El Gobierno municipal conformó una mesa de trabajo interinstitucional para acercar posiciones entre los vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio y la empresa San Pedro Arenas, propietaria de la arenera ubicada en la zona.

El primer encuentro tuvo lugar el lunes en la Subsecretaría Legal y Técnica, cuyo titular, Daniel Porta, consideró satisfactorio por la “buena predisposición” de las partes a mantener un espacio de diálogo, más allá de las disidencias que derivaron en una demanda judicial.

El objetivo de conformar esa mesa es que haya un espacio institucional de diálogo entre el Municipio, la empresa y los vecinos que posibilite "explorar soluciones técnicas, normativas y de gestión ambiental" ante los reclamos del barrio, independientemente de lo que resuelva la Corte Suprema.

El Máximo Tribunal tiene en análisis el recurso interpuesto por la comisión de fomento Barrios Unidos tras el revés judicial sufrido en primera y segunda instancia. Esos fallos le dieron la razón a la empresa, que expuso que tiene todo en regla de acuerdo a la normativa vigente.

Aun así, los vecinos mantienen sus reclamos respecto de la voladura de arena y los ruidos generados por la actividad arenera. Durante la reunión, solicitaron que se evalúen medidas concretas para mitigar la problemática.

Desde San Pedro Arenas, su titular, Agustín López, expresó su predisposición a participar de la mesa de trabajo y se comprometió a elevar la información técnica que se le requiera. 

Sostuvo que están dispuestos a "analizar las inquietudes de los vecinos" y destacaron que cuentan con "todas las habilitaciones y autorizaciones vigentes de los organismos municipales, provinciales y nacionales".

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, informó a las partes que el Municipio procurará "articular soluciones" para compatibilizar "el desarrollo económico con la protección del ambiente y la calidad de vida de los vecinos".

En el marco de la mesa de trabajo, acordaron celebrar reuniones periódicas y la empresa se comprometió a presentar un informe técnico sobre las modalidades de acopio de arena, uno de los planteos que hicieron los vecinos.

La Justicia concedió el recurso extraordinario que plantearon los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio tras recibir un fallo desfavorable en la Cámara de Apelaciones a sus reclamos relacionados con la arenera ubicada en inmediaciones del barrio.

La Corte Suprema de Justicia bonaerense será la que deba analizar lo que los vecinos dejaron asentado en su reclamo, luego de que quedara firme la resolución judicial que consideró que San Pedro Arenas cumple con la normativa vigente y sólo causa "molestias tolerables".

El Máximo Tribunal ya recibió el expediente para analizar, en los términos en los que la Cámara lo elevó tras considerar pertinente el recurso extraordinario planteado por la comisión de fomento denominada Barrios Unidos.

Tras ello, los vecinos enviaron una nota al Gobierno y al Concejo Deliberante para que intervenga "ante posibles incumplimientos" de la normativa vigente aplicable a nivel local.

La nota fue acompañada por registros fotográficos y audiovisuales para apoyar su reclamo relacionado con situaciones que, aseguran, "generan consecuencias directas en la calidad de vida" del barrio.

"Presencia de material particulado en el ambiente, tránsito constante de camiones y alteraciones en el entorno" fueron los puntos señalados para exigir "control y cumplimiento efectivo de la normativa vigente".

Tras el fallo que ratificó la sentencia en primera instancia que favoreció a la empresa San Pedro Arenas respecto del reclamo de vecinos del barrio Bajo Cementerio, desde la comisión de fomento presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia bonaerense.

Los vecinos esperan que sea el Máximo Tribunal el que defina acerca de sus planteos, que fueron rechazados por el Juzgado Civil 1 y por la Cámara de Apelaciones, que consideraron que la arenera además de cumplir con la normativa vigente aplicable causa "molestias tolerables" en la zona.

Este martes, cuando comenzó el viento de la tormenta de lluvia que registró la ciudad alrededor de las 14.00, desde el barrio difundieron videos que tomaron en ese momento.

"¿Esto es 'tolerable'?", se preguntaron. Aseguraron que en los videos "se puede ver claramente cómo la arena vuela de manera impresionante, afectando nuestras casas y nuestra salud" y cuestionaron el fallo, que consideró "tolerable" la situación, con arreglo a informes periciales

"Nos preguntamos: ¿Quién define qué es tolerable? ¿Desde dónde lo evalúan?  ¿Alguno de ellos vive acá? Esto no es un número en un papel. Esto es lo que respiramos todos los días y más aún los días de viento", advirtieron.

"Exigimos que se escuche la realidad del barrio y no solo informes técnicos que no reflejan lo que vivimos", finalizaron los vecinos de Bajo Cementerio que compartieron los videos registrados.

Tras los reclamos que realizaron vecinos de Bajo Cementerio, el sábado, durante la transmisión en vivo de Sin Galera, comenzaron trabajos de limpieza en el camino y en sectores aledaños a la arenera.

Las tareas iniciaron esta semana con el uso de tractores, que este miércoles por la mañana continuaban en la zona.

Retiraron la arena acumulada en el camino y realizaron trabajos de mantenimiento, además cortaron el pasto en algunos sectores. 

Las tareas se concentraron principalmente en la bajada y en los terrenos cercanos a la arenera. 

La Justicia rechazó una demanda interpuesta por vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio contra la empresa San Pedro Arenas S. A. y consideró que la actividad no representa daño ambiental ni molestias que excedan la "normal tolerancia".

La causa comenzó en julio de 2023, cuando Karina Cariaga, presidenta de la comisión de fomento denominada Barrios Unidos, presentó la demanda, que recayó en el Juzgado Civil y Comercial n.° 1 de San Nicolás.

El planteo era que la arenera ubicada en calle 82 y Vapor Correo Nacional Argentino produciría daño ambiental y afectaría la salud de los vecinos, así como el normal desarrollo de la vida cotidiana por la presencia constante de arena en el aire, producto del viento y de la modalidad de acopio en la planta.

Tras un fallo favorable a la empresa, hubo apelación y la Cámara resolvió dejar firme la primera sentencia al considerar que no se pudieron constatar los planteos de la demanda, con arreglo a una gran cantidad de pasos procesales que incluyeron aportes de pruebas, documentación y pericias.

Incluso hubo ampliaciones de las pericias, a propuesta de la demandante, en las que la perito Ivana Del Giorgio señaló que la empresa desarrolla una actividad autorizada, con movimiento "moderado", lo que contempla el sobrevuelo de arena por acción del viento.

La ordenanza que regula la actividad en San Pedro indica que las areneras deben tener instalados silos para el acopio y ese fue uno de los reclamos de los vecinos. La empresa dijo que posee "piletas", a las que consideró "silo rectangular subterráneo de baja profundidad".

El perito ingeniero químico Salvador Kuz señaló que, a su criterio, "San Pedro Arenas S. A. cuenta con procesos adecuados para albergar o guardar, o depositar, o estibar, acopiar arena en su predio".

"No se produjo prueba idónea que acredite afectación de las vías respiratorias o a la salud de los habitantes de los barrios involucrados", señaló el fallo de primera instancia, ratificado por la Cámara de Apelaciones.

De la misma manera, los peritos que intervinieron consideraron que "desde el barrio bajo cementerio no se percibe y/o escucha el ruido producido por la actividad de San Pedro Arenas S. A." y que "en un día de trabajo normal" los decibeles "no producen ruidos molestos"

Los vecinos del barrio expusieron su queja ante el fallo de la Justicia y adelantaron que irán a la Corte Suprema bonaerense, última instancia posible de apelación, en procura de intentar revertirlo.

Los argumentos de los habitantes del barrio están anclados en su cotidianeidad: arena en las viviendas, dificultades para permanecer en los patios, ropa tendida que debe ser sacudida, paso constante de camiones, ruidos de máquinas, entre otros puntos que desde hace tiempo son materia de reclamo.

En la respuesta a la demanda, el abogado José Benito Aldazabal, representante de San Pedro Arenas S. A., puso de relieve el hecho de que los barrios ubicados cerca de la arenera son "asentamientos irregulares", terrenos "usurpados" y "no aptos para la radicación de vivienda" en tanto se trata de una zona reservada para emprendimientos industriales.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves en sesión la propuesta de la UCR para pedirle al Ejecutivo que controle el peso de camiones areneros en la ruta 1001, tras la obra de repavimentación de ese camino, segunda en menos de 10 años.

El expediente fue aprobado con 14 votos a favor y cuatro en contra, emitidos por los ediles del "interbloque" —así lo denominaron ellos— opositor que conforman Martín Rivas, Diego Lafalce, Mauro de Rosa y Fernando Negrete.

Durante la votación hubo debate y cruces entre Rivas, Lafalce y la presidenta de la bancada radical, Paola Basso, que dijo estar "indignada" por lo planteado por quienes se opusieron al proyecto.

Antes de ese intercambio, Yanina Batalla fue la vocera del expediente. "Pensamos en este proyecto porque recientemente se hizo el arreglo de la ruta 1001 y se viene notando que ese acceso se rompe rápidamente", dijo.

"No se están haciendo los controles de peso de los camiones areneros. Además de la rotura de pavimento, esto ocasiona accidentes y la pérdida de vidas", agregó. Ese fue uno de los puntos en discusión.

"Este proyecto parece bien intencionado, pero desde lo técnico es inviable y desde lo jurídico es incorrecto", disparo Rivas. Dijo que circula mucha producción, vecinos, turistas y que "no es justo ni serio atribuirle a los camiones areneros la total responsabilidad por los accidentes y la rotura de la calzada".

"La ruta no se rompe por los camiones, sino porque estaba mal construida. Tampoco es cierto que el Municipio pueda salir a controlar el pesaje", aseguró el edil, que puso, así, en debate una práctica habitual de los municipios a lo largo y ancho del país.

"El deterioro de estas rutas se fue dando por fallas estructurales", dijo Lafalce y consideró que "endilgarle responsabilidad directa a las areneras o los camiones areneros es un poco absolutista" (SIC), antes de mocionar para enviar el expediente a comisión, lo que fue rechazado.

"No se si han confundido los términos o no leyeron bien el proyecto", cuestionó Basso y aseguró: "De ninguna manera estamos en contra de las areneras y de las generadoras de trabajo, de lo que no estamos a favor es de la sobrecarga y del beneficio exclusivo a costa de los ciudadanos".

"A menos que haya personas acá que tengan intereses muy puntuales con las areneras, yo no los tengo, estamos para hacer cumplir las normas", disparó y agregó: "Estoy indignada, más que sorprendida, con tanto nivel de inoperancia y ridiculez".

"No se indigne, no se enoje ni tergiverse. Me parece un montón tener que explicarle a una abogada que si tiene pruebas de que la gente se ha lastimado o ha habido muertos producto de la arena, es a la Fiscalía donde tiene que concurrir, urgentemente", contraatacó Rivas.

A ello, se sumí luego Lafalce: "Cuando considere que hay intereses creados y tenga pruebas para hacer semejante acusación hay un lugar en calle Belgrano que se llama Fiscalía, vaya y denuncie".

Para terminar con el debate y pasar a votar, Juan Cruz González pidió la palabra y dijo que era importante centrarse en el fondo del proyecto, relacionado con los controles, algo que su bloque acompañó, lo que fue decisivo para aprobarlo.

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical elevó un proyecto para que el Ejecutivo retome los controles de peso a camiones areneros que circulan por la recientemente repavimentada ruta 1001.

Los radicales advirtieron que por ese camino provincial, cuya obra de repavimentación atraviesa el último tramo, circula "un gran caudal de camiones areneros", muchos con "sobrepeso" que, según expresaron en el expediente, son los responsables de la mayoría de las "permanentes roturas en la calzada".

"Las roturas y la pérdida constante de arena ponen en peligro vidas, generando permanentemente accidentes vehiculares, varios de ellos fatales", advirtieron los ediles de la UCR.

En ese marco, piden al Gobierno que lleve adelante "controles exhaustivos, con todos los instrumentos legales y tecnológicos que estén a su alcance" para "verificar el estricto cumplimiento del peso que marca la ley".

El Gobierno discontinuó la obligatoriedad de pasar por la balanza pública desde 2024, puesto que modificó el gravamen relacionado y dispuso que todo transporte de carga de más de 25 mil kilos, cuyo titular no sea de San Pedro, pague una tasa, aunque sin la obligatoriedad del pesaje.

Un vehículo que circule excedido de peso es pasible de una multa de 500 litros de gasoil premium y la reincidencia implica pagar el doble. Pero claro, para que haya sanciones debe haber controles.

La agrupación Barrios Unidos celebró la reciente sentencia que condena a la empresa arenera Naviera Lojda S. A. por los daños ambientales causados en los humedales del paraje El Tonelero.

El fallo representa un logro tras más de diez años de lucha por parte de los vecinos y organizaciones de Ramallo. Un antecedente importante para quienes resistieron la instalación de una empresa en los terrenos de Indalar linderos al puerto.

La Justicia reconoció la destrucción ambiental provocada por la empresa y ordenó la recomposición del ecosistema afectado.

“En el barrio Cementerio de San Pedro también resistimos ante el avance de una arenera. No sólo han devastado parte de la costa y afectado los humedales, sino que sufrimos consecuencias directas y cotidianas: la arena vuela y entra a nuestras casas cada vez que hay viento; se vuelve imposible respirar, especialmente para niños, personas mayores y quienes tienen problemas respiratorios. Esto también es daño ambiental, social y humano”, expresaron en redes.

El fallo de Ramallo ha animado a la comunidad del Bajo Cementerio por lo que consignaron, siempre procurando que sus derechos no sean vulnerados. “Nos da fuerza para seguir exigiendo que la Justicia escuche nuestro reclamo”, indicaron.

En Ramallo la iniciativa estuvo a cargo de otra agrupación: El Tonelero no se toca. El juez Fernando Enghelmayer ordenó a Naviera Lojda S. A. al “cese inmediato y definitivo de toda actividad desarrollada por la emplazada en la zona de los bañados y humedales lindantes”.

A partir de este fallo, la empresa deberá emprender las acciones correctivas, que son la recomposición del daño ambiental, “las necesarias para reestablecer el ecosistema alterado a su estado anterior”, en un plazo máximo de un año, bajo la estricta supervisión y contralor del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

La pregunta acompaña el video de una larguisima fila de camiones que comenzó en la mañana del sábado y continuó por la tarde. La Opinión consultó a Inspección de Tránsito y la respuesta llegó rápido: una empresa arenera debe cargar 970 camiones durante la jornada y por ello están los vehículos en la banquina de Crucero General Belgrano y 1001.

El intendente, Cecilio Salazar, difundió su participación en una reunión del Consejo Intermunicipal del Delta (CONINDELTA) y el concejal opositor Martín Rivas presentó un proyecto de ordenanza para crear la Dirección municipal de Producción Minera.

Este lunes, tras la publicación de la noticia en La Opinión, el exdelegado de Minería de la provincia en San Pedro, el geólogo Enrique Hopman, envió el texto que se publica a continuación para hacer algunas aclaraciones a la propuesta del edil de Juntos por el Cambio:

"Ante la intervención de un concejal sobre la cuestión minera, es interesante que se toque el tema minero en San Pedro. Puedo aclarar su historia.

Hasta 1981, aproximadamente la Provincia cobraba el canon arenero a través de la Dirección de Geodesia, pero más o menos en esa fecha se aprobó una Ley que designaba la creación del CONINDELTA (Consejo Intermunicipal del Delta) integrado por los municipios de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando.

La Provincia se reservaba el derecho de poner el valor del canon arenero y aplicar las multas al no cumplimiento de las reglas de extracción minera de la época.

La presidencia del CONINDELTA y el manejo administrativo siempre fue rotativo por acuerdos del cuerpo, cuya única financiación surge, siempre, de la recaudación del canon arenero.

En 1984 se creó la Dirección Provincial de Geología, Minería y Aguas Subterráneas de la Provincia (hoy Subsecretaria de Minería y Geología, Ministerio de la Producción), y única Autoridad Minera provincial.

También se crearon delegaciones en las regiones mineras de Buenos Aires, una de ellas tuvo su sede en San Pedro desde 1985 a 1992, por un convenio con la Municipalidad de San Pedro.

El profesional geólogo delegado ocupó la Jefatura de Departamento de Policía Minera, con escalafón municipal, con incumbencia  en inspecciones, labrado de actas, estadísticas, presencia en el río, haciendo de nexo entre la Autoridad Minera y el CONINDELTA, incluyendo otras actividades mineras y ambientales de la región.

Hacemos constar que en esa época estaba aún vigente la misma ley que nombramos al principio y no existía la legislación hoy vigente en temas mineros y ambientales.

Desde 1992 a 1995 la Delegación de Minería depende directamente de la presidencia de CONINDELTA y desde esa fecha no hubo mas presencia profesional que representara a la Autoridad Minera en la Región.

Hoy día las extracciones mineras deben cumplir con tres requisitos: 1- las empresas responsables deben estar registradas como Productor Minero de la PBA; 2- Cada embarcación debe obtener un permiso de extracción con toda su documentación legal, permisos de navegación y declaratoria de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables, que además les exige tener permisos para las distintas zonas habilitadas de los ríos Paraná, Uruguay y afluentes; y 3- cada empresa/embarcaciones deben obtener una declaratoria de Impacto Ambiental que es aprobada por el Ministerio de Ambiente.

El CONINDELTA sólo cobra el canon arenero y da los Libres Deuda para que las embarcaciones puedan operar. En cuanto a lo que cada Municipio hace con lo recaudado, generalmente lo recaudado se reparte entre los 9 municipios en partes iguales.

Antes se presentaban proyectos de obras referidas al río, la costa, etc. Recuerdo que en época del Dr. Sanchez, se usó para habilitar un laboratorio de agua".

y de suelos, que se usó, por ejemplo para estudios en la laguna y de la calidad de agua de la ciudad, obras en el balneario municipal, etc.

Las estadísticas sobre la extracción de arena en la PBA las llevan CONINDELTA y la Subsecretaría de Minería y Geología de la PBA, y hay que destacar que no toda la arena que se descarga en las areneras de San Pedro se extrae de Buenos Aires.

Muchos de los yacimientos ricos en arena, cercanos a nuestro puerto, son jurisdicción de Entre Rios, que tiene una forma de habilitación y recaudación distintas, y que en la zona de referencia, está centralizada en Paraná, en las Secretarías de Ambiente y de Subsecretaria de Minería entrerrianas, respectivamente.

Lic. en Geología Enrique Hopman

Después de la reunión del Consejo Intermunicipal del Delta (CONINDELTA), llevada a cabo en Escobar, el concejal Martín Rivas presentó un pedido de informes pretendiendo saber los alcances del encuentro, y como correlato, un proyecto de ordenanza para crear la Dirección de Producción Minera en el organgrama municipal.

Rivas tomó conocimiento de la participación del intendente Cecilio Salazar y, quizás, de la existencia del CONINDELTA, organismo que conforman los distritos del noreste de la provincia de Buenos Aires, ubicados a la vera del río Paraná, entre San Nicolás y San Fernando.

La inquietud del edil pasa por querer saber los temas que se abordaron junto al ministro de Gobierno, Carlos Alberto Bianco, porque a su entender “han transcurrido 52 años desde la creación, sin que a ojos vista se evidencien los beneficios del mismo y el resultado de su acción, cuando ha sido investido de la administración del importantísimo recurso arenero adjudicado a la Provincia, del cual podrían ser beneficiarios todos los bonaerenses y no solamente los municipios ribereños”.

Además solicita saber cuál es el motivo por el cual no se cumple el mandato legal, y la presidencia se halla desde septiembre de 2012 en poder del Municipio de San Nicolás, las frecuencias de reunión, y la presentación de las actas y los balances de los últimos cuatro años, especialmente donde se consigne el canon arenero, principal recurso de los municipios que deben volcarse exclusivamente en obras relacionadas con la ribera.

Específicamente sobre San Pedro, Rivas quiere saber los metros cúbicos extraídos por las areneras locales y los controles realizados.

Desde su nacimiento, el CONINDELTA tuvo controles, que fueron los policías mineros. Y lo recaudado por el canon, en el caso de San Pedro se emprendieron varias obras, siendo una de las más salientes el Vía Crucis en la zona de la Aduana. Claro, eso fue durante la gestión de Mario Barbieri, cuando la ciudad contaba con recursos propios para algunas obras.

Es evidente que el tema repercutió en el concejal, que considera que esto debe ser un importante ingreso para el erario, distante de lo declarado en el presupuesto oficial del Municipio, que para este año figura con un estimado de 3 millones de pesos, una cifra muy modesta si se toma en cuenta el potencial de explotación local.

Por lo tanto, para darle una mayor importancia, considera que “debe agrandarse el Estado Municipal”: propone la creación de la “Dirección de Producción Minera”, dentro de la estructura de la Secretaría de Producción, cuya denominación pasaría a ser de “Producción, Industria, Comercio y Minería”.

El sindicato de Marina Mercante mantiene un paro por tiempo indeterminado en las empresas areneras ante el reclamo de incremento salarial para los trabajadores del sector afiliados a esa organización gremial.

La medida de fuerza mantiene sin operar a las areneras, puesto que el personal administrativo, de maestranza, mecánicos, balanceros, etc. está adherido al paro, explicó a La Opinión el dirigente sindical y concejal Matías Franco.

"Arrancamos una medida en San Pedro. Si no tenemos respuesta vamos a ir avanzando por todo el Litoral. Si no hay respuesta, mañana pararemos también en Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución", informó Franco y advirtió que si el conflicto continúa irán "más para el norte".

En la zona de las areneras dispusieron gazebos y hay trabajadores que mantienen una protesta que implica bloqueo a la salida de carga, tanto en el puerto como en calle Frers, donde había una larga fila de camiones areneros que habían llegado para cargar retenidos en el camino.

“Están haciendo una medida de fuerza, pero es raro porque el personal de las empresas no está, vino gente de San Nicolás”, dijo a La Opinión Aníbal Righetti, empresario del sector y aseguró que el conflicto “no es con el personal de acá”.

Los titulares de las empresas radicaban denuncias penales en la Comisaría y en Fiscalía ante el bloqueo en la salida de las cabeceras de la zona que impide el acceso de los camiones para cargar y transportar arena.

El sindicato reclama la firma de un convenio que está en tratativas en el Ministerio de Trabajo y las empresas entienden que el paro “es una manera de presionar” para ese acuerdo.

El proyecto de ordenanza impositiva elevado por el Gobierno de Cecilio Salzar al Concejo Deliberante prevé un aumento de tasas del 100 por ciento para casi todos los tributos que pagan los contribuyentes de San Pedro para el año 2024.

Entre esos gravámenes está la tasa por inspección de Seguridad e Higiene, un polémico tributo que muchos discuten por las dudas respecto de la "contraprestación" que el Estado debe brindar a cambio de percibirlo.

Para el año que viene, esa tasa tendrá 100 por ciento de aumento, excepto para las empresas areneras, que deberán pagar un 130 por ciento de incremento, es decir un 30 por ciento más que el resto de los rubros.

Las areneras están incluidas entre los mínimos especiales previstos, con un piso mensual de 406.434,80 pesos. 

Como compensación, el Gobierno dispuso no cobrar el año que viene la tasa por pesaje de camiones, que durante 2023 fue de alrededor de 670 pesos por cada transporte que salía de la ciudad.

En la ordenanza impositiva, el apartado W de la denominada Tasa por Servicios Varios, que reza “por cada pesale de camiones o camionetas que trasporten bienes”, tiene como monto a cobrar para 2024 la suma de “$ 0,00”.

La tasa de pesaje de camiones fue creada en tiempos de Fabián Rodríguez como secretario de Economía con el argumento de proteger las rutas recientemente repavimentadas, que por cierto hubo que reparar porque se deterioraron.

Incluso el Concejo Deliberante aprobó, también por iniciativa de Rodríguez, una ordenanza que permite al Ejecutivo llamar a licitación para tercerizar ese servicio, algo que nunca se puso en marcha.

La balanza de camiones es alquilada y está emplazada en el predio de la ex Coplac. El pago de este canon fue resistido por las empresas areneras desde el primer día.

Ahora ya no pagarán pesaje pero deberán abonar un 130 por ciento de aumento en la tasa de seguridad e higiene, siempre y cuando este proyecto de ordenanza impositiva sea aprobado por concejales y mayores contribuyentes.

La tasa por inspección de Seguridad e Higiene se calcula de acuerdo a los ingresos brutos mensuales devengados, con alícuotas mensuales que varían según el rubro y según si el contribuyente supera los 140 millones de pesos de facturación anual o tiene más de 40 empleados, en cuyo caso los porcentajes aumentan.

El chofer de un camión arenero fue denunciado por inspectores de la Dirección de Tránsito a quienes amenazó y agredió físicamente, aunque sin provocarles lesiones.

El episodio se registró este martes en la balanza pública ubicada en Crucero General Belgrano e Independencia, donde los transportistas están obligados a pesar y pagar el canon correspondiente para salir de la ciudad.

El camión Fiat Iveco con semirremolque tipo volcador estaba en infracción a la ley vigente, puesto que pretendía no cumplir con el pesaje, por lo que el personal de Inspección se aprestaba a labrarle el acta cuando se ofuscó.

Los inspectores, dos hombres de 38 y 55 años, fueron amenazados y agredidos, pero aun así retuvieron el camión por estar en infracción y lo pusieron a disposición del Juzgado de Faltas.

Este viernes los vecinos de Bajo Cementerio reportaron: “La cantidad de arena que vuela y la cantidad de arena que hay en la calle”, y adjuntaron fotos y videos de la zona.

Estas imágenes y el reclamo en enmarcan en el pedido que tuvo lugar en la Banca Abierta de este jueves en la sesión del Concejo Deliberante, en el que exigieron a las autoridades municipales que controlen el cumplimiento de la normativa vigente sobre el acopio de arena.

Además, añadieron el presente reclamo: “No estamos de acuerdo con la instalación de la arenera en el predio de Indalar. Nadie, absolutamente nadie de este barrio, está a favor de la puesta en marcha de esa obra”.

Al final de la calle Vapor Correo Nacional Argentino hay una arenera sobre la que los vecinos reportan quejan respecto de la cantidad de arena que vuela durante los días de viento.

La presidenta de la comisión de fomento “Barrios Unidos”, que representa a vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio, expuso en Banca Abierta este jueves en la sesión del Concejo Deliberante sobre la problemática que afecta a la zona en relación a las areneras.

Karina Cariaga expresó el descontento de los habitantes de la zona con el proyecto de arenera anunciado por el empresario Santiago Lawson en los terrenos de Arcor, frente a sus viviendas, y pidieron que ese predio se transforme en espacio público.

Además, exigieron que las autoridades municipales controlen el cumplimiento de la normativa vigente por parte de San Pedro Arenas, arenera ubicada al final del camino Vapor Correo Nacional Argentino, que tiene acopio de arena a cielo abierto en lugar de tener silos, como indica la ordenanza, señalaron.

“Gracias por expresarse y defender lo que creen que tienen por derecho, y gracias por venir a interpelarnos”, les dijo la presidenta del Concejo Deliberante, Mónica Otero, al finalizar la exposición.

Antes y después de la palabra de Karina Cariaga hubo proyecciones. Al principio, con la canción Mba’e pa’ doña Froilana, de Teresa Parodi, que habla sobre el desalojo y relocalización de un asentamiento ubicado contra el río, mostraron fotografías de la zona.

Al final, con la canción Pero ellos estaban antes, de Argentino Luna y en la voz del exdiputado Eduardo Polimante, proyectaron fotos históricas del barrio.

Este jueves a las 14.00 hay sesión en el Concejo Deliberante y antes de que los concejales traten los temas previstos en el orden del día habrá Banca Abierta ciudadana.

Karina Cariaga, presidenta de la comisión de fomento Barrios Unidos, donde confluyen vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio, hará uso de la palabra para expresar la posición de los habitates de la zona respecto de las areneras.

En el barrio se oponen a la instalación de una planta de acopio de arena anunciada por el empresario Santiago Lawson en los terrenos costeros de la empresa Arcor.

También piden al Gobierno que haga cumplir la ordenanza vigente y controle la actividad de la arenera instalada al final del camino Correo Vapor Nacional, sobre la que hay diversos reclamos por parte de la gente de la zona.

Vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio, representads por la Comisión de Fomento Barrios Unidos, en la que se nucleraron luego de comenzar su reclamos ante el anuncio de la instalación de una arenera de la empresa Arcor en la zona, solicitaron Banca Abierta en el Concejo Deliberante.

Con la firma de Karina Cariaga, que preside la comisión de fomento y fue vocera de los reclamos del barrio, el pedido para exponer la problemática ante los concejales en sesión fue elevada este martes, primer día hábil de la semana.

En la descripción señalaron que expondrán sobre la “arenera ya instalada”, ubicada al final del camino Vapor Correo Argentino, en relación a cuestiones de salud vinculadas a la actividad de acopio de ese mineral que se desarrolla allí.

También hablarán sobre la oposición de los vecinos a la instalación de una nueva arenera, anunciada por el empresario Santiago Lawson, en los terrenos de la empresa Arcor, ubicados frente al barrio.

Además, hacen mención a la inclusión de la zona en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y a las mejoras a las que podrían acceder por estar dentro de ese listado de asentamientos.

El pasacalles apareció como parte del reclamo de vecinos de bajo puerto y bajo cementerio, que se oponen a la instalación de una arenera en el predio de Indalar. En las casas también colocaron banderas y carteles con la misma leyenda.