Dos delincuentes fueron reconocidos gracias a las imágenes de cámaras de seguridad como los autores del robo a un galpón ubicado en calle Estrada y la policía allanó su domicilio, en el asentamiento precario de calle Molina y las vías, en el  barrio Villa Igoillo.

El robo ocurrió el domingo por la madrugada, cuando dos ladrones rompieron una chapa para ingresar a un galpón ubicado en Estrada al 240, de donde se llevaron dinero en efectivo y una notebook.

Por la tarde, el Grupo táctico de Operaciones de la Comisaría estableció la autoría del ilícito y la Justicia ordenó el allanamiento en una precaria vivienda del asentamiento ubicado en la extensión de calle Molina al fondo, paralela a las vías del Ferrocarril.

En el lugar no hallaron los elementos robados, pero encontraron plantas de marihuana que fueron secuestradas y que valieron la imputación de ambos moradores, de 25 y 22 años, por delitos relacionados con la tenencia ilegal de estupefacientes.

La policía recuperó el domingo por la noche una motocicleta Honda 150 que había sido robada el 30 de noviembre pasado.

El vehículo fue hallado abandonado en la vía pública, en la zona de Molina y las vías del Ferrocarril, en inmediaciones de un asentamiento precario ubicado allí.

El propietario, un joven de 29 años, había radicado la denuncia por robo el 30 de noviembre, cuando delincuentes le llevaron la moto de la zona de Manuel Iglesias y Aulí, estacionada fuera de su casa.

Desde entonces, el dueño del rodado lo buscaba intensamente, al igual que la policía. La moto tenía pedido de secuestro activo emitido por la Justicia a solicitud de la Fiscalía interviniente.

Vecinos del barrio Villa Igoillo reportan la sucesión de piedrazos en zonas pobladas. “Hace 15 años que ocurre siempre lo mismo. Provienen de un asentamiento y no solamente afectan a este barrio, sino también a La Providencia y a los trenes que pasan. Lo peor es que nadie hace nada porque supuestamente son menores de edad. ¿Qué esperan? Ya hubo chicos lastimados”.

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En febrero pasado, el juzgado de Garantías que conduce Ricardo Prati suspendió una orden de desalojo que estaba firme contra vecinos de un asentamiento de Villa Igoillo porque fue notificado de la inclusión de ese barrio en un programa de integración urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

A más de cuatro meses de aquella resolución, los vecinos del barrio elevaron una nota al intendente para pedir su intervención porque, aseguraron, los representantes de la empresa de capitales chinos San Pedro Farm, que logró el desalojo del asentamiento precario denominado como “del callejón Pascual”, les advirtieron que la causa penal sigue en pie y que el reclamo por la propiedad de parte de donde tienen emplazadas sus viviendas está firme.

El barrio está delimitado por las calles Molina, Zanúccoli, su continuidad simbólica que corre por una traza irregular que bien podría ser denominada continuidad de 11 de Septiembre pues allí desemboca en dirección a Mansilla, y las vías del Ferrocarril.

El planteo de San Pedro Farm, la empresa de capitales chinos propiedad del supermercado mayorista, la nueva Terminal de Ómnibus y el predio desalojado en octubre del año pasado, es que tanto esa calle irregular denominada Zanuccoli bis como parte de los terrenos ocupados por los vecinos del barrio que se denomina “Don Pedro” están dentro de su propiedad.

Aunque Prati ordenó suspender el desalojo, la causa está en trámite porque la firma reclama esa porción de tierra. Los vecinos le enviaron una carta al intendente interino Ramón Salazar para ponerlo en conocimiento de la situación que atraviesan porque, informaron en la nota, fueron advertidos por representante de la empresa respecto de la continuidad del proceso penal en su contra.

“Luego de todos estos acontecimientos”, dicen en alusión a lo ocurrido a fines de febrero, “Alejandro Juan Bennazar nuevamente nos incrementa el temor a perder nuestras viviendas que tanto sacrificio nos costó”, indicaron. El martillero consignado en la nota es el representante inmobiliario de la empresa San Pedro Farm, cuyo abogado es José Benito Aldazabal.

Los vecinos señalaron que Bennazar les manifestó que “la causa se encuentra en juicio y que se podría producir un desalojo”, por lo que solicitaron al Gobierno municipal que “amparo yuna solución justa”.

Bennazar, señalan en la nota, se hizo presente en el barrio apra explicarles que como titular de la inmobiliaria que lleva su nombre “se encuentra con la gestión y trámite” de la situación y que las viviendas “se encuentran dentro del terreno” de la empresa de capitales chinos que representa.

Respecto del predio, los vecinos reconocen haber comprado a “un ciudadano que refería ser propuetario y que en este momento se encuentra fallecido” y que “frenta a la necesidad de vivienda” nunca le reclamaron documentación alguna.

“La mayoría de los vecinos que habitamos la zona resultamos ser ciudadanos de trabajo y nos resultaría imposible volver a construir una vivienda”, advirtieron en la nota que le enviaron al intendente interino Ramón Salazar este lunes.