Efectivos de la Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás llevaron adelante, en la noche del viernes, dos allanamientos simultáneos en nuestra ciudad.

En los domicilios residían personas oriundas de Paraguay, que eran objeto de una investigación por presunta comercialización de drogas.

La causa fue tramitada en la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 7, a cargo de María del Valle Viviani, quien tras reunir elementos de prueba contundentes, solicitó las órdenes de allanamiento al juez Luis Pratti, titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de San Nicolás.

La pesquisa se había iniciado tras una denuncia anónima al 911, que alertaba sobre la venta de estupefacientes al menudeo en la zona. A partir de esto, la fiscal convocó al personal especializado, que mediante tareas de inteligencia identificó a un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad paraguaya, que comercializaban drogas desde dos viviendas linderas ubicadas en una cortada de la calle Caseros.

Con la autorización judicial, los allanamientos se llevaron a cabo de manera simultánea. En los operativos se logró el secuestro de más de 30 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta, una balanza de precisión, más de $ 300.000 en efectivo, recortes de nylon utilizados para el armado de dosis y tres teléfonos celulares.

Con los elementos reunidos, considerados como elementos probatorios, se dispuso el secuestro de todo lo incautado y la aprehensión de los dos investigados.

La causa fue caratulada como “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

La policía de la División Drogas Ilícitas detuvo este jueves por la tarde a una joven de 29 años sindicada como la responsable de vender drogas bajo la pantalla de una despensa y pollería de barrio.

Una denuncia anónima alertó a las autoridades sobre la comercialización e estupefacientes, lo que motivó una investigación que permitió recabar pruebas suficientes para que la Justicia autorizara el procedimiento.

La despensa desde la que vendían cocaína está ubicada en Benefactoras Sampedrinas al 1900, entre Bozzano y Ruffa. Además, allanaron la casa de la hermana de la acusada, ubicada al lado del comercio, donde escondía drogas.

La policía logró establecer con tareas de inteligencia que en esa despensa y pollería, además de los artículos habituales, se comercializaban estupefacientes al menudeo.

Durante los allanamientos secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada y lista para la venta, valuada en alrededor de un millón y medio de pesos.

Además, incautaron teléfonos celulares que serán peritados, tarjetas de memoria de cámaras de seguridad y dinero en efectivo que se sospecha sería producto de la venta de drogas.

En la casa de la hermana, allanada de urgencia, hallaron 10 gramos de cocaína y envoltorios de nylon de los que suele utilizarse para preparar las dosis que luego se venden a los consumidores.

Mientras la policía de la División Drogas Ilícitas cumplía con el procedimiento, apareció un cliente a comprar cocaína, a quien le tomaron declaración testimonial en relación al caso.

La joven acusada fue detenida y trasladada a sede policial, donde quedó alojada a disposición de la Justicia, imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La División Drogas Ilícitas de la policía detuvo este miércoles al reconocido delincuente Eduardo "Puro" Olmos, a quien investigaban desde hace meses como responsable de una red de venta de drogas al menudeo.

La investigación comenzó tras una denuncia anónima que permitió el desarrollo de tareas de inteligencia para reunir elementos probatorios suficientes como para que el Juzgado de Garantías ordenara los allanamientos.

Con respaldo de la UTOI, la División Drogas Ilícitas llegó al Monoblock 13 del Fonavi I para detener a Olmos, un delincuente que reconocida trayectoria delictiva que estuvo involucrado en un recordado episodio armado que ocurrió en la estación de servicio de Pellegrini y 3 de Febrero en 2023.

La policía detectó que Puro Olmos utilizaba una moto recientemente adquirida para hacer el reparto de la droga que comercializaba y constató que en otros dos domicilios ubicados en Manuel Iglesias al 1400 escondía el material estupefaciente.

En el departamento del Fonavi donde lo detuvieron secuestraron la moto Yamaha XTZ que usaba Olmos para el delivery de drogas; 27 envoltorios de cocaína fraccionada, listos para la venta; y un trozo compacto de la misma droga valuado en alrededor de 5 millones de pesos.

También incautaron una balanza de precisión; dos armas de fuego; dinero en efectivo; y un celular cuya pericia permitirá avanzar en la causa, puesto que se sospecha que habría otros involucrados en la red de venta al menudeo que lideraba el detenido.

Puro Olmos quedó aprehendido acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego. La causa penal tramita bajo la órbita de la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani.

Federico Luciano Cabrera y Carlos Prudencio Benítez, ambos de 41 años, fueron absueltos por la Justicia en el juicio en el que se debatió la acusación que pesaba sobre ellos por presunta venta de drogas en la zona del barrio Cruz Roja.

Ambos llegaron a la instancia de debate oral y público tras denuncias anónimas que motivaron una investigación de la División Drogas Ilícitas de la policía y la Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos.

La Justicia los consideró inocentes tras señalar que la investigación "se sustentó en observaciones indirectas, sin constatación definida y precisa de actos de comercialización atribuibles a los imputados".

Durante el juicio, no quedó debidamente probado el delito que se le endilgó a los acusados. 

Los policías a cargo de la pesquisa no declararon haberlos visto entregando estupefacientes a terceros ni recibiendo dinero a cambio, así como tampoco aportaron imágenes fotográficas o filmaciones.

Hubo un policía de la División Drogas Ilícitas asignado a tareas de campo que sólo pudo señalar que de acuerdo "su entender", su "experiencia" y su "interpretación" se veían movimientos compatibles con la venta de drogas. Las fotos que obtuvo eran "ostensiblemente borrosas" y no aportaron nada en concreto, de acuerdo a lo que consideró el Tribunal.

Nunca interceptaron a nadie afuera de los domicilios señalados que hubiera ido a comprar drogas, así como tampoco hicieron seguimiento sobre los presuntos clientes. De la misma manera, no lograron divisar sustancias estupefacientes en su poder.

Así, el Tribunal consideró "inexistencia de pruebas directas sobre actos de venta" tras la investigación de la División Drogas Ilícitas. Además, cuestionó que las fotos aportadas "carecían de metadatos verificables", lo que impidió "constar fecha, hora y coordenadas de geolocalización", garantías técnicas necesarias para darles valor probatorio.

Lo único que hallaron en los allanamientos en las viviendas de los imputados fueron cuatro gramos de cocaína en uno  y 15 gramos en el otro, algo de dinero y teléfonos celulares. Nada más. No había balanzas, recortes de nylon, elementos para fraccionar o estirar la droga, anotaciones vinculadas a la venta ni nada por el estilo.

Para que haya condena en una causa penal, la prueba debe ser "clara, precisa y suficiente", establece el Código Procesal. 

El Tribunal coincidió con el defensor oficial, Joaquín Castro, respecto de la "fragilidad" de los elementos probatorios aportados, en la "inexistencia de actos concluyentes de comercialización y la insuficiencia de los indicios para acreditar habitualidad, elemento esencial de la figura imputada".

En su alegato, la fiscala Viviana Ramos reconoció la ausencia de filmaciones y fotografías que puedan probar el delito de venta de drogas y lo atribuyó a "la realidad de barrios hostiles y a la precariedad de recursos con que cuenta la policía".

El Juez consideró que no se puede establecer responsabilidades penales con el argumento de que el Estado dispone de pocas herramientas para la investigación, puesto que, aun si así fuera el caso, "resulta a todas luces contrario a los más elementales principios constitucionales". 

La Justicia dictó prisión preventiva para los detenidos acusados de integrar una banda dedicada a la venta de drogas cuyo cabecilla es el dueño del restobar El Clan, Miguel Ángel Briceño.

Con excepción de Sebastián Mando y Alejo La Horca, que fueron desvinculados de la acusación por comercialización de estupefacientes, el resto permanece procesado porque las pruebas fueron consideradas suficientes como para mantenerlos detenidos.

La defensa de Briceño, a cargo del estudio jurídico de Hugo Lima (h) asegura que los dos kilos de marihuana que encontraron en uno de sus vehículos "se la pusieron", que el coche "casualmente tenía abierto el baúl" y que "el testigo del allanamiento no certificó cómo le sacaron esa droga".

En un domicilio de San Martín 1430, le secuestraron a Briceño dos ladrillos de marihuana que arrojaron un peso de un kilo con 162 gramos y cinco envoltorios de cocaína que en total pesaban 135 gramos.

Además, incautaron celulares, una computadora, dinero en efectivo en pesos argentinos y reales brasileños. Está acusado de ser "quien proveía del material estupefaciente al resto" de los imputados como miembros de la banda.

Su defensa destacó que "no hay fotografías de Briceño vendiéndole droga a alguna persona de San Pedro conocida por sus adicciones ni filmaciones ni conversaciones" con los presuntos compradores.

La investigación comenzó con una denuncia contra Jeremías Garay. En las tareas de inteligencia, la policía identificó a Briceño como quien le proveería drogas para la venta al menudeo.

Establecieron que se movilizaba en un Volkswagen Passat, un Fiat Uno, una Volkswagen Amarok y un BMW X6 valuado en alrededor de 40 mil dólares, que compró entregando la camioneta como parte de pago.

El seguimiento constató que Briceño iba muy seguido a la casa de calle Dávila al 500 donde residían las detenidas Nancy Lescano y su hija Geraldine Pereyra.

En las cuentas de MercadoPago y de Brubank de Briceño aparecen una gran cantidad de transferencias del resto de los imputados, lo que refuerza la sospecha de que vendían para él. En algunos casos las transferencias suman millones de pesos y son decenas.

Sobre esos movimientos de dinero, la defensa sostuvo que Briceño se dedicaba "a la compraventa de autos", además de la actividad gastronómica en el restobar El Clan, y que a esos comercios corresponden las transferencias.

Para el juez de Garantías, "los vastos elementos probatorios aportados en la causa, valorados de forma integral y conforme la sana crítica racional, permiten tener por acreditado el grado de certeza exigido" respecto de la "probable participación" de Briceño y el resto de los imputados en el delito que se investiga.

La policía detuvo este martes al mediodía a un joven identificado como Sebastián Mando, quien tenía orden de detención en el marco de la causa conocida como "El Clan", que investiga una banda dedicada a la venta de drogas al menudeo liderada por Miguel Ángel Cebriño, dueño de un restobar céntrico con esa denominación.

Mando, de 30 años, fue allanado en su vivienda durante los procedimientos desarrollados durante jueves por la noche y viernes por la madrugada, pero no lo encontraron, por lo que fue considerado prófugo de la Justicia.

Sin embargo, entre el viernes y este martes hizo vida normal. Al punto de que se lo vio en la calle y hasta fue a trabajar como todos los días. De hecho, la detención se produjo en Arnaldo al 500, en el taller donde trabaja.

Sebastián Mando es el séptimo detenido en la causa que tramita en la Fiscalía tematizada en comercialización de estupefacientes que conduce Verónica Marcantonio. Hay, también, un aprehendido.

Además de Mando y Briceño, están detenidos Jeremías Garay, Jeremías Zacarías, Nancy Lescano y su hija, Geraldine Pereyra, y Daniel Mitacek.

En la investigación aparecen sindicadas como sospechosos de ser parte de la organización otras personas, identificadas en la causa como Antonella Corbalán, Julio Salvatierra, Alejo la Horca, Sergio de Maio, Lucas Olivieri y Daniel Yancovich, conocido como "el Gitano", quien el sábado aseguró en Sin Galera que no tiene "nada que ver" con la banda.

Siete personas fueron detenidas en el marco de una investigación que logró desbaratar una red de venta de drogas liderada por el dueño del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, identificado como Miguel Ángel Briceño.

La causa comenzó en diciembre de 2023, tras una denuncia anónima que impulsó la investigación que llevó adelante la División Drogas Ilícitas de la policía bajo la coordinación de la titular de la Fiscalía tematizada en drogas, Verónica Marcantonio.

La pesquisa logró establecer que Briceño era el proveedor de las drogas. Distribuía cocaína y marihuana para su venta en distintos puntos de la ciudad. Sin trabajo estable ni ingresos declarados, de repente apareció como dueño del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, pleno centro de la ciudad.

Los domicilios que solía frecuentar Briceño permitieron establecer quiénes eran los que vendían la droga que él proveía, todos detenidos durante los allanamientos.

Los sindicados en la causa son Antonella Corbalán, Julio Salvatierra, Alejo La Horca, Sergio de Maio, Daniel Yancovich, Sebastián Mando, Nancy Lescano y su hija Geraldine Pereyra, Jeremías Garay (primer denunciado en la causa), Lucas Olivieri, Daniel Mitacek y el reconocido delincuente Jeremías Zacarías.

Briceño, Mando, Lescano, Pereyra, Mitacek y Zacarías son los que quedaron detenidos a disposición de la Justicia más otra persona que está en calidad de aprehendida.

Los movimientos de dinero en billeteras virtuales como Mercado Pago y Brubank permitieron establecer que esas personas le depositaban grandes sumas de dinero a Briceño.

La investigación reveló los sitios donde guardaban las drogas para su posterior distribución, los puntos de venta al menudeo, las cocheras que alquilaban para guardar los autos que utilizaban. En uno de esos vehículos, el que usaba Briceño, colocaron rastreadores para detectar sus movimientos.

Más de 260 dosis de cocaína fraccionada lista para su venta; dos ladrillos de marihuana; cuatro balanzas; nueve celulares que serán peritados; dos armas de fuego de gran calibre; recortes de nylon; dinero en efectivo en pesos, dólares y reales fueron el resultado de los allanamientos, de los que también participó personal de la Secretaría de Seguridad municipal.

Además del restobar El Clan, de Las Heras 75, allanaron en postes 7 y 9 de Bajo Puerto; poste 22 y 27 de Bajo Cementerio; San Martín al 1400; 25 de Mayo al 2300; 25 de Mayo al 700; Maestro Reyna al 1000; Dávila al 500; 3 de Febrero y Chivilcoy; Libertad, entre Antón y Litoral; y 3 de Febrero y Uruguay, entre otros informaron fuentes oficiales.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, más de 100 policías de 34 delegaciones de toda la provincia trabajaron en San Pedro para una serie de allanamientos que permitieron desbaratar una red de venta de drogas.

En total fueron 16 los allanamientos, que fueron autorizados por el Juzgado de Garantías interviniente tras una investigación comandada por Verónica Marcantonio, titular de la Fiscalía tematizada en drogas.

La Justicia había ordenado la detención de siete personas identificadas como las responsables de la venta de estupefacientes. De ellas, detuvieron a seis y una permanece prófuga. Además, hubo un aprehendido, también vinculado a la red.

Secuestraron 222 envoltorios de cocaína, dos ladrillos de marihuana, automóviles, motos, dólares, pesos argentinos, reales brasileños, balanzas de precisión, armas de fuego y celulares que serán peritados.

El principal sospechoso como líder de la organización es un hombre que fue sindicado como responsable del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, pleno centro de la ciudad, sitio que fue allanado y donde se produjeron detenciones.

Los otros puntos donde actuó la policía fueron: Postes 7 y 9 de Bajo Puerto; poste 22 y 27 de Bajo Cementerio; San Martín al 1400; 25 de Mayo al 2300; 25 de Mayo al 700; Maestro Reyna al 1000; Dávila al 500; 3 de Febrero y Chivilcoy; Libertad, entre Antón y Litoral; y 3 de Febrero y Uruguay, informaron fuentes oficiales.

El operativo ordenado por la Justicia en el barrio Hermano Indio en el marco de una causa que investiga la comercialización de drogas en esa zona continuaba este viernes por la mañana para derribar los bunkers allanados.

Con una topadora y tractores, el personal abocado a la tarea derribó las precarias construcciones utilizadas para la venta de cocaína y marihuana denunciadas por vecinos.

Esas denuncias permitieron una investigación que derivó en las órdenes de allanamiento emitidas por la Justicia para que el personal de la División Drogas Ilícitas, con apoyo de UTOI, llegaran al pasillo del Hermano Indio este jueves por la tarde.

Durante los procedimientos secuestraron alrededor de 170 envoltorios de cocaína, un ladrillo de marihuana y recortes de nylon utilizados para la preparación de las dosis para su venta.

Al arribar a la zona, la policía fue recibida con piedrazos y dispusieron niños a lo ancho del pequeño pasillo para demorar el ingreso de los efectivos, de manera tal que los responsables de esos bunkers de drogas tuvieran tiempo de huir, lo que hicieron a través de los fondos de las viviendas.

Un operativo de la División Drogas Ilícitas con apoyo de la UTOI tuvo lugar este jueves por la tarde en el asentamiento precario conocido como barrio Hermano Indio.

Con autorización de la Justicia y en el marco de una causa que tramita en la Fiscalía tematizada en comercialización de estupefacientes, fueron cuatro los allanamientos que las fuerzas de seguridad desarrollaron en esa zona.

Secuestraron alrededor de 170 envoltorios de cocaína que estaban preparados para su venta, un ladrillo de marihuana y recortes de nylon con los que suelen envolver la droga tras su fraccionamiento.

La investigación comenzó a mediados del año pasado gracias al aporte de vecinos que brindaron información ante la fiscala Verónica Marcantonio respecto del funcionamiento de un "búnker" de drogas en el pasillo del Hermano Indio.

El personal de Drogas ilícitas, a cargo de la investigación, dispuso tareas de vigilancia y averiguaciones en el barrio, lo que permitió llegar a la orden de allanamiento dispuesta por la Justicia.

La policía de Drogas requirió apoyo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de San Nicolás (Utoi), puesto que esperaban que en el barrio opusieran resistencia al accionar policial y así fue.

Cuando accedieron a los cuatro puntos señalados para el allanamiento, se percataron de que efectivamente dos de ellos eran "bunkers": no estaban habitados ni en condiciones de que alguien viva allí. 

En ese marco, procedieron a su derribo con una topadora que aportó la Municipalidad, cuya Secretaría de Seguridad participó activamente de los operativos.

La tarea no fue sencilla para la policía: cuando llegaron al pasillo, los recibieron a piedrazos y dispusieron niños en el angosto pasillo de acceso al barrio, de manera tal que los responsables de los bunkers pudieran escapar por los fondos, lo que evitó así que sean detenidos.

Personal de la División Drogas Ilícitas detuvo al reconocido delincuente exconvicto Maximiliano "Pillo" Troche luego de dos allanamientos que se desarrollaron durante la tarde noche de este viernes.

La investigación del grupo local de esa fuerza especializada permitió establecer sospechas firmes sobre la actividad ilícita de Troche, que culminó con los procedimientos, luego de denuncias anónimas relacionadas con la venta de drogas en el domicilio del acusado y bajo la modalidad delivery.

Los allanamientos tuvieron lugar en la casa de Pillo Troche, ubicada en La Laguna 1915, donde secuestraron más de 80 envoltorios de cocaína fraccionada lista para la venta, recortes de nylon, medio ladrillo de marihuana y una escopeta de doble caño calibre .16.

En la casa de la hermana de Troche, ubicada en Manuel Iglesias 2070, secuestraron envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y una moto robada, informaron autoridades.

La investigación de la División Drogas Ilícitas incluyó un seguimiento que permitió documentar movimientos compatibles con la comercialización estupefacientes por parte de Pillo Troche.

Los allanamientos, solicitados por la Fiscalía N° 7 que conduce María del Valle Viviani, cuya auxiliar Daiana Gicich estuvo presente durante los procedimientos.

El secretario de Seguridad, Carlos Farré, estuvo presente en los allanamientos para poner a disposición de la Justicia y la Policía lo que fuera necesario por parte del Estado municipal. 

Pillo Troche, de 33 años, estuvo vinculado el año pasado al asesinato de Sandra Nouet, luego de que un testigo lo señalara como una de las personas que huyó en moto tras el homicidio en Sargento Selada al 2500.

Tras ser detenido, la Justicia dispuso su libertad por falta de mérito, aunque seguía investigado junto a otras personas que aparecían mencionadas en las distintas hipótesis del caso.

Además, recientemente fue denunciado como quien arrojó bombas molotov en una casa de Lucio Mansilla al 1500, caso por el que el propio Troche se acercó a la redacción de La Opinión para asegurar que no tenía nada que ver.

En esa entrevista reconoció su pasado y sostuvo que estaba en camino de recuperación de su antiguo accionar delictivo, que comenzó cuando era menor de edad.

"Yo tuve una carrera delictiva, estuve en institutos de menores, después estuve en la cárcel, primero siete años y siete meses, volví y al mes fui a cumplir otra pena de siete años y cuatro meses. Ahora volví y estoy rehabilitándome, quiero reinsertarme en la sociedad, trabajo vendiendo fruta y hago changuitas", aseguró.

Un importante despliegue policial se vio este viernes desde entrada la tarde de este viernes y continuaba cuando ya había caído la noche, relacionado con la venta de drogas.

El procedimiento se desarrollaba en domicilios vinculados a Maximiliano "Pillo" Troche, conocido exconvicto que cumplió condenas por robo agravado que lo mantuvieron alrededor de 14 años en prisión.

Uno de ellos tenía lugar en La Lagna 1915, casa donde reside Pillo Troche; había otro en Manuel Iglesias 2070; y todo indica que continuaban en otros domicilios.

La División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense llevaba adelante los procedimientos, en el marco de una causa que tramita en la Fiscalía N° 7 que conduce María del Valle Viviani.

Todo indica que los resultados del operativo fueron positivos, con el secuestro de drogas, dinero en efectivo y la aprehensión de una persona.

El secretario de Seguridad, Carlos Farré, estuvo presente en los allanamientos para poner a disposición de la Justicia y la Policía lo que fuera necesario por parte del Estado municipal.

Pillo Troche, de 33 años, estuvo vinculado el año pasado al asesinato de Sandra Nouet, luego de que un testigo lo señalara como una de las personas que huyó en moto tras el homicidio en Sargento Selada al 2500.

Tras ser detenido, la Justicia dispuso su libertad por falta de mérito, aunque seguía investigado junto a otras personas que aparecían mencionadas en las distintas hipótesis del caso.

Además, recientemente fue denunciado como quien arrojó bombas molotov en una casa de Lucio Mansilla al 1500, caso por el que el propio Troche se acercó a la redacción de La Opinión para asegurar que no tenía nada que ver.

En esa entrevista reconoció su pasado y sostuvo que estaba en camino de recuperación de su antiguo accionar delictivo, que comenzó cuando era menor de edad.

"Yo tuve una carrera delictiva, estuve en institutos de menores, después estuve en la cárcel, primero siete años y siete meses, volví y al mes fui a cumplir otra pena de siete años y cuatro meses. Ahora volví y estoy rehabilitándome, quiero reinsertarme en la sociedad, trabajo vendiendo fruta y hago changuitas", aseguró.

La policía detuvo este lunes a una mujer que fue imputada por comercialización de estupefacientes tras hallar en su casa una gran cantidad de dosis de cocaína listas para la venta.

Los efectivos habían llegado a un domicilio de Manuel Iglesias al 2000 con una orden de allanamiento en el marco de una causa que investigaba el robo de una moto ocurrido la semana pasada.

En el lugar no encontraron la moto ni al reconocido delincuente que estaba sindicado como autor del delito por el que la Justicia había librado la orden de requisa.

Sin embargo, al ingresar al domicilio objeto del allanamiento, hallaron 42 dosis de cocaína fraccionada y una balanza de precisión, elementos que fueron secuestrados junto al teléfono celular de la mujer que estaba en la casa.

La joven, de 23 años, fue aprehendida y trasladada a sede policial para quedar a disposición de Fiscalía, imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Una investigación de varios meses permitió al personal de la División de Drogas Ilícitas de la policía allanar dos viviendas ubicadas en un terreno de Rafael Obligado al 3100 para secuestrar una gran cantidad de cocaína.

Denuncias anónimas que llegaron al servicio de emergencias 911 dieron lugar al inicio de las investigaciones, que incluyeron registros fílmicos y fotográficos, elementos de prueba con los que la fiscala María del Valle Viviani solicitó los allanamientos.La policía de la división Drogas Ilícitas que conduce el comisario Julio Urbina se presentó este viernes por la madrugada en la zona para allanar la casa donde vive una pareja y una vivienda lindera, donde escondían la droga.

En la residencia de la pareja, que fue aprehendida y puesta a disposición de la Justicia, secuestraron una gran cantidad de envoltorios de cocaína fraccionada en pequeñas dosis, listos para su comercialización.

Además, incautaron allí recortes de nylon; dinero en efectivo; teléfonos celulares que serán enviados a peritar; una carabina semiautomática calibre 22 con el almacén cargador completo; y material utilizado para "estirar" la droga.

En la casa lindera encontraron trozos compactos de cocaína que arrojaron un peso de más de 230 gramos. En total, estiman que la droga secuestrada tendría un valor en el mercado ilegal de alrededor de 6 millones de pesos.

La pareja investigada quedó alojada en la dependencia policial imputados por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego". Además hay un tercero que también fue aprehendido, sindicado como cómplice.

No es la primera vez que en ese domicilio hay allanamientos por ventas de drogas a cargo del personal de la policía especializada en esos delitos. Cada vez, hubo denuncias de vecinos que señalaron a ese lugar como un búnker de narcomenudeo.

En 2022, en ese lugar residía Pedro Lineros, quien fue involucrado en una causa en la que condenaron a su hija, Natalia Coronel, y a otro joven identificado como Daniel Lacuadra, mientras que a él lo absolvieron en un juicio al que llegó detenido.

La División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense detuvo este jueves a una mujer acusada de comercialización de estupefacientes tras dos allanamientos que tuvieron lugar en el marco de una investigación que permitió establecer las vinculación de la acusada con ese delito.

La  causa comenzó hace unos meses cuando tomaron conocimiento acerca de que esa mujer vendía drogas al menudeo en la zona próxima al barrio Las Canaletas. Personal encubierto logró reunir pruebas, con fotografías y videofilmaciones, que permitieron que el Juzgado de Garantías autorice el procedimiento.

Así, allanaron domicilios en la intersección de Fray Cayetano Rodríguez y Manuel Iglesias, barranca arriba, donde secuestraron más de 100 dosis de cocaína fraccionada lista para su comercialización.

En los techos encontraron un teléfono celular que la acusada había intentado descartar y dinero en efectivo que sería de procedencia ilícita y resultado de la comercialización ilegal. Estiman que la droga incautada está valuada en más de medio millón de pesos.

Mientras la policía cumplía con su tarea, llegaron al lugar varias personas que iban a comprar drogas, a quienes se les tomó declaración testimonial para aportar a la causa penal en trámite.

La detenida está imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y quedó privada de su libertad a disposición de la Justicia.

Además, la División Drogas Ilícitas allanó este jueves un domicilio en San Nicolás, donde detuvieron a "el Viejo Molina", acusado de comercializar estupefacientes en su casa, donde secuestraron más de 30 envoltorios con cocaína, balanzas de precisión, sustancias para cortar y estirar la droga, y un arma tipo tumbera.

La policía de la división Drogas Ilícitas detuvo este jueves por la noche a dos jóvenes oriundos del Conurbano que intentaban ingresar a la ciudad con 150 gramos de cocaína.

Los jóvenes, de 18 y 19 años, circulaban a bordo de un Fiat Argo, en el que llevaban un envoltorio con la droga, que tenía pegado un papel con un domicilio local. 

Los apresaron en la zona de ruta 191 y las vías del Ferrocarril, frente a la planta de la empresa Arcor.

La sospecha es que traían esa droga para su posterior fraccionamiento y distribución en San Pedro. 

Además de la cocaína, valuada en “más de dos millones de pesos”, según informaron autoridades, secuestraron telefonos celulares y anotaciones de interés.

La fiscala Verónica Marcantonio, titular de la Fiscalía especializada en comercialización de estupefacientes, los indagaba este viernes, al tiempo que pidió un allanamiento para el domicilio indicado, ubicado en el barrio Hermano Indio.

En una vivienda de calle Balcarce, entre Hermano Indio y Benefactoras Sampedrinas, secuestraron cogollos de marihuana que arrojaron un peso de más de 80 gramos.

Los aprehendidos fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y la Fiscalía tomaba medidas para profundizar la investigación del caso.

A menos de dos semanas del megaoperativo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) junto a la División Drogas Ilícitas, los siete detenidos esperan la audiencia de prisión preventiva, que todavía  no tiene fecha y en la que se resolverá si recuperan la libertad o siguen apresados mientras se sustancia el proceso judicial en su contra.

De los siete detenidos, cinco son mujeres, de las cuales dos gozan del beneficio de arresto domicilario, y dos son varones. Casi todos tienen vinculaciones con otras causas relacionadas con la venta de estupefacientes.

Sus identidades son: Estela Marta Astorga; Karina Beatriz López; Naiara Agustina Gauna; Ludmila Anahí Cantreros; Daniela Soledad Luna; Marcelo Alejandro Sotelo;  y Andrés Eduardo Astorga.

En los allanamientos del 14 de junio en los que fueron detenidos, secuestraron una gran cantidad de dosis de cocaína lista para la venta, marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión y otros elementos de interés para la causa.

La apertura de los teléfonos celulares será fundamental para establecer conexiones de los acusados, entre ellos un "clan familiar" que utilizaba una despensa en el barrio Hermano Indio como pantalla para la comercialización de estupefacientes.

La policía de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas allanó este viernes un domicilio en Alvear al 1300 tras una investigación que permitió establecer que desde allí dos hermanos comercializaban estupefacientes.

La Justicia ordenó el allanamiento tras tareas operativas de campo que comenzaron meses atrás luego de denuncias anónimas que llegaron a través del servicio de emergencias 911.

El personal de la policía especializada relevó elementos de prueba que permitieron establecer que un joven de 26 años y su hermana vendían drogas al menudeo desde ese lugar.

Durante el allanamiento, la policía secuestró cocaína fraccionada lista para su comercialización; dinero en efectivo; recortes de nylon; balanzas; un arma de fuego; y otros elementos de interés para la causa.

La hermana del investigado también tenía dosis de cocaína encima, por lo que hubo un allanamiento de urgencia en su vivienda, con resultados positivos. Así, ambos fueron aprehendidos en el marco de la causa, que tramita en la Fiscalía N° 7.

La fiscala María del Valle Viviani los imputó a ambos por el delito de comercialización de estupefacientes y al joven le sumó la "tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil".

La policía de Drogas Ilícitas que conduce el comisario Julio Urbina destacó “la importancia que tienen las denuncias anónimas de los vecinos para desalentar el comercio de estupefacientes".

La División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense desbarató una banda dedicada a la venta de drogas bajo la modalidad "narcomenudeo" y "delivery" liderada por dos mujeres vinculadas a un conocido bar “El Cupa”, ubicado en Ituzaingó y Saavedra.

La policía allanó ese bar, una casa ubicada en Liniers al 700 y otro domicilio en Bottaro y Güemes, frente a la escuela Normal, donde detuvieron a una de las imputadas, cuya situación se verá agravada por estar ubicada en proximidades de un establecimiento educativo.

La investigación comenzó en agosto del año pasado tras una denuncia anónima que reveló que en la casa ubicada frente a la escuela vendían drogas.

 La causa tramita en la Fiscalía 11, que conduce Viviana Ramos, que logró reunir elementos probatorios suficientes como para que el Juzgado de Garantías autorice los allanamientos.

La policía estableció que la mujer que residía en esa vivienda comercializaba estupefacientes junto a una cómplice con quien comparte titularidad del fondo de comercio del bar “El Cupa”, informó la policía. Un sobrino de la socia del comercio se ocupaba del "delivery".

En los allanamientos secuestraron 48 gramos de cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo, un revólver calibre 32 y teléfonos celulares cuyas pericias serán fundamentales para el devenir de la causa penal en trámite.

Por ahora, la única detenida es la mujer que vivía en Bottaro y Güemes, acusada de liderar el grupo e imputada por los delitos de tenencia de estupafacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego. 

La policía desbarató un búnker de narcomenudeo en el barrio Hermano Indio al que llegó con una orden de allanamiento en el marco de una causa por robo, tras establecer que el ladrón al que buscaban había intercambiado su botín por drogas en ese lugar.

En el pasillo de Benefactoras Sampedrinas bis se encontraron con una gran cantidad de objetos de procedencia ilícita que, todo indica, también habrían sido intercambiados por estupefacientes, además de cocaína y marihuana lista para la venta.

Todo comenzó tras el robo a un domicilio de Juan B. Justo. La investigación estableció que el delincuente autor de ese hecho reside en calle Rivadavia, a metros de la ruta, y lo allanaron. El resultado fue negativo, pero el sospechoso quedó aprehendido.

La pesquisa logró establecer que ese delincuente había intercambiado las herramientas robadas en esa vivienda por drogas en el barrio Hermano Indio. Así, la Justicia autorizó el allanamiento que desbarató el búnker de narcomenudeo.

En se domicilio aprehendieron a un hombre de 30 años y a su pareja, de 32. Secuestraron 77 envoltorios de cocaína, por un peso de alrededor de 50 gramos; 20 envoltorios tipo bagullo de marihuana y dos trozos compactos de esa misma droga, cuyo peso total fue de casi 430 gramos.

Además, secuestraron balanzas de precisión, dinero en efectivo, una escopeta y un revólver sin numeración, 20 cartuchos intactos de distinto calibre, y nueve teléfonos celulares.

En el búnker hallaron una gran cantidad de herramientas eléctricas de mano; bicicletas tipo mountain bike; mochilas, ropa y calzados nuevos; estéreos y parlantes de automóvil.

También herramientas de peluquería; partes de moto; computadoras, parlantes portátiles; joystick y consolas de videojuegos; cañas, reels y otros elementos de pesca; una motosierra y una motoguadaña.

La Justicia trabajaba para establecer a qué robos cometidos en las últimas semanas corresponden esos elementos, puesto que todo indica que su procedencia es ilícita y que fueron intercambiados en ese lugar por drogas.