El desalojo de la usurpación de las 25 viviendas de Río Tala sólo podrá hacerse efectivo una vez que se haya puesto en marcha el protocolo que establece la Corte Suprema para este tipo de casos y que incluye un informe socioambiental de las familias que están en situación de toma.

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones, que hizo lugar al planteo de la Defensoría Oficial que conduce Joaquín Castro, quien había señalado que en el fallo que ordenaba desalojar el barrio la jueza Maiztegui había omitido cumplir con ese protocolo.

La Cámara advirtió que la magistrada no acató las medidas establecidas por esa normativa, que establece "pautas de actuación destinadas a garantizar el respeto de derechos fundamentales en contextos de especial conflictividad social".

Para ese protocolo es fundamental que ante casos de usurpación masiva de inmuebles haya un relevamiento de la situación socioambiental de los ocupantes e intervención de los organismos estatales competentes, como el Servicio Local de Niñez, puesto que hay una gran cantidad de menores de edad en la toma.

Además, señalaron que en la resolución inicial "no se pondera la existencia de alternativas menos lesivas, como tampoco se efectúa un juicio de proporcionalidad respecto del impacto del desalojo sobre las personas involucradas".

Los jueces consideraron que si bien no se puede permitir la "continuidad de una apropiación irregular", el Estado "debe tener una consideración primordial de los grupos en situación de vulnerabilidad social".

El denominado "protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad" rige por mandato de la Corte Suprema bonaerense desde 2019.

Contiene directrices para garantizar la debida intervención ante usurpaciones masivas, que implique la restitución del bien pero también el respeto por las garantías constitucionales y los derechos humanos de los ocupantes.

De la misma manera, busca "reducir el impacto social" que pueda generar el desalojo, especialmente en mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos vulnerables.

El protocolo indica que antes de ordenar la restitución preventiva del inmueble, debe haber un completo informe de los hechos, con testimonios, croquis de Policía Científica y detalles planimétricos aportados por especialistas.

Además, dispone un "censo, encuesta o informe socioambiental" en el que consten los bienes personales de los ocupantes y la intervención de organismos como el Servicio Local de Niñez, la Subsecretaría Social de Tierras y acceso Justo al Hábitat provincial, la Defensoría del Pueblo, la Asesoría de Incapaces, entre otros.

Todo ello en procura de hallar soluciones alternativas al desalojo, como el retiro voluntario de los ocupantes. Si no ocurriera, a la hora de desalojar deben estar las oficinas municipales como Desarrollo Humano y Servicio Local; la Secretaría de Derechos Humanos provincial; y la Subsecretaría de Acceso Justo al Hábitat.

Como la Cámara de Apelaciones ordenó devolver al Juzgado de Garantías de origen el expediente, será la jueza Maiztegui la que deba poner en marcha todo lo que establece el protocolo, con la notificación correspondiente a cada organismo para que tome intervención.

Así, el desalojo que dictó la Justicia deberá esperar el cumplimiento de todas esas medidas previas para luego sí proceder, si corresponde, a desalojar a quienes el 5 de febrero pasado tomaron las 25 viviendas que la empresa Apco S. A. abandonó a medio construir tras el cambio de gobierno nacional en 2023.

Para proceder al desalojo de la usurpación de las 25 viviendas de Río Tala, la Justicia deberá resolver el recurso de apelación que presentó la Defensoría Oficial a cargo de Joaquín Castro, que consideró que la jueza Maiztegui no respetó el protocolo vigente para este tipo de casos y recurrió la resolución dictada este martes.

El defensor oficial advirtió que antes de ordenar el desalojo debían cumplirse una serie de pasos que están protocolizados por la Corte Suprema de Justicia bonaerense para situaciones en las que deben abordarse tomas masivas de terrenos o viviendas.

Esa medidas fueron dispuestas en su momento para “reducir el impacto social” que generan los desalojos ante la presencia de “grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, por lo que Defensoría consideró que no se tuvo en cuenta ese protocolo y se dictó una orden arbitraria y contraria a derecho.

El defensor se apoyó en el único informe que existe en la causa, que no es otra cosa que el relevamiento que hizo la policía del Destacamento de Río Tala cuando al otro día de la toma pudo identificar a quienes estaban en el lugar.

Ese relevamiento dejó asentado que en las 25 viviendas, las personas en situación de toma son en su mayoría mujeres y niños, ambos grupos que deben ser especialmente protegidos.

Además, Castro cuestionó la intervención de Fiscalía —primero actuó Ramos, por turno; luego la causa pasó a Viviani, por tema— por no haber dispuesto una serie de medidas de prueba que ordena ese protocolo de actuación en estos casos antes de solicitar el desalojo.

Entre ellas, declaraciones testimoniales, croquis de Policía Científica, censo por parte de personal especializado, como trabajadores sociales, que no sólo individualice a los ocupantes sino que además establezca la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

También consideró que deberían haber intervenido agentes de organismos como la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat, que es provincial, y personal de Desarrollo Humano municipal así como del Servicio Local de Niñez.

“La toma de medidas de manera intempestiva,  desordenada y sin una planificación previa puede generar violaciones a los derechos humanos que generen responsabilidad estatal”, advirtió la Defensoría Oficial en la apelación.

Además, señaló que el Estado “tiene el deber de garantizar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la población, entre los que se encuentra, por supuesto, el derecho a una vivienda digna” y que en esta caso hay “criminalización de la pobreza”. 

En ese sentido, señaló que la Municipalidad, como denunciante, “tiene la posibilidad de demandar en sede civil  sin necesidad de criminalizar el problema”, es decir de considerar delincuentes a las personas que ocuparon de manera irregular las viviendas que abandonó la empresa Apco S. A.

Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá resolver lel recurso presentado por la Defensoría Oficial, lo que detiene por lo pronto la decisión inicial de desalojo. Si prospera el planteo, la situación será más compleja para el Municipio respecto del reclamo de restitución del inmueble.

Tras la orden judicial de desalojar las 25 viviendas usurpadas en Río Tala, que reveló La Opinión en exclusiva este martes, vecinas de la toma aseguraron que nadie se comunicó con ellos por el tema.

"No nos notificaron nada", confirmaron desde el barrio. La novedad respecto de la decisión judicial la conocieron a través de la publicación periodística de este medio.

"Queremos que venga una asistente social. Hace un mes que estamos acá, esperando nomás", dijo una vecina en diálogo con Lo Que Importa, el programa que conduce Sandra Dombrecht de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana por el canal de YouTube Sin Galera Tv.

"Acá hay más de 70 personas, con criaturas. Lo único que queremos es que nos den a pagar", dijo una de las ocupantes y cuestionó al delegado de Río Tala, Walter Díaz.

"El delegado se lavó las manos, él nos dijo que entremos a las viviendas", aseguró  y agregó: "Nos prometió muchas cosas a la hora de la votación. Nos dijo que agarremos las casas y las terminemos nosotros".

La Justicia ordenó el desalojo tras el planteo de la Municipalidad. La jueza Maiztegui dispuso además que deben intervenir la Secretaría de Desarrollo Humano y el Servicio Local de Niñez, puesto que hay menores de edad.

"La gente no está usurpando porque quiere vender, está acá porque necesitan", aseguraron desde el barrio. Las viviendas no tienen aberturas ni sanitarios ni servicios como agua o electricidad.

La empresa Apco S. A. abandonó la obra en octubre de 2023, a la espera de una redeterminación de precios que nunca llegó. A pesar de haber sido intimada, nunca retomó las tareas. 

La Justicia accedió al pedido de la Municipalidad y de la Fiscalía 7 sobre la usurpación en las 25 viviendas de Río Tala y ordenó el inmediato desalojo de las familias que se encuentran en situación de toma en el barrio.

La jueza María Eugenia Maiztegui, titular del juzgado de Garantías n.° 3 de San Nicolás, dispuso el desalojo como medida precautoria al considerar probados los planteos que hicieron el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, y la fiscala María del Valle Viviani.

Además, Maiztegui ordenó que, ante el desalojo, corresponde la intervención del Servicio Local de Niñez, para resguardar el interés superior de los menores de edad que están en situación de toma, y de la Secretaría de Desarrollo Humano, que no había concurrido hasta al momento a la toma.

El fallo llega a un mes y cinco días de la toma. Sin embargo, y a pesar de la flagrante situación de vulneración de derechos de los niños y niñas que están en el lugar, el Servicio Local de Niñez nunca tomó ningún tipo de intervención.

La Justicia consideró demostrado que las 36 personas notificadas —muchas con niños y niñas más los que llegaron después, que suman alrededor de 60 en total— tomaron de manera irregular y clandestina las 25 viviendas en construcción el 5 de febrero pasado.

Así, ordenó restituir en forma precautoria el inmueble al Municipio, mientras prosigue la causa penal en trámite por el delito en sí mismo, cometido por las personas que fueron notificadas en su momento por la policía.

La obra en construcción de ese barrio está paralizada desde octubre de 2023. El Gobierno nacional, cuando asumió el presidente Javier Milei, no accedió a los planteos de redeterminación de precios que hizo la empresa Apco, que había abandonado las tareas antes del cambio de gestión.

La empresa certificó alrededor del 60 por ciento de la obra. En el barrio se ven las viviendas erigidas bajo un sistema de construcción en seco tipo Concrehaus, sin aberturas, pisos ni sanitarios.

Este jueves se cumplieron dos semanas desde que alrededor de 60 personas, la mayoría mujeres y niños, usurparon las 25 viviendas cuya obra abandonó la empresa Apco en Río Tala.

El Gobierno municipal había pedido a la Justicia el desalojo inmediato, pero todavía no hubo novedades en la causa, que se instruyó inicialmente en la UFI 11 pero pasó a la 7, tematizada en usurpación de inmuebles.

"Acá no vino nadie", dijeron a La Opinión desde la toma. El único relevamiento que hubo lo hizo la policía para notificar a los ocupantes de la causa penal. 

No hubo ninguna otra intervención del Estado, ni siquiera del Servicio Local de Niñez, a pesar de que hay una gran cantidad de chicos viviendo en condiciones de vulnerabilidad.

Las viviendas tienen sólo las paredes, construidas bajo el sistema de construcción en seco tipo concrehaus, sin aberturas, sin sanitarios ni servicios básicos como luz y agua.

"Si pueden, informen por si alguien nos puede traer agua y mercadería para el barrio o que se acerque alguna asistente social", dijo una de las mujeres que está en las 25 viviendas a La Opinión.

Todas las unidades habitacionales están tomadas, aunque si bien en la mayoría hay personas que permanecen durante el día y la noche, en algunas la gente va y viene.

"Yo estoy en una de las casillas con mis tres nenes. Estaba alquilando y tuve que salir de donde alquilaba", contó una de las ocupantes.

"Estamos esperando que alguien se acerque a darnos novedades. Queremos alguna solución, porque hay muchos chicos. Que nos den a pagar a lo que de verdad necesitamos", planteó otra mujer.

El Gobierno municipal ratificó en la Justicia la denuncia penal por usurpación contra las personas que tomaron las 25 viviendas de Río Tala, cuya obra en construcción está paralizada desde octubre de 2023.

El subsecretario de Legal y Técnica Daniel Porta elevó el escrito como apoderado de la Municipalidad y solicitó el inmediato desalojo y restitución del predio usurpado.

"La usurpación genera perjuicios gravísimos e irreparables, con perjuicio social y afectación a 25 familias que esperan acceder a vivienda digna", señaló en el planteo ante la Fiscalía 7, tematizada en este tipo de delitos y que lleva adelante la causa.

El Gobierno pidió que la medida sea urgente porque "el paso del tiempo fortalece la posición de los usurpadores", al tiempo que incrementa la posibilidad de que sigan apareciendo construcciones precarias en el terreno.

Este jueves se cumple una semana desde que alrededor de 60 personas, la mayoría mujeres y niños, ocuparon de manera irregular las viviendas a medio construir en el predio ubicado en Fray Cayetano Rodríguez y San Martín, abandonado a su suerte desde hace más de dos años.

La empresa APCO S. A. certificó alrededor del 60 por ciento de la obra y se retiró ante el inminente cambio de gobierno en Nación, tras las elecciones de 2023, a la espera de una redeterminación de costos porque el porcentaje certificado ya había insumido 140 de los 142 millones presupuestados.

Sin respuestas, la empresa desapareció y nunca volvió. A pesar de las intimaciones del Municipio y con la prórroga de contrato vencida en marzo de 2024, APCO S. A. tiene el convenio vigente con "neutralización administrativa".

Las 25 viviendas tomadas en Río Tala a medio construir que fueron usurppadas por un grupo de familias que aseguran no tener dónde vivir corresponden a una de las obras que el Gobierno nacional dejó paralizadas en San Pedro a partir de su política de discontinuar la obra pública en todo el país.

El contrato estaba en manos de la empresa Apco S. A., que tenía un presupuesto original de 142,5 millones de pesos para la edificación de esas unidades habitacionales bajo la modalidad de construcción en seco conocida como concrehaus.

La adjudicación y correspondiente firma de contrato datan de junio de 2022. El convenio se firmó ente Apco y el Municipio, que afrontaría la obra con recursos del Ministerio de Hábitat de la Nación, tras un acuerdo con el Gobierno nacional bajo la gestión de Alberto Fernández.

Aunque el plazo de obra era de un año, la construcción fue paralizada en el porcentaje que se aprecia en el barrio en octubre de 2023, luego de que Javier Milei ganara las elecciones. 

La empresa quería una redeterminación de precios por el proceso inflacionario y esperaba el cambio de gestión. En diciembre de 2025, el entonces secretario de Obras Públicas Javier Silva informó que la obra estaba “en un 65 por ciento”.

Las viviendas tienen las paredes y el techo; algunas tienen caños de agua y de gas; había aberturas, pero se las llevaron. 

Además, los vecinos dicen que hubo otros materiales que también la empresa retiró y algunos hasta se los habría llevado la Municipalidad, refirieron.

Desde octubre de 2023 pasaron muchas cosas. Por un lado, la Municipalidad intimó a Apco S. A. a retomar las tareas abandonadas, sin respuesta alguna. Por el otro, la decisión del presidente Milei de no continuar con la obra pública en marcha.

El contrato con Apco sigue vigente, pero con "neutralización administrativa". Aunque hay dos solicitudes de rescisión por mutuo acuerdo, nunca avanzaron en esos términos porque implicaría deslindar responsabilidades a la empresa.

El Gobierno nacional no volvió a enviar recursos para la continuidad de la obra. En el presupuesto 2024, la Municipalidad incluyó alrededor de 101,7 millones de pesos que restaban transferir desde el Ministerio de Hábitat para las 25 viviendas. Pero nunca llegaron.

Una serie de robos y hechos vandálicos despertaron la alerta respecto del riesgo de usurpación. El jueves pasado, finalmente, la advertencia se cumplió: alrededor de 60 personas ingresaron al predio y tomaron las 25 viviendas, e incluso delimitaron porciones del terreno para construir habitaciones precarias.

Este sábado por la mañana, un grupo de mujeres que forman parte de las familias que usurparon las 25 viviendas de Río Tala cuya construcción está abandonada hace más de dos años recibieron al móvil de La Opinión & Sin Galera.

Aunque hubo cierta hostilidad de algunos varones que también están en la toma, el grupo decidido a hablar se expresó con claridad durante casi una hora para contar por qué estaban ahí, dónde vivían antes y las necesidades que atraviesan.

La toma comenzó el jueves alrededor de las 19.00. Las personas que se expresaron coincidieron en señalar que en varias oportunidades, ante la necesidad habitacional, habían ido a hablar con el delegado municipal, Walter Díaz.

Sorprendió que repitieran que cada vez, ante la imposibilidad de resolver esos problemas, él les dijera, según aseguraron, que si querían usurpar, que lo hicieran.

El jueves, contaron, decidieron entrar y lo hicieron en grupos más o menos organizados. Más tarde, revelaron, se fueron sumando otras personas, entre ellos "jóvenes solos, que no sabemos cuáles son sus intenciones, pero también están" en la usurpación.

La Opinión confirmó lo que el relevamiento policial del viernes había dejado asentado: la mayoría de las personas en la toma son mujeres y niños. Dentro de las viviendas, que sólo tienen las paredes y el techo, hay colchones en los que duermen.

Afuera, en los patios, hay restos de fogones en los que cocinan. Además, ya hay instaladas algunas precarias construcciones de nylon y palos, y hasta hay espacios delimitados con sogas donde, revelaron quienes atendieron a este medio, demarcaron para disponer chapas y cartones para construir un rancho.

La Opinión llegó al lugar por calle San Martín. En la intersección con Fray Cayetano Rodríguez, donde algunas viviendas tienen grafitis pintados con aerosol verde, el grupo esperaba para hablar. "Algunos no quieren dar la cara", se quejaron.

"La gente no tiene dónde vivir. Están en situación de calle o andan de acá para allá, agregados", relataron. "La mayoría es gente que no tiene nada", aseguraron.

"El delegado les dijo a todos que él no tenía los materiales suficiente para darle a la gente, y que se querían tomar, que tomen", contaron en el barrio.

A Walter Díaz no sólo lo acusaron de haberles dicho "si quieren tomar, que tomen" sino que además lo cuestionaron por haber radicado la denuncia. "No tiene gollete, que venga a dar la cara y diga la verdad", pidieron.

Las familias en situación de toma solicitaron "un censo" para que "vean la necesidad" de cada una porque, sostuvieron, pretenden que la Municipalidad les asigne la vivienda que usurparon y establezca un plan de pago.

"Que las den a pagar y que la gente vaya, de a poquito,  arreglando las casas", señalaron. Mientras tanto, pasan los días y las noches sin luz, sin agua, sin sanitarios.

La causa penal comenzó a tramitar en la Fiscalía 11 por cuestiones de turno, pero tras el relevamiento de la policía y la notificación a los ocupantes, la fiscala Ramos remitió las actuaciones a la UFI 7, que conduce María del Valle Viviani, tematizada en usurpación de inmuebles.

Hasta el momento no hubo otra medida judicial más que ese relevamiento. No hay custodia preventiva ni impedimento alguno para que sean tomadas algunas de las viviendas que fueron abandonadas por los ocupantes originales o para que sigan delimitando terrenos dentro del predio para "lotear".

El barrio 25 viviendas de Río Tala comenzó a construirse en 2023 con recursos del Estado nacional. Cuando Javier Milei ganó las elecciones, la empresa Apco, adjudicataria de la obra, paralizó las tareas y pidió redeterminación de precios.

Desde entonces, la obra está parada y abandonada. El Gobierno nacional, en el marco de su política de no reanudar obras públicas, no volvió a enviar recursos para la continuidad de las tareas y la empresa hizo caso omiso a las intimaciones municipales.

La Justicia logró identificar a las personas que protagonizan la toma del barrio 25 viviendas en Río Tala, cuya obra en construcción está parada desde hace más de dos años.

Son alrededor de 60 personas, distribuidas en 25 familias, una por unidad habitacional. La mayoría está compuesta por mujeres y niños. Hay 25 adultos notiticados por Fiscalía por el delito de usurpación de inmuebles.

El relevamiento lo hizo la policía, bajo la coordinación del jefe del destacamento de Río Tala, Yoel Turci. Aunque el jueves la gente se había mostrado hostil a la presencia policial, este viernes estuvieron colaborativos.

Así, de cada vivienda relevaron datos de las personas que están en situación de toma para que la Justicia disponga los pasos a seguir respecto de la causa penal, que comenzó en la Fiscalía de Ramos, por turno, pero pasa a la órbita de la de Viviani, tematizada en usurpación de inmuebles.

Las 25 viviendas de Río Tala corresponden a una obra financiada por el Gobierno nacional durante la gestión de Alberto Fernández y que quedó paralizada tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023.

La empresa adjudicataria de la obra, APCO S. A., abandonó la obra y a pesar de haber sido intimada por la Municipalidad, nunca retomó. El Gobierno local no volvió a recibir recursos de Nación para la continuidad de la construcción.

Las viviendas están a medio construir, con las paredes y los techos, pero sin aberturas, porque se las robaron, y sin servicios como agua, luz o cloacas, y sin sanitarios.

“¿Yo podría presentarme como damnificado?, porque a mi me estafaron Lilí”, preguntó uno de los que festejó a la salida del Club Independencia el 25 de Febrero de 2023 cuando más de 700 personas participaron del sorteo al que habían sido convocadas las familias que se inscribieron, entregaron su documentación, fueron seleccionadas y luego en un acto transparente lograron su preadjudicación. Es que la persona en cuestión, ya no está con su pareja y ahora piensa en la situación que se le avecina. 

Ignoraban que el municipio había sido intimado por la empresa Arcor y mucho más que sería contratada una empresa que una y otra vez pedía dinero para ejecutar obras de manera deficiente, incompleta y mal contratada.

Sólo se recuerda un pedido de informes de la Concejal Florencia Sánchez que fue enviado a comisión, con la complicidad de los bloques opositores y ahora uno que presentó Martín Rivas y que el lunes tendrá el mismo destino, salvo que alguno recapacite.

La periodista detalló uno a uno los decretos y los montos de las obras en una sucesión que impacta porque además la semana pasada Arcor demandó a los funcionarios por delitos que la justicia deberá determinar.

El 3 de diciembre de 2021 se rompió el sistema de bombeo del tanque de agua que abastece a la ciudad. La reparación duró poco y esa construcción que resiste desde la década del 80 necesita de una restauración profunda que según anunció el responsable de la red de agua potable, Jorge Ponzio, ya había estudiado el Ingeniero Romeo Cester.

La licitación fracasó y el verano llegó con tan escaso suministro que la población estalló en quejas y demandas durante todo el mes de diciembre y lo que se lleva transitado de enero. La ilegalidad de las bombas cisternas domiciliarias ya se hizo costumbre y la dilación de la decisión de instalar medidores nunca se llevó a cabo.

“Fue una decisión de adjudicación directa del Intendente y el Secretario de Hacienda”, respondio Ponzio a este medio cuando se supo que la misma empresa que construye viviendas en Río Tala será la que se haga cargo de la puesta en marcha del tanque copa. Hasta la semana pasada esa era la noticia pero justamente hoy lunes, reasume Ramón Salazar y se espera la palabra final de los técnicos de la firma para cerrar los últimos detalles.

La característica de esta contratación directa es que al igual que con todas las obras que se concretan sin licitación está reservado a cooperativas. “Lo importante es que los trabajos se realicen como se planearon, esta gente se pondría en contacto con Cester para clarificar los detalles”, dijo Ponzio respecto a quienes en la tarde del jueves llegaron a San Pedro para evaluar la tarea.

La Opinión consultó a dos de los integrantes de la empresa, el jueves estuvieron en San Pedro para intentar llegar a alguna conclusión pero el viernes, uno de ellos indicó que “por el momento no se avanzó con el contrato” y se puso a disposición para brindar más información en las próximas horas.