El desalojo de la usurpación de las 25 viviendas de Río Tala sólo podrá hacerse efectivo una vez que se haya puesto en marcha el protocolo que establece la Corte Suprema para este tipo de casos y que incluye un informe socioambiental de las familias que están en situación de toma.

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones, que hizo lugar al planteo de la Defensoría Oficial que conduce Joaquín Castro, quien había señalado que en el fallo que ordenaba desalojar el barrio la jueza Maiztegui había omitido cumplir con ese protocolo.

La Cámara advirtió que la magistrada no acató las medidas establecidas por esa normativa, que establece "pautas de actuación destinadas a garantizar el respeto de derechos fundamentales en contextos de especial conflictividad social".

Para ese protocolo es fundamental que ante casos de usurpación masiva de inmuebles haya un relevamiento de la situación socioambiental de los ocupantes e intervención de los organismos estatales competentes, como el Servicio Local de Niñez, puesto que hay una gran cantidad de menores de edad en la toma.

Además, señalaron que en la resolución inicial "no se pondera la existencia de alternativas menos lesivas, como tampoco se efectúa un juicio de proporcionalidad respecto del impacto del desalojo sobre las personas involucradas".

Los jueces consideraron que si bien no se puede permitir la "continuidad de una apropiación irregular", el Estado "debe tener una consideración primordial de los grupos en situación de vulnerabilidad social".

El denominado "protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad" rige por mandato de la Corte Suprema bonaerense desde 2019.

Contiene directrices para garantizar la debida intervención ante usurpaciones masivas, que implique la restitución del bien pero también el respeto por las garantías constitucionales y los derechos humanos de los ocupantes.

De la misma manera, busca "reducir el impacto social" que pueda generar el desalojo, especialmente en mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos vulnerables.

El protocolo indica que antes de ordenar la restitución preventiva del inmueble, debe haber un completo informe de los hechos, con testimonios, croquis de Policía Científica y detalles planimétricos aportados por especialistas.

Además, dispone un "censo, encuesta o informe socioambiental" en el que consten los bienes personales de los ocupantes y la intervención de organismos como el Servicio Local de Niñez, la Subsecretaría Social de Tierras y acceso Justo al Hábitat provincial, la Defensoría del Pueblo, la Asesoría de Incapaces, entre otros.

Todo ello en procura de hallar soluciones alternativas al desalojo, como el retiro voluntario de los ocupantes. Si no ocurriera, a la hora de desalojar deben estar las oficinas municipales como Desarrollo Humano y Servicio Local; la Secretaría de Derechos Humanos provincial; y la Subsecretaría de Acceso Justo al Hábitat.

Como la Cámara de Apelaciones ordenó devolver al Juzgado de Garantías de origen el expediente, será la jueza Maiztegui la que deba poner en marcha todo lo que establece el protocolo, con la notificación correspondiente a cada organismo para que tome intervención.

Así, el desalojo que dictó la Justicia deberá esperar el cumplimiento de todas esas medidas previas para luego sí proceder, si corresponde, a desalojar a quienes el 5 de febrero pasado tomaron las 25 viviendas que la empresa Apco S. A. abandonó a medio construir tras el cambio de gobierno nacional en 2023.

Para proceder al desalojo de la usurpación de las 25 viviendas de Río Tala, la Justicia deberá resolver el recurso de apelación que presentó la Defensoría Oficial a cargo de Joaquín Castro, que consideró que la jueza Maiztegui no respetó el protocolo vigente para este tipo de casos y recurrió la resolución dictada este martes.

El defensor oficial advirtió que antes de ordenar el desalojo debían cumplirse una serie de pasos que están protocolizados por la Corte Suprema de Justicia bonaerense para situaciones en las que deben abordarse tomas masivas de terrenos o viviendas.

Esa medidas fueron dispuestas en su momento para “reducir el impacto social” que generan los desalojos ante la presencia de “grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, por lo que Defensoría consideró que no se tuvo en cuenta ese protocolo y se dictó una orden arbitraria y contraria a derecho.

El defensor se apoyó en el único informe que existe en la causa, que no es otra cosa que el relevamiento que hizo la policía del Destacamento de Río Tala cuando al otro día de la toma pudo identificar a quienes estaban en el lugar.

Ese relevamiento dejó asentado que en las 25 viviendas, las personas en situación de toma son en su mayoría mujeres y niños, ambos grupos que deben ser especialmente protegidos.

Además, Castro cuestionó la intervención de Fiscalía —primero actuó Ramos, por turno; luego la causa pasó a Viviani, por tema— por no haber dispuesto una serie de medidas de prueba que ordena ese protocolo de actuación en estos casos antes de solicitar el desalojo.

Entre ellas, declaraciones testimoniales, croquis de Policía Científica, censo por parte de personal especializado, como trabajadores sociales, que no sólo individualice a los ocupantes sino que además establezca la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

También consideró que deberían haber intervenido agentes de organismos como la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat, que es provincial, y personal de Desarrollo Humano municipal así como del Servicio Local de Niñez.

“La toma de medidas de manera intempestiva,  desordenada y sin una planificación previa puede generar violaciones a los derechos humanos que generen responsabilidad estatal”, advirtió la Defensoría Oficial en la apelación.

Además, señaló que el Estado “tiene el deber de garantizar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la población, entre los que se encuentra, por supuesto, el derecho a una vivienda digna” y que en esta caso hay “criminalización de la pobreza”. 

En ese sentido, señaló que la Municipalidad, como denunciante, “tiene la posibilidad de demandar en sede civil  sin necesidad de criminalizar el problema”, es decir de considerar delincuentes a las personas que ocuparon de manera irregular las viviendas que abandonó la empresa Apco S. A.

Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá resolver lel recurso presentado por la Defensoría Oficial, lo que detiene por lo pronto la decisión inicial de desalojo. Si prospera el planteo, la situación será más compleja para el Municipio respecto del reclamo de restitución del inmueble.

Tras la orden judicial de desalojar las 25 viviendas usurpadas en Río Tala, que reveló La Opinión en exclusiva este martes, vecinas de la toma aseguraron que nadie se comunicó con ellos por el tema.

"No nos notificaron nada", confirmaron desde el barrio. La novedad respecto de la decisión judicial la conocieron a través de la publicación periodística de este medio.

"Queremos que venga una asistente social. Hace un mes que estamos acá, esperando nomás", dijo una vecina en diálogo con Lo Que Importa, el programa que conduce Sandra Dombrecht de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana por el canal de YouTube Sin Galera Tv.

"Acá hay más de 70 personas, con criaturas. Lo único que queremos es que nos den a pagar", dijo una de las ocupantes y cuestionó al delegado de Río Tala, Walter Díaz.

"El delegado se lavó las manos, él nos dijo que entremos a las viviendas", aseguró  y agregó: "Nos prometió muchas cosas a la hora de la votación. Nos dijo que agarremos las casas y las terminemos nosotros".

La Justicia ordenó el desalojo tras el planteo de la Municipalidad. La jueza Maiztegui dispuso además que deben intervenir la Secretaría de Desarrollo Humano y el Servicio Local de Niñez, puesto que hay menores de edad.

"La gente no está usurpando porque quiere vender, está acá porque necesitan", aseguraron desde el barrio. Las viviendas no tienen aberturas ni sanitarios ni servicios como agua o electricidad.

La empresa Apco S. A. abandonó la obra en octubre de 2023, a la espera de una redeterminación de precios que nunca llegó. A pesar de haber sido intimada, nunca retomó las tareas. 

La Justicia accedió al pedido de la Municipalidad y de la Fiscalía 7 sobre la usurpación en las 25 viviendas de Río Tala y ordenó el inmediato desalojo de las familias que se encuentran en situación de toma en el barrio.

La jueza María Eugenia Maiztegui, titular del juzgado de Garantías n.° 3 de San Nicolás, dispuso el desalojo como medida precautoria al considerar probados los planteos que hicieron el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, y la fiscala María del Valle Viviani.

Además, Maiztegui ordenó que, ante el desalojo, corresponde la intervención del Servicio Local de Niñez, para resguardar el interés superior de los menores de edad que están en situación de toma, y de la Secretaría de Desarrollo Humano, que no había concurrido hasta al momento a la toma.

El fallo llega a un mes y cinco días de la toma. Sin embargo, y a pesar de la flagrante situación de vulneración de derechos de los niños y niñas que están en el lugar, el Servicio Local de Niñez nunca tomó ningún tipo de intervención.

La Justicia consideró demostrado que las 36 personas notificadas —muchas con niños y niñas más los que llegaron después, que suman alrededor de 60 en total— tomaron de manera irregular y clandestina las 25 viviendas en construcción el 5 de febrero pasado.

Así, ordenó restituir en forma precautoria el inmueble al Municipio, mientras prosigue la causa penal en trámite por el delito en sí mismo, cometido por las personas que fueron notificadas en su momento por la policía.

La obra en construcción de ese barrio está paralizada desde octubre de 2023. El Gobierno nacional, cuando asumió el presidente Javier Milei, no accedió a los planteos de redeterminación de precios que hizo la empresa Apco, que había abandonado las tareas antes del cambio de gestión.

La empresa certificó alrededor del 60 por ciento de la obra. En el barrio se ven las viviendas erigidas bajo un sistema de construcción en seco tipo Concrehaus, sin aberturas, pisos ni sanitarios.

Este jueves se cumplieron dos semanas desde que alrededor de 60 personas, la mayoría mujeres y niños, usurparon las 25 viviendas cuya obra abandonó la empresa Apco en Río Tala.

El Gobierno municipal había pedido a la Justicia el desalojo inmediato, pero todavía no hubo novedades en la causa, que se instruyó inicialmente en la UFI 11 pero pasó a la 7, tematizada en usurpación de inmuebles.

"Acá no vino nadie", dijeron a La Opinión desde la toma. El único relevamiento que hubo lo hizo la policía para notificar a los ocupantes de la causa penal. 

No hubo ninguna otra intervención del Estado, ni siquiera del Servicio Local de Niñez, a pesar de que hay una gran cantidad de chicos viviendo en condiciones de vulnerabilidad.

Las viviendas tienen sólo las paredes, construidas bajo el sistema de construcción en seco tipo concrehaus, sin aberturas, sin sanitarios ni servicios básicos como luz y agua.

"Si pueden, informen por si alguien nos puede traer agua y mercadería para el barrio o que se acerque alguna asistente social", dijo una de las mujeres que está en las 25 viviendas a La Opinión.

Todas las unidades habitacionales están tomadas, aunque si bien en la mayoría hay personas que permanecen durante el día y la noche, en algunas la gente va y viene.

"Yo estoy en una de las casillas con mis tres nenes. Estaba alquilando y tuve que salir de donde alquilaba", contó una de las ocupantes.

"Estamos esperando que alguien se acerque a darnos novedades. Queremos alguna solución, porque hay muchos chicos. Que nos den a pagar a lo que de verdad necesitamos", planteó otra mujer.

El Gobierno municipal ratificó en la Justicia la denuncia penal por usurpación contra las personas que tomaron las 25 viviendas de Río Tala, cuya obra en construcción está paralizada desde octubre de 2023.

El subsecretario de Legal y Técnica Daniel Porta elevó el escrito como apoderado de la Municipalidad y solicitó el inmediato desalojo y restitución del predio usurpado.

"La usurpación genera perjuicios gravísimos e irreparables, con perjuicio social y afectación a 25 familias que esperan acceder a vivienda digna", señaló en el planteo ante la Fiscalía 7, tematizada en este tipo de delitos y que lleva adelante la causa.

El Gobierno pidió que la medida sea urgente porque "el paso del tiempo fortalece la posición de los usurpadores", al tiempo que incrementa la posibilidad de que sigan apareciendo construcciones precarias en el terreno.

Este jueves se cumple una semana desde que alrededor de 60 personas, la mayoría mujeres y niños, ocuparon de manera irregular las viviendas a medio construir en el predio ubicado en Fray Cayetano Rodríguez y San Martín, abandonado a su suerte desde hace más de dos años.

La empresa APCO S. A. certificó alrededor del 60 por ciento de la obra y se retiró ante el inminente cambio de gobierno en Nación, tras las elecciones de 2023, a la espera de una redeterminación de costos porque el porcentaje certificado ya había insumido 140 de los 142 millones presupuestados.

Sin respuestas, la empresa desapareció y nunca volvió. A pesar de las intimaciones del Municipio y con la prórroga de contrato vencida en marzo de 2024, APCO S. A. tiene el convenio vigente con "neutralización administrativa".

Las 25 viviendas tomadas en Río Tala a medio construir que fueron usurppadas por un grupo de familias que aseguran no tener dónde vivir corresponden a una de las obras que el Gobierno nacional dejó paralizadas en San Pedro a partir de su política de discontinuar la obra pública en todo el país.

El contrato estaba en manos de la empresa Apco S. A., que tenía un presupuesto original de 142,5 millones de pesos para la edificación de esas unidades habitacionales bajo la modalidad de construcción en seco conocida como concrehaus.

La adjudicación y correspondiente firma de contrato datan de junio de 2022. El convenio se firmó ente Apco y el Municipio, que afrontaría la obra con recursos del Ministerio de Hábitat de la Nación, tras un acuerdo con el Gobierno nacional bajo la gestión de Alberto Fernández.

Aunque el plazo de obra era de un año, la construcción fue paralizada en el porcentaje que se aprecia en el barrio en octubre de 2023, luego de que Javier Milei ganara las elecciones. 

La empresa quería una redeterminación de precios por el proceso inflacionario y esperaba el cambio de gestión. En diciembre de 2025, el entonces secretario de Obras Públicas Javier Silva informó que la obra estaba “en un 65 por ciento”.

Las viviendas tienen las paredes y el techo; algunas tienen caños de agua y de gas; había aberturas, pero se las llevaron. 

Además, los vecinos dicen que hubo otros materiales que también la empresa retiró y algunos hasta se los habría llevado la Municipalidad, refirieron.

Desde octubre de 2023 pasaron muchas cosas. Por un lado, la Municipalidad intimó a Apco S. A. a retomar las tareas abandonadas, sin respuesta alguna. Por el otro, la decisión del presidente Milei de no continuar con la obra pública en marcha.

El contrato con Apco sigue vigente, pero con "neutralización administrativa". Aunque hay dos solicitudes de rescisión por mutuo acuerdo, nunca avanzaron en esos términos porque implicaría deslindar responsabilidades a la empresa.

El Gobierno nacional no volvió a enviar recursos para la continuidad de la obra. En el presupuesto 2024, la Municipalidad incluyó alrededor de 101,7 millones de pesos que restaban transferir desde el Ministerio de Hábitat para las 25 viviendas. Pero nunca llegaron.

Una serie de robos y hechos vandálicos despertaron la alerta respecto del riesgo de usurpación. El jueves pasado, finalmente, la advertencia se cumplió: alrededor de 60 personas ingresaron al predio y tomaron las 25 viviendas, e incluso delimitaron porciones del terreno para construir habitaciones precarias.

Este sábado por la mañana, un grupo de mujeres que forman parte de las familias que usurparon las 25 viviendas de Río Tala cuya construcción está abandonada hace más de dos años recibieron al móvil de La Opinión & Sin Galera.

Aunque hubo cierta hostilidad de algunos varones que también están en la toma, el grupo decidido a hablar se expresó con claridad durante casi una hora para contar por qué estaban ahí, dónde vivían antes y las necesidades que atraviesan.

La toma comenzó el jueves alrededor de las 19.00. Las personas que se expresaron coincidieron en señalar que en varias oportunidades, ante la necesidad habitacional, habían ido a hablar con el delegado municipal, Walter Díaz.

Sorprendió que repitieran que cada vez, ante la imposibilidad de resolver esos problemas, él les dijera, según aseguraron, que si querían usurpar, que lo hicieran.

El jueves, contaron, decidieron entrar y lo hicieron en grupos más o menos organizados. Más tarde, revelaron, se fueron sumando otras personas, entre ellos "jóvenes solos, que no sabemos cuáles son sus intenciones, pero también están" en la usurpación.

La Opinión confirmó lo que el relevamiento policial del viernes había dejado asentado: la mayoría de las personas en la toma son mujeres y niños. Dentro de las viviendas, que sólo tienen las paredes y el techo, hay colchones en los que duermen.

Afuera, en los patios, hay restos de fogones en los que cocinan. Además, ya hay instaladas algunas precarias construcciones de nylon y palos, y hasta hay espacios delimitados con sogas donde, revelaron quienes atendieron a este medio, demarcaron para disponer chapas y cartones para construir un rancho.

La Opinión llegó al lugar por calle San Martín. En la intersección con Fray Cayetano Rodríguez, donde algunas viviendas tienen grafitis pintados con aerosol verde, el grupo esperaba para hablar. "Algunos no quieren dar la cara", se quejaron.

"La gente no tiene dónde vivir. Están en situación de calle o andan de acá para allá, agregados", relataron. "La mayoría es gente que no tiene nada", aseguraron.

"El delegado les dijo a todos que él no tenía los materiales suficiente para darle a la gente, y que se querían tomar, que tomen", contaron en el barrio.

A Walter Díaz no sólo lo acusaron de haberles dicho "si quieren tomar, que tomen" sino que además lo cuestionaron por haber radicado la denuncia. "No tiene gollete, que venga a dar la cara y diga la verdad", pidieron.

Las familias en situación de toma solicitaron "un censo" para que "vean la necesidad" de cada una porque, sostuvieron, pretenden que la Municipalidad les asigne la vivienda que usurparon y establezca un plan de pago.

"Que las den a pagar y que la gente vaya, de a poquito,  arreglando las casas", señalaron. Mientras tanto, pasan los días y las noches sin luz, sin agua, sin sanitarios.

La causa penal comenzó a tramitar en la Fiscalía 11 por cuestiones de turno, pero tras el relevamiento de la policía y la notificación a los ocupantes, la fiscala Ramos remitió las actuaciones a la UFI 7, que conduce María del Valle Viviani, tematizada en usurpación de inmuebles.

Hasta el momento no hubo otra medida judicial más que ese relevamiento. No hay custodia preventiva ni impedimento alguno para que sean tomadas algunas de las viviendas que fueron abandonadas por los ocupantes originales o para que sigan delimitando terrenos dentro del predio para "lotear".

El barrio 25 viviendas de Río Tala comenzó a construirse en 2023 con recursos del Estado nacional. Cuando Javier Milei ganó las elecciones, la empresa Apco, adjudicataria de la obra, paralizó las tareas y pidió redeterminación de precios.

Desde entonces, la obra está parada y abandonada. El Gobierno nacional, en el marco de su política de no reanudar obras públicas, no volvió a enviar recursos para la continuidad de las tareas y la empresa hizo caso omiso a las intimaciones municipales.

La Justicia logró identificar a las personas que protagonizan la toma del barrio 25 viviendas en Río Tala, cuya obra en construcción está parada desde hace más de dos años.

Son alrededor de 60 personas, distribuidas en 25 familias, una por unidad habitacional. La mayoría está compuesta por mujeres y niños. Hay 25 adultos notiticados por Fiscalía por el delito de usurpación de inmuebles.

El relevamiento lo hizo la policía, bajo la coordinación del jefe del destacamento de Río Tala, Yoel Turci. Aunque el jueves la gente se había mostrado hostil a la presencia policial, este viernes estuvieron colaborativos.

Así, de cada vivienda relevaron datos de las personas que están en situación de toma para que la Justicia disponga los pasos a seguir respecto de la causa penal, que comenzó en la Fiscalía de Ramos, por turno, pero pasa a la órbita de la de Viviani, tematizada en usurpación de inmuebles.

Las 25 viviendas de Río Tala corresponden a una obra financiada por el Gobierno nacional durante la gestión de Alberto Fernández y que quedó paralizada tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023.

La empresa adjudicataria de la obra, APCO S. A., abandonó la obra y a pesar de haber sido intimada por la Municipalidad, nunca retomó. El Gobierno local no volvió a recibir recursos de Nación para la continuidad de la construcción.

Las viviendas están a medio construir, con las paredes y los techos, pero sin aberturas, porque se las robaron, y sin servicios como agua, luz o cloacas, y sin sanitarios.

La toma de las 25 viviendas cuya obra fue abandonada a fines de 2023 en Río Tala tiene a decenas de familias como responsables de una ocupación irregular cuya causa penal comenzó en la Fiscalía de Viviana Ramos pero deberá pasar a la de María del Valle Viviani, tematizada en  usurpación de inmuebles.

La policía no pudo identificar el viernes por la tarde a quienes antes de las 19.00 se presentaron, todo indica que organizados previamente, para meterse en las viviendas abandonadas por la empresa Apco S. A. en plena construcción y antes del cambio de gobierno a nivel nacional, que financiaba la obra.

Las familias que se distribuyeron las viviendas pasaron la noche en las unidades habitacionales a medio construir, lo que implica que durmieron sin ventanas ni puertas, en edificaciones que carecen de servicios básicos como agua y electricidad, y que tampoco tienen sanitarios instalados.

Por la noche se pudo ver cómo en la mayoría de las viviendas encendieron fuego, acaso para cocinar o alumbrar la zona, puesto que las temperaturas no ameritaban fogatas para calefaccionar.

La policía organizó rondas de custodia, a la espera de la decisión judicial respecto de cómo avanzar para la identificación de las personas que están en situación de toma y que, a los efectos de la causa penal, serán acusados por el delito de usurpación.

Para ingresar al predio, tuvieron que violentar el alambrado perimetral pero no mucho más. El barrio carecía de custodia y los vecinos de Río Tala habían advertido en varias oportunidades el riesgo de intrusión, sobre todo luego de que el lugar fuera objeto de robos.

Fiscalía definirá si instruye a la policía para la identificación y notificación de quienes están en situación de toma o bien solicita colaboración de la Municipalidad para que la tarea se lleve adelante con profesionales del trabajo social.

La publicación de La Opinión que informó que el Gobierno irá a la Justicia contra Apco S. A, la empresa que cobró y abandonó la obra del tanque copa, desató la polémica en las redes sociales.

Alejandro pidió que se investigue a fondo: “No vaya a ser cosa que la plata esté en otro lado y los únicos que no sepan sean ustedes. Todos sabemos que el municipio nunca paga en tiempo y forma. Si salió plata antes para la empresa, es rarísimo, ¿no?”.

Cari también se preguntó: “¿Y por qué pagan antes de finalizar la obra?” y Bernardo indicó: “Otra más de estos inoperantes que nos gobiernan”.

Horacio supuso: “Si abandonó la obra, seguramente no le pagaron”, aunque la empresa contratada cobró alrededor del 70 por ciento del contrato, pero apenas cumplió con la mitad de las tareas acordadas. 

Sergio aprovechó para sumar otro reclamo: “Ya que están, podrían reclamar por la calle San Lorenzo (se refiere a Juan Ismael Giménez). No se terminó y se está rompiendo. Obra mal hecha y seguro se pagó o fue al bolsillo de alguien. Ahora empiezan porque quieren sumar votos. Se les viene la noche” y Elsa recordó: “La calle la terminaron los municipales, creo. Cómo se tragaron la plata”.

Luciano fue directo: “Dejá de estirar las cosas y ponete a terminar las obras, que se viene el verano”.

Daniel compartió: “Me acuerdo que personal de Obras Sanitarias me dijo que ellos podían arreglar eso, pero que Cecilio estaba esperando la plata que Coopser nos cobra todos los meses. Habían pasado un presupuesto millonario cuando se arreglaba con poco. Ya todos sabemos los chorros que son, pero bueh”.

Galli ironizó sobre los tiempos de reacción: “Qué casualidad, después de cuatro años van a la Justicia. ¿No se habían dado cuenta que no se hizo el trabajo? Se pasan”.

Patricia escribió: “Tic tac tic tac, el reloj no se detiene. Se vienen las elecciones y hay que hacer en meses lo que no se hizo en años”.

Enzo comentó: “Tendría que haber elecciones todos los años. Lo linda que estaría la ciudad” y Adan lanzó: “Bueno, preparemos como antes ¡bombas a mano!”.

El 3 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que el tanque copa quedó fuera de servicio afectando el abastecimiento de agua en toda la ciudad. 

Desde la subsecretaría de Legal y Técnica de la Municipalidad anticiparon que preparan una demanda por daños y perjuicios contra la firma, que sólo cumplió con la mitad del contrato acordado. 

El 3 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que el tanque copa quedó fuera de servicio, cuya reparación comenzó un año y medio más tarde, pero quedo trunca porque la empresa abandonó la obra. Ahora, el Municipio va a la Justicia.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, confirmó a La Opinión que prepara la demanda por daños y perjuicios para accionar en la Justicia civil y comercial contra la firma Apco S. A., que cobró alrededor del 70 por ciento del contrato pero apenas cumplió con la mitad de lo acordado.

Apco, empresa con sede en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, asumió la obra a mediados de 2023, en plena campaña electoral, con un presupuesto de casi 70 millones de pesos provenientes de las reservas del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, y en el medio subcontrató a personal de la cooperatia Grupo Alfa.

El contrato era para el reemplazo de las tuberías metálicas por otras de poliéster reforzado con fibra vidrio (PRFV) y reparaciones edilicias menores. El plazo de ejecución era de tres meses, pero la obra quedó paralizada tras el retiro de los caños deteriorados.

En noviembre del año pasado, el Municipio intimó a la empresa a retomar la obra ante la constatación de que faltaba reemplazar la cañería principal, colocar los ventanales en la escalera, arreglar y pintar la puerta, y conectar la red de agua para que el tanque copa vuelva a operar.

La certificación de obra existente indicaba que sólo se había cumplido con el 54 por ciento del total, a pesar de que Apco cobró casi 48 millones de pesos del presupuesto, es decir alrededor del 70 por ciento.

Apco presentó una propuesta de readecuación que llevaba el monto de obra a 138 millones, lo que fue rechazado por el Gobierno municipal, puesto que el contrato establecía que no se podía modificar el monto de la obra.

En pleno proceso inflacionario del tramo final de la gestión de Alberto Fernández en Nación, la empresa nunca compró los caños y la devaluación posterior implicó mayores dificultades para hacer frente al compromiso.

En enero hubo una coinspección n escribano público, tras lo que el Municipio rescindió el contrato. Apco interpuso un recurso de reconsideración, que el Gobierno rechazó por extemporáneo y ratificó la decisión de dar por terminado el convenio.

Así, ahora el Estado local está en condiciones de ir a la Justicia para reclamar daños y perjuicios devenidos del incumplimiento de la obra por parte de la empresa adjudicataria.

Mientras tanto, el 3 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que San Pedro tiene fuera de servicio el tanque copa, lo que implicará que, una vez más, el abastecimiento se vea complicado en el verano por falta de presión.

No hace falta volver a listar las obras, los decretos y las certificaciones que beneficiaron a ALFA, 8 de Diciembre y APCO, los tres nombres con los que operan un grupo de empresarios quilmeños que bajo la denominación de cooperativa de trabajo, lograron eludir todo tipo de acción judicial y control por parte de quienes deberían defender la administración de recursos públicos.

Es “llamativo” que nadie publique qué sucede con los terrenos de Nuestro Sueño, el tanque copa, las 84 viviendas, las falencias en el adoquinado de 11 de Septiembre y la infinidad de tareas que había que terminar en el barrio La Tosquera. Desde la gestión de Cecilio Salazar el silencio es asombroso. Están más preocupados por ayudar a quienes estafaron a los argentinos que por reclamar por lo que firmaron. 

Los vecinos sampedrinos tampoco hablan. No quieren pagar las consecuencias de relatar lo que se les dice en grupos privados y públicos porque muchos creen que esa pequeña ventaja que pueden obtener los mantiene “al calor del amo”. Efectivamente, es tal la relación que han trabado que hasta “estar colgado de la luz” es bien visto por todos. 

El martes comenzó otro capítulo perverso para quienes ilusionados con sus casas y el sorteo que los liberó de pagar un alquiler, ven de qué modo se los va llamando para repartir elementos que figuraban como existentes en las certificaciones y que ahora servirán para culpar a los beneficiarios del desmadre que se produjo cuando se abrireron las puertas para que cada familia ocupe su casa.

Martes y miércoles, de 13 a 17 y con transporte a pagar por cada vecino se entregaron en Mateo Sbert y Boulevard Moreno nuevose elementos. Algunos estaban contentos porque tienen “línea directa con la municipalidad”; es decir, creen ser privilegiados y no cómplices. Es más, en algunos casos recibieron revestimientos de PVC para el baño o pintura.

Respecto de la causa que ahora tramita en la fiscalía de Baradero no hay novedades que indiquen avances. Tras la feria judicial habrá que verificar si además de la denuncia contra funcionarios se adoptan medidas preventivas para secuestrar documentación que pueda ser importante para resguardar a los vecinos que ingresaron al barrio y mejoraron sus casas. 

Hay otra noticia que este medio pudo confirmar: ya hay casas reasignadas a suplentes porque sus preadjudicatarios titulares desistieron y firmaron su renuncia al plan. Pasaron cinco meses desde aquel día en el que se selló la suerte de estas familias que hoy están divididas y enfrentadas porque a los “que le tocaron las casas más terminadas” se los ve como privilegiados y a los que “no tenían nada” como los que tapan todo para proteger a los estafadores que los ilusionaron. Olvidaron su derecho a reclamar por las casas terminadas, los servicios instalados y la construcción deficiente.

En junio de 2022 se firmó el contrato por 142 millones de pesos para la construcción de 25 viviendas en Río Tala. El plazo para terminarlas: un año. O sea que deberían haber sido entregadas a sus adjudicatarios —aquí no hubo sorteo— en julio de 2023. 

El dinero venía del Ministerio de Hábitat de Nación. Ramón Salazar como intendente, Javier Silva como secretario de Obras, Fabián Rodríguez como secretario de Economía y la empresa APCO rubricaron el compromiso.

No sólo no cumplieron sino que en septiembre de 2023, un mes después de las elecciones primarias comenzaron los problemas. Apareció la UOCRA, “sorprendida” por la falta de pago a los monotributistas sociales. 

Las cifras fueron actualizadas de acuerdo al índice de construcción y, aun así, continuaban las demoras. 

Al igual que en las 84 viviendas, los obreros eran contratados por las mismas personas pese a que pertenecían a adjudicatarios diferentes.

Cecilio Salazar había vuelto a la Intendencia, Javier Silva seguía como secretario de Obras Públicas, el secretario de Hacienda era Alfredo Carrasco y la empresa adjudicataria ya llevaba otro nombre “al menos para los obreros que debían ir a cobrar a la misma sede de otras cooperativas”. 

Pese a que no cumplieron, no fueron denunciadas por los funcionarios ni investigadas por los concejales. Las rendiciones son un misterio y los materiales se esfumaron. Hoy el lugar es blanco de robos y saqueos.

La Opinión y Sin Galera recorrieron en dos etapas la manzana en la que se emplazan estas “viviendas sociales”, que así les llamaban cuando las anunciaron. El primero video es sobre calle San Martín, ahí llegaban las inspecciones y se observan avances más importantes.

El segundo video es sobre la calle transversal, limitada por un zanjón hediondo y que solo conduce a un anegamiento con agua podrida. 

Allí están las casas más postergadas, las que en muchos casos ni siquiera pudieron ser revocadas. 

Se repite la historia de las 84 viviendas, sólo que en estas no están las ventanas con vidrios que fueron fabricadas en una medida que obligaba a “achicar” las aberturas, como lo relató un proveedor a este medio.

Las imágenes fueron registradas el domingo 23 de junio en horas de la tarde. No necesitan de comentarios ni conclusiones. 

Es dinero de todos los argentinos que administra el Gobierno nacional y debía supervisar el Gobierno local. Ambos han incurrido en groseras irregularidades, sea quien sea el que lleva adelante la gestión. 

El contrato con la empresa APCO S.A. fue firmado en presencia de Ramón Salazar en junio de 2022. Cómo llegó a quedar en manos de los mismos trabajadores que cumplían tareas en ALFA, la misma cooperativa que cobró millones por obras que no terminó o que no cumplió, sigue siendo un misterio que nadie aclara.

Hay un pedido de información pública por parte de La Opinión que nadie responde y en la sesión donde se analizó la rendición de cuentas del ejercicio anterior el tema no se trató.

En ese momento el presupuesto total era de 142.468.906 pesos (el dólar blue cotizaba a $ 236). Así lo informó el Gobierno, “y el plazo de construcción de las unidades habitacionales es de un año”, dijeron cuando aún faltaba un año para las elecciones. Eran cerca de 540 mil dólares a la cotización blue y un millón ciento cincuenta mil al oficial. 

“Bueno como ya sabes usted acá estás viviendas quedaron todas abandonadas son 25 casa de las cuales casi todas tenían sus ventanas pero como la cooperativa que estaba a cargo resultó ser una cooperativa fantasma quedó todo abandonado. Se fueron robando todas las ventanas en su totalidad”, dijo un vecino al que este medio consultó porque la noche anterior se habían querido sacar una puerta pero llegó la policía.

Lejos de desistir, volvieron a la madrugada y se la llevaron. “Te dicen ‘qué te haces problema si no es tuya’, me da mucha impotencia como se llevaron todo y cuando volvió la policía ya se habían ido”, agregaron desde la zona en la que también se preguntan sobre la responsabilidad del delegado Walter Díaz que debe exigir la custodia del predio afectado a esas obras. 

El 3 de Diciembre de 2021 la cañería del tanque copa no resistió y la ciudad se quedó con una gran porción de la población sin agua. Las calles aledañas al hospital estaban anegadas y las reparaciones precarias que se hicieron no fueron suficientes como para devolverle el caudal que durante más de 40 años logró soportar esa estructura.

Durante cada gestión hubo promesas de mantenimiento y planificación para que la red de agua potable se refuerce con nuevas instalaciones.

A casi dos años de aquella rotura el sistema de elevación y extracción sigue en espera. Hubo llamados a licitación, especialistas que visitaron las instalaciones y hasta se aprobó una ordenanza para utilizar el dinero del Fondo de Obras Públicas Comunitarias que ahorran mes a mes los sampedrinos cuando abonan su factura de luz para ese destino porque “no había plata”. Durante el interinato de Ramón Salazar, los fondos acumulados hasta diciembre de 2021 debían ser girados a las arcas de la municipalidad para ser afectados a distintas obras. En diciembre de 2022 la situación era desesperante, entre el calor y la falta de presión salieron de servicio varias bombas y hasta hubo suspensión de clases. Parece lejano pero es cercano porque ya en el mes de noviembre La Opinión y Sin Galera comenzaron a alertar sobre la falta de solución para una cuestión estratégica: el agua potable. Con los reclamos de los ciudadanos se armó un mapa que fue entregado a las autoridades para que tomen nota de las consecuencias que paga la población cuando no se atienden los servicios esenciales.

Tanto con Ramón como con Cecilio Salazar, Jorge Ponzio dijo haber elaborado un plan maestro que podría dar soluciones a largo plazo y para ello armó una oficina especial en el viejo tanque de aguas corrientes sobre calle Sarmiento, donde Obras Sanitarias tiene su nueva sede. Ahora el funcionario está de licencia y es Ariel Alvarez quien responde por la situación porque se avecina el verano y la escaséz en el suministro.

La licitación en la que resultó adjudicada la misma empresa que construyó las 84 Viviendas fue desestimada. El Grupo Alfa quedó afuera y en enero de 2022, fue contactada la empresa Apco cuya contratación recién se firmó cuando regresó a su cargo Cecilio Salazar.

Eso sí, durante casi dos años el tema parece no haber sido una prioridad porque desde semanas los trabajos están paralizados. El jueves de la semana pasada Jorge Ponzio comunicó a este medio que está de licencia por un problema de salud.

El Secretario de Servicios Públicos, Ariel Alvarez respondió que la obra “no está parada” y que la empresa “tiene que traer los caños y colocarlos”. Respecto al plazo indicó “creo que la semana que viene están retomando porque tienen demora con la entrega de los caños”.

Desde la semana pasada, trabajadores de la empresa Apco S. A., con sede en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, tienen a su cargo las tareas de reparación del tanque copa, que está fuera de servicio desde que sufrió desperfectos y averías en diciembre de 2021.

El personal de esa empresa, especializada en obras de infraestructura, civiles y mécanicas, trabaja de 8.00 a 17.00 con el objetivo de terminar las tareas encomendadas en alrededor de tres meses, según informaron a La Opinión, que este lunes recorrió el lugar.

Aunque dependen de que los materiales lleguen en tiempo y forma de acuerdo al avance de la obra, las etapas previstas están en marcha con la primera, que implica retirar los caños que deben ser reemplazados y limpiar toda la zona.

“Se reemplazarán dos cañerías utilizadas para subida y bajada del agua y se limpiará la tercera que es utilizada para el rebalse o la limpieza del tanque, por lo que necesita un mínimo mantenimiento”, informaron desde la Municipalidad.

Para la obra destinaron 65 millones de pesos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias que recauda Coopser y del que el Municipio puede disponer del ahorro de ejercicios anteriores. En la Comisión de seguimiento de ese dinero, el Gobierno informó que si el presupuesto se excede, el resto se solventará con recursos propios del Estado local.

Los trabajadores de Apco están concentrados en el piso superior del tanque copa. Allí trabajan para retirar los antiguos caños que serán reemplazados por tramos, a medida que van bajando. Una vez que finalicen con el recambio, pintarán el interior.

“Los tubos van a ser reemplazados por unos de PVC, que son más duraderos porque no se oxidan como los actuales”, señalaron los trabajadores a La Opinión.

Ante la advertencia del agua que corre hacia la vereda de calle Bozzano, explicaron que “hay fallas en las válvulas” y que procuran arreglarlas “lo antes posible”.

Además de la reparación de los caños y la pintura interior, Apco también pintaría el exterior del tanque copa, informaron desde la empresa.

“La complejidad del trabajo y las características de la instalación requerirán un trabajo muy importante para reparar esta histórica construcción que permite acumular aproximadamente 1,5 millones de litros y volcarlos a la red”, habían explicado desde la Municipalidad.

El Gobierno firmó la semana pasada el contrato con la empresa constructoa Apco S. A. para la obra de reparación del Tanque Copa, que salió de servicio tras la rotura de caños a principios de diciembre de 2021.

El intendente considero que se trata de una “obra trascendente para recuperar uno de los puntos principales de la red de agua potable”. Estiman que el tanque copa “permite acumular aproximadamente 1,5 millones de litros”.

“Es una obra muy importante para el sistema, no es la solución a todo, pero es muy importante”, dijo el director de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio, quien informó que la semana que viene se reunirá con representantes de la firma adjudicataria para avanzar en el comienzo de las tareas.

Antes de la licitación, integrantes de APCO recorrieron el predio para analizar las cuestiones técnicas propias de los trabajos que deben abordarse para que esa construcción histórica vuelva a funcionar para un sistema de agua de red que desde que el tanque copa no está operativo está considerado “en emergencia”.