El Grupo Arcor puso en marcha una nueva reorganización de su estructura corporativa y, desde este lunes 1 de junio, la planta industrial de San Pedro pasó a integrar formalmente la división Agronegocios, una de las tres unidades estratégicas que conforman actualmente la compañía.

La modificación se enmarca en un proceso de reformulación interna que la empresa viene desarrollando en los últimos meses, que incluye la consolidación de su negocio lácteo tras haber adquirido la totalidad de La Serenísima junto a la francesa Danone.

Arcor, una de las principales compañías alimenticias de América Latina con presencia en más de 100 países, ahora opera a través de tres grandes divisiones: Alimentos de Consumo Masivo, que concentra golosinas, chocolates, galletitas y alimentos; Agronegocios, dedicada al procesamiento del maíz y sus derivados; y Packaging, enfocada en la producción de envases de cartón y papel.

Dentro de esta nueva organización, la planta de San Pedro quedó bajo la órbita de Agronegocios, un sector que nació para garantizar el abastecimiento de materias primas para las distintas fábricas del grupo.

Ocupa un lugar central dentro de esa estrategia de integración. Su función principal es transformar materias primas agroindustriales que luego son utilizadas tanto por otras unidades de Arcor como por clientes externos.

En horas del mediodía de hoy la planta local de Arcor descubrió su nuevo logotipo identificatorio, a la vista de todos aquellos que transitan por la ruta 191.

El hecho se inscribe en un capítulo más de su historia en San Pedro, que fue creciendo de manera progresiva a través de distintas inversiones. En 1979 comenzó a funcionar la destilería de alcohol en la ex Padilla, destinada a la producción de alcohol de cereales para consumo humano e industrial. 

Tres años después se incorporó la molienda seca de maíz para la obtención de harinas y sémolas. En 1984 se sumó la planta extractora de aceite de maíz y, en 1985, la fábrica de extrusados para la elaboración de ingredientes y componentes destinados a la industria alimenticia.

Actualmente, la planta produce alcohol etílico, harinas y sémolas de maíz, aceite de maíz e insumos industriales derivados del cereal, convirtiéndose en una pieza clave dentro del esquema productivo del grupo.

Desde la empresa destacan que estas operaciones permiten asegurar el abastecimiento de materias primas para las divisiones de alimentos de consumo masivo, reduciendo costos logísticos y garantizando la disponibilidad de insumos estratégicos para la elaboración de golosinas, chocolates, galletitas y otros productos.

A su vez, posiciona a la planta en un complejo industrial esencial para la cadena de abastecimiento del Grupo Arcor.

Un informe de La Nación + retomó hace pocos días la situación que viven los habirantes de las 84 Viviendas, ubicadas en Villa Depietri y que permanecen inconclusas.

El último domingo de septiembre se conoció un informe en el que el canal de cable reflotó el tema y repasó los avatares de la obra iniciada en el 2021. 

Después de ser sorteadas, las familias adjudicatarias tomaron posesión de la propiedad en 2024, ante el riesgo de usurpaciones.

En el medio, una intervención que luego se judicializó, por parte de la empresa Arcor, que planteó que el Municipio incumplió el cargo de donación de los terrenos.

La empresa reclama que allí podían edificarse casas, pero destinadas a quienes residen en la zona de barrancas, desde la bajada Vapor Nacional Correo hasta el final del camino costero, en el Bajo Cementerio.

Entre el pleito y la posterior desaparición de la empresa constructora (Cooperativa Grupo Alfa), las viviendas quedaron incompletas. Fueron los adjudicatarios quienes, de acuerdo a sus posibilidades, les dieron forma colocándole las aberturas, pisos, arreglos de techos, cloacas y diversos pormenores con la finalidad de hacerlas habitables.

En el informe de La Nación + se destaca que para la Municipalidad el proyecto estaba casi terminado (98 %), pero la realidad muestra una falta de infraestructura básica como alcantarillado, calles pavimentadas e iluminación en el barrio, además de todo —mucho— que quedó por hacer en el interior de cada casa.

Los residentes afirman que el Municipio ha estado ausente en gran medida, sin haber proporcionado los recursos prometidos. Lo nuevo, ahora, es la promesa de dotar de iluminación en derredor del barrio.

La palabra “estafa” está latente en el informe, donde aparece Ana Tabbita, una de las adjudicatarias, para un recorrido por la realidad de estos días. 

Consultada acerca de si se avanzó en alguna mejora, Tabbita fue contundente: “Sigue todo igual. Cada uno fue haciendo su casa, terminándola, arreglando los techos. Yo recién lo pude hacer el mes pasado porque se llovía. Las calles están totalmente con pozos y barro. Lo que nos prometieron ahora, que es lo que están haciendo, es tratar de ponernos la luz”.

El litigio impone limitaciones. El caso de dotar de energía tiene su impedimento. “No nos pueden poner la luz como a cualquier barrio. Entonces la van a poner por fuera del perímetro”, dijo la adjudicataria, mientras que, hace más de un mes, se observa la tarea de poner los medidores para cada domicilio.

Sobre el estado de las calles, Tabbita contó que pidieron tosca, “por lo menos como para llevar a nuestro hijo a la escuela, o entrar y salir del barrio, no tener que ir con barro. Según lo que nos dijeron en la Municipalidad, en Obras Públicas, nos habían mandado 20 camiones con tosca. Y la verdad, si la llevaron fueron dos o cuatro como mucho. No sé dónde están los otros”.

“Al intendente no le gusta que yo salga a hablar, pero bueno, tampoco nos escucha. Entonces, que nos mande los camiones de tosca. A las casas las iremos terminando cada uno”, agregó.

Sostuvo que está agradecida por contar con una vivienda, mientras recalcó la necesidad de tener energía en sus hogares.

En una parte de la entrevista, pintó un panorama de la ciudad: “En general San Pedro no está bien, porque no hay obras. En las calles hay un pozo atrás de otro. Está bastante feo en lo que es su mantenimiento”, mientras se lamentó de que “una ciudad tan linda esté tan venida menos con la gente que tiene. Es hermosa también porque la gente del barrio, que somos todos trabajadores, la peleamos todos los días, todos tenemos hijos”.

Parte de esa pelea también se relaciona con una construcción defectuosa, como cañerías mal instaladas, que les obligan a realizar costosas reparaciones.

Tabbita describió lo que los fortalece, que es el apoyo mutuo entre los vecinos, que no solo a duras penas van mejorando su hábitat, sino también pugnan para que cumplan las promesas de infraestructura.

El temporal de lluvia que afecta a la ciudad desde este martes tuvo consecuencias por el viento en diversas zonas donde se reportaron árboles caídos, que en algunos casos obstruyeron la circulación vehicular.

"Hubo plantas caídas en Frers casi Rómulo Naón, otra en Caseros y Padre Santana, y un ombú en la barranca de Vuelta de Obligado que se cayó pero no hay riesgo, por lo que se va a trabajar cuando el clima lo permita", informó el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni a La Opinión.

Además, reportaron que una rama de grandes de dimensiones, de la cortina de eucaliptos perteneciente a la estación del Ferrocarril Mitre, cayó sobre dos acoplados que se hallaban estacionados en la playa de camiones de la empresa Arcor.

Ese hecho sucedió cerca de las 2 de la madrugada de este miércoles, situación que movilizó a Defensa Civil y al sector de Parques y Jardines de la Municipalidad hasta el sector de la calle Estrada, frente a la planta fabril.

En la mañana de hoy continuaban trabajando para retirar la rama —por el diámetro parecía el tronco de un árbol— que causó daños en la estructura de los rodados. De acuerdo al reporte, no se registraron personas lesionadas.

En el resto de los casos, hubo obstrucción del tránsito hasta tanto se retiraron los árboles de la calzada, pero en ninguno hubo daños para personas o bienes. Los eucaliptos pertenecen a la órbita del Ferrocarril y hay preocupación por lo ocurrido, puesto que habría riesgos de que suceda en otra ocasión.

En la Red Colaborativa de Lluvias de Inta, hasta el momento reportaron 18 milímetros en el casco urbano de la ciudad; 17,2 en la estación experimental de ruta 9; y entre 22 y 26 mm en la zona rural próxima a Santa Lucía.

Omar Valentini nació en Ushuaia y a poco de llegar a este mundo se mudó a San Pedro junto a sus padres, José Valentini y Amada Sciola, quienes tenían familiares en la zona.

Comenzaron con un pequeño almacén de ramos generales en el antiguo local de Pezzoli y allá por los años 40 compraron un amplio terreno sobre la Ruta 1001 donde fundaron  el almacén El Triunfo. Omar fue alumno de la Escuela Normal y su fisonomía ayudó para que “Modart” lo eligiera como uno de sus modelos. Su debilidad fueron las máquinas y por eso comenzó a estudiar ingeniería, pero no terminó la carrera.

En la década del 80, en una charla informal,  Omar José Valentini conoce a Don Pablo Terra, un brasilero que le propone comercializar máquinas para  fabricar snacks en todo el Mercosur, un producto que por entonces era de poco consumo en el país. Con la propuesta de este emprendedor, se suma a la venta e instalación de maquinarias para la industria, recorre toda la Argentina en sus propios vehículos y con la aptitud de un excelente vendedor, llega a conocer a Fulvio Pagani, fundador de la empresa “Arcor” y a los hermanos López, creadores de la firma “5 Hispanos”. Por ese entonces, su impronta empresarial ya lo hacía pensar en el futuro.

Cargando la responsabilidad de la implementación de estas nuevas y revolucionarias maquinarias brasileras, Valentini asistía a las empresas en la producción de los snacks, pero las máquinas eran solo un prototipo y no ayudaban para nada, dejaban de funcionar permanentemente y la única cara visible del proveedor era la suya. 

La necesidad de hacer funcionar cada engranaje y no quedar mal con el cliente lo llevaron a reinventar cada uno de esos sistemas. De esta manera surgió la primera producción de los famosos “Puflitos” de Arcor. 

Su actividad y su incansable intención de imponer algunas ideas nuevas para la industria de la alimentación lo llevaron a conocer Brasil y llegar al país vecino cambió el rumbo de la vida de Omar. 

En el año 1994 vendió una coupé Fuego por 5.000 dólares y partió para el país vecino. En principio estuvo en San Pablo, desde aquí fue a Riveirao Preto y finalmente se radicó en Batatais, donde fundó su empresa “Val Maq”. 

También aquí comenzó a fabricar las primeras máquinas de batatas fritas, con las cortadoras y los freidores; las líneas lavadoras de lechugas para alta producción, que llegaron a las empresas McDonald's y Burguer King.

Así logró insertar en los paladares criollos los snacks, entre los años 1985 y 1986 a través de los hermanos López, los cinco hermanos fundadores de la empresa “5 Hispanos” a quienes convenció de poner en funcionamiento una máquina para fabricar “Chizitos”.

Se trataba del bocadito para copetín a base de harina de maíz, queso y sal, de color amarillo, cilíndrico, de un centímetro de diámetro y no más de cuatro de largo que conquistó de inmediato a las familias argentinas.

Por aquellos años Omar Valentini era un loco más de los que proponen novedosas inversiones. Presentó en los años 90 distintos proyectos para fabricar harina de batatas entre otras cosas, una iniciativa que nunca prosperó por desinterés del municipio. Algunas de aquellas empresas de alimentos que aceptaron sus propuestas aún producen en Argentina. La primera caramelizadora, que aún funciona, la construyó en San Pedro.  

La comunidad de la localidad brasileña de Batatais, donde Valentini se radicó en el año 1999, realizó el pasado 13 de diciembre, un reconocimiento al empresario por la empresa que fundó y que actualmente funciona a pleno, por todas las adversidades que ha sorteado, por su insistente pasión y por su constancia, declarándolo “Ciudadano Ilustre” de Batatais.

El acceso a San Pedro por ruta 191 presenta un deterioro creciente en los últimos meses y es la vía alternativa que se utiliza para llegar a ruta 9.

Un paño importante de cemento, reemplazado por una delgada capa de asfalto, se estropea cada día más y genera el enojo de los automovilistas que pasan por el lugar frente a la planta de Arcor.

“Frente a la planta de Arcor así ve el pavimento. Destruido y además, debemos soportar el cruce de las vías, donde es fácil romper el tren delantero del auto porque no existe el relleno entre los rieles”, protestó un vecino que envió fotos.

La intensidad de la circulación vehicular por esta calzada se ha incrementado en los últimos meses por la obra de repavimentación de ruta 1001.

Para evitar los sectores destrozados, las maniobras de los conductores representan un importante peligro ya que cruzan de carril o se detienen por más tiempo para no romper los vehículos.

También lo hacen camiones de gran porte, que abren un interrogante puesto que existen sectores donde la resistencia al peso excesivo no es la debida.

No menos trascendental es prestar atención a que estamos aludiendo al único paso a nivel pavimentado. Existen atajos, pero son caminos rurales que en días de lluvia son intransitables.

A casi siete meses de la llegada de decenas de familias al barrio de las 84 Viviendas, el panorama de las propiedades ocupadas se hace complejo. Hubo ventas ocultas, préstamos a cambio de materiales de obra, modestos alquileres y algunas permutas.

Hay un sólo caso de un discapacitado que fue invitado a renunciar a sus derechos, otra casa que nunca fue ocupada porque su preadjudicataria está en un hogar de cuidados y luego más de una decena cuya situación se hace compleja a la luz de la resolución que algún día debería terminar en la entrega de escrituras.

La empresa constructora cobró un 96% de certificación de avance de obras de acuerdo al presupuesto y el gobierno le abrió las puertas a las familias que en febrero de 2024 vieron la realidad en la que les entregaban las unidades habitacionales. No hay reclamos ni investigación y las amenazas de litigios se fueron diluyendo.

Los que lograron afincarse de manera definitiva esperan acceder a su legítimo derecho de ser titulares de un medidor de luz, contar con calles internas transitables, desagües cloacales y otros servicios esenciales como el gas.

Los que vendieron o permutaron por otros bienes, se dividen entre los que esperan armar un hogar y los que esperan pacientemente que con el paso del tiempo suceda lo mismo que ocurrió en otros barrios, incluídos los que fueron usurpados y lograron escrituras sociales a nombre de los actuales ocupantes.

Durante la primer semana de septiembre llegaron caras nuevas. Dos viviendas, tienen nuevos ocupantes y una tercera que corresponde a una persona discapacitada fue “alquilada”. 

También hubo devoluciones al municipio y re adjudicaciones. Al menos hay un caso en que la casa de una docente fue a parar a manos de otra que estaba en la lista de suplentes.

Respecto al reclamo interpuesto por la asesora legal de Coopser y concejal en ejercicio Paola Basso ante la justicia no hay más novedades que una rotunda negativa de la Jueza Fulghieri a tomar intervención en una obligación que le compete a la distribuidora de energía que considera robo de energía a la peligrosa red de conexiones que abastecen a 84 casas desde un medidor de obra.

La propiedad de los terrenos sigue en disputa entre Arcor y la Municipalidad de San Pedro que en todo caso deberá resarcirlos si se les otorga la razón respecto al cumplimiento del destino por el que esas manzanas fueron cedidas. 

Una síntesis de una estafa a la ciudadanía con 84 grupos familiares que fueron condenados a vivir como rehenes de un problema que jamás buscaron. El día en que por sorteo les anunciaron que serían propietarios de viviendas sociales que podían pagar en cuotas, creyeron que el sueño de la casa propia era posible.

El Gobierno municipal deberá, a través de la Dirección de Asesoría Letrada, responder la ampliación de demanda que hizo la empresa Arcor en el marco del litigio por los terrenos donde se construyeron las 84 viviendas de Villa Depietri, hoy ocupadas por las familias preadjudicatarias por iniciativa de la propia Comuna.

Así lo dispuso la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Isabel Fulgheri, quien corrió traslado de la demanda al intendente municipal Cecilio Salazar para que dentro de un plazo de 45 días —desde el 24 de junio— conteste la acción interpuesta por la empresa.

Tras obtener la medida cautelar que declaró nulo el sorteo, Arcor se presentó para reclamar al Gobierno que cumpla con el cargo de la ordenanza que dice que esos terrenos fueron donados para la relocalización de vecinos del Bajo Puerto que ocupan terrenos propiedad de la empresa, que el Municipio asegura ya cumplió.

Además, Arcor pide que en caso de que la Municipalidad no pueda cumplir con el cargo, "se ordene la revocación de la donación" y se le restituyan los terrenos, desalojo mediante, o bien se le pague por el predio a su valor de mercado.

Las 84 viviendas —no todas, por cierto— están ocupadas por las familias que resultaron preadjudicatarias en el sorteo del 24 de febrero del año pasado que tuvo lugar en el club Independencia. Ingresaron a las unidades habitacionales el 13 de febrero, tras una reunión con funcionarios municipales.

Aunque el fallo indicaba que no podía seguir los pasos administrativos derivados del sorteo, el Gobierno hizo caso omiso y no sólo avanzó sino que además le entregó a cada uno de los preadjudicatarios una llave —en muchos casos simbólica, porque no abría la puerta pero se podía entrar por las aberturas sin ventanas— y los impulsó a ocuparlas para evitar usurpaciones.

Tras ello, la empresa se presentó en la Justicia penal para denunciar la comisión de una serie de delitos de acción pública por parte del Gobierno municipal, con el intendente y los funcionarios actuantes a la cabeza, como presuntos autores de acciones delictivas.

Este jueves, referentes del Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA) local bloqueaban el acceso a la planta de la empresa Arcor. "No entran ni salen vehículos", informaron.

El secretario general del STIA San Pedro, Orlando Noir, informó a La Opinión que en el marco de la discusión paritaria con las empresas del sector el sindicato dispuso el miércoles un paro de dos horas por turno y hoy el bloqueo a la planta.

Dispusieron un gazebo, automóviles, camionetas y motos, más banderas en el portón para impedir la circulación de todo tipo de vehículo desde y hacia el interior de la planta.

Antes de las 11.00 de la mañana, un móvil policial se acercó al lugar para tomar conocimiento de la situación.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación lanzó la medida de fuerza tras el fracaso de las negociaciones con la FIPAA, que nuclea a las empresas de la industria alimentaria, en procura de un aumento de sueldo "que preserve el poder de compra de los salarios", señalaron.

En abril pasado, las partes acordaron un incremento del 9 por ciento para el sueldo de ese mes y el 7 por ciento para marzo, que llevó a 304 por ciento el acumulado anual. 

El camión que enganchó los cables de la zona de Beaumont y Aníbal de Antón transitaba en búsqueda del ingreso al depósito de la distribuidora de Arcor. Había entrado por Avendida Sarmiento sin inconvenientes, paró para preguntar cóno debía encontrar el acceso para la descarga y no advirtió que tomó la calle en contramano; enganchó los cables; dio marcha atrás y de allí en más comenzaron a caer columnas, postes y cables.

“Él venía entrando por Sarmiento, ¿no?”, relató un testigo e indicó: “paró en la empresa de Sigismundi, le preguntó, supuestamente que tenía que hacer para descargar y le dijeron, ‘sí, sí, da la vuelta, o hacé más adelante’. No sé qué, la cosa es que él llegó a la esquina, dobló por Aníbal Lantón, que es contramano, y bueno, ahí fue que enganchó. Hizo marcha atrás de vuelta, no sé qué hizo, porque adelantó, volvió para atrás, volvió a enganchar de vuelta y ahí fue que se llevó los palos de dos cuadras”, comentaron tras revisar las maniobras del chofer que al no ser oriundo de la ciudad se sintió confundido.

"No le pregunté de dónde era. Lo que sí me dijo es que era la primera vez que venía y que él está acostumbrado a ir a lugares, a empresas donde tienen parque logístico. Esto dijo: “'la verdad, que es la primera vez que vengo'”, dijo una mujer que logró hablar con el conductor.

Las tareas de remoción de los postes y las actuaciones para formular las denuncias al seguro, por ahora no serán judicializadas. Al menos así lo ingormaron minutos antes de las 18, ya que ninguno de los damnificados reclamó una vez que el destinatario de la carga confirmó que se hacía responsable de lo ocurrido. Resta saber que harán las empresas dueñas del cableado que necesitará de reparaciones de emergencia.

Se puede llorar de angustia o de impotencia, pero lo que se escucha es llanto. La mayor parte de los vecinos que viven en condiciones infrahumanas y que han sido sometidas a violentar normas importantes o menores; en todo caso a transformarlos en lo que nunca fueron.

Colgados de la luz, con conexiones precarias a las cañerías y con servicios de internet recién instalados la vida transcurre en el predio donde hoy, hay muchos que se enfrentan entre sí porque “las casas de adelante” están mejor que “las de atrás”. Una estrategia de silenciamiento y división que siempre le es funcional al poder político y empresarial. En nombre de una necesidad y un derecho, se han llevado centenares de millones de pesos que no fueron invertidos en la terminación del barrio y que hasta el memento se investiga como “averiguación de ilícito” en la Fiscalía de la Dra. María del Valle Viviani.

En la mañana del sábado y con una irónica convocatoria de un grupo de vecinos que convocaba a una “fiesta de cumplemés”, el móvil de Sin Galera llegó para volver a recorrer el lugar y dejar un nuevo registro de imágenes.

“No hay pelotero ni inflables”, dijo Franco, uno de los que debe dejar la casa que alquila y debatirse entre su ilusión del techo propio y su realidad de defraudado. Desde hace dos meses su trabajo se resiente y su humor sólo obedece a la resiliencia que le genera pegar ladrillos más rápido para poder trabajar en su propia fábrica de churros.

El resto, calla su bronca entre promesas como “mañana vamos a abrir la calle” o, “hay que esperar que se retomen las obras”.

Una a una, las historias de los titulares sorteados en las 84 viviendas salen a la luz. La fiscalía que abrió una causa por “averiguación de ilícito” todavía no los ha citado ni ha definido los pasos a seguir con quienes desde hace casi dos meses trabajan para cuidar esas construcciones de las que no tienen ni los planos.

“Quería saber por dónde pasan los caños”, dijo Ana resignada. Desde que están en el lugar son los propios vecinos los que buscan el lugar por donde pasan las cañerías. Aunque parezca mentira nadie les ha dado los planos que deberían estar terminados antes de empezar la obra.

“Tenía un termotanque solar”, recordó Ana sobre la foto que le mostraron para contarle cómo quedaría su casa.

“Lo mínimo es agua, cloacas y luz”, dice Ana al igual que Franco o que Noelia e Isaías. Algunos tienen un pilar para la bajada incluído porque entre las filas de casas que mostraban para certificar y cobrar cada tramo de materiales y mano de obra “iban completando”. La empresa cooperativa Grupo Alfa está en la mira pero hasta el momento no ha sido denunciada.

En San Pedro, sus trabajadores “monotributistas” se mezclaban en algunas obras con los de “Potenciar Trabajo”. Entre otras: el galpón del Movimiento Evita en Aulí y Mateo Sbert; las 89 viviendas de Nuestro Sueño bajo el nombre de “8 de Diciembre”, la Plaza Constitución; el tanque copa con otro nombre de fantasía y varias de plan de urbanización del Barrio La Tosquera. La coincidencia es sorpendente: todas están certificadas y cobradas por valores mayores a los que pueden comprobarse a simple vista.

Ana repasó junto a Rafael Flaiman todos los pasos que dio para inscribirse, la presentación y cumplimiento de todos los requisitos, el segundo llamado a los que calificaban, la ratificación de condiciones para el sorteo, cómo se enteró segundos más tarde que su madre de haber sido favorecida y los miles de planes que trazó para imaginar cómo viviría con su hijo en un lugar propio. Hasta un arco, tenía pensado el tío para seguir con el deporte favorito y terminó sintiéndose humillada por esperar que le entreguen un inodoro.

“Yo no sabía nada”, dijo respecto a la titularidad de los terrenos de Arcor y lo mismo le sucedió a medida en que se conocían noticias. “Queríamos creer en lo que nos decían”, reconoció respecto a la validez del sorteo y a los comentarios en el chat que comparte con sus vecinos. 

“Me dieron dos llaves pero tuve que cambiar la cerradura", recordó respecto a las que le entregó el gobierno local y no funcionaron.

Hasta el día en que entraron al complejo de viviendas, la consigna era “el que habla pierde” y aún hay familias que siguen convencidas que ante cualquier comentario o reclamo que hagan pueden resultar desfavorecidas. Ya hay construcciones, instalaciones, colocación de aberturas, preparativos para mudanzas y una certeza: no son responsables de las circunstancias a las que fueron sometidos. 

En el Concejo Deliberante empezaron las reuniones de comisión para que los funcionarios informen lo actuado y ningún edil se ha acercado al barrio tras la ocupación habilitada por el gobierno municipal y la empresa.

Este martes, pasado el mediodía, personal de la empresa cooperativa Grupo Alfa, que tiene a su cargo la construcción de las 84 viviendas del barrio Villa Depietri, comenzó a entregar materiales a las familias preadjudicatarias que hace dos semanas tomaron "posesión" de las casas sin terminar.

Inodoros, bidets, lavatorios y griferías eran distribuidos según una lista con los nombres de los preadjudicatarios, que debían presentar DNI para recibir los elementos que corresponden a la vivienda que la Municipalidad les indicó, con entrega de llave incluida, que les correspondería.

Los preadjudicatarios ingresaron a las viviendas el martes 13 de febrero, hace dos semanas, "cansados de promesas", según ellos mismos dijeron, y tras una asamblea de la que participó el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, en representación del intendente Cecilio Salazar.

Aunque la medida cautelar vigente en el litigio impulsado por Arcor para debatir a quién le corresponden esas viviendas impide cualquier gestión relacionada con las consecuencias del sorteo, lo ocurrido este martes abona a los cuestionamientos al Ejecutivo por parte de esa compañía en la Justicia.

El lunes, en medio del temporal de lluvia, preadjudicatarios le pidieron al secretario de Gobierno por los materiales, especialmente por sanitarios y ventanas. Según revelaron a La Opinión, el Municipio estaba dispuesto a dialogar con la cooperativa para la entrega, que comenzó este martes.

Este lunes hubo sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante para tratar el pedido de informe sobre las 84 viviendas que elevaron los concejales opositores Martín Rivas y Mauro de Rosa.

Como acordaron el oficialismo, los radicales y Vanina Cappelletti, el proyecto no fue tratado sobre tablas, por lo que el intendente no deberá, por lo pronto, responder los requerimientos de la oposición sobre el tema.

El expediente fue girado a la comisión de Peticiones y Asuntos Legales y Técnicos, a la que serán citados funcionarios del gabinete para responder consultar relacionadas con la situación del barrio.

Durante la sesión extraordinaria tomaron la palabra los ediles Martín Rivas y Diego Lafalce, quienes a su turno señalaron la relevancia que tiene el tema para el Municipio y la necesidad de que el Gobierno dé respuestas al respecto.

Al finalizar, Rivas dijo a La Opinión que espera que haya celeridad en la comisión para que se cite a los funcionarios y que pedirá que, como es habitual, esas reuniones sean públicas.

De Rosa, por su parte, sostuvo que el primero de los funcionarios que deberán citar es el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, quien ocupaba el mismo cargo al momento en que se produjo el sorteo, cuando Ramón Salazar estaba a cargo del Ejecutivo.

Consultado sobre su rol en ese momento, puesto que era chofer, secretario y hombre de confianza de Ramón, De Rosa aseguró que no estuvo en "la mesa chica" en la que se resolvió avanzar con el sorteo a pesar de los planteos de Arcor y que la decisión fue "del intendente y de su gabinete".

Juan Cruz González, presidente del bloque oficialista que responde a Cecilio Salazar, dijo a La Opinión que consideraron pertinente enviar el expediente a comisión para que los ediles puedan dialogar con los funcionarios del Gobierno. 

Los preadjudicatarios de las 84 viviendas que "tomaron posesión" de las casas y permanecen en su interior bajo la lluvia que afecta a San Pedro asisten a una revelación que sospechaban: se llueve todo.

"Todas las casas se llueven, incluso las de la primera fila, que son las mejores", contaron a La Opinión tras remitir un video correspondiente a una de las viviendas para personas con movilidad reducida, que todavía no tienen el cielorraso.

"Está puesto el armazón para el cielorraso, no se puede llover así el techo", señalaron. Además, se observa cómo el agua filtra y moja las paredes de la construcción.

El viernes pasado, personal de la Municipalidad autorizó a las familias a "adelantar trabajo" para la instalación de agua y cloacas, por lo que la gente estuvo, pala en mano, cavando en busca del caño madre para la conexión.

"Después vinieron, conectaron dos y se quedaron sin material, así que se fueron. Ahora con la lluvia vamos a tener que seguir esperando", señalaron desde las 84 viviendas.

El Concejo Deliberante trataba este lunes en sesión extraordinaria el pedido de informe que elevaron los concejales Rivas y De Rosa respecto de la situación del barrio. 

“¿Yo podría presentarme como damnificado?, porque a mi me estafaron Lilí”, preguntó uno de los que festejó a la salida del Club Independencia el 25 de Febrero de 2023 cuando más de 700 personas participaron del sorteo al que habían sido convocadas las familias que se inscribieron, entregaron su documentación, fueron seleccionadas y luego en un acto transparente lograron su preadjudicación. Es que la persona en cuestión, ya no está con su pareja y ahora piensa en la situación que se le avecina. 

Ignoraban que el municipio había sido intimado por la empresa Arcor y mucho más que sería contratada una empresa que una y otra vez pedía dinero para ejecutar obras de manera deficiente, incompleta y mal contratada.

Sólo se recuerda un pedido de informes de la Concejal Florencia Sánchez que fue enviado a comisión, con la complicidad de los bloques opositores y ahora uno que presentó Martín Rivas y que el lunes tendrá el mismo destino, salvo que alguno recapacite.

La periodista detalló uno a uno los decretos y los montos de las obras en una sucesión que impacta porque además la semana pasada Arcor demandó a los funcionarios por delitos que la justicia deberá determinar.

La presentación judicial que hizo el lunes la empresa Arcor para que la fiscala María del Valle Viviani investigue la posible comisión de delitos por parte del intendente Cecilio Salazar y los funcionarios del Gobierno que intervinieron en lo ocurrido en las 84 viviendas sumó polémica al caso.

Es que el abogado de la compañía, José Benito Aldazábal, planteó a la Justicia que los integrantes del Gobierno municipal son pasibles de ser acusados de al menos tres delitos tipificados en el Código Penal (CP), que además podrían tener consecuencias políticas.

Para Arcor, la "entrega" de las viviendas a los preadjudicatarios, a través de la distribución de las llaves, y la facilitación de la "toma de posesión" del martes 13 implica responsabilidades penales.

Uno de los delitos que la empresa considera que cometieron los funcionarios del Gobierno es el de "desobedencia" (artículo 329 del CP), que prevé una pena de 15 días a un año de prisión para quien resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.

Ello porque el intendente y los miebros de su gabinete involucrados en el tema hicieron caso omiso a la orden de la jueza en lo Contencioso Administrativo María Isabel Fulgheri, cuya medida cautelar que anuló el sorteo del 25 de febrero del año pasado y obligó a suspender toda acción administrativa vinculada fue ratificada por Cámara.

También acusan al Municipio de los delitos de  abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del CP), que prevé prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por el doble de tiempo a quienes sean hallados responsables de ese tipo de ilícito.

El artículo pena a todo "funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

Por último, Arcor pide a Viviani que impute a los funcionarios por el delito de malversación de caudales públicos (artículo 260 del CP), porque entiende que la entrega de las llaves encuadra en dar a "los caudales o efectos" que administra "una aplicación diferente a aquella a que estuvieran destinados".

Este jueves, personal municipal de Obras Sanitarias comenzó la instalación de los caños para llevar agua y cloacas a las 84 viviendas cuya obra inconclusa tiene a cargo la empresa cooperativa Grupo Alfa y en las que los preadjudicatarios sorteados el 25 de febrero del año pasado permanecen tras “tomar posesión” el martes 13.

El miércoles por la tarde hubo una reunión con un representante de la cooperativa Grupo Alfa, luego de la polémica suscitada luego de que personal del obrador insinuara que faltaban rejas y apuntara contra las familias que están en las viviendas, quienes se ofuscaron por la acusación.

Además, el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, estuvo reunido con los preadjudicatarios luego de que el fin de semana se comprometiera a que el Municipio instalaría el agua y las cloacas, puesto que la mayoría de las unidades habitacionales, sin terminar, están habitadas.

El lunes, personal de Obras Sanitarias recorrió el barrio pero no tenían información precisa respecto de cómo era la instalación interna para conectar a la red, por lo que necesitaban planos que la empresa, en principio, no parecía dispuesta a entregar.

Finalmente, este jueves comenzaron a cavar los pozos para disponer esa cañería y que el agua llegue al barrio, al menos en canillas ubicadas en el exterior de las viviendas.

La obra para la instalación de la red cloacal y de agua corriente fue adjudicada en junio del año pasado y de manera directa a la misma empresa responsable de la construcción de las 84 viviendas, con recursos del Ministerio de Infraestructura provincial, con un presupuesto de más de 34 millones de pesos.

“Dijeron que les faltaban unas rejas que estaban en una casa pero es mentira”, avisó uno de los preadjudicatarios que hasta hoy cuida la vivienda que le asignaron en diciembre cuando le entregaron su llave pese a que no cuenta ni con las aberturas.

Ahora que la situación se judicializó y con realidades dispares, comprenden que las unidades que están más postergadas en las certificaciones de construcción tienen una realidad diferente a la que “usaban para firmar los avances”.

Esa apreciación corresponde al mecanismo que se utiliza para gestionar los pagos que recibía la empresa cooperativa ALFA. Hay que recordar que hubo varias adjudicaciones de tareas y redeterminaciones de precios cuyos decretos analiza La Opinión. Uno de ellos es el que ordenó la obra de cloacas y cañerías de agua por valor de 34.126.689 millones de pesos que figura en el decreto N° 823 del 14 de Junio de 2023.

“Ahí se sentaba el que venía de afuera con uno de la empresa, el encargado de la obra y el arquitecto de la Municipalidad”, recuerdan los que trabajaban en el lugar y observaban el procedimiento que permitía certificar los avances o las terminaciones de cada etapa y cobrar el dinero que giraba el gobierno Nacional a la municipalidad y esta abonaba a la empresa tras cumplir todos los pasos.

“Te quería comentar que están pasando cosas en las 84. Ahí creo que uno de los chicos iba a mandar mensaje porque nos están queriendo hacer quedar mal, como que nos estamos robando rejas”, dijo en la tarde del miércoles una de las ocupantes que se turna con su familia para cuidar la que le dijeron que es su nueva casa.

“Se me agota la batería porque acá no tengo luz, pero vengan a hablar porque yo no tengo problemas", avisó una mujer que está sola, y que comparte el cuidado del lugar con sus dos hijos. El martes necesitaba medicación pero no se animaba a ausentarse para ir a buscarla. Carga su celular en casa de un pariente que vive cerca del barrio y vuelve. Tiene casi sesenta años y este es su primer acceso al techo propio.

En su caso, está en un sector al que no llegaron ni los marcos de las ventanas, tampoco tiene sanitarios y en la cocina dispuso sábanas a modo de cortinas hasta tanto pueda mejorar su situación. El domingo, la lluvia se llevó todo lo que tenía.

“Me falta cerrar una ventana, estamos esperando si viene alguien y nos da alguna novedad o viene Baraybar porque Cecilio difícil que venga. Yo tengo la confianza y la plena seguridad que en algún momento vamos a tener una novedad. No pueden jugar tan sucio con las familias, por eso creo. Anoche le dije a mi hijo que tengo ganas de abandonar porque me duele y angustia", dijo la una señora mayor cuando fue consultada este miércoles. 

“Están diciendo que robamos esas rejas que no eran para estas viviendas, sino que eran para otras. Esas rejas nunca las vimos, que estén en alguna casa guardada en el depósito. Ahora supuestamente faltan, nos quieren echar la culpa a nosotros”, relató un jefe de familia que desde el martes de carnaval duerme en el lugar y que esta mañana esperaba novedades sobre la provisión de luz.

“Hay una chica que compró los materiales para hacer ella la reja, tiene la factura de todo lo que compró”, justificó una vecina respecto a los avances que muestran algunas de las unidades habitacionales. Muchos colocaron persianas o maderas para asegurar que no ingresen ladrones o usurpadores. Otras familias ya han trasladado sus muebles. “Yo ya no me muevo más de acá, de a poco la voy a ir terminando”, anunció un hombre que desde el primer día se instaló de manera precaria en una vivienda lindera a una de las únicas que tiene agua.

Se sabe que habrá una reunión y que uno de los titulares de la empresa recorrió el predio. No descartan pedir a la fiscal que los atienda para relatar la situación. Por ahora, la única denuncia es la que radicó ARCOR, primero para advertir que no se hiciera el sorteo y ahora para que se determine la responsabilidad de los funcionarios.

Una de las alternativas que están analizando es pedir a un abogado ajeno al municipio y si es posible a San Pedro que los asesore para ver si pueden reclamar a la empresa para que cumpla con las tareas por las que ya cobró y que de acuerdo a los anuncios había llegado a un 96% de avance. 

Lo peor para todos ha sido comprobar que todas las unidades tienen graves deficiencias de construcción y que nadie veló por el cuidado del dinero que se invirtió. Más de 900 millones de pesos que comenzaron a ejecutarse en 2021 y que contemplaban hasta la construcción de las veredas internas.

La empresa Arcor se presentó en la Justicia penal para denunciar la comisión de una serie de delitos de acción pública por parte del Gobierno municipal, con el intendente y los funcionarios actuantes a la cabeza, como presuntos autores de acciones delictivas en el marco de la toma de posesión de las 84 viviendas por parte de los preadjudicatarios sorteados el 25 de febrero.

El abogado José Benito Aldazábal, en representación de la compañía multinacional, hizo la presentación ante la fiscala María del Valle Viviani para que en la causa, que tiene como carátula "averiguación de ilícito" se investiguen los delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de bienes del Estado.

Arcor pidió a Viviani que caratule así la causa en trámite desde que los preadjudicatarios tomaron posesión de las viviendas y solicitó que tenga en cuenta la medida cautelar vigente en el fuero Contencioso Administrativo, que impedía al Gobierno de Cecilio Salazar tomar cualquier medida respecto de las consecuencias del sorteo anulado.

"Si bien ,como dijo la fiscal, no es una usurpación porque se les abrió la puerta y se les entregó la llave, entendemos que hay delitos más graves, en los que están involucrados funcionarios públicos al hacer entrega", sostuvo en diálogo con La Opinión el abogado José Benito Aldazábal.

El representante legal de Arcor en la causa consideró que "se desobedeció la manda judicial de la cautelar, que ordenó no innovar; hubo abuso o incumplimiento de los deberes de funcionario público; y hubo hasta malversación, porque se entragaron bienes del Estado que no se podían entregar".

Explicó que el Gobierno no podría haber hecho entrega de las llaves ni autorizado la toma de posesión de los preadjudicatarios porque se trata de bienes del Estado que están involucrados en una causa en el fuero Contencioso Administrativo con medida de no innovar.

"El sorteo se anuló y la cámara dijo que hasta que no se resuelve el juicio, esa medida cautelar está vigente", recordó Aldazábal.

"La llave no se la dieron en el sorteo y el sorteo fue anulado. La llave se la dieron después y de manera clandestina, irregular", señaló el abogado y advirtió que en la Justicia "ni siquiera está la escritura del sorteo".

"La Justicia les pide los antecedentes y eso no está, no está la escritura pública con escribana que dice que esos son los sorteados. Tampoco hay expediente administrativo, todo eso lo pidió la Justicia y no está", aseguró.

Respecto de la situación de los preadjudicatarios, recordó que "hay un principio que dice que la ley se presume conocida por todos".

Dstacó que "los primeros que deberían saberlo son los funcionarios", por lo que "la gente podría decir que fue inducida, pero son parte de una maniobra irregular y resultan beneficiarias de casi un delito, yo pienso que lo hicieron de buena fe, pero en parte se sabía lo que estaba ocurriendo".

"Tendrán un derecho subjetivo de ir contra los funcionarios que crearon una falsa expectativa. Hay responsabilidad de los funcionarios que fueron contra algo que estaba normado y ellos sabían", señaló Aldazábal.

En la causa en el fuero Contencioso, Arcor pidió a la Justicia que la Municipalidad cumpla el cargo de la ordenanza, que etablecía que esos terrenos fueron donados para relocalizar habitantes del Bajo Puerto que ocupan tierras de la empresa. El Gobierno, por su parte, considera que ese cargo ya fue cumplido. Esa es la cuestión de fondo.

Arcor pide que se relocalice a la gente que está en sus terrenos o bien que le devuelvan la tierra. Teniendo en cuenta que allí se construyeron 84 viviendas, va por el pago de esa manzana a valor de mercado. Esa causa todavía está en trámite.

"Hay una incertidumbre total y una irregularidad total, no puede ocurrir que la administración pública se maneje de esa manera, pudiendo hacer las cosas bien no sé por qué las hace mal, de manera negligente, diría de manera dolosa, con intención", sostuvo Aldazabal.

El abogado consideró que los preadjudicatarios "deberían esperar a que se termine el juicio" y, en cualquier caso, “reclamar el incumplimiento que cometieron los funcionarios, que les hicieron comprar un problema”. 

"No se puede hacer lo que hicieron, jugar así con la esperanza de la gente", analizó Aldazábal.

Respecto de las responsabilidades penales que podrían endilgarles, informó que "Fiscalía y el juez analizarán si la gente es cómplice porque son beneficiarios de una maniobra irregular y podrán defenderse si es que no tienen culpa".

Aseguró que Arcor quiere "defender el derecho de propiedad", sobre todo de los terrenos linderos al puerto que los vecinos de la zona pretenden sea expropiado para transformarlo en un espacio público.

"Sobre ese terreno hay y hubo en su momento un proyecto para crear un puerto, el proyecto está, no sé en qué momento la empresa considerará hacerlo, pero siempre estuvo ese proyecto. El tema de la arenera es temporario, para mantener el derecho de propiedad sobre el terreno", indicó.

Además, cuestionó que durante la campaña electoral el Gobierno, en busca de la reelección de Salazar, "por un lado lo defendía y por el otro decía que lo iba a expropiar, una cosa insólita, antes de las elecciones, dándole a ambas partes el gusto, por decirlo de alguna manera".

Además de la presentación en la causa penal que tramita en la Fiscalía de Viviani, Arcor irá al Contencioso Administrativo a reclamar por el incumplimiento de la medida cautelar vigente. 

"Tenemos en mente ver si se puede imponer una sanción conminatoria para que la medida se cumpla y no se viole, y si se persiste, se imponga una multa diaria al funcionario o a la Municipalidad, mientras se incumpla la orden dictada", explicó. 

Seis concejales de la oposición solicitaron al presidente del Concejo Deliberante Pablo Vlaeminck que convoque a una sesión extraordinaria para el lunes para tratar un nuevo pedido de informe relacionado con la situación de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri.

Por el tema, los concejales Martín Rivas, Mauro de Rosa y Diego Lafalce habían elevado un pedido de informe a mediados de enero, para conocer la situación del litigio con la empresa Arcor. Ahora, los mismos ediles agregaron consultas relacionadas con los hechos de los últimos días y pidieron sesión extraordinaria acompañados de ediles del bloque de la UCR.

En el nuevo pedido de informe, los concejales opositores exigen saber por qué el secretario de Gobierno y Seguridad, Martín Baraybar, "se constituyó en el obrador" de las 84 viviendas "encabezando a un grupo de personas, qjuienes manifestaron su condición de beneficiarias del sorteo" del 25 de febrero pasado.

La pregunta del pedido de informe es por qué el Gobierno hizo tal cosa, "cuando existe un fallo" que "declaró nulo el sorteo". Más aún: quieren saber por qué, con la medida cautelar vigente que impide cualquier tipo de gestión relacionada con los preadjudicatarios de las viviendas, los presentes en el barrio afirmaron ante La Opinión que el Ejecutivo les entregó las llaves de las casas en construcción.

"Creo que los vecinos son víctimas de la mala práxis de estos funcionarios públicos, no podemos mirar para otro lado como concejales", dijo Rivas a La Opinión.

El resto del expediente es lo que ya contenía antes: por qué no se cumplió lo que establece la ordenanza de donación de los terrenos; si hay sumario administrativo respecto del presunto extravío de un expediente en la Municipalidad.

La situación contractual de la cooperativa Grupo Alfa, con costo de obra y estado de los pagos; y qué medidas de seguridad se implementaron para resguardar las viviendas antes de lo ocurrido el martes, cuando los preadjudicatarios y el propio Baraybar informaron acerca de robos e intentos de usurpación.

Por el conflicto con Arcor, la concejala Florencia Sánchez había presentado un pedido de informe en marzo del año pasado, alrededor de un mes después del sorteo. 

Sin embargo, a propuesta del oficialismo y con acuerdo del resto de los bloques de ese momento, el proyecto fue enviado a comisión, algo inusual para un pedido de informe. En ese marco, citaron al entonces secretario de Obras Públicas, Javier Silva, y a la entonces secretaria Legal y Técnica, Viviana Costa.