Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola fueron trasladados a la Unidad Penal 3 de San Nicolás este martes al mediodía, en el marco de la causa por extorsión y coacción que los mantiene detenidos desde el 8 de abril pasado.

“Estábamos a la espera”, confirmó el abogado Mauricio Gugger, que representa a ambos dirigentes. El traslado estaba pedido por parte de la Justicia para que cumplan en un calabozo del Servicio Penitenciario Bonaerense. la prisión preventiva ratificada en la Cámara de Apelaciones y Garantías.

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Desde que fueron detenidos, Cabaleyro y Espíndola estaban alojados en la sede de la DDI de San Nicolás. Tras la resolución de Cámara, deberán pasar los meses que tienen por delante en una unidad carcelaria, aunque todavía resta una audiencia para que el Juzgado interviniente resuelva sobre el pedido de arresto domiciliario que interpuso la defensa y que la Cámara dispuso debe ser revisado desde cero.

El líder regional de Camioneros y concejal del Frente de Todos de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el referente del sindicato en San Pedro, Fernando Espíndola, fueron detenidos en el marco de la causa que comenzó tras la denuncia de la empresa Rey Distribución, que los acusó de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Este martes la Justicia se expidió respecto del pedido de prisión preventiva para los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes deberán permanecer detenidos mientras se sustancia el proceso que los llevará a juicio, al menos por los próximos ocho meses, plazo en el que recién podrán revisar la medida.

El abogado Mauricio Gugger, que defiende a ambos imputados por extorsión y coacción, logró que se los beneficie con arresto domiciliario, por lo que los dos sindicalistas permanecerán detenidos pero en sus viviendas, con pulsera electrónica y bajo la tutela de sus esposas.

Una vez que quede firme la resolución, lo que podría ocurrir para el lunes próximo recién, Cabaleyro será trasladado en condición de detenido a su casa de San Nicolás, de la que no podrá salir, y Espíndola hará lo propio en la suya en San Pedro, con comunicación y a disposición del Juzgado de Garantías, bajo control del Patronado de Liberados.

El juez dispuso para ambos la prohibición de contacto por cualquier medio con los integrantes de la familia Rey, denunciantes en la causa por la que están detenidos, sus familiares, la firma comercial o cualquier integrante de la empresa, testigo vinculado y además abstenerse de “realizar actos de perturbación y/o intimidación” en relación a Rey Distribución.

Desde la parte querellante, todo indica que la abogada Florencia Arietto apelará la decisión de beneficiarlos con el arresto domiciliario aunque celebraron que se les haya dictado la prisión preventiva.

En la audiencia, el abogado de los imputados, Mauricio Gugger, había pedido la libertad, que fue denegada, y subsidiariamente el arresto domiciliario, beneficio otorgado. Argumentó “arraigo, contención familiar y domicilio conocido” y “el estado de los establecimientos carcelarios”, donde al no gozar Espíndola y Cabaleyro de “plena salud” se ven en situación de vulnerabilidad.

Cabaleyro dijo en la audiencia que es un adicto en recuperación y que hace cuatro años y nueve meses que no consume marihuana y cocaína, drogas con la que tenía dependencia ante de esa fecha. Señaló que en la DDI las condiciones de detención eran precarias, que comparte celda con otras nueve personas y que comía cuando su familia le llevaba alimentos.

Por su parte, Espíndola había señalado que tiene asma, úlcera de duodeno y gastritis crónica, que en la DDI no cuentan con agua caliente por lo que se tenía que bañar “por partes con un tacho”.

Este jueves se desarrolló en San Nicolás la audiencia para resolver si los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos en el marco de la causa que investiga el presunto “pedido de coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos” que denunciaron desde la empresa sampedrina Rey Distribución.

La audiencia la encabezó el juez de Garantías Román Parodi, que subroga a María Eugenia Maiztegui, quien pidió licencia tras un “pico de estrés” y en medio de “presiones” relacionadas con esta causa. El magistrado tendrá cinco días para resolver si los mantiene detenidos por los próximos ocho meses o los excarcela para que sigan el proceso en su contra, camino al juicio, en libertad.

Desde San Nicolás, el periodista Guillermo Puliti, del diario El Norte, brindó en Radio Cuarentena detalles acerca de cómo se desarrollaba en la vecina ciudad la jornada clave para el destino de los sindicalistas detenidos.

Pasadas las 9.30 de la mañana, ambos sindicalistas fueron trasladados desde la sede de la DDI, donde permanecen detenidos ante la falta de cupo en las unidades penales, hacia el Juzgado para participar de la audiencia.

En el recinto, la fiscala María del Valle Viviani expuso sus argumentos para considerar necesario que ambos permanezcan detenidos mientras se sustancia la investigación y el abogado defensor Mauricio Gugger hizo lo propio para sostener la necesidad de que sean liberados.

Viviani imputó a ambos detenidos por un delito más grave que el inicial, por lo que ahora la causa tiene una expectativa de pena que va entre los 5 y los 10 años de prisión. Gugger, por su parte, recusó tanto a la fiscala como a la jueza de Garantías.

Afuera había presencia de integrantes del Sindicato de Camioneros, entre ellos el secretario General y coconductor de la CGT, Pablo Moyano, quien en el parque San Martín, lindero al Juzgado, dijo que estaban para acompañar a “los compañeros Cabaleyro y Espíndola para que de una vez por todas se haga justicia verdadera”, reportó el diario El Norte de San Nicolás.

El domingo vence el plazo de ley previsto para que la fiscala María del Valle Viviani presente la solicitud de prisión preventiva, expediente que ingresará formalmente el lunes. A partir de allí, la magistrada a cargo de la causa, María Eugenia Maiztegui, deberá convocar a una audiencia en la que la parte acusadora y la defensa particular de los imputados expondrán sus argumentos.

Vivani pedirá que permanezcan detenidos hasta el juicio. El Código Procesal Penal bonaerense prevé una duración máxima de la prisión preventiva de ocho meses, plazo que Fiscalía tiene para completar su investigacion y solicitar la elevación a juicio, y que puede ser prorrogable pero debe haber una nueva audiencia.

Lo más relevante de esta semana, camino a la audiencia de la próxima, fue que tras el allanamiento en la sede central de Camioneros ante el mismísimo Hugo Moyano, Viviani resolvió imputarles un nuevo delito a los detenidos Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, puesto que la documentación que halló durante el procedimiento la habilitó.

Además de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, ambos sindicalistas están ahora imputados por un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión, es decir que el mínimo implica que no es excarcelable: extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

Es que durante el allanamiento en la sede central de Camioneros, Viviani encontró los mismos recibos que en el sindicato en San Nicolás, en los que el gremio deja asentado el ingreso de dinero pagado por la empresa Rey Distribución pero sin ningún documento que certifique la presunta deuda que los gremialistas dicen haber cobrado con esos cheques, que la familia denunciante señala como el pago de la “coima” que les exigían para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Para Viviani, esto podría configurar el delito de extorsión que prevé el artículo 168 del Código Penal, que señala que será reprimido con entre cinco y diez años de prisión que con intimidación o violencia obligue a otro a suscribir documentos que produzcan efectos jurídicos.

Durante el allanamiento en Buenos Aires, Viviani llegó con la orden de secuestrar todo los libros contables y planillas “donde surja deuda de aportes gremiales, sindicales y diferencias salariales de la empresa Rey Distribución SRL, equipos informáticos en los que pudieran estar almacenadas las constancias donde surge la supuesta deuda”.

Cabaleyro y Espíndola fueron convocados por Viviani este miércoles a Fiscalía General para ampliar su declaración indagatoria, puesto que tenía que ponerlos en conocimiento de este nuevo delito que se les imputa en el marco de la misma caua y a partir de los nuevos elemento probatorios reunidos.

Aunque con menos presencia que el día que declararon en San Pedro, integrantes del Sindicato de Camioneros de San Nicolás acompañaron en esa ciudad la comparecencia de los detenidos ante Fiscalía. En este caso también impidieron el trabajo de la prensa, según reportaron desde el diario El Norte, a cuyos reporteros gráficos no les permitieron cumplir con la tarea que tenían prevista.

Este jueves, en el marco de la causa penal por extorsión y coacción que mantiene detenidos a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, prestó declaración testimonial ante la fiscala María del Valle Viviani la delegada local del Ministerio de Trabajo, Sofía Rotundo.

La abogada fue citada por Viviani en la sede de Fiscalía con el objetivo de solicitarle algunos detalles relacionados con la documentación que oportunamente le requirieron a la delegación de la cartera laboral que conduce y que está vinculada a las actuaciones labradas durante el conflicto entre la empresa Rey Distribuciones y el sindicato de Camioneros.

Rotundo brindó las explicaciones correspondientes para profundizar en aquellos aspectos que la fiscala le requirió y se retiró de Fiscalía antes de las 15.00, tras cumplir con el requerimiento judicial como funcionaria interviniente en el conflicto.

La delegación local del Ministerio de Trabajo tomó intervención ante los reclamos laborales planteados por el sindicato y cumplió tareas de mediación en el marco del conflicto que luego derivó en la denuncia penal por parte de la familia Rey contra los sindicalistas de Camioneros.

El Juzgado de Garantías Nº 3 de San Nicolás, a cargo de María Eugenia Maiztegui, rechazó este miércoles la solicitud de excarcelación de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos el viernes en el marco de la causa por “extorsión y coacción” que investiga la Justicia luego de la denuncia de la empresa Rey Distribución que los acuso de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

El abogado que patrocina a ambos dirigentes sindicales pidió la excarcelación luego de que el domingo prestaran declaración indagatoria ante la fiscala María del Valle Viviani, instancia de defensa que se cumplió en la sede de la Fiscalía Nº 7 con presencia de Camioneros, en cuyo marco el dirigente Julio Cabaleyro agredió, insultó y amenazó a periodistas de La Opinión & Sin Galera.

Maiztegui rechazó la excarcelación por considerar inadmisible que estén libres en esta etapa puesto que podrían entorpecer el devenir de la causa y ordenó que Cabaleyro y Espíndola sean trasladados a la Unidad Penal 3 de San Nicolás o bien a Campana o Junín, en caso de que no haya cupo en la penitenciaría nicoleña.

La jueza estimó que existen “sobrados motivos” para mantenerlos presos con el objetivo de “asegurar el desarollo” del proceso. La fiscala Viviani tiene ahora entre 15 y 30 días para reunir elementos probatorios que le permitan pedir la prisión preventiva de los sindicalistas, que implicaría, según el Código Procesal Penal bonaerense, al menos unos ocho meses de cárcel mientras se llega al juicio.

Para Maiztegui hay “peligrosidad procesal” acreditada, puesto que la “magnitud de la pena en expectativa” por los delitos de los que están acusados así lo establecen. Además, la jueza ponderó el tipo de delito, las circunstancias en las que fueron cometidos los hechos por los que están imputados y el poco tiempo que llevan detenidos.

La magistrada sostuvo que hay “un peligro cierto de entorpecimiento de la investigación”, puesto que entiende que Cabaleyro y Espíndola podrían “influenciar loas testigos que deben declarar” y así frustrar la finalidad del proceso.

La detención de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola y el episodio ocurrido el domingo en Fiscalía en ocasión de su declaración indagatoria fueron parte de la reunión que la Comisión Directiva del Centro de Comercio mantuvo este lunes por la noche.

Desde la entidad, el presidente Raúl Cheyllada expresó la solidaridad de todos los integrantes de la Comisión con la periodista Lilí Berardi ante la situación de agresión y amenazas que le tocó vivir con Julio Cabaleyro y sus acólitos durante la jornada de cobertura de la indagatoria.

Además, el representante de comerciantes y empresarios locales consideró que el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante deberían pronunciarse en conjunto con el Centro de Comercio para expresar desacuerdo con la metodología de protesta y reclamo del sindicato de Moyano por las consecuencias que ello implica para el orden social local.

“Lo vivido te lleva a muchas reflexiones, va pasando el tiempo sin lograr aprender algo, esta confianza en que la Justicia se pueda preservar de manera independiente, que no sea entorpecida a través de mecanismos que no contribuyen ni ayudan tanto para el desarrollo empresarial como para la sociedad”, reflexionó Cheyllada en Radio Cuarentena.

El presidente del Centro de Comercio informó que esperan una intervención por parte de las entidades provinciales y nacionales a la que pertenece la institución que doncude “para poner estos temas en tratamiento, no sólo el tema de los bloqueos sino cómo se puede convivir con algún rol gremial para que los empresarios puedan seguir desarrollándose”.

En ese sentido, cosideró que “si hay alguna cuestión que dirimir entre empleados y empleadores que se puedan dirigir a las autoridades competentes para que esto resulte conveniente para las partes y no con los mecanismos que hemos sufrido habitualmente a través de la extorsión, de pedidos improcedente que nos llevan a esta situación que realmente no es lo que nos merecemos”.

Cheyllada aseguró que es importante que la entidad que preside pueda tener un canal de diálogo para seguir tratando el tema “con las autoridades municipales, legislativas, para garantizar la seguridad de la sociedad para convivir en paz, que no se altere el orden público, garantizar el desarrollo a partir de un desenvolvimiento de los sectores empresariales y gremiales que sea el adecuado”.

Al respecto, consideró: “Necesitamos juntarnos, ser parte de un proceso de comunicación en el que le manifestemos a la sociedad que no estamos de acuerdo con las metodologías, más allá de las circunstancias particulares”.

“Estamos hablando de cosas que hacen mal a la sociedad y traen consecuencias, quizás potenciales, futuras, como la atracción de inversiones, la generación de puestos de trabajo, la radicación de nuevas empresas en San Pedro, que el turismo venga con la tranquilidad y la seguridad de pasar una estadía tranquila, hay muchas aristas en torno a una alteración del orden social. El Estado cumple un rol fundamental y las instituciones también”, señaló.

Este domingo, minutos antes de las 17.00, se retiró de Fiscalía, tras más de 7 horas de declaración, el abogado Mauricio Gugger, defensor de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, en el marco de la causa por “extorsión y cohecho” que pesa sobre ellos tras la denuncia de la empresa Rey Distribución, que los acusó de “pedido de coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

“Fue extensa, larga, declararon con lujo de detalles y se refirieron a cada uno de los hechos que se les imputaron.La fiscal ahora tiene que analizar los dichos y también lo va a hacer la jueza de Garantías”, explicó Gugger.

En tanto, también confirmó que solicitó la excarcelación de los detenidos. El Juzgado de Garantías tiene 5 días para dar lugar o no al pedido. “Depende de la jueza de garantías, quien decide si se excarcela o no. Es el primer acto de defensa. Nosotros habíamos pedido la eximición de prisión considerando que la detención no tiene el doble conforme que se necesita”, dijo.

Sobre los hechos por los que son acusados, aseguró que “se le vendió pescado podrido a la Justicia” y se refirió a imágenes de cámaras de seguridad que muestran, primero, a la familia Rey preparando una caja con dinero “de una coima” y luego a integrantes de Camioneros yendo a buscar ese dinero a un estudio contable.

Sin embargo, Gugger refirió que ese intercambio había sido acordado como el pago una “deuda existente” con el “gremio y la obra social”, y que “no fue una coima”.

“La Justicia sostiene que ese acuerdo fue arribado de forma coactiva, cuando en realidad fue consensuado con el contador de la empresa y por intermedio de él con los empresarios”, puntualizó el abogado.

Un comunicado del bloque de concejales del Frente de Todos de San Nicolás expresó su respaldo al sindicalista de Camioneros y también edil Maximiliano Cabaleyro y al referente del gremio en San Pedro, Fernando Espíndola, sobre quienes pesa una orden de detención emitida por la Justicia que sus abogados apelaban.

En el texto, los ediles que comparten bloque con Cabaleyro calificaron de “inédito” el fallo de la jueza María Eugenia Maizategui y consideraron que lo que ocurre con Camioneros es “persecución judicial y linchamiento mediático”.

Los concejales del Frente de Todos de San Nicolás acompañaron a Cabaleyro y Espíndola el jueves en la sede del sindicato, donde estuvo Pablo Moyano para respaldarlos. Luego emitieron el comunicado.

Allí señalan su “preocupación” por la decisión de la jueza y cuestionaron el “linchamiento mediático llevado a cabo por los medios de comunicación de alcance nacional” y la réplica que hicieron “referentes de Juntos por el Cambio”.

Consideraron que Cabaleyro y Espíndola “pueden ir a prisión” por “reclamar el pago de los aportes jubilatorios y las diferencias salariales adeudas a los trabajadores”.

“Durante todo el proceso juidical los acusados estuvieron siepre a derecho y que estén en libertad no representa un entorpecimiento a la causa que amerite la prisión preventiva”, expresaron en relación a los argumetos de la jueza Maiztegui para ordenar la detención.

Para los concejales del Frente de Todos nicoleño, la decisión de Maiztegui “constituye una enorme gravedad institucional porque sienta un precedente para encarcelar a los representantes sindicales por el cumplimiento de sus deberes”.

La Justicia investiga las denuncias de la empresa Rey Distribución relacionadas con “pedidos de coima” por parte de los sindicalistas de Camioneros. Gustavo Rey, uno de los denunciantes, reveló elementos de prueba que aportaron a la causa, como videos del momento en el que delegados sindicales iban “a buscar la plata” y “los cheques” que, aseguraron, formaban parte de la extorsión que sufrían para “trabajar tranquilos”.

El conflicto entre la empresa Rey Distribución y el Sindicato de Camioneros tuvo esta semana una de las novedades más importante en relación a la causa penal que investiga la Justicia por “pedidos de coima”, cuando la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui ordenó detener a Maximiliano Cabaleyro y a Fernando Espíndola, dirigentes regional y local, respectivamente, del gremio de los Moyano.

Para dictar la orden de detención, que fue apelada y espera resolución en Cámara, la jueza consideró los elementos probatorios que reunió en la investigación de la causa la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7. Entre ellos hay videos que forman parte de la tarea “de inteligencia” que hicieron los Rey para denunciar la extorsión de la que eran víctimas.

Este jueves, en Radio Cuarentena, Gustavo Rey reveló parte del contenido de esa tarea y sorprendió al relatar cómo, dónde y quiénes se ocupaban de retirar el dinero que les pedían a cambio de dejarlos “trabajar tranquilos”.

“Lo máximo que llegaron a pedir fue el último pago, más de 800 mil pesos a cambio de trabajar”, contó Rey y reveló: “Eso está en la causa, porque están depositados los cheques”.

El empresario dijo que fue “algo muy frío lo que hicimos” porque en medio de la situación fueron “recolectando pruebas y armando” los elementos que luego presentarían como parte de la denuncia penal.

“La plata nosotros la llevábamos a un lugar físico donde había una persona que hacía de mediador”, relató y reveló: “Está el video, que la van a retirar en una mochila este chico Franco, que es delegado en Grupo Caso, y Espíndola”.

“Los cheques los vino a buscar acá el delegado de la Coca junto con el delegado de Mocoretá, la distribuidora de gaseosa. Ellos dos vinieron a retirar lo cheques”, contó además.

Rey Distribución forma parte del Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), un grupo “constituido por empresarios, contadores, abogados que quieren que el país cambie y no se siga con estas modalidades”, según describió el propio Rey. Por ello contaron con el patrocinio de la abogada Florencia Arietto para el desarrollo de la causa penal que tramita en la fiscalía de Viviani.

Rey destacó la tarea de la fiscala: “Nos devolvió el ánimo, las ganas, la dignidad. Yo le dije que era de gusto hacer la denuncia y ella me dijo que su trabajo lo hacía como correspondía y que había jurado para ser fiel a sus principios, a los principios de la ley y que aunque no lo siguiéramos nosotros ella lo iba a hacer porque era una causa pública. Me dio un poquito de esperanza y veo el enorme trabajo que ha hecho. También estamos agradecidos de la jueza”, dijo.

“No estamos contentos”, sostuvo Gustavo Rey y reflexionó: “Quisiera que recapaciten y vuelvan a la normalidad, que esto no se puede hacer, que entiendan que estas son cosas que no corresponde. Nosotros la pasamos muy mal y creo que ellos también, más allá de la bandera que hoy levantan”.

Apenas uno de sus colegas lo llamó por el tema. “Y, tienen miedo”, consideró y agregó: “No los culpo, eh”. En ese sentido, dijo: “Con el miedo nos ganan y lo que queremos es que gane la verdad. No estamos contentos con esto que pasó, ojalá no nos hubiese pasado y la empresa se hubiese desarrollado con total normalidad, nadie lo buscó”.

“Ellos vienen y te dicen tenés que ponerlo a fulano, es un círculo vicioso, son los mismos que terminan en uno u otro lado. Vienen y te dicen a este lo sacamos de allá porque tuvo un problema, metémelo acá. Los empresarios son obligados a comprarse ese problema porque si no no sabemos qué puede pasar”, reveló.

Luego de que la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui ordene la detención de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola en el marco de la causa que comenzó tras la denuncia por “pedido de coimas” interpuesta por la empresa Rey Distribución, el dirigente Pablo Moyano llegó a San Nicolás para respaldar a los denunciados.

La orden de detención no se hizo efectiva porque está apelada y debe resolver la Cámara de Apelaciones. Cabaleyro, que además de dirigente sindical es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, recibió el respaldo de Moyano y toda la cúpula del gremio.

También de sus compañeros de bloque en el Concejo Deliberante, así como de otros dirigentes del Frente de Todos tales como la funcionaria del Gobierno de Axel Kicillof Cecilia Comerio, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto nicoleño y referente de La Cámpora.

Pablo Moyano encabezó una rueda de prensa en la sede del Sindicato de Camioneros San Nicolás, edificio que fue allanado en el marco de esta misma causa, para llevar el respaldo del gremio a Cabaleyro y Espíndola. “Te manda saludos Hugo Moyano, y si esto avanza va a estar acá para acompañarte”, dijo respecto de la opinión de su padre sobre lo ocurrido.

Cosecretario General de la CGT y dirigente del Sindicato de Camioneros, cargo que heredó de su padre como Cabaleyro hizo lo propio en la Delegación regional, Pablo Moyano sostuvo que “nadie va a doblegar a esta organización sindical” y aseguró que la causa judicial obedece a que ellos “no se callan” ni son “cómplices”.

Moyano repudió a la empresa Rey Distribución, que denunció a Cabaleyro y Espíndola por extorsión y coacción a raíz de un “pedido de coimas” para “trabajar tranquilos”, además de la turbación de posesión por el bloque de la planta. “La AFIP tendría que investigar la plata que evadió pagándole a los trabajadores en otro convenio”, cuestionó.

También tuvo palabras contra la abogada Florencia Arietto, representante del Movimiento Antibloqueo, que asesora legalmente a la familia Rey. “Prefirieron pagarle a una sinvergüenza como Arietto a pagar a los trabajadores lo que corresponde”, señaló.

Tanto Cabaleyro como Pablo Moyano señalaron que la causa está relacionada con “lawfares judiciales, políticos, periodísticos que vienen atacando a la organización”. El dirigente nacional dijo que llegó a San Nicolás no sólo como referente de Camioneros sino también “en nombre de la CGT”.

De la conferencia de prensa participó también el abogado sampedrino Mauricio Gugger, que asiste a Cabaleyro y a Espíndola. Tal como dijo este miércoles en El Reporte de la Tarde, consideró que los fundamentos de la fiscala Viviani y de la jueza Maiztegui que obran en la causa “no tienen la carga procesal para detenerlos” y que espera que presten declaración indagatoria.

Tras la reunión del lunes, en la que participaron funcionarios del Gobierno municipal y concejales, el Centro de Comercio emitió un comunicado en el que aseguró que todas las partes “rechazaron las acciones sindicales coercitivas y pidieron una intervención neutral del Ministerio de Trabajo” en relación a las situaciones que atraviesan empresarios locales con el Sindicato de Camioneros, especialmente la familia Rey.

“Se ha resuelto poner a conocimiento de la sociedad el unánime rechazo a todas las acciones de amedrentamiento, que sufren las empresas locales, a través de mecanismos alejados de los procedimientos correspondientes que ejercen el sindicato de camioneros y entidades similares”, señalaron en el texto.

La entidad que preside Raúl Cheyllada había convocado a la reunión al Gobierno de Cecilio Salazar, que estuvo representado por el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Carrasco, y al Concejo Deliberante, del que asistieron la presidenta, Mónica Otero, la titular de la comisión de Desarrollo Económico, Ana Tiramonti, y el edil Damián Lafalce.

Según informaron en el comunicado, el Gobierno, el HCD y el Centro de Comercio acordaron elevar “un pedido de reconsideración sobre los procedimientos a la Delegación local del Ministerio de Trabajo” que conduce Sofía Rotundo, a quien “invitarán a debatir el tema en los próximos días”.

Solicitarán que “ante situaciones de este tipo intervenga de manera efectiva y neutral, considerando adecuadamente tanto los derechos de los trabajadores representados por los sindicatos como el impacto que la violencia de sus representantes puede ejercer en la continuidad de empresas que generan empleo y en quienes reconsideran cualquier tipo de inversión ante el desamparo que se percibe en estos episodios”.

Todos los participantes de la reunión, indicaron, “coincidieron en rechazar cualquier tipo de exigencia adicional que pretendan los sindicatos, más allá de lo que establecen las leyes vigentes”.

“Es imprescindible que tanto los empresarios como los trabajadores cuenten con el respaldo que merecen dentro de un marco de responsabilidad, respeto y legalidad”, agrgaron.

Este lunes a las 20.00 se desarrollará en el Centro de Comercio una reunión especial convocada por la entidad que preside Raúl Cheyllada relacionada con la situación que atraviesan las empresas distribuidoras en su vínculo con el Sindicato de Camioneros, tras el conflicto de la semana pasada en Rey Distribución.

El Centro de Comercio convocó a los referentes del rubro y además cursó invitaciones formales a autoridades del Gobierno municipal —intendente, secretario de Gobierno y de Desarrollo Económico— y al Concejo Deliberante —presidenta y titular de la comisión de Desarrollo Económico— para debatir la problemática.

“Nos parece muy importante que participe el sector, que sea una fuente de consulta respecto de cómo ve estas situaciones, creo que puede ser contribuitivo para ir resolviendo estas cuestiones”, dijo Cheyllada en Radio Cuarentena.

En San Pedro, informó, hay “unas 12 o 14 distribuidoras, transportistas, el sector que estamos representando” y destacó que “los no socios pueden anotarse para participar”.

Sobre la invitación al Gobierno y al Concejo, dijo que el plan es “compartir opiniones, deferentes miradas, tratar de alcanzar consensos para que las cuestiones gremiales se resuelvan en los organismos competentes y no atenten contra la actividad” económica.

Cheyllada señaló que en el Centro de Comercio han recibido planteos similares sobre situaciones como las que le toca atravesar a la familia Rey, que denunció penalmente en la Justicia al Sindicato de Camioneros por “extorisón y pedido de coimas”.

La semana pasada se expidieron desde la institución para cuestionar el bloqueo como modalidad de reclamo y reclamar la intervención del Estado en el tema.

El presidente de la entidad señaló que es importante “que los planteos se canalicen por los organismos competentes y no de esta forma, con todas las consecuencias que traen estos conflictos cuando se dan de esta manera”.

Cheyllada consideró que estas situaciones perjudican al comercio, desalientan la inversión y cuando tienen repercusión nacional muestra una imagen pública de la ciudad que no es conveniente.

“Lo que necesitamos es un punto de encuentro para fomentar el desarrollo”, dijo Cheyllada y señaló: “Hay una distorsión respecto de cómo se plantean las supuestas soluciones”.

“Hay que trabajar en conjunto para resolver, porque si queremos promover el desarrolo esto es un camino contrario”, analizó el titular del CCI y destacó que la entidad es “un ámbito de comunicación, de debate, un primer paso para la solución”.

“Creemos que el Ejecutivo y el legislativo pueden involucrarse respecto de poner aquellos límites que el accionar gremial debe cumplimentar, generar las condiciones necesarias para que esto no ocurra”, sostuvo Raúl Cheyllada.