Personal contratado por Coopser procedió a cortar conexiones clandestinas de electricidad en un sector del barrio El Argentino donde residen alrededor de 60 familias que están enganchadas de la luz.

Los vecinos informaron que desde que lo que inicialmente fue un asentamiento precario se fue urbanizando no pudieron resolver la problemática de la electricidad para la zona de calle Brennan, porque no está abierta formalmente en ese sector de la manzana.

Tanto en Coopser como en el Municipio, en los últimos años, les habían dicho que necesitaban instalar un transformador, que según presupuestos recientes para otros barrios en situación similar tiene un costo que ronda los 40 mil dólares.

Luego de las tareas del personal contratado por la cooperativa en el barrio, los vecinos fueron hasta la sede administrativa de Mitre y Honorio Pueyrredón. Ante la falta de respuestas favorables, se dirigieron a la Municipalidad.

Allí fueron atendidos por el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito, y acordaron un camino para la resolución de la problemática, que incluye la reposición de las conexiones irregulares vigentes durante el fin de semana extralargo.

Luego, informó Devito, colocarán pilares con medidores en las calles que sí figuran abiertas y los vecinos podrán hacer llegar el suministro legal de la electricidad hasta sus hogares.

El padecimiento de César, que hace 45 años vive en inmediaciones de la esquina de Eduardo Depietri y Rafael Obligado, se ha vuelto intolerable.

Su casa estpa invadida por las ratas que provienen de un profundo y añejo zanjón, que corre desde esta esquina hacia la calle 24 de Febrero.

“Estábamos limpiando la casa y aparecieron las ratas, provenientes de un zanjón que tendría que estar tapado hace años”, le dijo a Lili Berardi en el programa Sin Galera.

César explicó que quedaron 200 metros sin tapar de esta profunda zanja. El resto sí está cubierto, pero por un asentamiento ubicado detrás de la cancha del Club Defensores Unidos. “Construyeron arriba y todos los deshechos que vienen de la fábrica Blasón caen en este zanjón”, describió el vecino.

“Es una pudrición de ratas, mugre y olor. Parece que las ratas se han hecho inmunes al veneno”, acotó.

El zona durante muchos años fue desagote natural de una amplia franja del otrora barrio Arco de Oro. El drenaje corría hacia este lugar y otra parte por la calle Maestro Reina, que en años anteriores se inundaba por la falta de desagües. La de Obligado presentaba complicaciones en días de precipitaciones copiosas, por lo que se prolongó la misma atravesando terrenos privados en dirección a Crucero General Belgrano.

En los últimos años otras mejoras complicaron más algunas cuadras, quedando el pavimento arriba de las veredas, donde no existe cordón, solo la cuneta. Y eso se refleja también sobre Depietri -pasa frente a la escuela y al jardín de infantes-, cuando el agua baja hacia Obligado.

“Antes el agua corría, pero ahora está estancada. Estuvo la Municipalidad con la máquina limpiando, pero lo que limpia es la mugre de la fábrica”, dijo César, quien agotó todas las instancias: llegó a hablar con el intendente Cecilio Salazar. “Me dijo que estuvieron hablando con los que viven atrás de la cancha de Defensores lo sacaron cagando”.

El pasado lunes las fuertes lluvias que anegaron diversos lugares, calles y rutas de la ciudad causaron que el puente que conecta un asentamiento con el barrio Bajo Tala se derrumbara por completo, generando que las personas que habitan el lugar no puedan cruzar más allá de él.

Olga tiene casi 80 años y tiene su casa del otro lado del puente. En diálogo con La Opinión expresó su tristeza por la situación en la que viven y relató lo duro que es para ella pensar en que nunca van a “tener una respuesta”. 

“Pusieron un fierro en el río para que podamos pasar”, indicó la mujer que, además, explicó que utilizaban ese acceso “para ir al médico, a buscar remedios” y para “comprar cosas", ya que era la única forma que tenían de pasar “al pueblo”.

Además, Olga explicó que para ella es incluso más difícil trasladarse, ya que su marido “tiene 82 años" y "no puede manejarse solo, porque no ve nada”. 

“El delegado del pueblo nos dijo que no hay plata para arreglar el puente. Nadie nos ayuda, no tenemos electricidad, nuestros padres murieron sin poder enchufar ni una heladera y nosotros nos vamos a morir sin ver la luz”, sentenció con dolor la mujer.

La compraventa irregular de tierra en asentamientos precarios es moneda corriente. Peor aún, también lo es la posterior usurpación de las viviendas que se montan en ellos, lo que genera serias dificultades de intervención a la Justicia, según las características de los hechos.

Un caso que ocurrió en las últimas horas en el asentamiento irregular que se erige en la zona de barrancas frente al Cementerio municipal ilustra estas situaciones.

Una mujer intentó denunciar que le usurparon el rancho de chapas que montó en ese lugar pero la policía le advirtió que deberá conseguir algún tipo de documentación que certifique que ella efectivamente compró y vivía ahí.

La precaria casilla de chapas fue usurpada por personas con reconocida trayectoria delictiva que residen en otros ranchos próximos al lugar, más cerca del Bajo Cementerio. Sin mediar palabra, se metieron y tomaron posesión.

La mujer a la que usurparon se había ausentado de la casilla en los últimos días porque su esposo estaba internado en el hospital, donde finalmente falleció. Ayer lo sepultaron. Al regresar a la casa, ya estaba ocupada.

El rancho de chapas había quedado con unos pocos muebles porque el matrimonio, del que ahora sólo queda la viuda, había sido contratados para cuidar un campo, por lo que iban y venían, aunque pasaban más tiempo en el trabajo.

Su ausencia fue aprovechada por los que usurparon la casilla, que vieron que cada tanto iba un sobrino a verificar que estuviera todo bien. Mientras la mujer cuidaba de su marido en el nosocomio, se metieron de prepo.

Tras sepultar a su esposo, la señora intentó regresar a su rancho pero no pudo. Al convocar a la policía, los agentes que llegaron en patrullero le explicaron que deberá acreditar de alguna manera que vivía ahí y que la despojaron de esa posibilidad.

La mujer asegura haberle comprado "el terrenito" a un hombre con quien ahora intenta dar para que le firme un boleto de compraventa que le permita radicar la denuncia. Sin embargo, la "operación inmobiliaria" se hizo sobre terrenos públicos, por lo que difícilmente pueda firmar documentación alguna.

En febrero pasado, el juzgado de Garantías que conduce Ricardo Prati suspendió una orden de desalojo que estaba firme contra vecinos de un asentamiento de Villa Igoillo porque fue notificado de la inclusión de ese barrio en un programa de integración urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

A más de cuatro meses de aquella resolución, los vecinos del barrio elevaron una nota al intendente para pedir su intervención porque, aseguraron, los representantes de la empresa de capitales chinos San Pedro Farm, que logró el desalojo del asentamiento precario denominado como “del callejón Pascual”, les advirtieron que la causa penal sigue en pie y que el reclamo por la propiedad de parte de donde tienen emplazadas sus viviendas está firme.

El barrio está delimitado por las calles Molina, Zanúccoli, su continuidad simbólica que corre por una traza irregular que bien podría ser denominada continuidad de 11 de Septiembre pues allí desemboca en dirección a Mansilla, y las vías del Ferrocarril.

El planteo de San Pedro Farm, la empresa de capitales chinos propiedad del supermercado mayorista, la nueva Terminal de Ómnibus y el predio desalojado en octubre del año pasado, es que tanto esa calle irregular denominada Zanuccoli bis como parte de los terrenos ocupados por los vecinos del barrio que se denomina “Don Pedro” están dentro de su propiedad.

Aunque Prati ordenó suspender el desalojo, la causa está en trámite porque la firma reclama esa porción de tierra. Los vecinos le enviaron una carta al intendente interino Ramón Salazar para ponerlo en conocimiento de la situación que atraviesan porque, informaron en la nota, fueron advertidos por representante de la empresa respecto de la continuidad del proceso penal en su contra.

“Luego de todos estos acontecimientos”, dicen en alusión a lo ocurrido a fines de febrero, “Alejandro Juan Bennazar nuevamente nos incrementa el temor a perder nuestras viviendas que tanto sacrificio nos costó”, indicaron. El martillero consignado en la nota es el representante inmobiliario de la empresa San Pedro Farm, cuyo abogado es José Benito Aldazabal.

Los vecinos señalaron que Bennazar les manifestó que “la causa se encuentra en juicio y que se podría producir un desalojo”, por lo que solicitaron al Gobierno municipal que “amparo yuna solución justa”.

Bennazar, señalan en la nota, se hizo presente en el barrio apra explicarles que como titular de la inmobiliaria que lleva su nombre “se encuentra con la gestión y trámite” de la situación y que las viviendas “se encuentran dentro del terreno” de la empresa de capitales chinos que representa.

Respecto del predio, los vecinos reconocen haber comprado a “un ciudadano que refería ser propuetario y que en este momento se encuentra fallecido” y que “frenta a la necesidad de vivienda” nunca le reclamaron documentación alguna.

“La mayoría de los vecinos que habitamos la zona resultamos ser ciudadanos de trabajo y nos resultaría imposible volver a construir una vivienda”, advirtieron en la nota que le enviaron al intendente interino Ramón Salazar este lunes.

La notificación de desalojo que recibieron en Villa Igoillo vecinos de un predio delimitado por las vías, calle Molina, Zanúccoli y lo que sería la continuidad simbólica de 11 de Septiembre generó sorpresa entre los vecinos, puesto que lo que se esperaba era la restitución de los terrenos usurpados en los últimos años, conocido como “del callejón Pascual”.

Rápidamente, tras consultar en la Municipalidad, los vecinos sostuvieron que ellos no estaban en la parcela 729, la que tenía orden de desalojo, sino en otra manzana, nomenclada como 492, por lo que entendían que algo extraño había porque el alzamiento no podía ser contra ellos.

La Justicia dispuso supender la orden de desalojo porque esos vecinos están incluidos en lo que se denomina Registro Nacional de Barrios Populares y está en “proceso de urbanización” a través de un programa del Estado nacional que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que tiene respaldo de una ley que impide, precisamente, los desalojos.

Este sábado, en Sin Galera, el martillero Alejandro Bennazar, quien intervino en el proceso de venta y suele representar a la empresa de capitales chinos San Pedro Farm, confirmó que los vecinos tenían razón: “Hubo una confusión”, dijo respecto de la notificación.

Sin embargo, el también presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina explicó que “en algunos casos han adelantado algunos alambrados”, tal como dijo uno de los vecinos el viernes en Radio Cuarentena, por lo que el miércoles irán agrimensores para tomar medidas y establecer con precisión los límites del terreno de la empresa.

Bennazar explicó que esos límites incluyen el tramo donde hoy hay una calle abierta de hecho, sin intervención municipal, y a la que en el barrio llaman como si fuera continuidad de Zanúccoli, aunque es paralela a Molina y no es otra cosa que la continuidad simbólica de 11 de Septiembre.

“El desalojo en general fue de todo el predio, y hay ciertos alambrados que nosotros necesitamos que vuelvan a su origen. Esto se vendió en el año 2013, calculo. En la manzana 492 había gente, pero sobre la 729 no había nadie. La 492 no es de la empresa”, explicó Bennazar.

La Justicia ordenó este viernes suspender el desalojo que había ordenado en la zona de Villa Igoillo ubicada en la continuación de calle Zanúccoli hacia las vías del Ferrocarril, antes del asentamiento precario que ya fue desocupado por orden judicial.

El juez de Garantías Ricardo Prati suspendió la medida judicial porque las viviendas ubicadas en esa manzana forman parte de un programa nacional de integración urbana de barrios populares, informó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La Dirección de Acceso al Suelo Urbano de la Secretaríade Integración Sociourbana del Ministerio que conduce Juan Zabaleta elevó al Juzgado de Garantías Nº 2 de San Nicolás un informe en el que señala que el predio a desalojar “forma parte del Registro nacional de barrios populares en proceso de integración urbana” (Renabap).

Una ley sancionada en 2018 suspendió las “acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el Renabap”, por lo que esa manzana no puede ser desalojada por la Justicia.

Los vecinos habían recibido la notificación este jueves por la tarde, cuando la policía se dirigió al barrio para informar que, de acuerdo a la disposición judicial, tenían 48 horas para retirarse.

En el barrio entendían que la parcela 729, sindicada como el terreno a desalojar, correspondía al resto del asentamiento precario denominado como “del callejón Pascual” y no a ellos, es decir desde esa nueva calle continuidad de Zanúccoli —que en realidad sería continuidad de la traza de avenida 11 de Septiembre— hacia el propio callejón Pascual.

Ese asentamiento precario había sido desalojado en octubre por la policía luego de que la Justicia dejara firme la orden de restitución del inmueble a la empresa de capitales chinos San Pedro Farm, propietaria del terreno. En ese momento, el desalojo era para la parcela 728.

Por eso ese día muchos habitantes del asentamiento desarmaron sus precarias viviendas y las instalaron en la otra parcela. El martes, cuando la policía fue por primera vez a notificar se encontró con que ya no había ranchos en el lugar.

Sin embargo, el jueves volvieron para notificar a quienes residen en la otra manzana, lo que provocó la preocupación de quienes hace más de 15 años viven allí. Por la mañana de este viernes habían estado en la Municipalidad, en Fiscalía, en Defensoría y en la Comisaría en busca de respuestas.

Finalmente, el Juzgado de Garantías interviniente dispuso la suspensión del desalojo de ese sector teniendo en cuenta su inclusión en el registro de barrios populares que está en proceso de integración urbana a través de un programa del Gobierno nacional.

Cuando Fiscalía procedió en octubre del año pasado a desalojar la mitad del asentamiento conocido como “del callejón Pascual”, ubicado en la continuidad simbólica de calle Zanúccoli, detrás del supermercado de capitales chinos y la nueva Terminal que construye esa misma empresa, dueña del predio, advirtió que la orden de alzamiento llegaría para el resto del terreno y así fue.

El lunes, personal policial llegó al predio para notificar a quienes estuvieran en el asentamiento, pero se encontró con que el barrio ya no existe. Informaron a Fiscalía y este martes el personal de la UFI 7 procedía a labrar el acta de constatación y posterior restitución del inmueble a los propietarios.

Cuando se produjo el desalojo en octubre, la policía destruyó las precarias viviendas que estaban en la parcela 728. Muchos de los habitantes mudaron sus cosas hacia la 729, aunque ese mismo días les advirtieron que pronto llegaría la orden de liberar también esa zona.

Este martes, el móvil de Radio Cuarentena recorrió el predio antes de que se produzca el arribo del personal policial y de Fiscalía para labrar el acta de constatación.

En el predio sólo quedan restos y escombros de edificaciones, paredes de barro, palos, algunas lonas, maleza que cubre prácticamente todo y mucha basura que quedó de cuando el lugar estaba ocupado por decenas de familias.

La empresa San Pedro Farm es propietaria de ese predio de 33 hectáreas y radicó la denuncia por usurpación apenas comenzó el asentamiento precario, que llegó a tener más de 100 personas habitando de manera irregular en viviendas de chapa, nylon pero también de material.

En el lugar tampoco existe ya la red de electricidad clandestina que habían colocado para llevar el servicio a las precarias viviendas y que había sido instalada por un grupo señalado como el que no sólo cobraba el suministro ilegal sino también como los que “vendía” cada parcela usurpada.