El intendente y representantes del área de Educación de nuestra ciudad mantuvieron una reunión con la directora General de Cultura y Educación de la provincia Flavia Terigi.

Los funcionarios plantearon las necesidades que atraviesan los distintos establecimiento escolares y "se planificaron nuevas mejoras".

Además, informaron a la funcionaria provincial la necesidad de cubrir vacantes para los auxiliares y poder garantizar "el pleno funcionamiento de los comedores y la higiene institucional". 

El concejal de Acuerdo Ciudadano Martín Rivas elevó un pedido de informe para solicitarle al Gobierno municipal que detalle los planes que tiene para la denominada "Semana de la lucha contra la ludopatía juvenil".

El Concejo instauró esa semana el año pasado, tras modificar un proyecto que había presentado Rivas. Aunque fue aprobada por unanimidad, la ordenanza que preveía campañas durante los días posteriores al 21 de septiembre no fue cumplida el año pasado.

Por eso, el edil, que además es candidato para renovar banca a mitad de mandato, pide al Ejecutivo que informe qué acciones tiene previstas para la fecha y qué recursos se destinarán para la ejecución de las campañas previstas.

Rivas pide conocer el "cronograma de trabajo o planificación en curso" para evitar lo que ocurrió en 2024, cuando llegó la fecha de la Semana de la lucha contra la ludopatía juvenil y la Dirección de Educación que conduce Alan Ocampo no cumplió con lo que prevé la normativa.

La ordenanza establece que el Gobierno debe "generar materiales de difusión, campañas de concientización, y acciones preventivas en ámbitos escolares, deportivos y comunitarios", en articulación con las instituciones educativas del distrito.

Especialistas en ludopatía infantojuvenil sostienen que es muy importante la tarea conjunta de la comunidad con las familias para el abordaje de la problemática, con la prevención como punto de partida fundamental.

Cuando se sancionó la ordenanza, el concejal oficialista Daniel Creus destacó la importancia de "la artillería legal para regular esto" y la edila radical Yanina Batalla advirtió que "la gran dificultad" de la adicción a las apuestas "es que genera afecciones más bien silenciosas".

El oficialismo que responde al intendente Cecilio Salazar hizo valer su mayoría en el Concejo Deliberante y el voto doble del presidente Pablo Vlaeminck desempató el debate sobre los pines con el nombre del jefe comunal que les entregaron a los niños y niñas que hicieron la promesa de lealtad a la Bandera y rechazaron los proyectos para que el Gobierno dé explicaciones.

El Concejo debatió dos pedidos de informe, uno elevado por el concejal de Juntos por el Cambio, Martín Rivas, y el otro propuesto por los ediles de La Libertad Avanza, Mauro de Rosa y Fernando Negrete. Ambos fueron desaprobados con desempate de Vlaeminck, luego de que las votaciones terminaran 9 a 9.

Así, el bloque oficialista que preside Candelaria Cuscuela obturó la posibilidad del Concejo, y a través de ellos de la ciudadanía, de saber quién fue el responsable de la distribución de los pines que causaron indignación en la ciudadanía, especialmente en las familias de los chicos y chicas que participaron del acto y se llevaron de recuerdo un distintivo con el nombre del intendente.

"El acto de alcahuetería del director de Educación no tiene parangón", disparó De Rosa.

Cuscuela minimizó la situación y dijo que es "habitual" que se utilice ese logo en las cuestiones relacionadas con los actos de Gobierno de la gestión de Cecilio Salazar y conminó a los ediles a que si consideraban que había alguna situación violatoria de la ley que se dirijan "a donde corresponde", es decir a la Justicia.

Rivas y De Rosa se despacharon contra el Gobierno por la distribución de esos pines, especialmente contra el director de Educación, Alan Ocampo, a quien en el gabinete sindicaron como responsable de la idea y de ejecutarla.

Los pedidos de informe solicitaban saber quién había decidido comprar esos pines, a qué proveedor se los encargaron, cuánto costaron y con qué fondos se pagaron. 

El debate completo de los expedientes fue transmitido por La Opinión & Sin Galera a través de su canal de YouTube y vía Facebook, donde también hubo debate entre quienes siguieron la discusión.

La polémica por los pines que la Dirección de Educación que conduce Alan Ocampo distribuyó durante el acto del Día de la Bandera a los estudiantes que hicieron la promesa de lealtad llegó al Concejo Deliberante.

Tres proyectos aparecerán este jueves en el orden del día de la sesión relacionados con la distribución de pines que decían "Promesa a la Bandera 2025, Cecilio Salazar intendente" y que fueron entregados a todos los chicos y chicas durante el acto en plaza Belgrano el 20 de junio pasado.

Dos de ellos son pedidos de informe, ambos presentados por la oposición. Uno lo elevó el concejal de Juntos por el Cambio, Martín Rivas; el otro, el bloque de La Libertad Avanza que preside Mauro de Rosa y completa Fernando Negrete.

Rivas propuso por un lado, expresar "enérgico repudio al uso de actos patrios con fines de propaganda política" y, por el otro, que el intendente "se abstenga de utilizar fechas históricas de la República a para promocionarse con finalidades políticas".

Al igual que el de De Rosa y Negrete —puede que en Labor Legislativa hagan confluir los expedientes—, hay un pedido de información al Gobierno relacionado con los pines.

Quieren saber quién contrató, a qué proveedor, qué cantidad de distintivos y a qué precio para la distribución durante el acto del Día de la Bandera. El proyecto de Rivas pide que si se usaron fondos públicos el intendente los reintegre de su bolsillo.

Además, De Rosa y Negrete presentaron un proyecto de ordenanza "para que no vuelva a pasar": proponen prohibir el uso de nombres, apodos, imágenes o referencias personales de funcionarios públicos.

Ello regiría para carteles de obras públicas, placas y distinciones oficiales, redes sociales institucionales del Municipio, actos oficiales, publicidad institucional, etc.

Los polémicos pines de "Cecilio intendente" que recibieron los chicos en el acto del Día de la Bandera tienen responsable: distintas fuentes del Gobierno aseguraron a La Opinión que el encargado fue el director de Educación, Alan Ocampo.

El acto fue organizado por la Secretaría Privada del intendente, con Mariela López a la cabeza. Ella, que durante la gestión Guacone era el vínculo con Protocolo y Ceremonial de Presidencia para los actos de Vuelta de Obligado, se ocupó de los detalles de la organización.

En ese marco, le encargaron a la Dirección de Educación, que depende de la Secretaría que conduce Mariano Arnal, la compra de 800 banderas para entregarles a los estudiantes que protagonizarían la promesa de lealtad a la Bandera.

Así, el área que tiene a su cargo Alan Ocampo se ocupó de eso y, por iniciativa del funcionario —de acuerdo a lo que afirman sin dudar muchos compañeros de gabinete—, aparecieron los pines.

Cada estudiante recibió uno, que le fue colocado junto a la escarapela. La leyenda "Cecilio Salazar intendente" que acompañaba el lema "Promesa a la Bandera 2025" en cada pin generó polémica.

La publicación de la queja, indignación y sorpresa de padres y madres sorprendió a funcionarios del Gobierno y a la propia Jefa Distrital de Educación, Lorena López, quien había coordinado con Mariela López la organización del acto y fue una de las oradoras.

"En la Privada saben de memoria lo que se puede hacer en un acto y lo que no, no iban a cometer semejante error. Esto fue para quedar bien con Cecilio y se la mandaron", confiaron fuentes de la cúpula del gabinete de Salazar.

La situación económico financiera del Municipio de San Pedro para la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024, aprobada la semana pasada por el Concejo Deliberante, revela que a pesar de ser deficitario —el Gobierno gastó más dinero del que ingresó—, hubo áreas que "ahorraron".

El ejercicio 2024 terminó con un déficit de 872 millones, de acuerdo al artículo 44 de rafam, o de 1661 millones si se calcula recursos percibidos totales menos gastos devengados. Es, según se mire, entre el 3 y el 5 por ciento de más de 33 mil millones de pesos disponibles.

Del análisis de la Rendición de Cuentas se desprende que tres de las cuatro direcciones que dependen de la Secretaría de Turismo, Cultura, Deportes y Educación que conduce Mariano Arnal dejaron sin ejecutar casi 240 millones de pesos.

Sólo Turismo utilizó todos los recursos que tuvo asignados para el ejercicio, según el estado de ejecución presupuestaria que el propio Gobierno publicó en La Opinión, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.

Entre Cultura, Deportes y Educación dejaron sin ejecutar o "ahorraron" —entre comillas porque el ejercicio fue deficitario— un total de 239.072.028,05 pesos.

Cultura contó con un presupuesto vigente de $ 204.784.639,37, de los cuales devengó $ 182.332.916,30. Es decir que el área que conduce David "Kukino" Kurlat dejó sin ejecutar o "ahorró" unos 22.451.723,07 pesos.

Deportes tuvo una asignación vigente de recursos de $ 159.917.000,23. de los que ejecutó un total de $ 116.311.242,47. Así, el área de Valentín Bravo "ahorró" o dejó sin ejecutar 43.605.757,76 pesos.

Educación, por su parte, fue la Dirección con mayor cantidad de presupuesto asignado en la Secretaría de Arnal, con $ 784.747.303,18, de los que ejecutó $ 611.732.755,96. El área que tiene a su cargo Alan Ocampo "ahorró" o dejó sin invertir en su órbita unos 173.014.547,22 pesos.

Como se dijo, la Dirección de Turismo que conduce Victoria "Vicky" Villalba es la única que ejecutó el total de recursos asignados, con 375.038.251,38 pesos devengados en su totalidad. 

El Centro Universitario José Orlando Gaeto, ubicado en la ciudad de Ramallo, firmó un convenio que habilitó el dictado de 11 carreras universitarias en su sede.

Las clases comenzaron a fines de marzo y la oferta sorprende, ya que se puede estudiar Licenciatura en Relaciones Públicas, en Periodismo, en Publicidad,  en Comercialización, en Administración, en Gestión Educativa, en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral, en Ciencias Políticas, Abogacía, Martillero Público y Profesorado Universitario.

Mauro Poletti, intendente de la vecina ciudad, indicó que "las carreras serán gratuitas para los habitantes de Ramallo y, para los de otras localidades, se evaluará un aporte correspondiente”.

En San Pedro, el Centro Universitario Regional que, fue desalojado de la sede del excorreo por orden del Gobierno Municipal, anunció un convenio con la red Blas Pascal y están inscribiendo de manera virtual. 

En diálogo con La Opinión la presidenta del CUR, Karina Salvarreguy expresó que la nueva sede aún no abrió, ya que “faltan detalles de pintura y electricidad”. 

Además, recordó que por consultas deben comunicarse al 3329 200801 y que para inscribirse deben ingresar al sitio web: https://redpascal.com.ar/  

Las ofertas académicas gratuitas y presenciales son las ofrecidas por los Institutos de Formación Técnica N ° 118 y de Formación Docente  N ° 119 que comparten el edificio de la escuela Normal.

El hospital Privado Sadiv inauguró su Instituto Superior de Formación Técnica que imparte las carreras de Instrumentación Quirúrgica y Enfermería, pero requieren de un pago de aranceles por mes, al igual qu eotras ofertas de educación privada.

El Polo Universitario, que depende de la dirección de Educación a cargo de Alan Ocampo posee un convenio marco con la Universidad Nacional de Rosario; uno “de cooperación” con la Universidad de La Plata; y con la Universidad Nacional de Hurlingham, que ofrece la Licenciatura en Educación con modalidad semipresencial.

La semana pasada comenzaron las clases de la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial de la Universidad de General Sarmiento, que es la “primera oferta académica universitaria disponible en el Polo Universitario San Pedro”, aunque no se trata de una carrera propiamente dicha.

En el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, Cecilio Salazar resaltó la “expansión de la educación superior” y la creación del Polo Universitario San Pedro, que pretende facilitar “el acceso" a carreras universitarias “mediante convenios” con otras instituciones regionales e que su proyecto es “continuar fortaleciendo la educación superior y las iniciativas de inclusión educativa en el distrito”.

Tal como informó La Opinión, el dinero enviado por el gobierno de Axel Kicillof con destino a la construcción de un centro universitario en la vieja terminal, fue devuelto casi un año después de haberlo recibido.

Eran 18 millones en septiembre de 2023 y por el mismo valor fueron devueltos bajo el argumento de que ahora piensan construir un polo de salud. Todos argumentos que se diluyeron tras la disputa que el poder decidió mantener contra opositores que preguntaron por el dinero.

“Te piden plata, te dicen ´dame una moneda' y si no le das te da miedo. Me da miedo porque tengo clientas que salen con la billetera a la tardecita”, dijo Fabiana al salir de su trabajo sobre calle Oliveira Cézar. 

“Duermen ahí, están siempre drogados, algunos están arriba y a la mañana hacen silencio”, refirió un comerciante que cada mañana llega y observa cómo quedó el lugar que utilizan personas jóvenes que en su mayoría no parecen ser oriundos de San Pedro.

El proyecto que fue anunciado por Cecilio Salazar en conjunto con las autoridades del Centro Universitario Regional comprendía la reparación y diseño del edificio que hoy está abandonado a su suerte.

Por entonces las relaciones entre el municipio y la organización que conduce el Centro Universitario parecía un idilio a punto tal que también donaron una importante cantidad de computadoras que ahora quedaron en el edificio a merced de la comuna y su “Proyecto Educativo Estratégico 2034”, con Alan Ocampo a cargo de esa gestión.

En la planta alta tenían previsto tres aulas de importantes dimensiones: dos de 9 x 3.75 metros y una de 6 x 5.70 metros, una sala de reuniones de 7,15 x 7.25, un baño y una biblioteca de 4.8 x 5.9 metros.

En la planta baja, un Salón de Usos Múltiples planeado donde estaba el bar y restaurante con una superficie de 110 metros cuadrados, el pasillo central y luego en la zona donde estaban las  oficinas tres aulas de 6 x 6 m, un hall o galería que unía todo el edificio, dos baños que estaban emplazados en el mismo sector donde funcionaron, una secretaría y una preceptoría. 

Conclusión: el edificio de la ex terminal ocupado por personas en situación de calle y destruído, el edificio del Ex Correo donde funcionaba el Centro Universitario devuelto a la municipalidad y ningún proyecto educativo medianamente aceptable o creíble para la población. Si los fondos y los convenios no aparecen quedará claro que la discusión de fondo no era para mejorar la educación y si no se logra al menos limpiar y cercar el edificio de la vieja terminal de ómnibus para repararlo, será otra postal de un San Pedro cada día más decadente.

El Centro Universitario Regional (CUR) decidió retirar sus pertenencias y dejar el edificio del ex Correo "ante el inminente desalojo y el desfinanciamiento", según dijo la actual presidenta, Karina Salvarreguy, en medio del conflicto con el Gobierno municipal.

El móvil de La Opinión llegó al edificio y se encontró con el director de Educación, Alan Ocampo, quien informó que aguardaban a personal de Patrimonio para dejar constancia de los elementos que quedaron en el piso donde funcionaba el CUR.

"La Municipalidad envió una carta documento para solicitarles el espacio y estábamos esperando una respuesta para ver, de manera civilizada, cómo se hacía la transición, pero nos encontramos con que en horario de la noche o la madrugada se han llevado las cosas", dijo Ocampo.

Señaló que "desmantelaron durante la noche o la madrugada" y que Patrimonio se ocuparía de "comprobar lo que hay o lo que no hay, porque hay un listado de bienes del Municipio y vamos a ver". En ese sentido, indicó: "Estimo que se han llevado lo que les correspondía".

"Este edificio es del Municipio y ha vuelto a manos del Municipio", aseguró Alan Ocampo.

El funcionario no permitió a La Opinión ingresar al espacio donde funcionaba el CUR, que fue recorrido por este medio el sábado. Tampoco convocaron a un profesional escribano para dejar constancia de lo que hay en el piso desalojado.

Ocampo reiteró su posición respecto de que el Municipio tenía que "tomar cartas en el asunto y manejar la educación superior en un rumbo que creemos es el que debe marcar el Estado", por eso decidieron romper vínculos con el CUR.

Respecto de la continuidad de los estudiantes que actualmente cursan carreras en el marco de los convenios con el CUR que Salvarreguy informó que "se cayeron", el director de Educación dijo que los de Aldea Global siguen en pie, pero no los de UCASAl.

"Yo me comuniqué con Aldea Global y UCASAL, les ofrecimos la continuidad. Esto sigue funcionando. Aldea Global continúa el acuerdo, son 24 alumnos, cuando restablezcamos va a seguir funcionando. UCASAL no va a continuar el acuerdo con la Municipalidad y el Centro Universitario, entiendo que se lo han dado a un particular", informó.

Finalmente, el Centro Universitario Regional se fue del ex Correo. Tras la intimación de desalojo que el Gobierno les hizo vía carta documento y la caída de los convenios vigentes con UCASAL y Aldea Global, decidieron retirar todas sus pertenencias.

A última hora del martes comenzaron a llevarse los elementos que estaban inventariados como pertenecientes al CUR, tales como computadoras, televisores, entre otros, aunque les quedaron otras como por ejemplo los equipos de aire acondicionado.

Karina Salvarreguy, que asumió la presidencia de la asociación civil tras la renuncia de Paola Vaccari, informó a La Opinión que emitirán un comunicado para explicar los alcances de la decisión.

Adelantó que desalojaron el edificio "ante el inminente desalojo y el desfinanciamiento" y aseguró: "De todas maneras el CUR va a seguir, empezaremos de cero, retomaremos los convenios y haremos gestiones para comenzar de nuevo".

Salvarreguy confirmó que se cayeron los convenios con la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y con Aldea Global, entidad que nuclea a varias instituciones educativas que dictaban carreras en San Pedro.

"Nos desfinanciaron", señaló y agregó: "No tiene sentido estar ahí, no tenemos nada para ofrecer". Sobre la situación de los estudiantes que cursaban, señaló que desconoce "cómo se manejarán con ellos, me preocupa".

"Buscaremos un nuevo lugar y empezaremos de cero, estamos viendo eso, queremos hacer nuevos convenios, pero tenemos que hacer todo de nuevo, no tenemos nada", informó.

El Centro Universitario Regional funcionaba desde hace alrededor de 25 años en el segundo piso del edificio del ex Correo y oficiaba como intermediario para el dictado de carreras virtuales.

Con la firma de todos los bloques opositores, fue elevado este lunes un proyecto de comunicación para exigirle al intendente Cecilio Salazar que responda un pedido de informe sobre la situación del Centro Universitario Regional, que la semana pasada recibió una carta documento para desalojar el edificio del ex Correo.

En el proyecto, exigen al Gobierno que informe, en un plazo de 72 horas —el expediente se trataría en la sesión del 12 de septiembre— "por qué se pretende el desalojo del CUR" si su labor en el edificio no interfiere con los de las dependencias municipales  albergadas en los otros pisos.

Insisten además con los motivos por los que no se reparó el vandalizado edificio de la ex Terminal de Ómnibus para el desarrollo del programa Puentes, al que el Gobierno devolvió 18 millones de pesos que habían sido remitidos con ese fin, tal como reveló La Opinión.

También solicitan conocer qué convenios están vigentes "entre la Municipalidad de San Pedro, el CUR y las diferentes instituciones universitarias, que autorizan el uso del edificio por parte de la entidad educativa".

Piden, por otra parte, aclaración respecto de las declaraciones públicas del director de Educación y Capacitación, Alan Ocampo, quien habló de "percepción de 'retornos' por parte del CUR" y dijo que la entidad "lucra con la educación".

"En caso de que tales actos configuren un delito, qué medidas se han tomado al respecto", consultan en el pedido de informe firmado por los concejales Martín Rivas (Juntos por el Cambio), Paola Basso (UCR), Mauro de Rosa (La Libertad Avanza), Diego Lafalce (Pro Libertad) y Vanina Cappelletti (Juntos Pro).

Este sábado, el móvil de Sin Galera llegó al edificio del ex Correo, en Salta y Arnaldo, para recorrer las instalaciones y visitar las aulas donde funciona el Centro Universitario Regional.

La visita se llevó a cabo en el marco de la disputa del CUR con la Municipalidad, luego de que esta semana el gobierno de Cecilio Salazar les notificara el pedido de desalojo a través de una carta documento.

Para mostrar las condiciones en las que se encuentra el edificio, los esperaba Karina Salvarreguy, miembro de la comisión y nueva presidenta, luego de que la psicóloga Paola Vaccari anunciara su renuncia. 

Rápidamente, el móvil pudo comprobar que en el primer piso la situación y estado del lugar es deplorable, con vidrios rotos, baños en desuso, telarañas y pisos sucios. Algunos escalones más arriba -donde funciona el centro educativo- la situación es diferente.

“Nosotros pagamos la limpieza. Hasta el papel higiénico de la empleada administrativa”, indicó Salvarreguy y agregó:

“Pagamos luz, pagamos internet. Pagamos todo hasta los arreglos del techo. Todo de lo que te estoy hablando está en factura porque tenemos tesorera, tenemos contador, tenemos abogado”.

Por otro lado, frente a las acusaciones que el director de Educación Alan Ocampo dijo públicamente sobre que "hay una gestión privada que lucra con la educación”, Karina respondió:

“Qué peligro que digan eso siendo parte del Municipio, ¿dónde está el control y la gestión de ellos en primera medida? Y segundo: todos los convenios se hicieron en acuerdo entre el CUR y la Municipalidad”.

Además, afirmó que el Municipio sólo les brinda el edificio y una empleada administrativa. Del resto se ocupan ellos.   

Desde hace 25 años el Centro Universitario Regional tiene sus aulas en el segundo piso del edificio de las calles Salta y Arnaldo. Fue comprado por el Estado municipal durante la gestión del intendente Julio Pángaro en el año 1996 para ser usado prioritariamente como lugar educativo.

El CUR funciona como una organización de sociedad civil que articula con casas de altos estudios de diversas partes del país para el dictado de carreras de educación superior en San Pedro.

“Pusimos un abogado porque hace 25 años que estamos ocupándonos de la educación superior y en este momento hay más de 50 alumnos estudiando", había dicho a La Opinión la en aquel entonces presidenta del CUR, Paola Vaccari, que este sábado presentó oficialmente su renuncia.  

Por su parte, Salvarreguy afirmó: “Todos los miembros de las comisiones desde estos 27 años que funciona el CUR fueron ad honorem y voluntariados. Gente prestigiosa ha integrado el CUR a lo largo de tantos años. Nosotros hace un año que estamos efectivamente como parte de esta comisión, pero todo ha sido trabajo voluntario. Nadie recibió un peso y todo eso tenemos para demostrarlo”.  

Cabe destacar que para ahorrar en alquileres, el gobierno trasladó al edificio de Salta y Arnaldo diversas oficinas municipales. En el lugar funcionó la Dirección de Cultura, Obras Públicas y hasta hace algunos meses tuvo lugar la sede del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Actualmente funcionan allí la Secretaría de Producción, Dirección de Ambiente, la Subsecretaría de Género y Defensa Civil. 

En medio de la disputa entre el Gobierno municipal y el Centro Universitario Regional, organización que recibió una carta documento para que desaloje el edificio del ex Correo, la titular del CUR, Paola Vaccari, presentó su renuncia.

Psicóloga del sistema de salud pública y excoordinadora de Salud Mental, Vaccari presidía el Centro Universitario Regional desde el cambio de autoridades, en septiembre de 2022, y dimitió para dejar al frente a Karina Salvarreguy.

En su renuncia, señaló que los motivos están relacionados con los "hechos que son de público conocimiento y el destrato y maltrato" recibido por parte del Gobierno tras los cortocircuitos que derivaron en la decisión gubernamental de romper vínculo con el CUR y crear un "Polo Universitario" para reemplazar su tarea.

"Lamento y me da mucha tristeza retirarme en este momento, pero ya nuestra ciudad esta infectada de funcionarios extranjeros y políticos que lo único que buscan es su proyecto personal", cuestionó Vaccari en su renuncia.

Además, la psicóloga señaló a todo el arco político por no salir "a defender este proyecto que lleva 25 años y ha formado a muchos profesionales de nuestra ciudad y sus alrededores".

Vaccari respondió las acusaciones que el director de Educación municipal, Alan Ocampo, hizo contra el CUR en al menos tres medios de comunicación en las que dijo que esa asociación civil que oficia de intermediaria entre los estudiantes y las casas de altos estudios que dictan carreras en San Pedro estaba "lucrando" con la educación.

“A ese funcionario le respondo que están todas las facturas y balances al día, así como la cuenta del banco donde se deposita el dinero que las universidades aportan, dinero que se usa para el mantenimiento del Centro Universitario”, dijo Vaccari.

"Espero que él pueda responder con el presupuesto que maneja en su función de la misma manera", señaló la psicóloga.

El móvil de Sin Galera recorrió este sábado las instalaciones del segundo piso del ex Correo, donde funciona el Centro Universitario Regional, junto a Karina Salvarreguy, quien dio detalles del funcionamiento.

Ese recorrido será publicado en esta página, con los datos aportados por la nueva presidenta de la comisión del CUR, quien además de exponer cuánto recaudan y en qué se gasta detalló cómo llegaron a esta situación de desentendimiento con el Gobierno.

El Centro Universitario Regional respondió la carta documento mediante la que el Municipio les informó que deben desalojar la sede del ex Correo donde funcionan desde hace más de 25 años y advirtió que irán a la Justicia si el Gobierno mantiene esa postura.

Las autoridades de la asociación civil que articula los procesos de gestión educativa de nivel superior que comenzaron cuando se compró ese edificio, en los años 90, expresó "profunda preocupación y desilusión ante la solicitud formulada" por el Municipio.

"Acatar tal solicitud resultaría en la paralización del ciclo académico, afectando gravemente a más de 50 estudiantes y comprometiendo el inicio de las clases el próximo año", señalaron en la respuesta a la carta documento, remitida por  la misma vía.

"Nuestra Asociación Civil, con 27 años de trayectoria en la organización y dictado de carreras universitarias sin fines de lucro, se enfrenta a una disyuntiva seria", indicaron y consideraron que la solicitud y el anuncio de las intenciones del desarrollo de un Plan Estratégico de Educación Superior 2024-2034 entran en contradicción.

Estas medidas, advirtieron, "ponen en riesgo los convenios vigentes con universidades nacionales de prestigio, esenciales para nuestra operación en virtud de la postura arbitraria de la Municipalidad de San Pedro".

"Es alarmante observar cómo miembros del gabinete municipal hacen constantes proclamaciones sobre la importancia de la educación para nuestros jóvenes, mientras demuestran una preocupante carencia de políticas educativas concretas y efectivas", cuestionaron.

"Las palabras no transforman la realidad; son las acciones las que definen el verdadero compromiso con el desarrollo educativo", señalaron desde el CUR e instaron el intendente a "reconsiderar de inmediato la decisión de clausurar el Centro Universitario Regional y a cumplir con la legislación vigente que prohíbe cualquier uso diferente del inmueble en cuestión".

Pidieron a Salazar que "desista de esta acción y respete la normativa establecida" y advirtieron que "de persistir en esta postura" irán a la Justicia "para la defensa de nuestros derechos y los de nuestros estudiantes, así como para proteger el verdadero interés educativo de la comunidad de San Pedro".

El Gobierno decidió desalojar al Centro Universitario Regional una semana después de que el director de Educación anunciara que en el marco de la intención de desarrollar el "Plan Estratégico de Educación Superior" crearán un "Polo Universitario", ente que se ocupará de la articulación con las casas de altos estudios para la generación de eventuales convenios. 

A una semana de anunciar la intención de desarrollar un "Plan estratégico de Educación Superior 2024-2034", el Gobierno de Cecilio Salazar decidió dejar sin espacio para su funcionamiento al Centro Universitario Regional, la organización de la sociedad civil creada hace más de 25 años para promover el dictado de carreras universitarias en San Pedro.

A través de una escueta carta documento firmada por la abogada Viviana Costa, directora de Legal y Técnica, y "por expresas instrucciones del jefe de Gabinete", Alfredo Carrasco, el Gobierno notificó a las autoridades del CUR que deben "restituir el espacio donde funciona" esa institución educativa, sin explicitar motivos.

El CUR tiene su sede en el segundo piso del edificio del ex Correo, en Salta y Arnaldo, un inmueble que el Estado municipal compró en 1996, durante la gestión del intendente Julio Pángaro, con uso prioritario para la educación.

"Recibimos una carta documento que tenemos que desalojar el lugar, así que pusimos un abogado, porque hace 25 años que estamos ocupándonos de la educación superior y en este momento hay más de 50 alumnos estudiando", dijo a La Opinión Paola Vaccari, que preside el CUR.

Desde hace 25 años el Centro Universitario Regional funciona como una organización de la sociedad civil que articula con casas de altos estudios, públicas y privadas, para el dictado de carreras de educación superior en el distrito, con convenio con la Municipalidad, que tiene una empleada como nexo.

Las carreras de Tecnicatura en Alimentos y Cultivos Intensivos fueron las primeras, junto con el programa UBA XXI, que permitía cursar, incluso a estudiantes del último año de la secundaria, materias del CBC.

El CUR funciona en el edificio del ex Correo, convenio mediante con el Municipio luego de idas y vueltas no exentas de disputas políticas.

desde hace un tiempo hay cortocircuito con el Gobierno de Cecilio Salazar, sobre todo desde que les prometieron, en campaña, el traslado de la sede a la vieja Terminal de Ómnibus, algo que nunca ocurrió.

La semana pasada, cuando en la escuela Normal el director de Educación y Capacitación municipal Alan Ocampo anunció la creación de lo que denominó el "Polo Universitario de San Pedro (Pusap)", dijo que ese organismo se ocupará de articular con las universidades, "desde el Estado", un mensaje de diferenciación con el CUR.

Para 2024, el Centro Universitario Regional abrió la inscripción para diversas carreras en convenios con casas de altos estudios públicas y privadas, con modalidad a distancia vía aulas virtuales, con posibilidad de cursadas desde el propio edificio de Salta y Arnaldo. Esos acuerdos los firma el Estado local, con el intendente en persona.

El Gobierno municipal comenzó a utilizar el edificio del ex Correo para oficinas. Allí funcionó la Dirección de Cultura y se mudó Obras Públicas. También está el archivo municipal y hasta hace poco, la sede del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Este año, para ahorrar en alquileres, mudaron la Secretaría de Producción y la Subsecretaría de Género. También funciona allí Defensa Civil. Alguna vez hubo una sala de teatro de títeres y un taller de escultura.

El Gobierno de Guacone montó una radio municipal y Salazar, con Majo Mora en Cultura, la sala de teatro El Cuadrilátero, que cedieron este año al Conservatorio de Música Carlos Guastavino.

Tras un acto del que participaron funcionarios, alumnos y docentes en el salón de actos de la Escuela Normal, el Concejal Rivas volvió a la carga con el pedido de explicaciones que incluye un cuestionamiento por la validez de los convenios firmados con miras a mejorar la perspectiva educativa para la próxima década.

A los argumentos que había esgrimido para consultar por los 30 millones de pesos que fueron comprometidos por el gobierno de la provincia para el “Plan Puentes” le agregó otros que apuntan a reforzar la idea de optimizar todos los recursos de los que ya se disponen para continuar con las carreras que dieron sentido a la compra del edificio del Ex Correo donde se instaló el Centro Universitario Regional para cursar la carrera de Ciencias de la Comunicación con docentes de la Universidad de Rosario, durante la gestión del Intendente Julio Pángaro.

Cabe recordar que con anteriorirdad a aquel trascendente paso, se había inaugurado una sede de la Universidad de Buenos Aires, en la vieja estación del Automóvil Club de Río Tala donde decenas de estudiantes pudieron cursar una tecnicatura en alimentos que requirió de una importante inversión que incluyó montar un laboratorio. 

El archivo del Concejo Deliberante resulta suficiente para consultar esos antecedentes para no generar falsas expectativas sin resolver previamente cuáles serán las posibilidades reales de cumplir con las necesidades educativas de los adolescentes que se vieron envueltos en el acto en el que el Jefe de Gabinete Municipal y el Director de Educación y Capacitación Municipal Alan Ocampo hablaron de la transformación del panorama educativo de la ciudad.

"No hay apuesta más importante, ni hay inversión más grande para un municipio, que todo lo que tenga que ver con las políticas educativas", había dicho Carrasco en ese acto cuando comprometió a la ciudad en un plan a diez años para el PUSAP (Polo Universitario San Pedro).

El edil opositor también cita en su expediente que el Plan Puentes, por el que la ciudad anunció que disponía de treinta millones de pesos para destinar al edificio de la vieja terminal para acondicionarla como casa de altos estudios que hay 54 ciudades en territorio bonaerense que están incluidos en ese programa. Mercedes, Villa Gesell, Trenque Lauquen y Bolívan entre otras comunas han funcionado con ese presupuesto y tratos con universidades entre las que cita a las de “Buenos Aires, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad Provincial de Ezeiza, Universidad Provincial del Sudoeste y Universidad Tecnológica Nacional”, con oferta de carreras vinculadas a la administración agraria, programación, turismo, gestión ambiental y otras que apuntan al desarrollo de profesionales en la zona. 

En función de esos argumentos, el edil opositor también reclama la presentación del proyecto técnico para la refacción de la terminal con el que se justificó el pedido de esos fondos cuando representaban una cifra que desde septiembre de 2023 a la fecha disminuyó producto de la devaluación y la inflación. Por entonces el dólar estaba a 349 pesos.

En su parte resolutiva el expediente que ingresó con fecha 28 de Agosto exige también que se “Remitan todos los antecedentes relacionados con el anunciado “Plan Estratégico de Educación Superior 2024 – 2034”, el “Polo Universitario San Pedro (PUSAP)” y el “Convenio Marco con la Universidad Nacional de Rosario”, firmado por dos funcionarios municipales inhábiles para hacerlo, por cuanto es responsabilidad del Sr. Intendente Municipal la representación legal del Municipio, conforme al Art. 107 del Decreto Ley Nº 6769/58 y sus modificatorias, Ley Orgánica de Municipalidades, con el agravante de la ausencia de la contraparte universitaria”. 

Tal como informó La Opinión el sábado, los más de 640 millones dispuestos por el decreto N° 760 de junio de 2023 para adjudicar a la Empresa INDHAL la construcción de la Escuela Técnica Profesional, fueron recalculados en septiembre en 1024 millones, pocos días antes de las elecciones y en coincidencia con otro anuncio: la construcción del Jardín de Infantes de la escuela Normal.

En la obra, estaba prevista la apertura de una calle entre el predio de El Fortín y el Corralón municipal. Detrás de los corrales donde pastan los caballos que trasladan los arrieros de inspección, en septiembre de 2023 montaron un escenario para las fotos y una máquina esparció tosca al compás de las excavaciones que al menos tres operarios (son los registrados en las imágenes) efectuaron en el lugar. 

Llegó la fecha de las elecciones generales y el dinero girado por el gobierno nacional, aterrizó en las arcas municipales tal como está acreditaro en la Rendición de Cuentas 2023. 

No es el único desembolso que recibió la misma empresa. Tras el resultado de la segunda vuelta que consagró presidente a Javier MIlei, el Municipio le pagó no sólo el adelanto de los 153 millones sino que también giró otros 27 millones de pesos como parte de los 56 recibidos con destino a la obra del jardín. Todo ese dinero se pagó y ninguna de las obras está iniciada. 

Es otro caso como el de la empresa Grupo ALFA, pero con consecuencias comprobables ya que las viviendas fueron ocupadas por sus preadjudicatarios y hoy resultaría imposible verificar las certificaciones que la comuna firmó a favor de la adjudicataria de las obras que lideraba Fabián Veneziano.

Aquí no hay dudas y para poder certificarlo, el móvil de Sin Galera llegó hasta el lugar con su móvil. Pese al pedido de autorización a las autoridades, los periodistas no pudieron acceder desde el corralón “porque puede ser peligroso porque ahí está el depósito judicial”. 

Esa fue la excusa para impedir por segunda vez que la prensa pueda efectuar su trabajo y acceder a la información que requirió por escrito especialmente al Secretario de Obras Públicas, al Intendente Cecilio Salazar y al Concejo Deliberante. 

Desde hace meses, La Opinión espera respuestas a su pedido de acceso a información pública. Ni más ni menos que conocer quién firmó, cómo se certificó y cuánto cobraron las empresas cooperativas que abandonaron las obras con la excusa de la “suspensión de la obra pública”, que en varios casos se utilizó como atajo para confundir. 

El ejemplo más cruel y costoso ha sido el de Grupo ALFA en las 84 viviendas y el barrio Nuestro Sueño. Ahora el nombre es INDHAL SRL:

Hubo que esperar a la Rendición de Cuentas para saber, tal como se presumía, de qué manera el Gobierno local firmó una remisión de 153.683.343,35 de pesos en concepto de anticipo para el comienzo de la obra.

Ese día, los funcionariios llegaron al predio lindero al Corralón municipal para mostrar la tarea de “movimiento de suelo”. Apenitas una capa de tosca y 150 millones al bolsillo de Indhal. Allí se iba a construir la Escuela Técnica Profesional.

“La empresa Indhal SRL tiene asiento en la ciudad de Berazategui, en el conurbano bonaerense, con vasta experiencia en obra pública en ciudades como Quilmes, Olavarría y Cariló, y en provincias como Salta y La Pampa” referían los antecedentes.

Al igual que con los nombres y trabajadores monotributistas o con planes sociales de Alfa, 8 de Diciembre y Apco, esta empresa logró certificar tareas que nunca realizó y, por supuesto, cobró por ello. 

Ni el Concejo Deliberante ni la justicia han dicho aún una sola palabra respecto al dinero girado desde el Gobierno nacional y provincial. 

Desde noviembre todo está parado por un cambio de gobierno que en la ciudad no cambió de manos, en la provincia tampoco y que sólo tiene a Javier Milei como nuevo presidente con la obra pública cancelada. 

“Programa de Infraestructura para Establecimientos de Educación Técnica Profesional, lanzado para fortalecer las políticas públicas que garanticen el acceso a la educación secundaria obligatoria de jóvenes entre 15 a 18 años", decia la gacetilla de prensa tras el contrato firmado en junio de 2023, dos meses antes de las elecciones primarias.

Además del jefe comunal, Cecilio Salazar, aparecen en la foto Raúl Alberto Di Clemente, Socio Gerente de la empresa Indhal S.R.L; el secretario de Obras, Planeamiento y Catastro, Javier Silva; el secretario Coordinador del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, Alan Ocampo y Ariel Villanueva, representante de la empresa. 

El dinero prometido por el Gobierno nacional llegó al Municipio y desde allí “derechito al bolsillo” antes del 10 de diciembre de 2023.

Entre otras promesas, estaba la apertura de una calle que divida al Corralón municipal del predio de El Fortín, como acceso de los alumnos a una escuela.

Las fotos de aquel día ilustran a la perfección cuánto se puede simular para enterrar 153 millones en una capa de tosca y dentro de un container en el que colgaron los planos del nuevo espacio educativo.

Las gestiones que se hicieron ante el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, tuvieron su primer resultado en septiembre de 2023 con la llegada del dinero. 

Faltaban pocos días para las elecciones generales y sólo alcanzó para el anuncio que prometía que esa escuela tendrá una orientación “hacia la economía del conocimiento, con especialización en robótica, tecnologías 4.0 y programación, de gran relevancia en el desarrollo de la oferta educativa”. 

Casi en simultáneo, se adjudicó la construcción del Jardín de Infantes de la Escuela Normal en otro predio y con la misma empresa.

Hasta la fecha no hay denuncias por el incumplimiento del contrato ni novedades sobre la empresa a cargo. Era una cantidad de dinero importante, ahora ya devaluado, aunque aún así representan 171.190 dólares a la cotización oficial, que bien podrían sostener alguna obra de cloacas, agua potable o reparaciones en los establecimientos educativos. 

La Opinión aguarda la información que pidió y una explicación a la ciudadanía sobre los motivos por los cuales, al igual que en otras obras el dinero, los materiales y las empresas desaparecieron.

El lunes por la mañana personal de Corredores Viales armaron postas de seguridad vial en la zona del escenario del Paseo Público. Allí dispusieron de un móvil, un circuito inflable con señales de tránsito, monopatines, autitos a batería y karting a pedales, para recibir a niños de jardín de infantes y de escuelas primarias.

“Es un trabajo coordinado entre Seguridad Vial, de Corredores Viales. Esto es muy importante destacar porque quiere decir que ahora el estado se está haciendo cargo de las rutas, incluido peajes del todo país, pasando de mano privada al estado. En ese marco se está haciendo una llegada a las comunidades”, informó Alan Ocampo, coordinador del Consejo Provincial de Educación y Trabajo.

Las actividades, que incluyen interacción a través de pantallas y conocer la funcionalidad de un móvil de Seguridad Vial, seguirán este martes a la mañana y la tarde con participación de jardines y con los primeros años de algunas escuelas primarias.

Para destacar la importancia de la iniciativa, Ocampo señaló que, tras la jornada, los niños le hicieron comentarios al respecto. “Me decían ‘hay que ponerse el cinturón de seguridad y el casco. No se puede manejar con el celular’. Eso no solo lo incorporan, sino que lo llevan al seno de su familia. Llevamos la semillita a través de los chicos”..