Este martes, maquinaria y personal trabajaba sobre el ingreso a la nueva Terminal de Ómnibus.

Tal y como anunció el intendente Cecilio Salazar en la reapertura del edificio bajo la órbita municipal, comenzaron las tareas para reparar el adoquinado del acceso.  

La obra, financiada a través del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, está a cargo de Coopser. 

“La obra cuenta con una inversión de 118 millones de pesos”, informó la Municipalidad. Se llevará adelante en “dos etapas” sucesivas, “con un plazo estimado de ejecución de un mes”, señalaron.

Los deteriorados adoquines, que fueron colocados por la empresa Alfa, serán reemplazados por hormigón sobre la prolongación de avenida 11 de Septiembre. 

Las maquinarias removieron gran parte del viejo pavimento articulado, que a pocos meses de su colocación, ya se habían levantado.  

Con financiamiento del Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC),  Coopser llevará adelante la reparación del pavimento de acceso a la Nueva Terminal de Ómnibus, una obra que busca solucionar los inconvenientes estructurales que presenta el ingreso desde hace tiempo.

Los trabajos serán ejecutados por el Departamento de Obras sobre la prolongación de avenida 11 de Septiembre e incluirán el remplazo del pavimento articulado existente por hormigón. 

El objetivo es mejorar la durabilidad de la calzada y optimizar la circulación vehicular en el sector, especialmente ante el tránsito de colectivos de gran porte.

El acceso comenzó a evidenciar falencias pocos meses después de la inauguración de la Terminal. El sistema articulado utilizado no soportó adecuadamente el peso de los ómnibus y, según se observó con el paso del tiempo, tampoco contaba con la firmeza necesaria para resistir el tránsito pesado.

La Nueva Terminal de Ómnibus fue inaugurada el 10 de marzo de 2023 en un acto encabezado por autoridades nacionales y provinciales, entre ellas el entonces ministro de Transporte de la Nación. 

La obra, ejecutada por empresarios de nacionalidad china, fue presentada en ese momento como un importante avance para la infraestructura local.

Sin embargo, el deterioro progresivo del acceso y la falta de mantenimiento comenzaron a quedar en evidencia con el correr de los meses. A dos años de su inauguración, el estado del adoquinado en el ingreso ya mostraba daños notorios. 

Así lo señaló La Opinión en un informe, que refería a problemas de escurrimiento que provocaban acumulación de agua durante los días de lluvia.

La obra de pavimentación original estuvo a cargo de la empresa cooperativa Grupo Alfa, con sede en Quilmes, firma que también participó en otras obras desarrolladas en San Pedro, entre ellas las 84 viviendas del barrio Villa Depietri y las 89 del complejo Nuestro Sueño, ambas inconclusas.

La intervención en la Nueva Terminal de Ómnibus había sido contratada en 2021 con un presupuesto superior a los 18 millones de pesos. Hacia fines de ese año se completaron los trabajos de movimiento de suelo y durante 2022 se ejecutó la construcción de la calle de acceso.

Días pasados La Opinión recordó el primer año desde que el complejo de las 84 Viviendas fue ocupado por los adjudicatarios, tras el fracaso de no haberse concluido con la construcción, pese a que la empresa se llevó el dinero. 

Fue precisamente durante el feriado de Carnaval cuando con la anuencia de funcionarios públicos se abrió el obrador para que cada preadjudicatario se haga cargo de su vivienda,

Como se sabe, las unidades nunca se terminaron. La Cooperativa de Trabajo Grupo Alfa Limitada se fue de San Pedro, pese a haber cobrado el 96 por ciento del valor total.

La obra, que marcó la ilusión para las familias que jamás en su vida imaginaron estar cerca de tener su propio techo, se frustró por dos motivos: el reclamo de la empresa Arcor por haberse erigido un barrio en terrenos cedidos al Municipio, con el cargo de ser destinados a quienes residen en las barrancas del Bajo Cementerio, y el accionar escandaloso de Alfa, que cobró y desapareció.

Los rumores de una posible usurpación derivaron en aquella situación que obligó a los preadjudicatarios a ocupar las unidades, llave en mano. Y así lo hicieron, sin importar la falta de aberturas y sanitarios, ni agua y tampoco electricidad. 

¿Y la Cooperativa Grupo Alfa? Pese a haber cobrado el 96 por ciento de los certificados, es decir el 96 por ciento de $ 385.497.970,38 presupuestados originalmente más las redeterminaciones, se fue sin dar explicaciones.

Un informe elaborado por La Opinión, ilustró la situación de Alfa, las diferentes etapas que fueron cumpliendo y las certificaciones de trabajo que fue recibiendo, que implicaba hacerse de jugosas cifras de dinero.

Cabe acotar que la Ley Orgánica de las Municipalidades permite adjudicaciones directas de obras a las cooperativas. De ahí la utilización de esta figura jurídica.

En el caso de las 84 Viviendas, el historial de la obra tiene su cronología:

*26-10-2021: Comisión evaluadora del plan de construcción de 84 Viviendas. Decreto 1274/21. Expte. 410702138/21 obedece a Licitación Pública 09/21 y se presentan la cooperativa Grupo Alfa y la Cooperativa “8 de Diciembre”. 

*29-10_2021: Construcción de las 84 viviendas. Calificaron a Alfa con 73.5 puntos y ganó la obra. Decreto 1303/21 dispone que será pagada por Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación con dinero del denominado "Fondo Nacional Solidario de Viviendas". Valor total $ 385.497.960

*12-11-2021: En la obra no habían previsto ni contemplado que esas manzanas en las que ya el ministro Julio De Vido había anunciado la construcción de 88 viviendas del Plan Federal durante a gestión de Fabio Giovanettoni, requerían del “Movimiento de Suelos” al que claramente había que empujar con una “pequeña” adjudicación directa también a Alfa. Decreto 1371. Expte. 4107-2876/1. Pago a ALFA de $ 3.075.000

Los ajustes dispuestos para esta obra tenían una dinámica especial que permite calcular los mayores costos por inflación o demoras en “UVIS”, Unidad Vivienda.

En 2021 el dólar oficial cotizaba a 224 y el blue a 442. De cuánto hablábamos cuando se hizo el cálculo por la construcción total sin movimiento de suelos: U$S 1.720.973 más los U$S 13.727.

En 2022 los postulantes que cumplían los requisitos se inscribieron, en 2023 fueron sorteados para ingresar a sus casas en el mes de junio, después en octubre, después en diciembre cuando anunciaron que “está terminada en un 96 %, y por último, y como para que la verdad nunca se sepa, ocuparon el último día de carnaval de 2024 cuando el secretario de Gobierno y el personal de la empresa les dijeron “pasen si quieren". 

Para bien o para mal, la demanda de Arcor contra el municipio logró disfrazar los problemas y así mantener entretenidos a los preadjudicatarios en reuniones donde les prometían que iban a “luchar contra la colosal multinacional”.

Durante todo ese tiempo Alfa tapaba baches, arreglaba monumentos, colocaba adoquines, llegaba a La Tosquera con promesas de otros fondos, buscaba las 80 casas de Santa Lucía y se preparaba para la inauguración de una primera casa en Nuestro Sueño con festejo y todo. 

Es más, mostraba fotos donde el termotanque solar se lucía sobre los techos que finalmente se hicieron de material y se llueven.

*14-06-2023: Agua y cloacas. Con Fondos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires llegó la salvación. Decreto 833. Expte. 4107-00370/23 con una adjudicación directa que por casualidad quedó en manos de Alfa ya que siempre debían llamar a “muchas cooperativas”, los bonaerenses ayudaron. 

Ya el dólar cotizaba diferente pero cuando los vecinos entraron no había planos de cañerías y el agua brillaba por su ausencia. ¿Quién la conectó? La Municipalidad de San Pedro, que era la que no debía distraer ni un peso de los enviados por el Gobierno Provincial, $ 34.126.689 

Además de las 84 Viviendas, en los últimos años fueron adjudicatarios de otras obras, todas trascendentes por su volumen: 89 Viviendas de “Nuestro Sueño”, la remodelación de la Plaza Constitución, la reparación del Centro Educativo Complementario 801, el Jardín de Infantes -con su playón deportivo- de Banfield, el Nuevo Centro Verde de Reciclado de La Tosquera, la reparación del Tanque Copa de agua, el edificio de la Policía Comunal, la refacción del Departamento Canino, las reformas en el Estadio Municipal, la prolongación de la avenida 11 de Septiembre, con su pavimento articulado que se inserta en la Nueva Terminal.

No es poco. Lo sorpresivo es que ninguna empresa se haya interesado, participado y sido adjudicada con algunos de estos trabajos. Todos los caminos siempre condujeron hacia Alfa, Fecoovima o la desconocida “8 de Septiembre”, con domicilio en Villa Constitución, que tienen denominadores comunes: los apellidos Veneziano, Nizuno y Mansilla.

Durante la mañana del sábado, el móvil de Sin Galera recorrió la zona de Lucio Mansilla y 11 de Septiembre, en cuya intersección se encuentra el acceso a la nueva Terminal de Ómnibus.

A casi dos años de su inauguración, el adoquinado de la entrada muestra un importante deterioro y en días de lluvia el agua no desagota y queda estancada.

"No se puede cruzar la calle", indicó Lilí Berardi al notar la "pileta" que había que atravesar por acceder a las instalaciones.

La obra de pavimentación de esas cuadras estuvo a cargo de la empresa cooperativa Grupo Alfa, la misma compañía con sede en Quilmes que fue responsable de diversas obras en San Pedro, entre ellas las 84 viviendas del barrio Villa Depietri y las 89 de Nuestro Sueño. 

“La verdad con todo lo que pasa en San Pedro, la decidía, el abandono, ¿no te dan ganas de llorar? Porque se te junta tanta angustia de ver a nuestro San Pedro tan venido abajo, tan derrotado. Qué triste que es, ya no se aguanta más”, expresó con pesar una oyente mientras veía el programa en vivo. 

La obra de la nueva Terminal de Ómnibus fue contratada en 2021, con un presupuesto de más de 18 millones de pesos. A fines de ese año, el movimiento de suelo estaba listo. En 2022 terminaron la calle y a mediados de año colocaron los semáforos. La Nueva Terminal fue inaugurada en marzo de 2023.

El 18 de diciembre, el Gobierno municipal le rescindió el contrato al grupo ALFA del convenio para el proyecto del barrio La Tosquera, que se encontraba en la etapa de desagües pluviales, red vial y peatonal.

Los trabajadores hicieron la vereda y la bajada del lugar fue adoquinada, pero tiempo después levantaron el obrador sin tener certificación de final de obra y desaparecieron, a pesar de que poseían un convenio que establecía un plazo de ocho meses para concretar construcción. 

A casi siete meses de la llegada de decenas de familias al barrio de las 84 Viviendas, el panorama de las propiedades ocupadas se hace complejo. Hubo ventas ocultas, préstamos a cambio de materiales de obra, modestos alquileres y algunas permutas.

Hay un sólo caso de un discapacitado que fue invitado a renunciar a sus derechos, otra casa que nunca fue ocupada porque su preadjudicataria está en un hogar de cuidados y luego más de una decena cuya situación se hace compleja a la luz de la resolución que algún día debería terminar en la entrega de escrituras.

La empresa constructora cobró un 96% de certificación de avance de obras de acuerdo al presupuesto y el gobierno le abrió las puertas a las familias que en febrero de 2024 vieron la realidad en la que les entregaban las unidades habitacionales. No hay reclamos ni investigación y las amenazas de litigios se fueron diluyendo.

Los que lograron afincarse de manera definitiva esperan acceder a su legítimo derecho de ser titulares de un medidor de luz, contar con calles internas transitables, desagües cloacales y otros servicios esenciales como el gas.

Los que vendieron o permutaron por otros bienes, se dividen entre los que esperan armar un hogar y los que esperan pacientemente que con el paso del tiempo suceda lo mismo que ocurrió en otros barrios, incluídos los que fueron usurpados y lograron escrituras sociales a nombre de los actuales ocupantes.

Durante la primer semana de septiembre llegaron caras nuevas. Dos viviendas, tienen nuevos ocupantes y una tercera que corresponde a una persona discapacitada fue “alquilada”. 

También hubo devoluciones al municipio y re adjudicaciones. Al menos hay un caso en que la casa de una docente fue a parar a manos de otra que estaba en la lista de suplentes.

Respecto al reclamo interpuesto por la asesora legal de Coopser y concejal en ejercicio Paola Basso ante la justicia no hay más novedades que una rotunda negativa de la Jueza Fulghieri a tomar intervención en una obligación que le compete a la distribuidora de energía que considera robo de energía a la peligrosa red de conexiones que abastecen a 84 casas desde un medidor de obra.

La propiedad de los terrenos sigue en disputa entre Arcor y la Municipalidad de San Pedro que en todo caso deberá resarcirlos si se les otorga la razón respecto al cumplimiento del destino por el que esas manzanas fueron cedidas. 

Una síntesis de una estafa a la ciudadanía con 84 grupos familiares que fueron condenados a vivir como rehenes de un problema que jamás buscaron. El día en que por sorteo les anunciaron que serían propietarios de viviendas sociales que podían pagar en cuotas, creyeron que el sueño de la casa propia era posible.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, habló por primera vez de los pagos que recibió el Municipio por obras públicas. Entre las más importantes está la del barrio de 89 viviendas, que le fue adjudicada a la empresa cooperativaGrupo Alfa —o a la 8 de Diciembre, que aparece como ganadora da la licitación— para la construcción de casas en terrenos que habían adquirido los socios de la Cooperativa Nuestro Sueño.

Treinta de ellos en un terreno que la organización compró a su nombre y por los que los interesados pagaron tres mil dólares y el resto que pertenecían a socios que no habían podido levantar sus unidades habitacionales en terrenos propios.

La secuencia de pagos totaliza casi 563 millones de pesos y las certificaciones fueron confeccionadas por un total de 571 millones. Es decir que nada se le debe a Grupo Alfa aunque Alfa debe una gran parte de la obra a sus verdaderos destinatarios: los socios de Nuestro Sueño.

En total suman 22 los certificados que se extendieron para acreditar el avance de las obras que se ejecutaban con el mismo personal que rotaba en otros obradores, con la modalidad de “socios” de las cooperativas de trabajo y sin estar registrados formalmente.

El primer desembolso se giró en marzo de 2022 y completó mes a mes los pagos de manera consecutiva. Aunque la obra tenía como fecha de inicio diciembre de 2021, habían pasado tres meses cuando iniciaron la tarea con un anticipo que en enero llegó a los 22 millones.

Los dos meses siguientes sumaron 28 millones, luego dos pagos menos importantes de 3 y 6 millones de pesos para llegar a los últimos cuatro meses de ese año con dos pagos de 29 millones, uno de 18 y por último otros dos de 41 millones.

En 2023 esperaban poder cobrar algunos trabajos pendientes y arrancaron el año con unos 40 millones de pesos. En febrero lograron cobrar casi 60 millones; en marzo no hubo depósitos y en abril registraron el certificado número 13, con 30 millones. 

En en mayo fueron 25; en junio hubo dos pagos de 30 millones; en julio, ninguno; y en agosto 27 millones de pesos.

Septiembre no registró pagos y en octubre reanudaron el trámite con un certificado de 35 millones, otro de 17 y el restante de 15.

Para noviembre el Municipio giró a la empresa cooperativa 23,5 millones y el 11 de diciembre el certificado número 22 reportó 27.8 millones de pesos. 

Nunca más apareció la empresa, que cobró por el total de lo presupuestado, aunque sus representantes suelen frecuentar a varios proveedores a los que les dicen que el Municipio aún les debe dinero. 

No hay registros de los avances en cada unidad habitacional más que aquellos propietarios que por su propia cuenta lograron continuar con algunos materiales que compraron o recibieron cuando se desmanteló el obrador del que de la noche a la mañana desaparecía gran cantidad de material sin que los adjuricatarios hayan podido reclamar de manera colectiva a las autoridades.

Las autoridades dicen que no los han demandado porque quedaron trámites pendientes desde que el Gobierno nacional paralizó la obra pública, sin embargo de un prolijo análisis del estado en el que hoy están los barrios a cargo de las mismas empresas, no llegan ni a un 50 por ciento de lo prometido. En algunos casos, menos.

Son varias manzanas y cada vez más familias las que logran un lugar en el barrio conocido como Cooperativa Nuestro Sueño. 

Tras haber quedado comprometidos dentro de las obras que debía terminar la empresa Grupo Alfa u 8 de Diciembre, entienden que entre todos pueden contratar a otra firma para concluir la tarea y dar una solución sanitaria adecuada a la zona.

“En el barrio ya están colocados los ramales principales y algunas camaras. La obra quedó inconclusa y cada vez hay mas vecinos habitando. La mayoria ha hecho pozos pequeños a la espera de que la obra continúe”, dijo una vecina que ya tiene presupuesto para poder terminar de conectar su vivienda.

Pasaron más de ocho meses y los pozos ciegos resultan escasos para resolver la situación sanitaria de la zona. Molestias, olor y anegamiento forman parte de lo que viven a diario. 

Las imágenes de las cunetas están llenas de “aguas servidas” que no sólo contaminan sino que representan un peligro para todos. 

“Sería simple hacer los  cruces hasta el zanjón, son unos quince metros de cañería", señaló el marido de la mujer que ya tiene dos presupuestos en mano y aseguró: “Somos muchos los vecinos que estamos dispuestos a pagar por los materiales y la mano de obra”.

De acuerdo a lo que informó “todas las cañerías de cloacas del barrio Arcor y Futuro desagotan  en la salida del túnel en 3 de Febrero y Emilio Estévez, hay una cañería que desagota un poco más adelante, asi por lo menos solucionarían provisoriamente que todo un barrio esté con este problema”.

Desde que la empresa cooperativa ALFA desapareció de las obras que tenía a su cargo y por las que cobró dinero que se pagó a través del municipio procedente del gobierno nacional y provincial, hubo pocas novedades y ninguna demanda o denuncia judicial.

La semana pasada, preadjudicatarios de las 84 viviendas fueron citados a un obrador ubicado en Boulevard Moreno y Mateo Sbert para llevar mesadas, pintura y en algunos casos revestimiento de PVC que les fueron entregados por personas a las que ya conocían del obrador de Depietri.

Sin certificación ni probable destino, los materiales aparecieron para calmar los reclamos de los vecinos que tienen sus casas más atrasadas. Ese mismo día, se constató que la obra de construcción de 55 casas de material anunciadas antes de las elecciones por la Federación de Cooperativas de Viviendas La Matanza sobre terrenos que ofrecía en cuotas a trabajadores registrados, retomaba la tarea. El sistema es similar al de otro barrio que espera y en el que también los socios tuvieron que pagar unos tres mil dólares para ingresar a la Cooperativa Nuestro Sueño.

En realidad las viviendas anunciadas para esa etapa eran 96 de las 214 que anunciaban en la folletería con planos y proyectos que entregaban a los interesados en comprar los terrenos.

Ese proyecto inmobiliario de FECOVIMA que fue anunciado junto al Municipio tiene su sede en La Matanza, donde también hay vínculos con la obra pública que se ejecuta en territorio bonaerense con esta controvertida modalidad. De hecho, antes de comenzar necesitaban tener incorporados todos los servicios que prometieron a los compradores que debían ser trabajadores registrados sin vivienda propia. De allí su denominación inicial: Barrio Los Trabajadores.

Por primera vez desde que asumió, el arquitecto Mariano Brañas respondió a una consulta de La Opinión, respecto a este tipo de emprendimientos que tiene a su cargo fiscalizar y certificar para que se puedan acreditar los fondos aunque su firma, por ahora, no apareció en ninguno de los expedientes anteriores.

El viernes por la tarde, el funcionario informó que “a obra en cuestión es de un privado que, en convenio con la Provincia, ha presentado al Instituto de la Vivienda la documentación necesaria para su ejecución, incluyendo planos de ubicación, plancheta catastral ARBA, anteproyecto de mensura y subdivisión, proyecto hidráulico, certificados de no inundabilidad y ambientales, entre otros”. Es decir que pese a contar con el acuerdo en provincia ha podido avanzar sin la aprobación definitiva para subdividir y escriturar luego a nombre de los propietarios y sin las obras de infraestructura para servicios esenciales como el agua, las cloacas y las alturas de terrenos.

Lo más importante del informe de Brañas pasa por el rol que le compete al municipio. En ese sentido dijo:  “no cuenta aún con el expediente municipal, por lo que se ha notificado al privado para la presentación de la documentación requerida y se ha informado a la Provincia sobre esta situación”, algo que normalmente implica labrar un acta y dar parte al Juzgado de Faltas tal como se procede con cualquier obra en construcción no autorizada.

No hace falta volver a listar las obras, los decretos y las certificaciones que beneficiaron a ALFA, 8 de Diciembre y APCO, los tres nombres con los que operan un grupo de empresarios quilmeños que bajo la denominación de cooperativa de trabajo, lograron eludir todo tipo de acción judicial y control por parte de quienes deberían defender la administración de recursos públicos.

Es “llamativo” que nadie publique qué sucede con los terrenos de Nuestro Sueño, el tanque copa, las 84 viviendas, las falencias en el adoquinado de 11 de Septiembre y la infinidad de tareas que había que terminar en el barrio La Tosquera. Desde la gestión de Cecilio Salazar el silencio es asombroso. Están más preocupados por ayudar a quienes estafaron a los argentinos que por reclamar por lo que firmaron. 

Los vecinos sampedrinos tampoco hablan. No quieren pagar las consecuencias de relatar lo que se les dice en grupos privados y públicos porque muchos creen que esa pequeña ventaja que pueden obtener los mantiene “al calor del amo”. Efectivamente, es tal la relación que han trabado que hasta “estar colgado de la luz” es bien visto por todos. 

El martes comenzó otro capítulo perverso para quienes ilusionados con sus casas y el sorteo que los liberó de pagar un alquiler, ven de qué modo se los va llamando para repartir elementos que figuraban como existentes en las certificaciones y que ahora servirán para culpar a los beneficiarios del desmadre que se produjo cuando se abrireron las puertas para que cada familia ocupe su casa.

Martes y miércoles, de 13 a 17 y con transporte a pagar por cada vecino se entregaron en Mateo Sbert y Boulevard Moreno nuevose elementos. Algunos estaban contentos porque tienen “línea directa con la municipalidad”; es decir, creen ser privilegiados y no cómplices. Es más, en algunos casos recibieron revestimientos de PVC para el baño o pintura.

Respecto de la causa que ahora tramita en la fiscalía de Baradero no hay novedades que indiquen avances. Tras la feria judicial habrá que verificar si además de la denuncia contra funcionarios se adoptan medidas preventivas para secuestrar documentación que pueda ser importante para resguardar a los vecinos que ingresaron al barrio y mejoraron sus casas. 

Hay otra noticia que este medio pudo confirmar: ya hay casas reasignadas a suplentes porque sus preadjudicatarios titulares desistieron y firmaron su renuncia al plan. Pasaron cinco meses desde aquel día en el que se selló la suerte de estas familias que hoy están divididas y enfrentadas porque a los “que le tocaron las casas más terminadas” se los ve como privilegiados y a los que “no tenían nada” como los que tapan todo para proteger a los estafadores que los ilusionaron. Olvidaron su derecho a reclamar por las casas terminadas, los servicios instalados y la construcción deficiente.

Desde hace meses, La Opinión espera respuestas a su pedido de acceso a información pública. Ni más ni menos que conocer quién firmó, cómo se certificó y cuánto cobraron las empresas cooperativas que abandonaron las obras con la excusa de la “suspensión de la obra pública”, que en varios casos se utilizó como atajo para confundir. 

El ejemplo más cruel y costoso ha sido el de Grupo ALFA en las 84 viviendas y el barrio Nuestro Sueño. Ahora el nombre es INDHAL SRL:

Hubo que esperar a la Rendición de Cuentas para saber, tal como se presumía, de qué manera el Gobierno local firmó una remisión de 153.683.343,35 de pesos en concepto de anticipo para el comienzo de la obra.

Ese día, los funcionariios llegaron al predio lindero al Corralón municipal para mostrar la tarea de “movimiento de suelo”. Apenitas una capa de tosca y 150 millones al bolsillo de Indhal. Allí se iba a construir la Escuela Técnica Profesional.

“La empresa Indhal SRL tiene asiento en la ciudad de Berazategui, en el conurbano bonaerense, con vasta experiencia en obra pública en ciudades como Quilmes, Olavarría y Cariló, y en provincias como Salta y La Pampa” referían los antecedentes.

Al igual que con los nombres y trabajadores monotributistas o con planes sociales de Alfa, 8 de Diciembre y Apco, esta empresa logró certificar tareas que nunca realizó y, por supuesto, cobró por ello. 

Ni el Concejo Deliberante ni la justicia han dicho aún una sola palabra respecto al dinero girado desde el Gobierno nacional y provincial. 

Desde noviembre todo está parado por un cambio de gobierno que en la ciudad no cambió de manos, en la provincia tampoco y que sólo tiene a Javier Milei como nuevo presidente con la obra pública cancelada. 

“Programa de Infraestructura para Establecimientos de Educación Técnica Profesional, lanzado para fortalecer las políticas públicas que garanticen el acceso a la educación secundaria obligatoria de jóvenes entre 15 a 18 años", decia la gacetilla de prensa tras el contrato firmado en junio de 2023, dos meses antes de las elecciones primarias.

Además del jefe comunal, Cecilio Salazar, aparecen en la foto Raúl Alberto Di Clemente, Socio Gerente de la empresa Indhal S.R.L; el secretario de Obras, Planeamiento y Catastro, Javier Silva; el secretario Coordinador del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, Alan Ocampo y Ariel Villanueva, representante de la empresa. 

El dinero prometido por el Gobierno nacional llegó al Municipio y desde allí “derechito al bolsillo” antes del 10 de diciembre de 2023.

Entre otras promesas, estaba la apertura de una calle que divida al Corralón municipal del predio de El Fortín, como acceso de los alumnos a una escuela.

Las fotos de aquel día ilustran a la perfección cuánto se puede simular para enterrar 153 millones en una capa de tosca y dentro de un container en el que colgaron los planos del nuevo espacio educativo.

Las gestiones que se hicieron ante el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, tuvieron su primer resultado en septiembre de 2023 con la llegada del dinero. 

Faltaban pocos días para las elecciones generales y sólo alcanzó para el anuncio que prometía que esa escuela tendrá una orientación “hacia la economía del conocimiento, con especialización en robótica, tecnologías 4.0 y programación, de gran relevancia en el desarrollo de la oferta educativa”. 

Casi en simultáneo, se adjudicó la construcción del Jardín de Infantes de la Escuela Normal en otro predio y con la misma empresa.

Hasta la fecha no hay denuncias por el incumplimiento del contrato ni novedades sobre la empresa a cargo. Era una cantidad de dinero importante, ahora ya devaluado, aunque aún así representan 171.190 dólares a la cotización oficial, que bien podrían sostener alguna obra de cloacas, agua potable o reparaciones en los establecimientos educativos. 

La Opinión aguarda la información que pidió y una explicación a la ciudadanía sobre los motivos por los cuales, al igual que en otras obras el dinero, los materiales y las empresas desaparecieron.

En junio de 2022 se firmó el contrato por 142 millones de pesos para la construcción de 25 viviendas en Río Tala. El plazo para terminarlas: un año. O sea que deberían haber sido entregadas a sus adjudicatarios —aquí no hubo sorteo— en julio de 2023. 

El dinero venía del Ministerio de Hábitat de Nación. Ramón Salazar como intendente, Javier Silva como secretario de Obras, Fabián Rodríguez como secretario de Economía y la empresa APCO rubricaron el compromiso.

No sólo no cumplieron sino que en septiembre de 2023, un mes después de las elecciones primarias comenzaron los problemas. Apareció la UOCRA, “sorprendida” por la falta de pago a los monotributistas sociales. 

Las cifras fueron actualizadas de acuerdo al índice de construcción y, aun así, continuaban las demoras. 

Al igual que en las 84 viviendas, los obreros eran contratados por las mismas personas pese a que pertenecían a adjudicatarios diferentes.

Cecilio Salazar había vuelto a la Intendencia, Javier Silva seguía como secretario de Obras Públicas, el secretario de Hacienda era Alfredo Carrasco y la empresa adjudicataria ya llevaba otro nombre “al menos para los obreros que debían ir a cobrar a la misma sede de otras cooperativas”. 

Pese a que no cumplieron, no fueron denunciadas por los funcionarios ni investigadas por los concejales. Las rendiciones son un misterio y los materiales se esfumaron. Hoy el lugar es blanco de robos y saqueos.

La Opinión y Sin Galera recorrieron en dos etapas la manzana en la que se emplazan estas “viviendas sociales”, que así les llamaban cuando las anunciaron. El primero video es sobre calle San Martín, ahí llegaban las inspecciones y se observan avances más importantes.

El segundo video es sobre la calle transversal, limitada por un zanjón hediondo y que solo conduce a un anegamiento con agua podrida. 

Allí están las casas más postergadas, las que en muchos casos ni siquiera pudieron ser revocadas. 

Se repite la historia de las 84 viviendas, sólo que en estas no están las ventanas con vidrios que fueron fabricadas en una medida que obligaba a “achicar” las aberturas, como lo relató un proveedor a este medio.

Las imágenes fueron registradas el domingo 23 de junio en horas de la tarde. No necesitan de comentarios ni conclusiones. 

Es dinero de todos los argentinos que administra el Gobierno nacional y debía supervisar el Gobierno local. Ambos han incurrido en groseras irregularidades, sea quien sea el que lleva adelante la gestión. 

Las semanas pasan y se cumplen cuatro meses desde el día en que los preadjudicatarios de las 84 Viviendas ingresaron a las casas de las que ya tenían las llaves que les entregó el municipio.

La Opinión ha estado en el barrio desde que comenzaron las máquinas a preparar el suelo y vuelve desde que la empresa ALFA se fue del obrador con los certificados y los pagos de una obra que no terminó.

Las historias de cada vecino difieren según la ubicación que les haya tocado en suerte y sus posibilidades también. Sólo los iguala la estafa de la que fueron víctimas y las mentiras que hasta el día de hoy soportan a cambio de recibir algún elemento que necesitan. También los iguala su condición ante el suministro eléctrico, porque a ninguno le han habilitado un medidor.

Valeria tiene un termo bajo el brazo y un mate. Es una mañana fría y una decena de vecinos se han reunido en el obrador para saber si habrá nuevas entregas. Dentro de su casa hay una hornalla prendida y un amigo que emparcha las grietas que quedaron entre los marcos de las puertas. El jardín ya está delimitado, un alambre y un árbol.

“Mi abuela me protege”, dice la mujer que esparció las cenizas en el lugar donde luego planto un árbol. La cocina y el baño no tienen nada instalado, el techo se llueve y las cañerías de luz penden de un milagro.

“No puedo entrar ni con la moto”, relata cuando se le pregunta por qué no vive allí. Tiene contrato hasta julio y ese día no hay opciones: se tiene que mudar.

El jueves 24 de mayo, un grupo de vecinos se reunió en el obrador de las 84 viviendas. El día anterior se había conocido la noticia que dejó a David Castañares fuera de la casa que le correspondía en el barrio. Era una de las que habían sido destinadas a discapacitados y la sola presencia de un nuevo ocupante causó indignación entre los que resisten a la espera de una solución.

Hay casas que ya están habitadas, otras que están al cuidado de terceras personas y el resto, en riesgo porque por algún motivo nadie se ha acercado a conocer su estado. El temor mayor es que no se respete el listado de suplentes sorteados.

Esa mañana, Adriana invitó a la periodista a recorrer la que será su vivienda si es que algún día logra terminarla. Pidió un picaporte prestado porque “siempre lo lleva en la cartera" y esta vez no lo tenía. 

Abrió la puerta con la llave que le entregaron en diciembre de 2023 y luego comenzó a mostrar todo lo que le falta. A ella no le pusieron la mesada, las aberturas y tantos otros materiales que las unidades más avanzadas ya tienen colocadas. Por número y ubicación está entre el grupo de las “inhabitables”. 

Su experiencia hasta el momento ha sido un rosario de mentiras. Tuvo que pagar por tareas que ya estaban concluidas, certificadas y abonadas a la empresa ALFA.  No sólo eso: como todos guardó mucho tiempo de silencio por temor a que “no le den más nada”. 

Las reuniones en el barrio sufren del mismo síndrome: la división y el enfrentamiento que se generó entre aquel grupo que celebró y aplaudió porque por primera vez la adjudicación y la oportunidad llegaba con inscripción previa y sorteo. 

El contrato con la empresa APCO S.A. fue firmado en presencia de Ramón Salazar en junio de 2022. Cómo llegó a quedar en manos de los mismos trabajadores que cumplían tareas en ALFA, la misma cooperativa que cobró millones por obras que no terminó o que no cumplió, sigue siendo un misterio que nadie aclara.

Hay un pedido de información pública por parte de La Opinión que nadie responde y en la sesión donde se analizó la rendición de cuentas del ejercicio anterior el tema no se trató.

En ese momento el presupuesto total era de 142.468.906 pesos (el dólar blue cotizaba a $ 236). Así lo informó el Gobierno, “y el plazo de construcción de las unidades habitacionales es de un año”, dijeron cuando aún faltaba un año para las elecciones. Eran cerca de 540 mil dólares a la cotización blue y un millón ciento cincuenta mil al oficial. 

“Bueno como ya sabes usted acá estás viviendas quedaron todas abandonadas son 25 casa de las cuales casi todas tenían sus ventanas pero como la cooperativa que estaba a cargo resultó ser una cooperativa fantasma quedó todo abandonado. Se fueron robando todas las ventanas en su totalidad”, dijo un vecino al que este medio consultó porque la noche anterior se habían querido sacar una puerta pero llegó la policía.

Lejos de desistir, volvieron a la madrugada y se la llevaron. “Te dicen ‘qué te haces problema si no es tuya’, me da mucha impotencia como se llevaron todo y cuando volvió la policía ya se habían ido”, agregaron desde la zona en la que también se preguntan sobre la responsabilidad del delegado Walter Díaz que debe exigir la custodia del predio afectado a esas obras. 

N. de la R.: Si usted no está dispuesto a leer la nota hasta el final no opine ni agreda. En poco tiempo sólo brindaremos contenidos a lectores que deseen un debate responsable y honesto.

“Esto existe, acá lo pueden ver y es un orgullo para nosotros porque es un lugar hermoso y bueno digamos que esta campaña que se ha instalado acerca de los muchos lugares que no existen de comedores para asistencia ahora lo estamos saliendo nosotros a mostrar el trabajo que hay en este barrio popular”, dijo Augusto, el periodista más joven de Sin Galera cuando llegó por primera vez al Barrio La Tosquera. Su misión era la de corroborar qué hace, cómo funciona y cuánto hay de cierto en la batalla desatada entre organizaciones sociales que administran bien su dinero y las que esconden un costado oscuro en el que desaparece la acción del estado. 

A ese lugar también llegó la empresa cooperativa ALFA a llevarse el dinero de todos sin una sola sanción u observación de la dirigencia política local.

El caso de La Colmenita soprende porque constituye una clara muestra de un espacio diseñado para niños al cuidado de voluntarias que se financian con “los planes” y el contraste con la escuela pública, denigrada hasta el dolor por la desidia de quienes lograron hundir esa única garantía de igualar oportunidades.

La recorrida y la nota con los vecinos no necesita editoriales. Una localidad que supera los 3000 habitantes que no tiene agua, luz, cloacas, recolección de residuos, transporte público, fuentes de trabajo y cajero para los trámites más sencillos; sólo es conocida por la reputación que cobra en las noticias policiales. 

Escuchar a cada uno de los protagonistas y despojarse de prejuicios es una obligación en una sociedad que se debate en la profunda grieta que separa a ciudadanos que abrigan un mismo fin: vivir mejor y con derechos que se respeten desde el primer día de vida.

En resumen, reciben fondos del gobierno provincial, esperan ayuda del gobierno nacional pero saben que esta vez habrá que dejar de esperar porque desde hace décadas funcionan con esa “espera eterna” que a veces es sólo un paquete de fideos. 

Analis Sierra, coordina todas las actividades del lugar y dedica todo su tiempo a esta particular militancia que propone el Movimiento de Trabajadores Excluidos. 

"Este lugar es un oasis dentro de un lugar al que todos miran como un lugar complicado.", describe Analis Sierra

El resto de los entrevistados defiende con uñas y dientes su trabajo. Aún están convencidos de su extrema dependencia del gobierno pero cuando se los invita a reflexionar sobre el rol del estado, empiezan a juntar fuerzas como para despojarse de aquellos que siempre les hacen sentir que están en deuda. 

Lo cierto es que en pleno territorio bonaerense existe un lugar agradable, contenedor y funcional para los niños que crecen en un lugar que está al cuidado de una organización social. Vale la pena el debate.

N. de la R.: Si usted no está dispuesto a leer la nota hasta el final no opine ni agreda. En poco tiempo sólo brindaremos contenidos a lectores que deseen un debate responsable y honesto.

[...] el problema principal del esclavo no son en sí mismas las distintas calamidades que tiene que soportar día tras día por su condición de esclavo (...) sino que es, más bien, la matriz de pensamiento que no le permite cuestionar su esclavitud. [...]

El síndrome del esclavo satisfecho no es un término recogido por el DSM (Diagnostic and Statistical Manual) ni por ningún otro manual de diagnóstico psiquiátrico pero bien puede formar parte de las actitudes “de manual" de la construcción del poder en Argentina. Nada peor que un ser humano resignado a depender de la voluntad ajena, a su creencia de sumisión y a la constante reverencia agradecida.

Es sólo una introducción para el nuevo capítulo que el miércoles escribieron los dueños del futuro de las 84 familias sorteadas para habitar una vivienda en el Barrio Depietri. 

Un funcionario de gobierno, confirmó a una de sus referentes e informantes en el barrio sobre la llegada a las 10 de la mañana de materiales para terminar las casas y que podían demorarse “porque no tienen todo ahí y tienen que pasar por otro depósito”. 

Así es la comunicación entre vecinos, informal, sin dejar más huellas que las necesarias y con el propósito de que se vea que elementos que ya deberían estar colocados por la empresa constructora llegaron a manos de los preadjudicatarios. 

“Si falta algo es problema de cada familia”, es la respuesta que se prepara para la batalla legal que se librará a futuro y que irá en detrimento de quienes esperan cada día que mágicamente llegue una solución. 

Hay vecinos que vendieron todo lo que tenían y ya están viviendo con sus familias en el lugar, otros que sólo tiene lo que cobran por día y no llegan y una buena porción que ha puesto al cuidado de terceros la construcción que tienen destinada.

¿Qué entregaron?: caño y codo para la futura instalación del pilar de la luz (hoy todo el barrio está enganchado de manera ilegal y peligrosa), un kit de baño con porta rollo de papel higiénico, jabonera y toallero más un balde de pintura. 

Para quien no tiene nada es mucho, para el que tuvo suerte no significa nada y con eso ya es un barrio que nació dividido. Basta observar las diferencias para entender la crueldad con la que se ha dinamitado la conviviencia y el espíritu de luchar en común por un objetivo compartido.

La Justicia nada dice porque debe acompañar los tiempos de la política, demorar resoluciones antipáticas y mantener la incertidumbre sobre la legalidad de todos los actos. 

En síntesis: sentar todos los precedentes para que los ocupantes no sean usurpadores pero tampoco legítimos dueños de la casa por la que están dispuestos a pagar una cuota porque hasta febrero muchos pagaban alquiler o vivían en casas de familia.

Entre camión y camión se naturaliza la situación y ya no hay quien comprenda que el preadjudicatario que no ocupó su casa tiene tanto o más derechos que quien decidió instalarse. 

Le pasó a David Castañares, el discapacitado que recibió una vivienda; la entregó a cambio de materiales y un rodado para devolverla en menos de 72 horas tras firmar un acta en la que renuncia a su derecho sin necesidad de hacerlo. 

Ya no es querido en el barrio, no le perdonan esa conducta y por más que la ley esté de su lado, cree que no tiene autoridad para exigir a la empresa que cumpla con las condiciones, termine la construcción y le entregue la casa equipada para personas con movilidad reducida.

A poco más de un año de la inauguración de la nueva Terminal de Ómnibus que capitales chinos construyeron para su explotación privada en 11 de Septiembre y Lucio Mansilla, la obra pública vinculada ya muestra importante deterioro.

La continuidad de la avenida 11 de Septiembre, sobre terrenos cedidos por la empresa propietaria de la Estación, es del denominado "pavimento articulado", una especie de "adoquinado" con bloques de cemento: ya está dañado.

En la primera cuadra tras el semáforo de Lucio Mansilla, acceso a la Terminal propiamente dicha, los adoquines se "desarticularon" y se levantaron contra el cantero central, lo que representa riesgos para los vehículos que circulan por allí.

La obra de pavimentación de esas cuadras estuvo a cargo de la empresa cooperativa Grupo Alfa, la misma compañía con sede en Quilmes que fue responsable de diversas obras en San Pedro, entre ellas las 84 viviendas del barrio Villa Depietri y las 89 de Nuestro Sueño, paralizadas desde fines del año pasado.

La obra fue contratada en 2021, con un presupuesto de más de 18 millones de pesos. A fines de ese año, el movimiento de suelo estaba listo. En 2022 terminaron la calle y a mediados de año colocaron los semáforos. La Nueva Terminal fue inaugurada en marzo de 2023.

En medio de la espera interminable por parte de los preadjudicatarios de las 84 viviendas respecto del futuro de la obra, los vecinos comenzaron a revelar algunos aspectos del vínculo que mantuvieron durante el último año, desde el sorteo en adelante, con la empresa cooperativa Grupo Alfa y el Municipio.

Así, comenzaron a aparecer videos y audios de reuniones y recorridas por las viviendas, con promesas que funcionarios del Gobierno y responsables de la empresa constructora les hicieron en diversas oportunidades.

En la primera entrega, La Opinión reveló las promesas de Fabián Veneziano, de la empresa cooperativa Grupo Alfa. Ahora, las de Martín Baraybar, secretario de Gobierno de la Municipalidad.

El video corresponde a una recorrida que tuvo lugar a fines de agosto, luego de las PASO y antes de las elecciones Generales.

Todavía no habían sido confirmados los 84 sorteados como preadjudicatarios y estaban en proceso de revisión de sus legajos.

Baraybar les dijo que faltaban "detalles, algunos más, otros menos" pero que la obra venía "avanzando bastante bien, dentro de los plazos establecidos" que "a veces no son tan exactos por cuestiones climatológicas y de entrega de materiales".

La primera vez dijeron que entregarían las casas en julio; luego, en octubre; después, en diciembre.

"En la Secretaría Legal y Técnica está el expediente, se hizo el control de informes de dominio, informe social de Desarrollo Humano, hay algunos inconvenientes entre los sorteados, que deben presentar sus descargos", dijo. Había errores en números de DNI, un homónimo con propiedades, cuestiones menores.

"Estamos viendo cómo destrabar la situación con Arcor, creemos que la vamos a terminar destrabando", les dijo Baraybar. Todavía no habían asignado la vivienda que le correspondía a cada uno. "Hay un expediente, está todo, hay un montón de documentación que acredita paso a paso", les aseguró.

Cuando le preguntaron si se podía hacer sin resolver lo de Arcor, Baraybar dijo: "Lo estamos haciendo. Todo se puede hacer. Tenemos una medida cautelar, entendemos que eso se va a resolver, no nos impide avanzar con lo que tenemos que avanzar. La medida cautelar me dice que no puedo adjudicar, pero todo lo de más lo puedo hacer". 

“No está resuelto, pero entendemos que se va a resolver. Y si no se resuelve, veremos”, les dijo sobre el conflicto con Arcor.

"Pero nosotros estamos convencidos de que a los 84 que les corresponde la vivienda, se las vamos a entregar", sostuvo y aseguró: "Se está trabajando para terminar la obra y lo que nosotros queremos es entregar las viviendas".

Veneziano les había dicho que si no había dificultad climática, podrían terminar las casa a fines de octubre. 

"Cuando venimos a hacer las inspecciones les hacemos los reclamos para que corrijan", aseguró Baraybar. Para la gente, lo que informaba el secretario de Gobierno era similar a lo que les decían en reuniones anteriores. "Hay una fecha que nos corre, no nos podemos hacer los distraídos", le dijeron.

"Entendemos la incertidumbre, es lógica. Hay cuestiones que estamos trabajando que ameritan que las trabajemos de la man

ra en que lo estamos haciendo. Hemos avanzado en los expedientes", sostuvo Baraybar.

En medio de la espera interminable por parte de los preadjudicatarios de las 84 viviendas respecto del futuro de la obra y a dos meses de que hayan tomado posesión, los vecinos comenzaron a revelar algunos aspectos del vínculo que mantuvieron durante el último año, desde el sorteo en adelante, con la empresa cooperativa Grupo Alfa y el Municipio.

Así, comenzaron a aparecer videos y audios de reuniones y recorridas por las viviendas, con promesas que funcionarios del Gobierno y responsables de la empresa constructora les hicieron en diversas oportunidades.

En esta primera entrega, La Opinión revela las promesas de Fabián Veneziano, síndico y cara visible de Grupo Alfa. 

El video corresponde a una recorrida que tuvo lugar a fines de agosto, luego de las PASO y antes de las elecciones Generales.

Todavía no habían sido confirmados los 84 sorteados como preadjudicatarios y estaban en proceso de revisión de sus legajos.

Veneziano los guía por la primera fila, la más avanzada de la obra, y dentro de una de las viviendas les explica dónde va la cocina, el termotanque eléctrico y cómo funciona el termotanque solar.

Les asegura que resta sólo una mano de pintura y la colocación del cielorraso. También, ante consultas de las familias, les ofrece que le contraten a la cooperativa la colocación de las rejas y la construcción de las medianeras.

De ese recorrido de Veneziano participan el entonces secretario de Obras Públicas, Javier Silva, y el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, quien luego mantiene una reunión con los preadjudicatarios para explicarles los avances del expediente y la situación con Arcor a esa fecha.

El video fue enviado por una vecina de las 84 viviendas: “Mire señor Cecilio Salazar”, dijo esta mujer al ingresar al barrio “es una vergüenza”. Agregó mientras caminaba: “Mire, venga usted acá a embarrarse como nosotros”, invitó tras dos meses de espera de respuestas.