la abogada de Solís, Antonela Travesaro, llega con el plan de persuadir al jurado acerca de la inocencia de Solís o al menos con la intención de sembrar la duda respecto de la acusación de homicidio.

Cuando la policía llegó a la finca Sonho Verde, alertada por la propia Solís, Marcel estaba en una de las dependencias desnudo y en un charco de sangre, con un cuchillo cerca de él.

En el lugar había una gran cantidad de drogas y ella fue detenida bajo la acusación relacionada con la presunta comercialización de estupefacientes. Cinco días después, la liberaron.

La autopsia había señalado, inicialmente, que se trataría de una muerte producida por lesiones autoinfligidas, pero luego una pericia firmada por la perito de parte Virginia Creimer y el jefe de la Asesoría Pericial San Nicolás, el médico forense Manuel Caro, estableció la participación de terceros.

Pili Solís dijo que habían consumido cucumelo y que ella salió a caminar durante horas mientras duraba el "viaje" de los hongos alucinógenos y que al regresar encontró muerto a Marcel.

Aunque luego el informe toxicológico no reveló la presencia de psilocibina, la abogada de Solís sostiene su relato porque "no tenían las técnicas ni los reactivos específicos para buscar esa droga".

Hay pericias que Travesaro pondrá de relieve en defensa de su asistida, como la falta de huellas de Solís en el cuchillo hallado en la escena o el hecho de que no tendría la fuerza necesaria para cometer un crimen de estas características.

Fiscalía y la querella procurarán sostener que si Marcel murió por acción de terceros la victimaria no podría ser otra que su pareja, porque era los únicos que estaban en el campo.

El jurado ciudadano deberá ponderar cada una de las pruebas que aparezcan, más los testimonios y alegatos que se expongan durante el debate, para decidir si en la muerte de Marcel hubo un homicidio y si la responsable es o no Marisel "Pili" Solís.

Seguirá detenida camino al juicio Marisel "Pili" Solís, acusada de homicidio agravado por la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el joven uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191 en junio de 2024.

Así lo resolvieron los jueces de la sala I del Tribunal de Casación Penal en La Plata, donde la defensa de la acusada había presentado un recurso en procura de lograr el beneficio de arresto domiciliario.

Solís está detenida con prisión preventiva desde que la pericia médica sobre la autopsia señalara que Marcel no podría haberse autoinfligido las lesiones que le provocaron la muerte.

Su abogada defensora, Antonela Travesaro, había solicitado que la imputada fuera alojada en su casa a la espera del juicio por jurados en la que se resolverá si es culpable o inocente de la muerte del joven uruguayo, que era su pareja.

El juez de Garantías había accedido al beneficio, pero el fiscal Vicente Gómez y la abogada de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo, apelaron esa decisión y lograron revocarla.

Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones de mantener presa a Solís, su defensa fue a Casación, donde también mantuvieron la decisión de que permanezca detenida en la Unidad Penal 3 de San Nicolás.

Los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral consideraron que es necesario mantener presa a Pili Solís ante "la persistencia de los peligros procesales" que derivaron en el dictado de prisión preventiva.

Los argumentos esgrimidos por su defensa en relación al cuidado de su hija de 14 años no alcanzaron. Por el contrario, el Tribunal de Casación ponderó los planteos de Gómez y Sanjurjo.

La querella había señalado que la hija de Solís podía permanecer bajo el cuidado de otros familiares y que su traslado a la finca Sonho Verde, donde ocurrieron los hechos, implicaba un "peligro de fuga" inminente, teniendo en cuenta la proximidad del debate oral y los recursos económicos con los que cuenta la acusada.

El juicio oral y público con jurado ciudadano contra Pili Solís comenzará el lunes 22 de junio en el Palacio de Tribunales de San Nicolás y todo indica que se extenderá al menos por cuatro jornadas.

El jurado deberá decidir si es culpable o no del delito de homicidio agravado, un delito cuya única pena posible, en caso de condena, es la prisión perpetua.

Marisel "Pili" Solís continuará detenida en la cárcel de San Nicolás imputada por el homicidio del uruguayo Marcel Xavier González Jorge, camino al juicio por jurado ciudadano que se desarrollará en junio.

Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones, cuyos jueces rechazaron la decisión que había tomado el Juzgado de Garantías de otorgarle el beneficio de arresto domiciliario.

El planteo de la nueva abogada de Solís, Antonela Travesaro, había tenido visto bueno en primera instancia, pero tanto el fiscal Vicente Gómez como la abogada de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo, se opusieron.

Esa apelación dejó en suspenso el beneficio y finalmente la Cámara accedió al planteo opositor, por lo que la acusada seguirá detenida en la Unidad Penal 3 hasta tanto se desarrolle el debate oral y público.

El juicio está previsto para los días 22, 23 y 24 de junio. Allí, el jurado ciudadano resolverá si Solís es culpable o no del delito de homicidio agravado por el vínculo, una calificación cuya única pena prevista es la de prisión perpetua.

Marcel Xavier González Jorge fue hallado en un verdadero baño de sangre en la finca Sonho Verde, ubciada en ruta 191 y propiedad de Solís, con quien tenía una relación de pareja.

En su defensa, ella dijo que habían tomado hongos alucinógenos y que salió a caminar en el marco del “viaje” psicodélico, y que al regresar halló muerto a Marcel. 

La hipótesis de la acusación es que ella lo asesinó. Su defensa sostiene que las lesiones fueron autoinfligidas. 

La Justicia ordenó una inspección ocular en el campo Sonho Verde, escenario donde el uruguayo Marcel Xavier González fue hallado en un verdadero baño de sangre el 9 de junio de 2024, camino al juicio oral y público con jurado ciudadano que afrontará la dueña de esa finca y en aquel entonces pareja de Marcel, Marisel "Pili" Solís.

La defensa de Solís había pedido una reconstrucción del hecho y acordó con Fiscalía esta inspección ocular, de la que participaron todas las partes, incluida la representación legal de la familia de Marcel, con la abogada Sofía Sanjurjo a cargo.

La medida contó con la presencia de un perito médico y criminalista ofrecido por parte de la defensa de Solís, que elevará un informe respecto de lo que se observó en el lugar, que además fue filmado para proyectar en el juicio y así evitar que el jurado ciudadano deba trasladarse a la escena del hecho.

Antonela Travesaro, abogada que encabeza la defensa de Solís, informó a La Opinión que aguardan con expectativa el informe del perito de parte y ratificó su convicción de que "no hubo homicidio".

Por su parte, Sofía Sanjurjo señaló a este medio que "hay contradicciones" entre lo que planteaba el perito, pero que todo se dirimirá en el juicio por jurados.

Pili Solís eligió esa modalidad para ser juzgada por homicidio agravado por el vínculo, una calificación que prevé como única pena, en caso de que sea condenada, la prisión perpetua.

En el juicio, Fiscalía y la querella deberán convencer a tods los integrantes del jurado respecto de la culpabilidad de Solís para que sea condenada. A la defensa le bastará con sembrar la duda en uno de ellos para evitar una sentencia desfavorable.

El Tribunal fijó el debate para los días 22, 23 y 24 de junio. El jurado deberá establecer si Marisel "Pili" Solís es culpable o no de la muerte de Marcel.

La abogada de Marisel "Pili" Solís, acusada del homicidio del uruguayo Marcel Xavier González Jorge, logró para su defendida el beneficio de arresto domiciliario hasta la fecha del juicio por jurados, que será en junio próximo.

Antonella Travesaro es la abogada que reemplazó al reconocido penalista Gustavo Moreno en la defensa de la imputada y logró el fallo favorable en la última audiencia, en la que se fijó para 22, 23 y 24 de junio el debate oral y público que ventilará el resonante caso.

De todas maneras, Solís permanece alojada en la Unidad Penal 3 de San Nicolás hasta tanto se resuelva la apelación, que la abogada Sofía Sanjurjo, representante de la querella, confirmó interpondrá ante la Cámara para oponerse al beneficio.

En primera instancia, la Justicia accedió a otorgarle el arresto domiciliario por cuestiones relacionadas con la maternidad de Solís, que tiene una hija adolescente que vivía con ella hasta que quedó detenida.

Travesaro planteó que en esta etapa previa al juicio no hay peligro procesal alguno para que la imputada llegue al debate detenida en su domicilio, aunque habrá que esperar la resolución de Cámara para saber si ese beneficio se hará efectivo.

Marisel "Pili" Solís será juzgada por un jurado ciudadano que deberá establecer si es culpable o no de la muerte de Marcel, que fue hallado en un verdadero baño de sangre en la finca propiedad de ella en ruta 191.

La carátula del caso es homicidio agravado, cuya única pena posible en caso de condena es la prisión perpetua.

En su defensa, Solís dijo que habían consumido hongos alucinógenos, que salió a caminar por el campo en medio del "viaje" y que al regresar encontró a Marcel muerto en el cuarto.

Aunque en principio la autopsia había establecido que las lesiones fueron autoinfligidas, una pericia posterior firmada por la reconocida perito Virginia Creimer y por el jefe de la Asesoría Pericial San Nicolás, Manuel Caro, dejó asentado que hubo participación de terceros.

El juicio oral y público que tendrá lugar en junio pasará por ese debate: si Marcel se autolesionó o lo asesinaron y, en ese caso, si fue Marisel "Pili" Solís la responsable de darle muerte.

La primera parte del juicio contra los cinco sampedrinos acusados de integrar una banda que asaltó y asesinó al comerciante César Butara en Ramallo terminó con condena de 20 años de prisión para dos de los cinco acusados.

Facundo Gómez, de 28 años, y José "Toti" Pereyra Retamal, de 25, fueron hallados culpables de homicidio criminis causae, el tipo de asesinato que se comete para consumar otro delito, en este caso el robo a la familia en su vivienda.

Por su parte, Walter Díaz (34), sindicado como líder de la banda; Miguel Pereyra Retamal (24); y Ramiro Cáceres, que cuando ocurrió el hecho tenía 18 años recién cumplidos y fue señalado como quien disparó el arma homicidia, serán juzgados por jurado popular en julio próximo, puesto que así lo solicitaron junto a sus defensores.

En el caso de los condenados la semana pasada, habían elegido el juicio técnico y el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás hizo lugar al planteo de la fiscala María Verónica Marcantonio, que los acusó de formar parte de una banda que urdió un plan coordinado para cometer el asalto en cuyo marco mataron al comerciante.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había. 

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido. 

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

Durante el transcurso del proceso penal, allegados a uno de los ahora condenados a 20 años de prisión aseguraron que él no tenía por qué pagar por el crimen,

Consideraban que era "culpable hasta cierto punto", en la medida en que reconocían su participación en la banda pero señalaban que al no haber sido el que accionó el arma no deberían darle la misma cantidad de años de cárcel que a quien disparó.

Sin embargo, el Código Penal es claro al respecto: considera partícipe necesario a quien haya hecho un "aporte esencial" para la comisión del delito en cuestión y establece que la pena es la misma para quien, como en este caso, disparó el arma homicida como para los cómplices que integraron la banda, planificaron el robo y lo cometieron, cada uno con el rol asignado.

A un mes del crimen de Agustín Pereyra, familiares y amigos, lo recordaron, pidieron Justicia y exigieron que el crimen "no quede en la nada".

La investigación judicial avanza con fuertes sospechas sobre el autor material del disparo, aunque el principal acusado continúa prófugo.

Pereyra fue asesinado en medio de un conflicto armado que tuvo lugar en la zona de Manuel Iglesias al 1100, donde recibió un balazo por la espalda.

Las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo permitieron reconstruir la secuencia del ataque y resultaron claves para orientar la pesquisa.

La causa, que encabeza la fiscal Viviana Ramos, derivó en la detención del conductor de la motocicleta en la que se desplazaba el tirador.

El imputado, a quien en las imágenes primero se lo observa como acompañante y luego como conductor, permanece alojado en una dependencia policial, acusado como “partícipe necesario” del homicidio.

Sin embargo, Kevin Carlevaris, de 18 años, señalado como el autor material de los disparos, permanece prófugo de la Justicia. 

Al cumplirse un mes del asesinato, familiares y amigos de Agustín lo recordaron con un mensaje. 

“A un mes de su asesinato lo recordamos con amor y cariño. Pedimos justicia ya que el asesino anda suelto y sus cómplices también. Queremos justicia en su memoria para que descanse en paz. Que no quede en la nada, que pague el asesino”, expresaron. 

Tras prestar declaración indagatoria, quedó detenido e imputado como partícipe necesario del asesinato de Agustín Pereyra el joven Lautaro Iobizzi, de 21 años, detenido el miércoles tras un allanamiento en Combate de Obligado al 2200.

Iobizzi fue identificado como la persona que iba en moto con Kevin Carlevaris, que permanece prófugo de la Justicia desde el jueves pasado, cuando ocurrió el tiroteo. 

En los videos que obran en el expediente de la causa penal que tramita en Fiscalía 11 se lo ve alternativamente manejando el rodado o como acompañante.

Cuando lo detuvieron, en la casa de la madre de su novia, dijo ante el personal policial de la Comisaría y de la DDI presente en el allanamiento que él era quien manejaba la moto y se puso a disposición de la Justicia.

Su declaración ante la fiscala Viviana Ramos fue un tanto confusa. Incluso los horarios en los que dice haber salido de trabajar para luego encontrarse con Carlevaris no coinciden con los del hecho, cuyos momentos culminantes están registrados con precisión en imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Iobizzi dijo que desconocía el conflicto entre Carlevaris y Pereyra, que además de la vinculación con la disputa que viene desde hace años está relacionada con el asesinato de Lautaro Carlevaris, hermano de Kevin.

Ramos lo imputó como partícipe necesario del homicidio, lo que implica endilgarle responsabilidades activas en el crimen, como facilitador, y significa que, probado en juicio su rol, la condena sería igual que la que reciba quien disparó el arma homicida.

Aunque dijo que no sabía que la situación iba a derivar en un tiroteo, será muy difícil descartar su vinculación con el crimen, en la medida en que su presencia antes, durante y después del tiroteo es activa. Habrá que ver que entiende el Juzgado de Garantías cuando llegue la audiencia de prisión preventiva.

Lautaro Iobizzi permanece detenido a disposición de la Justicia, mientras la policía trabaja con algunas líneas de investigación firmes en procura de hallar al prófugo Kevin Carlevaris.

En el marco de la investigación por el asesinato de Agustín Pereyra, Horacio Coronel, abuelo de la novia de Kevin Carlevaris, estuvo en la redacción de La Opinión y pidió que se esclarezca la situación, al sostener que su familia “quedó en el medio” de un conflicto ajeno.

Relató que Kevin atravesaba un proceso de cambio desde hacía aproximadamente un año.

“Había dejado la droga, la mala junta y empezó a trabajar en un frigorífico. Venía progresando”, afirmó, y remarcó que siempre fue “muy respetuoso” con él, con su nieta y dentro de su casa.

Reveló que antes del crimen Kevin estaba con él en la zona de Casella y Manuel Iglesias, donde estaban construyendo una peluquería.

“Recibe un llamado y sale corriendo. En ese momento él pasó solo; la otra persona lo habrá encontrado después, habrá ido a buscar el arma”, señaló, en relación a la secuencia previa al crimen. 

Coronel afirmó que no sabe qué ocurrió, pero que Carlevaris salió apresurado, tras hablar con una de sus familiares. 

También sostuvo que existían amenazas previas vinculadas a otra familia del mismo barrio, aunque aclaró: “Nosotros jamás tuvimos problemas con la familia Pereyra, siempre tuvimos buena relación. Lo que me da bronca es que quedamos en el medio de todo esto”.

En cuanto al accionar policial, indicó que los efectivos llegaron a su domicilio porque Kevin frecuentaba la vivienda.

“El allanamiento fue al otro día del asesinato. Nosotros nos enteramos por las redes sociales de que había un herido y después vimos que se trataba de Agustín”, relató.

Precisó que durante el procedimiento buscaban armas y una motocicleta, pero aseguró que “eso no estaba" en su casa. 

El hombre fue enfático al marcar la postura de su familia: “Jamás avalaríamos a una persona que haya cometido un crimen. Nuestra familia no es así. Si hubiera sido el caso, lo habríamos entregado”.

Manifestó además su preocupación por la situación que atraviesan desde entonces.

“Automáticamente empezaron a sacar fotos de mi casa. Me duele, soy veterano de guerra y tengo muchos conocidos. Estamos mal porque nuestra casa está siendo vigilada y acá no ocurrió nada”, expresó. 

Coronel reclamó que durante los procedimientos judiciales, tomaron fotos en donde exponen su domicilio y a menores de edad, que nada tienen que ver con el crimen, y pidió que dejen de utilizarlas, ya que exponen la identidad de personas inocentes. 

Agregó que hay una persona que pasa reiteradamente en moto frente al domicilio, “como intimidando”.

Sobre el impacto emocional, contó que su nieta “está destruida” y que intentó explicarle cómo funcionan los procedimientos judiciales y policiales. 

“Le dije que están vigilando, que es parte del proceso”, señaló.

“Tenían una relación conflictiva, pero Kevin había cambiado mucho desde lo que pasó con Lautaro”, dijo Coronel. 

Finalmente, recordó que Kevin tuvo conflictos en su adolescencia, pero que tras la muerte de su hermano, logró reencauzar su vida. 

“De menor cometió muchos ilícitos, pero después consiguió trabajo en una carnicería y cambió totalmente. Dejó la droga y cambió”, insistió.

También descartó vínculos con otra familia mencionada en la investigación: “La familia Coronel está fuera de esto. Están buscando en un lugar equivocado”.

El asesinato de Agustín Pereyra tuvo lugar en medio de un enfrentamiento armado en Manuel Iglesias al 1100 y la Justicia continúa haciendo allanamientos para dar con el presunto autor del disparo, Kevin Carlevaris, que permanece prófugo.

Este miércoles efectivos de la DDI detuvieron a quien manejaba la moto desde la que se le disparó a la víctima. 

En el marco de la investigación por el asesinato de Agustín Pereyra, efectivos de la DDI y del GTO llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en Combate de Obligado 2046. 

Por disposición de la UFI interviniente, se concretó la detención de un joven de 21 años, identificado como quien conducía la motocicleta en la que se movilizaba Carlevaris al momento del hecho.

Durante el procedimiento se secuestró un par de zapatillas y una bermuda, elementos que serán incorporados a la causa como material probatorio.

Pereyra fue asesinado en medio de un conflicto armado y la Justicia trabaja para dar con el sospechoso de efectuar el disparo, Kevin Carlevaris, de 18 años, quien permanece prófugo.  

El año pasado, Lautaro, hermano del sospechoso, fue asesinado en medio de un conflicto de características similares. 

El sábado, en Sin Galera, el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, brindó detalles sobre el avance de la investigación por el asesinato de Agustín Pereyra, el joven que murió tras recibir un balazo en medio de un tiroteo, y destacó el rol del Centro de Monitoreo para reconstruir lo ocurrido.

Explicó que el hecho se esclareció a partir del análisis minucioso de cámaras de seguridad, que permitió seguir el recorrido de las motos involucradas y observar imágenes determinantes.

En una de ellas se ve a la víctima herida, levantándose la remera para mirarse la lesión, mientras llevaba un arma en la mano.

A partir de allí, continuaron rastreando el trayecto por distintas cámaras, cuadro por cuadro, hasta reconstruir gran parte de la secuencia, pese a que en el lugar exacto donde Agustín Pereyra cayó no había dispositivos instalados.

Álvarez señaló que las imágenes permitieron establecer que no se trató de un ataque unilateral, como se había relatado inicialmente, sino de un tiroteo entre dos motos.

“Ellos (Pereyra y quien iba con él en el rodado) también iban armados”, explicó, y confirmó que esa evidencia derivó en la orden de aprehensión del conductor de la moto en la que se desplazaba la víctima, quien en un primer momento había declarado como testigo.

El funcionario indicó que, tras el análisis del material fílmico, observaron incluso un cambio de posiciones entre quienes circulaban en la otra motocicleta, lo que refuerza la hipótesis de un enfrentamiento previo y organizado.

Si bien evitó dar precisiones, aseguró que hay “información abundante” sobre el posible paradero del principal sospechoso, Kevin Carlevaris, de 18 años, y que la policía trabaja activamente para localizarlo, incluso fuera de la ciudad.

En ese marco, Álvarez sostuvo que el hecho se enmarca en una disputa entre bandas, posiblemente vinculada a episodios anteriores, y advirtió sobre la gravedad de que estos conflictos se diriman en la vía pública.

“Las balas podrían haber impactado en cualquier vecino que pasara por el lugar”, remarcó.

El secretario también defendió el trabajo diario de las fuerzas de seguridad y del Centro de Monitoreo, al señalar que se realizan allanamientos, aprehensiones y tareas investigativas de manera constante, aunque muchas veces no trascienden públicamente.

“Este caso mostró de manera contundente la importancia del monitoreo, pero todos los días se resuelven situaciones gracias a este trabajo silencioso”, concluyó.

La Justicia continúa trabajando para dar con Kevin Carlevaris, acusado de disparar contra Agustín Pereyra, que permanece prófugo.  

En enero del año pasado, y también en medio de un conflicto armado, el hermano del acusado, Lautaro, de 19 años fue asesinado, tras un largo historial, que incluye tiroteos, denuncias y causas archivadas.

El padre de Lautaro y Kevin Carlevaris lamentó ante La Opinión la "mala junta" y los problemas de adicciones de sus hijos, uno asesinado el año pasado y el otro prófugo acusado de matar a quien dicen era el autor de aquel crimen, Agustín Pereyra.

Pero además de la "mala junta", las adicciones a las drogas y la cotidinaeidad delictiva en barrios donde todos los conflictos, del tenor que sean, se dirimen a los tiros, hay un trasfondo de múltiples denuncias, causas archivadas, insuficiente intervención de los organismos de Niñez e impunidad.

Cuando Cristian Carlevaris se acercó a la redacción de La Opinión tenía una bolsita con papeles. Algunos amarillentos y arrugados. Eran denuncias y notificaciones judiciales. Sin contar las relacionadas con el asesinato de Lautaro suman más de 70 páginas.

Las denuncias fueron radicadas por diferentes miembros de la familia Carlevaris. Apuntan, casi siempre, a los mismos nombres y por las mismas situaciones: amenazas, disparos de armas de fuego sobre sus viviendas e incluso sobre ellos mismos.

Hay denuncias que se remontan a 2018, 2020, 2021. 

Las primeras son contra integrantes de una reconocida familia del barrio Malvinas. Luego empiezan las que señalan a Marcelo "Rengo" Candiotti, sus hijos y los amigos, muchos de ellos todavía menores de edad.

En febrero de 2024, Iara Carlevaris, hermana de Lautaro y Kevin, recibió tres disparos: uno en la mano, otro en la espalda y un tercero en el cuello. Era de madrugada. Por el caso fue detenido Iván Cáceres, acusado junto a dos cómplices que se dieron a la fuga. "Quedó en libertad enseguida", contaron desde la familia.

A fines de mayo, Brisa Ailén, otra hermana, también fue baleada. El tiro le dio en la mano porque se cubrió. "En las cámaras se cómo tira a la cabeza", dijo en ese momento. Fue un jueves por la noche. Tres días después, dos jóvenes en moto gritaron el nombre de su hermano Lautaro frente a su casa y descerrajaron dos disparos.

Muchas de las causas fueron a para al fuero de responsabilidad penal juvenil porque los denunciados eran y todavía son menores de edad. En cada oportunidad, la Fiscalía de menores decidió no adoptar medidas de contención suficientes.

Una de las resoluciones de la Justicia de Menores dice que la causa pasó a archivo por "aplicación de los principios de última ratio y mínima intervención estatal" en casos que involucran a "niños inimputables".

En algunos casos hubo intervenciones de asistentes sociales y psicólogos de la Defensoría General para evaluar "salud física y psíquica del niño", en alusión a imputados por hechos de abuso de armas.

En cada uno, además, la Justicia de Menores advierte que los "organismos del Estado" que correspondan, como el Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, deben intervenir para que los imputados "internalicen lo disvalioso de su accionar" y comprendan que lo que hacen "vulnera los derechos de terceros y afecta su propia vida".

Hubo allanamientos, armas secuestradas, denuncias cruzadas, indicios firmes de comercialización de estupefacientes con menores como responsables del delivery, testimonios fehacientes de vecinos y hasta de efectivos policiales que señalan con nombre y apellido a los menores involucrados, y hasta el secuestro de tres armas de fuego en poder de uno de ellos.

En esa causa, que todavía está en trámite, la defensoría del menor pidió sobreseimiento o suspensión de juicio a prueba, pero el juez interviniente resolvió denegarlo. El adolescente en cuestión está imputado de "abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y amenazas agravadas".

Los menores involucrados en estos conflictos crecieron. La mayoría siguió en la misma senda delictiva y de adicciones. Algunos ya son mayores de edad y otros, todavía no. 

Lautaro Carlevaris tenía 19 años cuando lo mataron. Su hermano Kevin, prófugo por homicidio, cumplió 18 hace seis meses. Está acusado de matar a Agustín Pereyra, que tenía 26.

El único que recibió una medida efectiva de "resocialización" es el condenado por la muerte de Lautaro, que ahora tiene 18 años y cumple una pena de cinco años y dos meses de prisión efectiva en un centro de contención juvenil, donde permanece alojado tras la denegatoria judicial al arresto domiciliario que solicitó su defensa.

Mientras la policía continúa la búsqueda de Kevin Carlevaris, joven de 18 años acusado de ser el autor del disparo que mató a Agustín Pereyra el jueves pasado, su padre estuvo en la redacción de La Opinión.

Cristian Carlevaris también es padre de Lautaro, el joven de 19 años que fue asesinado en enero del año pasado en el marco de un conflicto armado que tiene a dos grupos como protagonistas, en un contexto de consumo de drogas y abuso de armas de fuego.

Para Cristian Carlevaris, Agustín Pereyra fue quien mató a su hijo Lautaro, inducido, según sostuvo, por Marcelo "Rengo" Candiotti, reconocido delincuente que cumple arresto domiciliario y cuyos hijos forman parte del conflicto.

Las imágenes de cámaras de seguridad permitieron a Fiscalía acusar a Kevin Carlevaris como autor del disparo que mató a Agustín Pereyra, lo que abona la hipótesis de una venganza por el crimen de su hermano Lautaro.

Consultado acerca de si su hijo podría ser el responsable del asesinato, Cristian Carlevaris respondió: "Creo que no. No pongo las manos en el fuego, pero yo creo que no, porque no encontraron nada".

"Yo no se si fue mi hijo, el tema es que ya lo están juzgando", dijo Cristian Carlevaris.

Reconoció que tanto Lautaro como Kevin "se portaban mal, hacían cosas malas", por la "mala junta" que tenían y aseguró que desde que en enero del año pasado asesinaron al mayor, el hermano "se puso las pilas". "Dejó las malas juntas, dejó las drogas, empezó a trabajar", relató.

Kevin Carlevaris tiene múltiples antecedentes policiales de cuando era menor de edad. "Por peleas", dijo el padre. Permanece prófugo de la Justicia desde que se libró la orden de detención, acusado de ser el homicida de Agustín Pereyra.

Cristian Carlevaris es oriundo de Moreno, en el conurbano  bonaerense. Tiene 49 años y en septiembre cumplirá 50. Hace tres décadas que vive en San Pedro y quiere mudarse del barrio. “No podemos ni salir, vivimos encerrados”, dijo.

"Si mi hijo hizo lo que hizo, bueno, que la pague", señaló el padre de Kevin Carlevaris.

Agustín Pereyra fue asesinado el jueves por la tarde. Iba en moto junto a un sobrino, que manejaba, cuando se cruzaron con otros dos jóvenes, también en moto. 

Hubo un tiroteo entre los dos grupos. Pereyra recibió un tiro en el pecho y cayó algunas cuadras más adelante, en la puerta de la casa de los Candiotti.

El juicio oral y público por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, será bajo la modalidad de jurado ciudadano y tendrá en el banquillo a la única imputada, su entonces pareja Marisel "Pili" Solís.

Antes de que el Tribunal disponga la fecha del debate, la acusada cambió de abogados. El reconocido penalista Gustavo Moreno ya no la representa y al juicio irá con el patrocinio legal de una abogada rosarina, inscripta en la matrícula del Colegio de San Nicolás.

Se llama Antonela Travesaro, es graduada de la UNR (2009) y diplomada en Criminalística. Forma parte de un estudio dedicado a casos penales junto a Rodrigo Mazzuchini y Yamile Abdul Al.

La elección de esta abogada no parece casual: Travesaro y Mazzuchini son directores jurídicos de Inocente Colectivo, una ONG rosarina que interviene en casos de personas "injustamente encarceladas", aunque en la mayoría son imputados relacionados a las fuerzas de seguridad.

Inocente Colectivo es punta de lanza de los cuestionamientos hacia Virginia Creimer, la reconocida especialista en medicina legal que intervino en múltiples casos de violencia institucional, entre ellos el de Luciano Arruga, y cuyo trabajo permitió condenar a muchísimos policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad.

Virginia Creimer es la perito de parte que la familia de Marcel contrató para revisar la autopsia y echar por tierra la versión inicial que había instalado la sospecha de un suicidio. 

La pericia, firmada por Creimer y por el jefe de los peritos forenses del Departamento Judicial, concluyó que a Marcel lo mataron y permitió la detención de Solís para llevarla a juicio.

A Creimer la cuestionaron por "pericias militantes". Desde Inocente Colectivo la señalan por intervenir en "causas armadas contra policías". La perito es una de las primeras del país especializadas en análisis de torturas y tiene una larga trayectoria reconocida en el mundo.

La familia de Marcel contrató a Creimer para la pericia y la abogada Sofía Sanjurjo, que los representa en la causa, la llevará como testigo por esa pericia, pero además contará con otros peritos para analizar la autopsia y reforzar lo que todos consideran que está claro: Marcel no se provocó las lesiones que le causaron la muerte, sino que fue asesinado.

nTras el asesinato de Agustín Pereyra, el joven que fue herido de bala en la zona de Manuel Iglesias al 1100, la fiscal a cargo de la causa, Viviana Ramos dio detalles respecto de la investigación.

El muchacho murió tras un violento enfrentamiento armado ocurrido en plena vía pública, luego de una persecución entre dos motocicletas desde las que se efectuaron varios disparos.

El hecho se registró alrededor de las 15.30 y quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad.

La investigación permitió establecer que en cada una de las motos se trasladaban dos personas y, en medio de la persecución, “de una a otra salieron los disparos”, tras lo cual los involucrados huyeron del lugar.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

La causa quedó a cargo de la fiscal Viviana Ramos, quien ordenó allanamientos de urgencia y confirmó que el hecho sería el desenlace de una conflicto de larga data.

“Tenemos identificado al autor del homicidio, con nombre y apellido, y existe una orden de detención vigente”, indicó la fiscal, quien confirmó que el sindicado es Kevin, un joven de 18 años, con múltiples antecedentes y hermano de Lautaro Carlevaris, que también fue asesinado en medio de un conflicto barrial. 

Ramos explicó que el crimen se dio en medio "de una persecución entre dos motos, en el marco de antecedentes y rencillas de vieja data”, y detalló que las cámaras de seguridad resultaron determinantes.

“Se escuchan más de diez detonaciones de arma de fuego y tenemos prácticamente filmada toda la secuencia”, afirmó.

En ese contexto, la fiscal reveló que no solo el presunto autor estaba armado, sino que también la víctima y su acompañante portaban un arma.

“La persona que acompañaba a la víctima también estaba cometiendo un delito, ya que llevaba un arma de fuego, y ese elemento desapareció”, sostuvo. Por ese motivo, el acompañante fue indagado por haber omitido información clave en su declaración.

Sobre el perfil del sospechoso, Ramos señaló que se trata de “un joven que acaba de cumplir 18 años” y que ya contaba con numerosos antecedentes como menor. 

“No estamos hablando de pequeños delitos, sino de causas vinculadas al uso de armas de fuego, amenazas e incluso tentativas de homicidio”, remarcó, al tiempo que explicó las restricciones legales para acceder a esos antecedentes.

Finalmente, la fiscal advirtió sobre la gravedad del episodio por haberse producido a plena luz del día y en un espacio público. 

“En tiroteos indiscriminados como este puede ocurrir cualquier cosa y terminar herido o muerto alguien que no tiene nada que ver con el conflicto”, concluyó, y volvió a poner el foco en “la alarmante proliferación de armas de fuego ilegales” y en la violencia como forma reiterada de resolución de disputas.

Personal de la Comisaría y de la DDI buscan a un joven identificado como el autor del disparo que mató a Agustín Pereyra, acusado de homicidio.

Fue individualizado gracias a las cámaras de seguridad que registraron el momento del tiroteo y a través de testimonios recabados en el marco de la causa que instruye la fiscala Viviana Ramos.

En las últimas horas hubo una serie de allanamientos en diversos domicilios en los que podría estar el imputado, con resultados negativos pero sobre pistas firmes.

Los allanamientos tuvieron lugar en calle Cruz Roja al 2200 y en Combate de Obligado al 1200.

 El buscado está directamente relacionado con el conflicto armado que mantienen dos bandos desde hace tiempo y que el año pasado tuvo como hecho saliente el asesinato de Lautaro Carlevaris: es su hermano y tiene 18 años.