Los movimientos de materiales y de personas en un terreno ubicado en Colón y Noseda llamaron la atención de Cirilo Olaizola, un jubilado de 78 años que vive en el barrio y cuyo abuelo, León Neyra, era el dueño.

Al acercarse a las personas que estaban en el terreno propiedad de su familia, Cirilo recibió una respuesta que lo sorprendió aún más: le dijeron que habían comprado el lote y que se los vendió "un abogado", cuyo nombre no le revelaron.

Olaizola dijo que el diálogo con esas personas fue en buenos términos y que él les advirtió que esa esquina era propiedad de su familia. Tras ello, fue a la Comisaría con intenciones de radicar la denuncia.

"Me dijeron que ya habían ido dos o tres a hacer la misma denuncia y no me la tomaron", dijo Cirilo a La Opinión. Por eso, fue a Prefectura, luego a Fiscalía y más tarde al Juzgado de Paz, en procura de que alguien tome cartas en el asunto.

El terreno entró en sucesión hace muchos años, contó Olaizola, pero el trámite no se terminó. "Yo tengo la escritura de mi abuelo", sostuvo. En el lote, dijo, se ve movimiento "sólo los sábados".

Los carteles que una inmobiliaria local colocó en la zona ribereña llamaron la atención y no fueron pocos los que consultaron al Gobierno sobre las autorizaciones para vender predios aluvionales que deben ser registrados para el patrimonio público.

Cada gobierno que asume promete que “nunca más” alguien se quedará con el acceso a la costa pero no han logrado evitar situaciones como las que ya se dieron con el arenal, la zona insular frente a Mansa Lyfe, el endicamiento de un amplio sector de Bajo Tala sin autorización ni permiso de impacto ambiental, los “ranchos” y “huertas” que comienzan en pequeñas porciones de tierra y terminan escriturados y hasta la resignación judicial con propiedades y propietarios que litigaron contra el estado y ganaron sus derechos a escriturar como sucedió sobre avenida España.

Este jueves al mediodía, un vecino que se caracteriza por su compromiso con las cuentas claras tomó imágenes de un vasto sector del camino que conduce a Cantando en el Río que —dicho sea de paso—también terminó en manos privadas a espaldas de la población.

En su mensaje dijo: “Es en la barranca, por la Calandria, y me encuentro con que está plagado de carteles sobre la costa, de que se vende la costa”, advirtió.

“No se conformaron con que nos taparon la laguna, no se conformaron con dejar un asentamiento que cada uno se hizo dueño al lado del río y cada uno tiene su casita al lado del río”, reflexionó.

Para quienes defienden el patrimonio público es asombrosa la manera en que en cada rincón de la ciudad quienes poseen información privilegiada o conocen cómo tramitar la ocupación de un terreno, lo hacen a la vista de todos.

“Ya no nos queda más río, nosotros no podemos ver el río en ningún lado. Y después, a partir de una ley entiendo que, si no la modificaron, 150 metros desde cualquier margen del río es del Estado, no puede haber cosas privadas”, indicó en alusión al instituto del “camino de sirga”, que el Código Civil vigente establece en 15 metros y que antes de la reforma era de 35.

“Y acá veo los carteles de la venta. Ni sé de quién es ni me interesa saber de quién es”, concluyó tras comparar la relación con ciudades como San Nicolás o Ramallo que han experimentado un importante crecimiento “todo sobre el río, porque la vida es el río, la vida es la ciudad”, señaló.