El Gobierno municipal conformó una mesa de trabajo interinstitucional para acercar posiciones entre los vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio y la empresa San Pedro Arenas, propietaria de la arenera ubicada en la zona.

El primer encuentro tuvo lugar el lunes en la Subsecretaría Legal y Técnica, cuyo titular, Daniel Porta, consideró satisfactorio por la “buena predisposición” de las partes a mantener un espacio de diálogo, más allá de las disidencias que derivaron en una demanda judicial.

El objetivo de conformar esa mesa es que haya un espacio institucional de diálogo entre el Municipio, la empresa y los vecinos que posibilite "explorar soluciones técnicas, normativas y de gestión ambiental" ante los reclamos del barrio, independientemente de lo que resuelva la Corte Suprema.

El Máximo Tribunal tiene en análisis el recurso interpuesto por la comisión de fomento Barrios Unidos tras el revés judicial sufrido en primera y segunda instancia. Esos fallos le dieron la razón a la empresa, que expuso que tiene todo en regla de acuerdo a la normativa vigente.

Aun así, los vecinos mantienen sus reclamos respecto de la voladura de arena y los ruidos generados por la actividad arenera. Durante la reunión, solicitaron que se evalúen medidas concretas para mitigar la problemática.

Desde San Pedro Arenas, su titular, Agustín López, expresó su predisposición a participar de la mesa de trabajo y se comprometió a elevar la información técnica que se le requiera. 

Sostuvo que están dispuestos a "analizar las inquietudes de los vecinos" y destacaron que cuentan con "todas las habilitaciones y autorizaciones vigentes de los organismos municipales, provinciales y nacionales".

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, informó a las partes que el Municipio procurará "articular soluciones" para compatibilizar "el desarrollo económico con la protección del ambiente y la calidad de vida de los vecinos".

En el marco de la mesa de trabajo, acordaron celebrar reuniones periódicas y la empresa se comprometió a presentar un informe técnico sobre las modalidades de acopio de arena, uno de los planteos que hicieron los vecinos.

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro informó que se encuentran disponibles diversos sectores pertenecientes a la entidad para su ocupación mediante permisos de uso, en el marco de lo establecido por la Resolución CGPSP N° 139/12.

A partir de esta normativa —que aprueba el Reglamento de Concesiones y Permisos de Uso de los Espacios Portuarios—, el organismo formalizó un llamado a interesados para la presentación de propuestas destinadas a la utilización de espacios que actualmente se encuentran libres dentro de su jurisdicción.

Desde el Consorcio aclararon que la convocatoria no reviste carácter de licitación, sino que tiene como objetivo dar a conocer los predios disponibles que podrían resultar de interés para operadores o proyectos vinculados a la actividad portuaria.

Entre los sectores incluidos se encuentra el predio donde funcionó el Club Pesca y Casting, así como el espacio lindante al edificio central donde operaba la firma Arenera del Litoral. También se contempla un área donde actualmente funciona una guardería náutica, que atraviesa un proceso judicial por desalojo y que en años anteriores estuvo concesionada al Sindicato de Luz y Fuerza.

Asimismo, se suma un predio ubicado en cercanías del segundo muelle, completando el conjunto de espacios que el Consorcio pone a disposición para su eventual ocupación.

La Justicia concedió el recurso extraordinario que plantearon los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio tras recibir un fallo desfavorable en la Cámara de Apelaciones a sus reclamos relacionados con la arenera ubicada en inmediaciones del barrio.

La Corte Suprema de Justicia bonaerense será la que deba analizar lo que los vecinos dejaron asentado en su reclamo, luego de que quedara firme la resolución judicial que consideró que San Pedro Arenas cumple con la normativa vigente y sólo causa "molestias tolerables".

El Máximo Tribunal ya recibió el expediente para analizar, en los términos en los que la Cámara lo elevó tras considerar pertinente el recurso extraordinario planteado por la comisión de fomento denominada Barrios Unidos.

Tras ello, los vecinos enviaron una nota al Gobierno y al Concejo Deliberante para que intervenga "ante posibles incumplimientos" de la normativa vigente aplicable a nivel local.

La nota fue acompañada por registros fotográficos y audiovisuales para apoyar su reclamo relacionado con situaciones que, aseguran, "generan consecuencias directas en la calidad de vida" del barrio.

"Presencia de material particulado en el ambiente, tránsito constante de camiones y alteraciones en el entorno" fueron los puntos señalados para exigir "control y cumplimiento efectivo de la normativa vigente".

Tras el fallo que ratificó la sentencia en primera instancia que favoreció a la empresa San Pedro Arenas respecto del reclamo de vecinos del barrio Bajo Cementerio, desde la comisión de fomento presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia bonaerense.

Los vecinos esperan que sea el Máximo Tribunal el que defina acerca de sus planteos, que fueron rechazados por el Juzgado Civil 1 y por la Cámara de Apelaciones, que consideraron que la arenera además de cumplir con la normativa vigente aplicable causa "molestias tolerables" en la zona.

Este martes, cuando comenzó el viento de la tormenta de lluvia que registró la ciudad alrededor de las 14.00, desde el barrio difundieron videos que tomaron en ese momento.

"¿Esto es 'tolerable'?", se preguntaron. Aseguraron que en los videos "se puede ver claramente cómo la arena vuela de manera impresionante, afectando nuestras casas y nuestra salud" y cuestionaron el fallo, que consideró "tolerable" la situación, con arreglo a informes periciales

"Nos preguntamos: ¿Quién define qué es tolerable? ¿Desde dónde lo evalúan?  ¿Alguno de ellos vive acá? Esto no es un número en un papel. Esto es lo que respiramos todos los días y más aún los días de viento", advirtieron.

"Exigimos que se escuche la realidad del barrio y no solo informes técnicos que no reflejan lo que vivimos", finalizaron los vecinos de Bajo Cementerio que compartieron los videos registrados.

Tras los reclamos que realizaron vecinos de Bajo Cementerio, el sábado, durante la transmisión en vivo de Sin Galera, comenzaron trabajos de limpieza en el camino y en sectores aledaños a la arenera.

Las tareas iniciaron esta semana con el uso de tractores, que este miércoles por la mañana continuaban en la zona.

Retiraron la arena acumulada en el camino y realizaron trabajos de mantenimiento, además cortaron el pasto en algunos sectores. 

Las tareas se concentraron principalmente en la bajada y en los terrenos cercanos a la arenera. 

La Justicia rechazó una demanda interpuesta por vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio contra la empresa San Pedro Arenas S. A. y consideró que la actividad no representa daño ambiental ni molestias que excedan la "normal tolerancia".

La causa comenzó en julio de 2023, cuando Karina Cariaga, presidenta de la comisión de fomento denominada Barrios Unidos, presentó la demanda, que recayó en el Juzgado Civil y Comercial n.° 1 de San Nicolás.

El planteo era que la arenera ubicada en calle 82 y Vapor Correo Nacional Argentino produciría daño ambiental y afectaría la salud de los vecinos, así como el normal desarrollo de la vida cotidiana por la presencia constante de arena en el aire, producto del viento y de la modalidad de acopio en la planta.

Tras un fallo favorable a la empresa, hubo apelación y la Cámara resolvió dejar firme la primera sentencia al considerar que no se pudieron constatar los planteos de la demanda, con arreglo a una gran cantidad de pasos procesales que incluyeron aportes de pruebas, documentación y pericias.

Incluso hubo ampliaciones de las pericias, a propuesta de la demandante, en las que la perito Ivana Del Giorgio señaló que la empresa desarrolla una actividad autorizada, con movimiento "moderado", lo que contempla el sobrevuelo de arena por acción del viento.

La ordenanza que regula la actividad en San Pedro indica que las areneras deben tener instalados silos para el acopio y ese fue uno de los reclamos de los vecinos. La empresa dijo que posee "piletas", a las que consideró "silo rectangular subterráneo de baja profundidad".

El perito ingeniero químico Salvador Kuz señaló que, a su criterio, "San Pedro Arenas S. A. cuenta con procesos adecuados para albergar o guardar, o depositar, o estibar, acopiar arena en su predio".

"No se produjo prueba idónea que acredite afectación de las vías respiratorias o a la salud de los habitantes de los barrios involucrados", señaló el fallo de primera instancia, ratificado por la Cámara de Apelaciones.

De la misma manera, los peritos que intervinieron consideraron que "desde el barrio bajo cementerio no se percibe y/o escucha el ruido producido por la actividad de San Pedro Arenas S. A." y que "en un día de trabajo normal" los decibeles "no producen ruidos molestos"

Los vecinos del barrio expusieron su queja ante el fallo de la Justicia y adelantaron que irán a la Corte Suprema bonaerense, última instancia posible de apelación, en procura de intentar revertirlo.

Los argumentos de los habitantes del barrio están anclados en su cotidianeidad: arena en las viviendas, dificultades para permanecer en los patios, ropa tendida que debe ser sacudida, paso constante de camiones, ruidos de máquinas, entre otros puntos que desde hace tiempo son materia de reclamo.

En la respuesta a la demanda, el abogado José Benito Aldazabal, representante de San Pedro Arenas S. A., puso de relieve el hecho de que los barrios ubicados cerca de la arenera son "asentamientos irregulares", terrenos "usurpados" y "no aptos para la radicación de vivienda" en tanto se trata de una zona reservada para emprendimientos industriales.

El proyecto elevado por los concejales de la Unión Cívica Radical, que solicita al Ejecutivo que controle el peso de camiones areneros en la ruta 1001 y que fue aprobado tras un tenso intercambio en la sesión del Concejo Deliberante, desató la polémica entre los sampedrinos.

El expediente presentado por los ediles de la UCR fue aprobado con 14 votos a favor —el bloque oficialista acompañó el informe— y cuatro en contra, emitidos por Martín Rivas, Diego Lafalce, Mauro de Rosa y Fernando Negrete.

Hugo explicó: "Que los pesen y que controlen un poco a la arenera. La arena es un descontrol con los camiones cruzados en cualquier lado, son un peligro. ¿Por qué no mandan un móvil para controlar?"

Mercedes acotó: "Que se hagan cargo los areneros y que paguen los susodichos. No es justo que rompen todo y después se la llevan de a palas sin poner un mango, todo en los bolsillos de los coimeros".

"Ese camión está acá en la ruta que va a Santa Lucía, que está arreglando la ruta. Después se quejan si no arreglan la ruta", refirió Fabricio.

Alejandro apuntó: "Para los que hablan sin recabar información: 1) el control de peso a los camiones areneros, con arancel fijado u obligatorio, está prohibido; 2) ese control existió por unos cinco años con el propósito de mantener las vías o accesos por los cuales circulaban los camiones areneros; 3) en ese lapso jamás una sola máquina del municipio reparó el acceso como corresponde. O sea, se lo robaron todo. A veces hay que averiguar o al menos tratar de informarse para no quedar como un completo ignorante hablando sin fundamento".

"No hay justificación posible para el desastre que hacen. En otros municipios cortan la bocha e impiden el paso y listo. Evitan que hagan más desastres y el dinero, como siempre, queda para cuatro mangantes de la arena", dijo Susana.

Jorge consideró: "Eso no se tendría que pedir, los controles de peso tendrían que ser permanentes para preservar la ruta".

Susana acotó: "Vergüenza les debería dar a las empresas que hacen ese desastre en la ruta. La verdad, no deberían salir. Pero San Pedro somos pecho frío en otros lugares cortan rutas y no pasan más".

César pidió: "Y si mejor les hacen controles a algunos concejales y a varios políticos más de la municipalidad".

"Toda la vida los camiones salieron explotados de carga desde las areneras y nadie controla nada", expresó Marcelo.

Jean refirió: "He visto camiones parados en el control de carga de San Pedro y en casi todos los peajes. En Córdoba y Tucumán son más estrictos. Desde que asumió el intendente, suprimió el organismo de control de cargas".

Vanina concluyó: "A mi modo de ver, lo correcto es controlar la salida de cada camión con su carga y multar directamente a las areneras que excedan el límite. A todas. Que no haya beneficio por ser la arenera de fulano. Que la multa sea efectiva: pago en 48 a 72 horas depositado directamente al municipio y así se acomodaría todo. Cobrarles una suma elevada por el daño que hacen en la ruta y caminos. Deberían presentar un proyecto para desbaratar al narcotráfico; qué payasos son todos".

Luis Alberto consideró: "Las areneras hay que controlar y cobrarles las multas a ellas, que son las que dan la carga. Que no salgan camiones pasados de kilos".

"La ruta 1001, al igual que Lucio Mansilla, es una real vergüenza. Hacen una capa microscópica que ni una carrera de bicicletas la marcaría. Se roban el dinero de los materiales. De otro modo la ruta no se rompería. Toda ciudad con puerto y fábricas va a tener tránsito de camiones. Ahora están figurando: arreglan Lucio Mansilla y la empresa que debería arreglarla está haciendo más destrozos de lo que había. Esa ruta tiene un año y ya está toda poceada. Pretender cobrarle a los camiones para seguir robando. Cuando digan hacemos ruta, que sea con el material necesario y un buen suelo, cemento", sentenció la Colo Simonelli. 

El intendente, Cecilio Salazar, difundió su participación en una reunión del Consejo Intermunicipal del Delta (CONINDELTA) y el concejal opositor Martín Rivas presentó un proyecto de ordenanza para crear la Dirección municipal de Producción Minera.

Este lunes, tras la publicación de la noticia en La Opinión, el exdelegado de Minería de la provincia en San Pedro, el geólogo Enrique Hopman, envió el texto que se publica a continuación para hacer algunas aclaraciones a la propuesta del edil de Juntos por el Cambio:

"Ante la intervención de un concejal sobre la cuestión minera, es interesante que se toque el tema minero en San Pedro. Puedo aclarar su historia.

Hasta 1981, aproximadamente la Provincia cobraba el canon arenero a través de la Dirección de Geodesia, pero más o menos en esa fecha se aprobó una Ley que designaba la creación del CONINDELTA (Consejo Intermunicipal del Delta) integrado por los municipios de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando.

La Provincia se reservaba el derecho de poner el valor del canon arenero y aplicar las multas al no cumplimiento de las reglas de extracción minera de la época.

La presidencia del CONINDELTA y el manejo administrativo siempre fue rotativo por acuerdos del cuerpo, cuya única financiación surge, siempre, de la recaudación del canon arenero.

En 1984 se creó la Dirección Provincial de Geología, Minería y Aguas Subterráneas de la Provincia (hoy Subsecretaria de Minería y Geología, Ministerio de la Producción), y única Autoridad Minera provincial.

También se crearon delegaciones en las regiones mineras de Buenos Aires, una de ellas tuvo su sede en San Pedro desde 1985 a 1992, por un convenio con la Municipalidad de San Pedro.

El profesional geólogo delegado ocupó la Jefatura de Departamento de Policía Minera, con escalafón municipal, con incumbencia  en inspecciones, labrado de actas, estadísticas, presencia en el río, haciendo de nexo entre la Autoridad Minera y el CONINDELTA, incluyendo otras actividades mineras y ambientales de la región.

Hacemos constar que en esa época estaba aún vigente la misma ley que nombramos al principio y no existía la legislación hoy vigente en temas mineros y ambientales.

Desde 1992 a 1995 la Delegación de Minería depende directamente de la presidencia de CONINDELTA y desde esa fecha no hubo mas presencia profesional que representara a la Autoridad Minera en la Región.

Hoy día las extracciones mineras deben cumplir con tres requisitos: 1- las empresas responsables deben estar registradas como Productor Minero de la PBA; 2- Cada embarcación debe obtener un permiso de extracción con toda su documentación legal, permisos de navegación y declaratoria de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables, que además les exige tener permisos para las distintas zonas habilitadas de los ríos Paraná, Uruguay y afluentes; y 3- cada empresa/embarcaciones deben obtener una declaratoria de Impacto Ambiental que es aprobada por el Ministerio de Ambiente.

El CONINDELTA sólo cobra el canon arenero y da los Libres Deuda para que las embarcaciones puedan operar. En cuanto a lo que cada Municipio hace con lo recaudado, generalmente lo recaudado se reparte entre los 9 municipios en partes iguales.

Antes se presentaban proyectos de obras referidas al río, la costa, etc. Recuerdo que en época del Dr. Sanchez, se usó para habilitar un laboratorio de agua".

y de suelos, que se usó, por ejemplo para estudios en la laguna y de la calidad de agua de la ciudad, obras en el balneario municipal, etc.

Las estadísticas sobre la extracción de arena en la PBA las llevan CONINDELTA y la Subsecretaría de Minería y Geología de la PBA, y hay que destacar que no toda la arena que se descarga en las areneras de San Pedro se extrae de Buenos Aires.

Muchos de los yacimientos ricos en arena, cercanos a nuestro puerto, son jurisdicción de Entre Rios, que tiene una forma de habilitación y recaudación distintas, y que en la zona de referencia, está centralizada en Paraná, en las Secretarías de Ambiente y de Subsecretaria de Minería entrerrianas, respectivamente.

Lic. en Geología Enrique Hopman

La instalación de una arenera en la costa del Bajo Tala generó diversas polémicas en el barrio a las que se sumó un accidente que tuvo lugar este lunes, pasado el mediodía.

Alrededor de las 14.00, un camión arenero que circulaba cargado en sentido ruta 1001 volcó en el camino, "casi adentro de una casa", refirieron desde la zona.

"Cuando pase algo a mayores ¿quién se hace cargo?", se preguntaron y agregaron: "Nadie controla nada acá".

Desde hace tiempo, refirieron, los camiones cargados circulan por Bajo Tala sin que haya señalización ni advertencia alguna, en caminos por los que suelen andar los vecinos, acostumbrados a otra dinámica.

"Los vecinos estamos cansados de reclamar que es un verdadero peligro para la gente cómo circulan, sin controles de nada", señalaron.

En la casa ubicada a la vera del camino en cuyas inmediaciones volcó el camión arenero reside un vecino que no estaba en ese momento en su domicilio.

"Si había niños en ese patio de la casa, ¿quién es responsable? No se puede esperar a que pase una desgracia", indicaron desde la zona.

Al menos tres denuncias quedaron radicadas en sede judicial firmadas por empresarios areneros. Los piquetes que habían montado los representantes del gremio a nivel local con participación de afiliados de otras regiones, se levantaron por la tarde.

Antes habían pedido, al menos al responsable de una de la firmas, que “levanten la denuncia”. No solo no sucedió sino que seguirán adelante para que la acción de bloqueo no se repita. 

Hay fotos, videos y cobertura periodística que muestran las filas de camiones que sufrieron demoras en sus cargas para solidarizarse con el sindicato que a nivel local lidera el Concejal Matías Franco.

Esta mañana había dicho que la medida de fuerza del gremio de Marina Mercante era por tiempo indeterminado y que exigían un incremento salarial. Por la tarde y tras ser puesto en conocimiento que había intervención judicial, abandonaron los piquetes que habían montado en las puertas de las areneras.

La Opinión llegó a Frers y la Bajada al Puerto, allí constató la situación y registró imágenes en las que se veía a los afiliados y al menos dos vehículos que impedían el acceso a la planta de Arenera del Litoral. 

Una de las denuncias a las que tuvo acceso este medio indica que  cuando el dueño del establecimiento llegó al lugar “personal que realiza su jornada laboral en la arenera, le mencionan que el gremio de Marina Mercante a cargo del secretario general San Pedro San Nicolas Matías Franco, se hallaban en una medida de fuerza en proximidad del predio de la arenera realizando un bloqueo, impidiendo el paso de los camiones para ingreso y egreso a la empresa”, una situación que tiene antecedentes en la zona y en la que tras la intervención de la Fiscal María del Valle Viviani, terminaron presos dos sindicalistas del gremio Camioneros. 

En el mismo texto el denunciante refirió que presumía que los motivos por los que esas personas estaban en el lugar obedecían al pedido de “la reapertura de paritarias que se hacen en el mes de Abril” y que esa situación debe dirimirse  "en el ámbito del ministerio de trabajo". 

En la denuncia el empresario relató que Matías Franco le dijo que “no iban a dejar salir ni entrar a cargar ningún camión pero que si transeúntes / empleado podían ingresar a su jornada laboral a la arenera y que la medida es por tiempo indeterminado”…

La cuestión más importante que deberá evaluar la fiscalía radica en lo que el titular de esta arenera indicó respecto a lo que le dijo el representante del gremio. Menciona que cuando intentó entablar un diálogo con Franco para pedirle que libere el lugar para poder trabajar, este le respondió que no lo iban a hacer y que sólo admitirían el desplazamiento de personas ya que la medida sería por tiempo indeterminado. 

Desde la mañana del miércoles los vecinos estaba en alerta porque la empresa había comenzado a instalar un alambrado perimetral sobre los terrenos de su propiedad. Hubo presencia policial para garantizar que la tarea se realice con normalidad pero sobre el mediodía se generaron roces y una de las vecinas se quejó por lo que consideró un maltrato policial hacia una menor que estaba en el lugar.

Hasta el lugar llegaron el Secretario de Seguridad, Dante Paolini y el Secretario de Gobierno, Martín Baraybar quienes anunciaron que la comuna intercedió para que cesen las tareas y que se abre “un impasse” para poder tomar nuevas decisiones.

Por precaución y como lo vienen haciendo desde un principio, los vecinos grabaron un video y dejaron allí plasmada su voluntad “porque después las palabras se las lleva el viento”.

Dante Paolini afirmó que “desde la intendencia lo que vamos a hacer es un impasse, que se generó un impasse, con la gente de ARCOR, para que no siga generando lo que está generando en ustedes” y agregó: “nos quedamos tranquilos para evitar algún tipo de conflicto y que la cosa empeore. Hasta que ARCOR define la situación”.

Los vecinos fueron citados a una reunión en la Municipalidad, pero durante el encuentro con los funcionarios no se privaron de decir “el diálogo siempre estuvo, no es que vinimos de golpe a tirar piedras”.

Durante la mañana del miércoles, quien se desempeña como nexo entre la empresa y los vecinos en materia de seguridad, se presentó en el predio para comenzar con la delimitación de los terrenos que pertenecen a la empresa.

Allí, la comisión de vecinos resistía frente a la posibilidad de instalación de una arenera que fue anunciada por el empresario Santiago Lawson para San Marco Trading. Esa iniciativa espera desde 2022 una autorización provincial pero desde el municipio y el barrio, entienden que hoy por hoy no es una actividad adecuada para la zona salvo que represente la posibilidad de expansión de la operatoria del puerto.

Hubo algunas discusiones y la llegada de efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Policía sirvió para garantizar que los obreros pudieran comenzar la tarea para colocar los postes que sostendrán el alambrado. Se vivieron momentos de tensión y resta saber cuál será la delimitación que efectuarán ya que no se puede impedir la libre circulación a la vera del riacho ni el tránsito en la calle que se extiende hasta la zona del cementerio.

Indalar primero y Arcor después, tienen la obligación de mantener en condiciones su predio pero históricamente y desde que la firma cedió con cargo al municipio varias manzanas en el Barrio Depietri para que sean trasladadas las familias que habitan el lugar, nunca se había planteado un conflicto judicial.

Una medida cautelar interpuesta por Arcor, declaró nulos los sorteos del Plan de 84 viviendas y de allí en más se comenzó a imaginar una salida consensuada. Los vecinos piden un paseo público para la zona y si es necesaria la expropiación de ese predio costero. El Intendente les dijo en una reunión que la empresa le ha pedido que se respete su propiedad y que “no van a construir un muro”, pero lo cierto es que han pasado los meses y la cuestión de fondo no se resuelve.

Los preadjudicatarios del plan de viviendas siguen a la espera de las gestiones que el Municipio de San Pedro emprendió con la empresa Arcor. La última reunión de la que participó el Intendente Cecilio Salazar junto al Dr. Daniel Spirópulos giró en torno a dos cuestiones: el reconocimiento de los terrenos de propiedad de Indalar y la adjudicación de unidades habitacionales a las familias que habitan en el predio que habían quedado a la espera de una segunda etapa de construcciones.

Los vecinos de Bajo Puerto también participaron de una audiencia con el Jefe Comunal en el que entregaron un petitorio para que todo el sector costero sea destinado a un paseo público aún si fuese necesario expropiarlo. Se fueron con el compromiso de que no habrá “muros altos” para rodear la propiedad y que la posible instalación de una arenera requiere de permisos de la Provincia de Buenos Aires para prosperar.

En el obrador se observan avances con la instalación de pilares de electricidad, conexión de cloacas y otras terminaciones; hay sectores de barrio más avanzados que otros. La entrega que había sido prometida para le mes de junio sigue postergada y Desarrollo Humano continúa relevando si los sorteados cumplen con los requisitos. Hasta el momento se sabe que habrían sido cinco los destinatarios de viviendas que debían justificar su situación o de lo contrario será un suplente quien reciba la casa.

Judicialmente nada ha cambiado. La resolución firme indica que el sorteo fue inválido y a menos que la empresa retire la medida cautelar no se puede ejecutar la entrega de las unidades habitacionales.

Desde fines de septiembre del año pasado, los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio están en alerta ante las intenciones de una empresa denominada San Marcos Trading, cuya cara visible es el Santiago Lawson, de instalar una arenera en el predio que Arcor posee frente a sus viviendas en esa zona.

Esta semana, el Gobierno respondió una solicitud de información que hicieron desde la comisión de fomento que representa a ambos barrios, en la que pidieron respuesta oficial y por escrito acerca de una serie de puntos que habían elevado amparados en el derecho al acceso a la iformaciòn ambiental.

En una reunión con representantes de Arcor, les ratificaron las intenciones de disponer una planta de acopio de ese mineral y, tras ello, los vecinos volvieron a exponer ante el intendente su oposición a ese plan y la propuesta del barrio de que ese predio se convierta en un espacio público para el disfrute de sampedrinos y turistas.

La respuesta del Gobierno que recibieron los vecinos provino de la Secretaría de Obras Públicas que conduce Javier Silva, donde la empresa San Marcos Trading se presentó en dos oportunidades para poner en conocimiento del Estado local sus intenciones de instalar una arenera en ese predio, aunque nunca hizo la presentación formal para solicitar autorización.

Lo que hizo, señala el informe y coincide con lo que La Opinión reveló el año pasado, fue elevar en julio de 2022 una solicitud de “prefactibilidad de conformidad de uso de suelo” respecto del terreno. Es decir una consulta sobre qué se puede y qué no se puede hacer en esa zona.

La respuesta en ese momento fue que la San Pedro 2000 establece que ese espacio está dentro de una zona de reserva para la expansión industrial o cortinas forestales, lo que implica que ante la posibilidad de un proyecto de cualquier característica, primero los concejales deberán definir por una u otra posibilidad.

El segundo expediente fue presentado meses después, con un plano del anteproyecto, el plan de manejo de arena y copia de las escrituras que certifican la propiedad de Arcor sobre esos terrenos costeros.

En el informe que Silva elevó a la Secretaría Legal y Técnica, que luego trasladó a los vecinos, Obras Públicas indica que esa área “no conoce ni ha sido presentada en este municipio ninguna evaluación de imapcto ambiental o estudio que se le asemeje. Igual consideración merece respecto a la existencia del pedido de certificación de aptitud ambiental para el proyecto que se pretende”.

Además, ante la consulta de los vecinos respecto de la demaración de la línea de ribera, señala que “no es competencia de los municipios establecer la demarcación de las vías fluviales ni son los entes involucrados en los pedidos de las mismas”.

Tras la reunión en la que vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio pidieron al intendente que “expropie” los terrenos de Arcor frente a sus viviendas, el abogado Daniel Spirópulos, que oficia de intermediario y la empresa en la instancia conciliatoria extrajudicial por las 84 viviendas, aseguró que la empresa “va a alambrar” ese predio costero.

“Arcor anticipó que va a ejercer su derecho a la propiedad y va a alambrar los terrenos”, dijo el abogado el sábado en Sin Galera, tras conocer el pedido de los vecinos del barrio relacionado a la expropiación. Al respecto, recordó que “el derecho a la propiedad es inviolable” y que para expropiar es necesario sancionar una ley e indemnizar al propietario.

“Pareciera que hay vecinos que quieren impedirlo, porque creen que está mal y que eso debería destinarse a un espacio público. A priori no se puede, la propiedad es inviolable, no puede venir cualquier a decir esto se debe hacer o no”, explicó Spirópulos.

Los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio, nucleados en la comisión de fomento Barrios Unidos, elevaron una nota al jefe comunal para solicitar la declaración de utilidad pública y expropiación para convertir ese terreno en un espacio de esparcimiento, tal como propusieron desde que comenzaron a organizarse para oponerse a la instalación de la arenera que anunció el empresario Santiago Lawson en ese lugar.

“Si Arcor quiere poner una arenera, debe transitar todo los organismos pertinentes para que la autoricen, y si cumple con esos recaudos, es lícito; si quiere poner un alambrado, también lo puede hacer y no pude haber un particular que diga caprichosamente si lo puede o no lo puede hacer”, dijo Spirópulos.

El abogado advirtió que si alguien se opusiera “por la fuerza” estaría incurriendo en “un delito que debe ser castigado”. En ese sentido, afirmó: “Arcor tiene un derecho incuestionable de alambrar el terreno y quien quiera evitarlo estará cometiedo un delito”.

A las 15 horas, en las oficinas con sede en el Gran Buenos Aires, el Intendente Cecilio Salazar llegó junto al Dr. Daniel Spirópulos para participar de la reunión con los asesores legales de la empresa que hasta el momento mantiene firme la medida cautelar que deja sin efecto el sorteo de las 84 unidades habitacionales del barrio que debería haber sido entregado durante el mes en curso.

Titulares y suplentes esperan poder acceder a su derecho a la vivienda, sin tomar en cuenta una situación legal que tanto el poder ejecutivo como el Concejo Deliberante podrían haber evitado si se prestaba atención al texto de la ordenanza que indica claramente el motivo de la donación de los terrenos por parte de la ex Indalar para la instalación de un puerto multipropósito a cambio de la reubicación de las familias.

Eso no sucedió y hoy, un asesor legal externo y el Jefe Comunal intentaron llegar a un acuerdo que podría plasmarse en los próximos días si se hace lugar al levantamiento de la manda judicial y se resuelven las cuestiones del ejercicio de derechos de propiedad que la empresa reclama sobre sectores de la costa.

Según confirmó el abogado que acompaña a la comuna, “se habló concretamente de seguir adelante con una buena relación” y “evitar que las familias sufran porque son más de 300 personas las que van a habitar esas casas”.

Spirópulos consideró que este es un paso previo a un acuerdo de partes y que en la reunión se abordaron todos los temas, incluida la posibilidad de la instalación de una arenera. “Eso no depende de la Municipalidad sino de autorizaciones que se deben gestionar en la Provincia”, indicó respecto a que sin los permisos de factibilidad no se puede avanzar en ese emprendimiento.

Por otra parte, está la decisión firme tanto de la empresa como del municipio de San Pedro para generar las condiciones que permiten el ejercicio pleno del derecho a la propiedad. “La propiedad no está en discusión y Cecilio se comprometió a transmitir esa situación a la gente”. Respecto a las personas que aún preservan su derecho a una vivienda porque quedaron dentro del listado que se debía cumplimentar, “hay voluntad del a municipalidad para que puedan reubicarse en este o en otros lugares ya que no son tantos”, señaló el letrado.

Vecinos de la comisión de fomento de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio mantuvieron una reunión con dos representantes de Arcor y con funcionarios del Gobierno, luego de un encuentro que habían mantenido en la zona portuaria, en el marco de la oposición a la instalación de una arenera, proyecto anunciado por el empresario Santiago Lawson.

“No llegamos a ningún acuerdo porque Arcor quiere instalar la arenera”, dijo a La Opinión Karina Cariaga, presidenta de la comisión de fomento tras la reunión, de la que participó junto a dos vecinos integrantes del grupo que representa a esos barrios.

Por Arcor estuvieron dos referentes, entre ellos el gerente de la planta local, Ricardo Cianca. Los vecinos informaron que durante la reunión les dijeron que el plan de instalar la arenera sigue en pie y que buscaba consenso para empezar a trabajar en el cerco perimetral con paneles de cemento.

“Ellos dicen que es una forma de preservarnos. No aceptamos. Fuimos a escucharlos, pero ellos quieren poner la arenera a toda costa”, aseguró Cariaga. Los secretarios Gobierno, Martín Baraybar; de Obras, Javier Silva; y de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, participaron de la reunión junto a la directora de Comisiones de Fomento, Jimena Mariño.

Los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementario reafirmaron durante el encuentro su oposición a la instalación de otra arenera en la zona y reclamaron que la que ya existe, San Pedro Arenas, no cumple con la normativa vigente, que establece que no se puede acopiar arena a cielo abiero.

“No pueden venir a decirnos que van a poner una en regla. Dicen que Arcor va a ser un ejemplo. Pero no, queremos primero que la arenera que está cumpla con la reglamentación y toda las leyes existentes, y después hablamos de cómo pueden mejorar el ambiente, no destruirlo. Esa es nuestra postura”, aseguró Cariaga.

“No estamos en contra de que Arcor traiga fuentes de trabajo, pero no destruyendo a los vecinos”, sostuvo la presidenta de la comisión de fomento. Durante la reunión, volvieron a pedir que el predio costero propiedad de Arcor se convierta en paseo público.

“No vamos a dejar que nos hundan a nosotros y que terminen de cerrar el último pedazo que queda. Le planteamos al Municipio por qué no declara de interés público a toda esa parte, con todo el valor que tiene, y nos dejamos de dar vueltas. Por qué no se ponen de nuestro lado, sé que todo es plata y negocio, pero se tendrían que poner de nuestro lado”, dijo Cariaga.

La comisión de fomento de Bajo Puerto y Bajo Cementerio solició la Banca Abierta del Concejo Deliberante para exponer la problemática y les confirmaron que podrán hacer uso de esa posibilidad el jueves 8 de junio, antes de la sesión ordinaria del cuerpo prevista para ese día.

“Es nuestro lugar. Arcor tendrá los papeles, pero nosotros vivimos ahí”, señaló Karina Cariaga, quien pidió en la reunión que el Gobierno acelere los pasos para las mejoras previstas para el barrio en el marco del Renabap, Registro Nacional de Barrio Populares, que incluye a todo ese sector, con 275 familias relevadas en total.

Este jueves, tras la reunión con Arcor, los vecinos elevaron una nota a la Dirección de Comisiones de Fomento en la que dejaron asentada su posición respecto de lo dialogado durante el encuentro con la empresa y funcionarios, “para que quede claro cuáles son nuestras condiciones”, dijo la referente.

Allí enumeran cuatro puntos: la solicitud de que San Pedro Arenas cumpla con la normativa vigente; el respaldo a creación de fuentes de trabajo pero “no en la zona y menos que sea otro factore de contaminación ambiental”; la propuesta de que las tierras vuelvan al dominio público; y el pedido de delimitación de la propiedad de Arcor.

Luego de la reunión con Javier Silva, Walter Sánchez y Jimena Mariño, los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio fueron convocados para un encuentro con representantes de la emprea Arcor.

La semana pasada, los funcionarios del Gobierno fueron al barrio donde los vecinos se oponen a la instalación de una arenera en los terrenos costeros de la empresa y les dijero que Arcor tenía intenciones de dialogar con ellos.

El ecuentro será a las 10.00 de la mañana en la Secretaría de Gobierno, en Palacio, informó a La Opinión Karina Cariaga, presidenta de la comisión de fomento Barrios Unidos, que representa a Bajo Cementerio y Bajo Puerto.

“Quedaron en que Arcor quería reunirse con nosotros para acceder a algún acuerdo”, dijo Cariaga y advirtió: “Nuestra postura sigue siendo la misma, no va cambiar. Pero bueno, vamos a escuchar lo que tienen para decirnos”.

La semana pasada, durante la reunión con funcionarios, dialogaron sobre los beneficios que le corresponden a la zona por estar incluida en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y sobre el conflicto por la instalación de una arenera, proyecto anunciado por el empresario Santiago Lawson.

“No queremos la arenera que Arcor quiere poner”, dijo Cariaga la semana pasada y agrego: “Lo único que vamos a aceptar es que haga mejoras, que haga un paseo público”.

Los vecinos solicitaron, a través de la comisión de fomento, utilizar la Banca Abierta del Concejo Deliberante para exponer sobre la problemática relacionada con las areneras, no sólo por la que planifica Lawson en los terrenos de Arcor sino también por la ubicada en el extremo del barrio, San Pedro Arenas.

Habitantes de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio se reunieron este jueves con tres funcionarios del Gobierno municipal, encuentro en el que dialogaron sobre los beneficios de la inscripción de de la zona en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y sobre el conflicto con Arcor por la instalación de una nueva arenera.

De la reunión participaron integrantes de la Comisión de Fomento y otros vecinos de ambos barrios, registrados en Renabap con 275 familias. Por el Municipio, estuvieron los secretarios de Obras, Javier Silva, y de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, y la directora de Comisiones de Fomento, Jimena Mariño.

“Les estamos reclamando todos los beneficios que tenemos con el Renabap, como la titularización de los terrenos y toda las mejoras por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, dijo en Radio Cuarentena Karina Cariaga, presidenta de la comisión de fomento del barrio.

De la reunión surgió que van a “trabajar en conjunto para que las mejoras lleguen”, informó Cariaga, y además los funcionarios les dijeron que Arcor quiere abrir diálogo con los vecinos, que se oponen a la instalación de una arenera en los terrenos ubicados frente a sus viviendas.

La referente del barrio contó que uno de los aspectos que contempla la ley de Renabap es la “expropiación al que tiene los terrenos” donde están asentadas las viviendas para que puedan lograr regularizacion dominial.

“Queremos trabajar junto al municipio para traer plazas, para tener todas las mejoras posibles, para que de una vez por todas se nos vea como un barrio más, como lo que somos”, sostuvo Karina Cariaga.

Para dialogar con Arcor aguardan la confirmación de una reunión. “Se querían reunir con nosotros para ver si llegábamos a algún acuerdo”, indicó y aseguró que en el barrio la postura está firme contra los planes de instalar una arenera.

“No queremos la arenera que Arcor quiere poner”, aseguró y agregó: “Si tiene algo que hablar con nosotros va a ser para mejorar el barrio, para mejorar el predio que hay”. Al respecto, dijo: “Lo único que vamos a aceptar es que haga mejoras, que haga un paseo público, como siempre lo hemos pedido, que se use para la gente, pero otra cosa no le vamos a aceptar”.

Los vecinos solicitaron, a través de la comisión de fomento, utilizar la Banca Abierta del Concejo Deliberante para exponer sobre la problemática relacionada con las areneras, no sólo por la que planifica el empresario Santiago Lawson en los terrenos de Arcor sino también por la ubicada en el extremo del barrio, San Pedro Arenas.

Los vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio mantuvieron reuniones con la directora de Comisiones de Fomento, Jimena Mariño, para organizarse como tal luego de agruparse para impedir la instalación de una arenera en los terrenos de Indalar, ubicados frente a su vivienda.

Este lunes, un grupo integrado por quienes residen en inmediaciones de La Boga Verde limpió la zona portuaria, lindera al Puerto San Pedro, y planificaron hacer lo propio en el predio de Arcor en el transcurso de la semana.

Los vecinos impidieron hace 10 días que personas contratadas por Santiago Lawson, el empresario que proyectó la arenera en ese terreno, pasara el arado y advirtieron a la Municipalidad respecto de los movimientos que se pretendían hacer.

El expediente iniciado por el empresario, que solicitó factibilidad para la instalación de la arenera, no avanzó puesto que Lawson no volvió a presentar la documentación que se le requirió en el Municipio para continuar el proceso camino a una eventual habilitación.

Los vecinos siguen organizados y volvieron a presentar una nota al Gobierno para recordarles la solicitud de que el espacio próximo a la costa se convierta en una especie de Paseo Público y que se oficialice el uso que ya le dan sampedrinos y turistas.

Además, remitieron nota a la Autoridad del Agua para que defina el camino de ribera y elevaron un expediente a la Defensoría del Pueblo en La Plata para que ese organismo también intervenga ante sus planteos.