El 11 de marzo de 2008, el entonces ministro de economía Martín Lousteau, durante la presidencia Cristina Kirchner, anunció la mentada Resolución 125.

Esto provocó un cimbronazo histórico entre el sector ruralista y el Gobierno nacional, que duró algo más de cuatro meses, hasta que el vicepresidente Julio Cobos decidió que su voto era “no positivo” cuando la medida fue tratada en el Senado.

La decisión de Lousteau promovía una reforma sobre las retenciones agropecuarias. Su decisión era elevarlas conforme al nivel de producción de cada productor.

La Sociedad Rural de San Pedro, en su momento encumbrada como el principal piquete del país, situado en la Ruta 9, sobre el acceso a Río Tala, recordó aquel momento:

“En este nuevo aniversario reafirmamos nuestro compromiso con los productores y la defensa de sus derechos. Estuvimos en la primera línea desde el primer día, enfrentando medidas que amenazaban la producción y el desarrollo del sector agropecuario”, comenzó indicando.

“Lo hicimos con convicción, con esfuerzo y con el acompañamiento de toda una comunidad que entendió que lo que estaba en juego era mucho más que una medida económica”, agregó la Rural, que a su vez recordó a aquellos dirigentes “que incluso fueron detenidos por defender al campo y a quienes ya no están, pero dejaron su legado de lucha y compromiso”.

Para la entidad, “su valentía nos impulsa a seguir atentos en este momento trascendental, en el que no podemos permitir que se repitan los errores del pasado. Las lecciones que dejó aquel conflicto nos enseñaron que el país necesita políticas que promuevan la producción, el trabajo y la inversión, en lugar de medidas que asfixien a quienes todos los días apuestan a la tierra con esfuerzo y dedicación”.

Finalmente, la dirigencia sampedrina ratificó mantenerse “firmes en la defensa del campo, del interior productivo y del futuro de nuestro país”.

Pasaron 16 años desde que la famosa Resolución 125 dictada a pocos meses del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, segundo del Kirchnerismo como fuerza política, para imponer retenciones móviles a la exportación de oleaginosas provocó más de 120 días de protesta en todo el país por parte de productores rurales.

Más de una década y media después, los dirigentes políticos, de las organizaciones ruralistas y productores que fueron acusados de "entorpecimiento de servicios públicos" por un piquete en la ruta 9 a la altura de San Pedro en pleno "conflicto con el campo" quedaron eximidos del accionar de la Justicia.

La Cámara Federal de Rosario que intervino tras el procesamiento dispuesto en 2019, tres años después del sobreseimiento que había dictado el juez Carlos Villafuerte Ruzo, declaró extinta la acción penal tras considerar que el paso del tiempo afectó la garantía de ser juzgados en un plazo razonable.

Fueron sobreseídos todos los acusados de un delito que preveía dos años de prisión como máximo. 

La expresidenta del Concejo Deliberante, Norma Atrip; el exintendente Mario Barbieri; el exsecretario de Gobierno, Juan Almada; el exsecretario de Coordinación, Facundo Vellón; el exdirigente de Federación Agraria, Silvio Corti; el expresidente de la Sociedad Rural, Raúl Victores, entre los sampedrinos.

También los dirigentes de la Mesa de Enlace Hugo Biolcatti, Luciano Miguens, Eduardo Buzzi, Fernando Gioino y Mario Llambías; los referentes ruralistas  de la región René Ducret y Jorge Bozicovich; la exdiputada Margarita Stolbizer; y los dirigentes María del Carmen Alarcón, Horacio Ostán y Osvaldo Simiele.

Desde la Sociedad Rural celebraron el fallo y destacaron: "Volvemos a recordar con orgullo aquella reacción y reiteramos el compromiso de defender a los productores de todo el país que siguen siendo el motor de la producción y el desarrollo de nuestro país".

Sin ponderar cuestiones relativas al hecho en sí, la Cámara consideró que "hay afectación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable" y decidió no seguir adelante con la causa, de acuerdo a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, citada en el fallo.

La Corte Suprema de la Nación tiene dicho que "para salvaguardar el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, el instituto de la prescripción de la acción penal constituye el instrumento jurídico adecuado".

La doctrina, para este y todos los casos penales es clara: la administración de justicia no puede demorarse ad infinitum y la prescripción "debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo", tal como ocurrió en este caso.

Desde el 19 de marzo de 2008, cuando entre las 11.00 y las 15.00, se produjo un masivo acto en la ruta 9 a la altura de San Pedro con dirigentes ruralistas y productores de todo el país que se sumaron a la protesta, que contó con un escenario montado en el cantero central de la autopista, en el ámbito judicial pasó de todo, hasta este sobreseimiento.

El entonces fiscal federal Juan Patricio Murray ordenó liberar la ruta, que estuvo cortada, con largas filas de vehículos, y en ese marco hubo detenciones, empujones con escudos y una represión de las fuerzas de seguridad, con Gendarmería y Prefectura a la cabeza, que no fue muy distinta a las que hubo en otros momentos —y sigue habiendo— ante protestas contra un Gobierno.

En junio, los acusados fueron indagados. A fin de año, Villafuerte Ruzo declaró la falta de mérito. Murray apeló y le dieron la razón. La Cámara le devolvió el expediente al Juzgado para que resuelva, y en 2016 el juez federal de San Nicolás sobreseyó a los imputados. Sin embargo, una nueva apelación derivó en el procesamiento que ahora, 16 años después del hecho en cuestión, terminó con la extinción de la acción penal.

Entre 2020 y este fallo, la mayoría de los acusados hicieron su descargo. Incluso hubo un recurso extraordinario presentado en la Corte Suprema de la Nación, que fue rechazado.

Norma Atrip, por ejemplo, dijo que ella nunca incurrió en los delitos que se le imputaron y que jamás tuvo voluntad de impedir el normal funcionamiento del transporte en la ruta.

Los representantes de Biolcatti, Miguens y Simiele sostuvieron que sólo ejercieron el derecho constitucional a la libre expresión y que el supuesto entorpecimiento "se produjo como consecuencia de rodados y gente que pasaba por el lugar sin ser identificados".

La defensa de Victores, Bozicovich y Ducret manifestó en el expediente que "el acontecer histórico que rodeó" a la Resolución 125 debe "aportar razonabilidad a la hora de pretender criminalizar la conducta imputada" y que "el derecho a manifestarse se encuentra expresamente previsto en la Constitución nacional y en los tratados internacionales".

Buzzi dijo algo similar: "Hubo un proceso social histórico de resistencia ante el pretendido avance del Gobierno de turno sobre las rentas agrarias" y que "en ese contexto la ciudadanía los convocó a una manifestación popular, pública, pacífica y preanunciada a la vera de la autopista".

Organizaciones ruralistas de la región acordaron no pagar el impuesto inmobiliario rural bonaerense en protesta al aumento dispuesto por el Gobierno de Axel Kicillof para este año.

Representantes de productores rurales de Suipacha, Colón, Pérez Millán, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Carabelas, San Pedro, Baradero, Pergamino, Ramallo, Bragado, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Rojas y Salto se reunieron en la última ciudad en una asamblea.

Allí discutireron “el impacto del aumento del 200 % en el Impuesto Inmobiliario” rural y resolvieron "su negativa a abonar las cuotas actuales hasta que se revierta el incremento", informó la Sociedad Rural de San Pedro.

Piden, además, que "se restablezca el descuento por buen cumplimiento y débito automático, y se elimine la quinta cuota, incluso si aún no ha sido implementada".

Advirtieron que si no reciben respuestas a sus demandas, convocarán "a una reacción más amplia e inclusiva que considere también la situación del inmobiliario urbano y las patentes".

El inmobiliario rural “vence este martes y miércoles” y “vino con subas, según denunciaron, de hasta el 500 % por parte del gobierno provincial”, señalaron desde la Sociedad Rural de Baradero y agregaron: "La decisión es que no habrá pago hasta tanto se ponga un máximo de 200 % total”. 

A fines de febrero la organizaciones rurales de la región habían emitido un comunicado en el que señalaban: “No aceptamos la nueva y confiscatoria presión fiscal por medio de alícuotas desproporcionadas con que el gobierno provincial quiere seguir manteniendo la fiesta de dispendio y corrupción.”.

Productores rurales de toda la región participaban este jueves de una asamblea convocada por la Sociedad Rural en alerta ante la posibilidad de que el Gobierno nacional anuncie aumento en las retenciones a la exportación de granos.

Uno de los dirigentes políticos de la oposición que estuvo presente fue el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, quien ofició un discurso ante los presentes, relacionado con la situación en debate.

“En Expoagro adelanté que iban a ir sobre el campo y le iban a cobrar retenciones” dijo Milei y les señaló a los productores: “Se están bancando una presión fiscal del 60 por ciento, quiere decir que el Estado se lleva la mayoría”.

“No es cierto que el ajuste lo tenga que pagar el sector privado, el laburante, la gente de bien. La deuda hay que pagarla, al Fondo hay que pagarle, pero el ajuste no tiene que caer sobre los honestos, sobre los que generan riqueza, tiene que caer sobre la casta política, los parásitos, los inútiles de los políticos”, sostuvo Milei.

El diputado nacional aseguró que el Gobierno “se está aprovechando de una situación, con distintas mentiras, diciendo que les van a cobrar retenciones porque subieron los precios en el mundo” y advirtió: “Quieren hasta restringir las exportaciones de carne, ponerle impuestos a la harina de soja, al aceite de soja”.