La Justicia condenó al empleado municipal de San Pedro Juan Ramón Villalba a dos años y medio de prisión de ejecución condicional tras hallarlo penalmente responsable del delito de administración fraudulenta.

Villalba, de 49 años, fue considerado culpable de haber desviado materiales, herramientas y personal de la obra del hotel Azahar Spa, que el gobernador Axel Kicillof inaugurará formalmente el 12 de junio.

Trabajó allí entre los años 2007 y 2013, período en el que fue uno de los máximos referentes a cargo de la construcción.

En ese tiempo, Villalba respondía a las órdenes de Miguel "Mili" González, contratista a cargo de la obra cuyos máximos responsables eran los arquitectos Alberto Raúl Antoliche y Jorge Santiago.

Antoliche y González —Santiago falleció— irán a juicio oral y público. El debate comenzará el 23 de junio y se extenderá por cuatro días en los Tribunales de San Nicolás, bajo la órbita del Juzgado en lo Correccional n.° 1.

Villalba, por su parte fue a juicio de trámite abreviado, en cuyo marco quedó probada su participación en el delito de administración fraudulenta, por lo que fue condenado a dos años y medio de prisión de ejecución condicional, es decir que no irá preso.

El fallo condenatorio pone en riesgo su continuidad como empleado municipal, puesto que el Estado local deberá proceder, como en otros casos, a iniciarle el sumario administrativo correspondiente, con la cesantía como máxima sanción posible.

La Justicia consideró que Villalba era "la persona que administraba los bienes y cuidaba y disponía de materiales de la obra", por lo que sus conductas provocaron un "perjuicio patrimonial" a la empresa, "evidenciado con las pericias".

Cuando en 2013 los arquitectos Antoliche y Santiago dejaron la obra, comenzaron las inspecciones por parte de la empresa que derivaron en una denuncia penal contra ellos y contra los contratistas que pusieron al frente de la tarea.

Detectaron que junto a lo que denominaron "vicios de construcción" habían sufrido retiro de materiales sin control y su uso en otras obras, con maquinaria propia incluida.

En 2007, estimaban que la construcción del hotel iba a costar alrededor de 10 millones de dólares y que estaría listo en tres años. Pero el tiempo comenzó a pasar.

"A Villalba lo trajo Antoliche, de la Municipalidad", declaró Víctor Fera, el dueño de Maxiconsumo y de Polo Industrial, empresa propietaria del Azahar Spa y antes San Julián, en la Justicia. 

En una oportunidad, en el propio hotel otros obreros le informaron que se llevaban las máquinas para trabajar en otro lado. A Villalba, declaró, lo tomaron porque era "de confianza" del Municipio. Había llegado a través de "Mili" González y tenía rol de encargado.

Un testigo, que trabajaba para un contratista y manejaba una retroexcavadora, declaró que vio salir materiales de la obra hacia la casa de Villalba en varias oportunidades: piedra, cemento, cal, arena, etc. 

Desde la casa, señaló, llevaban todo a otras obras en una camioneta Chevrolet vieja color naranja. Incluso, declaró, hubo obras municipales hechas con esos materiales y con las herramientas del hotel.

Otro empleado de Villalba declaró que pudo ver que sacaban hierros y chatarras. Un tercero, también contratado por él, dijo que "las ordenes en la construcción las daba Villalba" y que "también se encargaba de solicitar los materiales de construcción" que "a veces salían de la obra".

Ese mismo empleado contó que trabajó en una quinta que sería propiedad de González y en la obra del Paseo de los Túneles, siempre bajo las órdenes de Villalba y con el sueldo "abonado por el hotel".

Personal de seguridad, por su parte, también dejó asentado en la causa que había "movimiento de materiales y herramientas" en esa camioneta naranja, conducida por un empleado del ahora condenado.

El exdirector de Cultura, José Luis Aguilar, también declaró en la causa. Villalba era empleado de su área. La obra del Paseo de los Túneles, dijo, se hizo con fondos municipales. Sí contó que Villalba llevó una retroexcavadora que "le prestó un amigo". Era la del hotel.

Las copias de los libros donde la empresa de seguridad dejaba asentados los movimientos fueron fundamentales para la condena de Villalba. 

Allí se detallan los días en los que personal señalado como "empleado de" o como "hombre de" Villaba se llevaban  materiales de todo tipo.

Los movimientos son muchos: cortes de hierro, bolsas de cemento, ladrillos, perfiles, mangueras, baldes, arena, más cemento, tablones, tanques, tirantes, la retroexcavadora, carretillas, más ladrillos, obreros para trabajar en otra obra, escombros, portantes, cables subterráneos, bolsas de cal, pegamento, bombas de agua, y así por decenas de veces.

Todos escuchaban comentarios acerca de que Villalba se llevaba el personal, el material y las herramientas para otras obras. Pero como había autorización expresa por parte de González, que respondía directamente a los arquitectos Antoliche y Santiago, sólo dejaban asentado lo que ocurría.

Un durlockero que detectó el faltante de alrededor de 200 metros cuadrados de construcción en ese material declaró que cuando preguntó por lo que faltaba le dijeron: "Callate la boca, porque nos echan a todos y se arma quilombo".

La camioneta y un acoplado de Villalba, refirió ese testigo, "siempre salía con más cosas que con las que entraba". Él también escuchó comentarios en el mundo de la construcción que los materiales se vendían afuera o se usaban para otras obras.

"Gonzalez, Villalba y sus obreros armaban un circo para que Fera viera todo bien", dijo un testigo.

En su declaración, Villalba dijo que nunca tuvo a su cargo administración de bienes ni hacer compras, sino que él hacía "limpieza en la obra" y que el personal que le atribuyen no eran empleados suyos sino gente que "recomendó".

Aseguró que nunca sacó materiales de la obra, a menos que hubiera orden para trasladar de un lugar a otro por parte de los responsables. 

La camioneta naranja, dijo, no era de su propiedad sino de una persona de apellido Bustamante —a quien los testigos señalan como "su chofer"—, que era vecino de él y trabajaba, también, en la construcción.

Aseguró que tomó "tres créditos" para terminar su casa y que no la construyó con materiales del hotel, porque todo lo que aparece en los libros como que él retiró lo hizo "para realizar obras a favor de la empresa".

Para la Justicia, quedó probado que tenía una autoridad y que la ejercía, por lo que su rol en la obra era "más activo que lo que él describe". Además, consideraron probado que sacó material, lo que a su vez se conjuga con la pericia que señala que hubo un "desfasaje del material comprado".

Así, la jueza Luciana Díaz Bancalari consideró probado que Villalba hizo abuso de la confianza que le habían dado y que, con ello, "provocó un perjuicio patrimonial deliberado a la empresa" de Víctor Fera, aprovechándose de la falta de control permanente de su parte.

Este fallo, previo al debate oral contra Antoliche y González que comenzará en pocas semanas, es de gran relevancia respecto de lo que ocurrirá en ese debate.

Por un lado, porque consideró probadas las deficiencias constructivas que obligaron a romper y rehacer gran parte de la obra del hotel Azahar Spa. 

Por el otro, porque Villalba estaba por debajo de los otros dos acusados y su condena por "administración fraudulenta" parece adelantar el destino que tendrán aquellos en el juicio.

Desde que en 2007, en plena campaña electoral de “Cristina, Cobos y vos” —que en San Pedro era Mario Barbieri—, el Concejo Deliberante aprobó una excepción a la ordenanza San Pedro 2000 para la construcción de un hotel 5 estrellas en el terreno de barrancas que el Automóvil Club vendió, según contaron ellos, en 400 mil dólares al empresario Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo, la obra no para pero tampoco termina.

El monumental edificio está en pie y su apertura genera expectativas desde el primer día porque implicará un atractivo turístico de gran relevancia, la generación de puestos de trabajo y el desarrollo de un tipo de turismo que San Pedro todavía no tiene.

En el medio, una causa penal por administración fraudulenta involucra al estudio de arquitectos, al poder político local y a una empresa, Polo Industrial S. A., que todos los años dice que “falta poquito” para inaugurar.

El último capítulo de esa sucesión de escenas triunfales que anuncian una pronta apertura fue en diciembre de 2020, con la presencia del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, a quien Juan Fera, uno de los propietarios del hotel, le dijo que tiene intenciones de inaugurar a fines de 2021.

En los últimos meses, la causa penal que tiene como principales protagonistas a los arquitectos Alberto Raúl Antoliche y Jorge Oscar Santiago, del estudio que tuvo a su cargo el diseño e inicio de la obra, se reactivó por orden de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que conduce Julio Conte Grand. La directiva fue para la fiscal María del Valle Viviani: profundizar la investigación para elevar el caso a juicio oral y público o desestimarlo si no hay elementos suficientes para sostener la acusación.

Hace dos semanas, La Opinión consultó al arquitecto Walter Ceriani, actual responsable de la construcción, sobre la visita de peritos que habían llegado para, precisamente, realizar pericias y redactar una acta de constatación vinculada a la causa. El profesional dijo que no había nada vinculado a ello y que “se están haciendo trabajos de hormigón” en el subsuelo.

“Estamos trabajando para terminar el hotel en diciembre”, aseguró el arquitecto Ceriani.

Ese diálogo ocurrió el 8 de marzo a las 16.07. La Opinión consultó al arquitecto porque circulaban versiones acerca de esa pericia judicial. El profesional negó que hayan ocurrido. Este medio confirmó, ahora, que en efecto ocurrieron y que están íntimamente vinculadas a la reactivación de la causa penal que enfrentan los predecesores de Ceriani en la conducción de la obra.

La causa comenzó a fines de 2014. Cuando La Opinión publicó la primicia de esa denuncia penal, el arquitecto Antoliche no había sido notificado. Se enteró por este medio. La primera funcionaria del Ministerio Público Fiscal a cargo de la instrucción fue la destituida Gabriela Ates.

Luego, cuando ella quedó afuera de la UFI 7, la subrogó Viviana Ramos. Ahora, con la designación de María del Valle Viviani, le toca a la nueva fiscala de San Pedro el proceso que sigue para llevar el caso a juicio oral o archivarlo, según corresponda.

Por razones que nunca fueron explicitadas con detalle, la empresa Polo Industrial S. A., de Víctor Fera, y Antoliche rompieron relaciones. En malos términos, aseguraron en su momento quienes estuvieron cerca. A esa ruptura, sobrevino la denuncia penal. Tras prescindir de los servicios del estudio de arquitectos, la firma propietaria del hotel San Julián ahora Azahar Spa los acusó de “administración fraudulenta”.

La denuncia señaló falta de entrega de mercaderías; anomalías constructivas; vicios de proyecto, dirección y construcción; trabajos pagos que debieron rechazarse y volve a hacerse; fallas en el cumplimiento de las reglas de arte inherentes a la obra; generación de mayores costos; doble ejecución de tareas; entre otras.

La empresa acusó a los arquitectos de desviar materiales para otras obras, en connivencias con subcontratistas vinculados a la política y, en particular, a la gestión de Mario Barbieri como intendente.

En el expediente aparecen imputados los contratistas Miguel Ángel González, Juan Ramón Villalba y Cristian Bustamante. También se nombran en las declaraciones apellidos como González, Wolf, un arquitecto Acosta y hasta aparece Mario Macchi, que se hizo cargo luego de que, en septiembre de 2013, Antoliche y Santiago se fueran de la obra.

Mientras tuvo a su cargo la causa, Ramos tomó algunos testimonios, pidió enviar la causa a Capital Federal pero se lo denegaron y recibió un reto por parte de la jueza de Garantías María Laura Vázquez, fallecida en 2017, quien la instó a trabajar en el expediente, “ante la falta de medidas de investigación”.

Ahora, la causa se reactivó con la orden de Procuración y Viviani tomó medidas al respecto. Lo más importante para la causa son las pruebas que puedan surgir de las pericias relacionada con los materiales utilizados, puesto que la acusación contra los arquitectos es que los habrían reemplazado por otros de menor valor o que los habrían desviado, por lo que faltarían de la obra siempre en construcción.

En el caso interviene el Coordinador de la Unidad de Investigacion de Delitos Economicos de la Procuracion General bonaerense, Juan Manuel García Blanco.

Cuando Viviani fue en enero con integrantes de esa unidad, la Policía en función judicial y los peritos designados para evaluar la situación que está denunciada se labró un acta de constatación que forma parte del expediente judicial en trámite y cuyas definiciones dependerán, en buena medida, de los resultados de las pericias, que son complejas pero permitirán saber si lo que la empresa denunció tiene asidero y amerita un juicio oral y público.

En el fuero civil, los imputados en la causa penal fueron demandados por daños y perjuicios ante al Juzgado Nacional de primera instancia número 78, donde también está la causa en la que los arquitectos demandaron a la empresa para reclamar honorarios por la construcción de las 15 viviendas del denominado barrio San Julián, construido por Polo Industrial en terrenos fiscales a modo de canon por el usufructo de la barranca y para desalojar a las familias que residían allí.

El Juez que interviene en la demanda interpuesta por los arquitectos falló a favor de ellos, basado en dos testimonios que Víctor Fera y sus abogados consideran falsos: los de Mario Barbieri y Miguel Ángel González.

A raíz de ello, la empresa Polo Industrial S. A. apeló recientemente ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Nación y denunció a los arquitectos Raúl Alberto Antoliche y Jorge Santiago; al exintendente, exdiputado nacional y expresidente del Concejo Deliberante Mario Barbieri; y al constructor y exfuncionario municipal Miguel Ángel González por “presumible comisión del delito de estafa procesal”: falso testimonio.

Mario Barbieri y Miguel Ángel González fueron presentados como testigos en la demanda de los arquitectos para reclamar esos honorarios por las viviendas del barrio San Julián. La empresa Polo Industrial sostiene que sus declaraciones “poseen un contenido falso para apuntalar” el contrato verbal que adujeron Antoliche y Santiago para la construcción de esas casas.

“La construcción de las viviendas se encontraba a cargo de la Municipalidad de San Pedro, conforme la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, y la participación de Polo Industrial en la construcción se limitaba al aporte de la suma de $ 400.000 que fue abonada en su totalidad”, sostuvo la empresa y acusó a Barbieri y González de “cómplices” de las “maniobras defraudatorias” de los arquitectos.

En la denuncia por falso testimonio, la empresa señala que Mario Barbieri y los arquitectos tienen “Una relación de amistad que nace con el proyecto de construcción del hotel y se afianza en el club Atlético Echagüe, donde realizaban actividades con sus familias”, una entidad ubicada en la ciudad de Paraná, Ente Ríos.

En su declaración, a favor de Antoliche y Santiago, Barbieri dijo que la empresa pagó los 400 mil pesos previstos para construir las viviendas del barrio San Julián en terrenos fiscales y que además aportó “mano de obra y dirección final del proyecto”, sin la firma de documentación alguna porque todo fue “producto de la buena voluntad de las partes”.

Los abogados de la empresa de Víctor Fera fueron más allá y sostuvieron que hay un interés” de Mario Barbieri para “avalar mediante su falso testimonio la posición procesal de los arquitectos”. En ese marco, lo acusaron sin más:

“En su carácter de intendente de la ciudad de San Pedro habría participado de maniobras delictivas de sustracción de materiales y mano de obra de Polo Industrial en complicidad con los arquitectos”.

Miguel Ángel González, por su parte, en su declaración como testigo de parte de los arquitectos dijo que para construir el barrio pararon “unos meses” la obra del hotel y se trasladaron a la de las viviendas. Aseguró que él mismo trabajó para levantar esas casas.

La empresa señala que en la causa penal que ahora investiga Viviani hay testigos que indican que la obra de las 15 viviendas del barrio San Julián la ejecutó la empresa J y J Construcciones, también de estrecho vínculo con el Gobierno de Barbieri y que, según refieren esos testimonios, la contrató el Municipio.