Víctor Enrique, Sergio y Víctor Manuel Solmi fueron procesados por la Justicia junto a los contadores Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano —además de otras seis personas con domicilio en Buenos Aires— en el marco de una causa por lavado de activos que denunció Afip y que contó con la tarea de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Por esa causa, en abril del año pasado allanaron diversos domicilios vinculados a la familia Solmi junto a agentes de la Afip para secuestrar una gran cantidad de documentación vinculada a la investigación.

En ese marco, también allanaron el estudio contable de Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano, procedimiento que valió el repudio de sus colegas por el secuestro de "herramientas de trabajo" como computadoras y celulares, "en el marco de un allanamiento de un cliente".

La investigación comenzó en 2017, a cargo del fiscal federal de San Nicolás, Matías di Lello. Luego, quedó en manos del juez Sebastián Casanello, en Comodoro Py, quien ordenó imputar y tomar declaración indagatoria a los acusados, a quienes ahora procesó.

La causa investiga a las empresas Citepa SA y Varbeg SA en el marco de un entramado de "corrupción, lavado de activos y evasión fiscal" que implicaba la contratación de compañías "fantamsa" a través de adjudicaciones directas y con presuntos sobreprecios por parte del Gobierno porteño durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, entre 2013 y 2018.

Se trata de las contrataciones para servicios de limpieza y antigrafiti que los Solmi efectivamente brindaron y hasta difundieron con orgullo empresarial a nivel nacional y local. La causa indica que los prestaron a través de esas "empresas fantasma", que facturaron más de 49 millones de pesos.

La investigación considera que ese dinero habría sido cobrado a través de "contratos irregulares" y luego fue a parar a "diversas transacciones financieras de inversión bursátil", constituyendo así la presunta puesta en circulación formal del "producto de la posible actividad ilícita".

En el expediente, además de la documentación secuestrada, hay escuchas telefónicas en las que Víctor Solmi mantenía contacto con funcionarios de Subterráneos de Buenos Aires y del Ministerio de Educación porteño en los que aparecerían diálogos vinculados al presunto direccionamiento de las adjudicaciones vía "urgencia" o "especialidad" como camino para sortear los procesos licitatorios.

Los procesados en la causa son, además de los tres Solmi y los contadores del estudio sampedrino: Andrés, Pablo y Alejandro Servente, José María Cambón, Jorge Alejandro Palacio y Mariana Peretti.

El juez Casanello dispuso embargos por alrededor de 18 mil millones de pesos sobre los bienes de los procesados, que en sus declaraciones indagatorias negaron los cargos de los que están acusados.

Todos apelaron la resolución judicial y ahora se espera que la Cámara analice el expediente y los elementos probatorios obrantes para decidir si confirma o revoca el procesamiento. 

Además de los procesados, la resolución de Casanello dictó falta de mérito para tres de los que inicialmente estaban involucrados en el caso.

La tranquilidad de la tarde-noche del martes en el centro de la ciudad se vio súbitamente alterada por el estruendo del ariete de la Policía Federal golpeando la puerta de la financiera Overcash, ubicada en calle Mitre al 860.

Mientras en San Pedro se viralizaba el video de las fuerzas federales "reventando" la entrada, un grupo de más de ocho policías ingresaba en las oficinas en busca de cualquier elemento vinculado con Rainbowex, Knight Consortium y "la China".

La Justicia Federal ordenó al menos dos allanamientos en el marco de la causa que investiga la presunta comisión de delitos financieros como el lavado de activos y la intermediación financiera no autorizada.

Además de la financiera ubicada en el centro, allanaron una vivienda en el Apart Club San Pedro, donde los resultados fueron negativos, según indicaron fuentes de la investigación.

El fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la causa, había adelantado que el caso Rainbowex motivó la intervención de la Procelac, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) y la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA). 

Estos organismos están investigando un esquema que captaba inversiones y que podría estar vinculado a un fraude financiero similar al caso Intense Live, operando bajo un esquema Ponzi.

La investigación del presunto fraude financiero vinculado a Rainbowex comenzó así, ruidosamente, con allanamientos en las financieras donde los primeros damnificados señalaron haber realizado transacciones de conversión de pesos a Tether (conocido popularmente como USDT). 

La compra-venta de estos USDT, a través de billeteras virtuales como Lemon, entre otras, era el primer paso para la captación de inversiones en Rainbowex, y desde allí el fiscal Di Lello ha iniciado sus pesquisas.

as autoridades buscan desentrañar el complejo entramado de roles vinculados a estas operaciones de captación de inversiones, sospechadas de intermediación financiera sin autorización o posible lavado de dinero.

Durante el allanamiento en Overcash, se procuraba obtener documentación, registros financieros y otras pruebas vinculadas a la captación de fondos.

Estos fueron los primeros procedimientos relevantes en la causa y se espera que haya otros en el corto plazo.

Dos allanamientos ordenados por la Justicia Federal tuvieron lugar este jueves en el marco de la investigación por las amenazas de bomba en la escuela Normal.

Personal de la Policía Federal llegó a la ciudad para cumplir con la orden emitida por el Juzgado en un domicilio ubicado en Rómulo Naón al 2400 tras los datos obtenidos en la investigación de la Unidad Operativa San Nicolás junto a los peritos de ciberdelitos.

Allí secuestraron celulares, notebooks, tablets y "escritos realizados por la investigada", informaron desde la Policía Federal, que actuó bajo las órdenes de la Fiscalía que conduce Matías di Lello con intervención del fiscal coadyuvante Wenceslao Hernando Insúa.  

Cuando terminaron la tarea en ese domicilio, producto de los elementos obtenidos, decidieron allanar nuevamente la vivienda de Uruguay al 2000 donde ya habían encabezado un procedimiento similar el 20 de mayo pasado.

Allí también secuestraron dispositivos electrónicos y manuscritos que sumarán a la investigación por el delito de "intimidación pública" cuya causa tramita en la Justicia Federal de San Nicolás.

En las últimas semanas hubo varios episodios de amenazas de bomba que llegaron vía e-mail y que obligaron a la evacuación de los establecimientos educativos y a su revisión por parte de la Brigada Antiexplosivos.

Varios dispositivos fueron secuestrados por la Policía Federal este lunes en un allanamiento que tuvo lugar en una vivienda ubicada en Uruguay al 2000, donde la Justicia ordenó el procedimiento en el marco de la investigación por las amenazas de bomba en escuelas de San Pedro.

El Juzgado Federal de Carlos Villafuerte Ruzo ordenó el allanamiento tras una investigación que permitió establecer serias sospechas acerca de que desde ese domicilio se habrían enviado los e-mails con amenazas de bomba a la escuela Normal la semana pasada, durante martes y jueves.

La requisa permitió el secuestro de "importantes elementos de interés para la causa, como ser varios teléfonos celulares, notebook, pendrive, CPU de computadora, y escritos realizados por el principal investigado", informó la Policía Federal tras el procedimiento.

Se llevaron un DVR y revisaron grabaciones de cámaras de seguridad que no arrojaron los resultados esperados, según revelaron fuentes de la investigación, aunque todo lo grabado fue dispuesto en pendrives que, junto al resto del material secuestrado, será enviado a peritar por los expertos en ciberdelitos.

Los efectivos de la División de Unidad Operativa de la Policía Federal de San Nicolás llegaron alrededor de las 8.00 de la mañana con el objetivo de allanar la vivienda ubicada en la planta alta del inmueble.

Apenas arribó la Federal, una empresa que presta servicios de seguridad fue convocada para colaborar con el procedimiento, de acuerdo a lo que pudo divisar el móvil de La Opinión & Sin Galera, mientras los vecinos aportaron datos sobre la propiedad.

Esa casa y otra que da sobre calle Rojas, pertenecían a un mismo dueño y de hecho la requisa sólo se hizo en la planta alta, tal como muestran las imágenes captadas sobre el acceso lateral de Uruguay 2060.

El principal investigado sería un menor de edad que reside en ese domicilio, sobre cuya participación en el delito que investiga la Fiscalía Federal que conduce Matías di Lello junto al fiscal coadyuvante Wenceslao Hernando Insúa sólo informó que está imputado por "intimidación pública".

La Justicia ordenó un nuevo allanamiento en el marco de la investigación que busca establecer responsabilidades por la ola de amenazas de bomba que se vivió en San Pedro desde principios de abril.

Personal de la Policía Federal con asiento en San Nicolás tenía a su cargo la tarea, que se desarrollaba este lunes por la mañana en un domicilio de Uruguay al 2000, en inmediaciones del club Paraná.

Hasta allí los llevó la investigación que procura establecer desde dónde fueron emitidos los e-mails que llegaron con las amenazas de bomba a escuelas del distrito y  a otra instituciones con acceso público.

El procedimiento comenzó alrededor de las 8.00 de la mañana y se desarrollaba con normalidad en el domicilio sindicado.

Producto de las reiteradas amenazas, Jefatura Distrital y la Brigada Antiexplosivos resolvieron aplicar un protocolo provisorio en los principales blancos de las amenazas para evitar la suspensión de clases. 

Diversos domicilios vinculados a las empresas de la familia Solmi eran objeto de allanamientos de la Policía Federal y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) este martes por la mañana.

Desde la noche, los agentes de la Federal estaban apostados en la zona de Mitre al 2250, donde hay oficinas a cada lado de la calle que pertenecen a la firma familiar.

La Policía Federal aguardó hasta esta mañana el arribo del personal judicial y de Afip, en custodia de los objetivos del procedimiento, para evitar cualquier obstrucción a la tarea.

La orden con la que llegaron implicaba el secuestro de documentación en el marco de las causas en trámite que obligaron al allanamiento para obtener ese material relevante para la investigación.

No es la primera vez que la firma Solmi se ve involucrada en situaciones de este tipo, con intervención de la Justicia tributaria, Afip y la Policía Federal como auxiliar del personal judicial para llevar adelante allanamientos simultáneos.

Personal de la Policía Federal cumplía este miércoles con un procedimiento ordenado por la Justicia en el marco de una investigación penal que dispuso allanamientos en una propiedad en Santa Lucía y en un comercio dedicado a la compra y venta de chatarra en San Pedro.

Los agentes de la División San Nicolás de la Federal allanaban el predio ubicado en Independencia al 3100 en procura de hallar elementos de procedencia, que serían producto de robos.

En la chatarrería local secuestraban cables y cobre que serían de procedencia ilícita, y tenían incautado un camión proveniente de un comercio similar de San Nicolás, donde también había un allanamiento.

En Santa Lucía también se vio que del domicilio del titular de este comercio secuestraron bolsas que contenían cobre, material que se sospecha sería resultado de ilícitos y que se comercializarían en el predio de San Pedro.