La Cámara Federal confirmó el procesamiento y trabó embargos a los imputados en la causa que tiene a integrantes de la familia Solmi y a sus contadores como acusados en una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que comenzó con una denuncia de la entonces AFIP.

Víctor Enrique, Sergio y Víctor Manuel Solmi, y los contadores Pablo Geoeghegan y Rodolfo Solimano están involucrados junto a otras seis personas con domicilio en Buenos Aires en el marco de lo que denominan "la banda de los grafitis".

La Cámara Federal confirmó el procesamiento por corrupción, lavado de activos y evasión fiscal en el marco de una investigación que procura establecer responsabilidades en la presunta conformación de empresas "fantasma" para direccionar licitaciones del Gobierno porteño.

Los hechos investigados ocurrieron durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

La causa investiga a las empresas Citepa SA y Varbeg SA, beneficiadas en licitaciones y adjudicaciones directas con presuntos sobreprecios y creadas especialmente para ser contratadas para los servicios de limpieza antigraffiti que los Solmi no sólo efectivamente brindaron sino que hasta difundieron con orgullo a nivel nacional y local.

Los organismos de control detectaron sobreprecios que van del 150 al 570 por ciento respecto de los valores de mercado, al tiempo que constataron el depósito de fondos en la empresa Servente y Cía SA, en una cuenta comitente a nombre de Jorge Palacio, Víctor Enrique Solmi, Sergio Gustavo Solmi, Víctor Manuel Solmi y María Nerea Solmi.

En la denuncia inicial, AFIP detectó la presencia de testaferros: la empresa Citepa SA, contratada para limpiar grafitis, tenía como presidente a Jorge Palacio, que vive en Florencio Varela, pero que había declarado ante AFIP un domicilio en San Pedro.

Ese domicilio que declaró Palacio era nada menos que la casa particular de Sergio Solmi.

En las órdenes de compra secuestradas en las oficinas de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) hallaron el nombre de Víctor Solmi y su casilla de e-mail personal como contacto.

El juez Sebastián Casanello, en cuya órbita tramita la causa, destacó en el escrito en el que dispuso el procesamiento de los imputados que los Solmi nunca figuraron formalmente en los actos societarios de la empresa Citepa ni en los registros de AFIP ni en las cuentas bancarias de esa compañía, pero se presentaron como "apoderados" para "inyectar los fondos y operar en la cuenta comitente que abrieron en la sociedad de bolsa".

La empresa Citepa tenía todos los condimentos para ser considerada "fantasma": no declaraba domicilio ni bienes y sólo contaba con tres empleados que fueron dados de alta ante el riesgo de inspecciones.

Así lo revela un intercambio de mails cuyo detalle publicó el diario La Nación. "Pablito, esta noche quizás 'aparezcan' y la idea es que estén estos 3 de alta. Si podés, mandámelas esta tarde y las envío, así las tienen para esta noche, x las dudas. Gracias", escribió Víctor Solmi al contador.

En los chats analizados aparecen conversaciones asiduas entre los Solmi y funcionarios del Gobierno porteño para las contrataciones, prestaciones de servicios y otras modalidades.

Tras la decisión de Casanello de procesar a todos los involucrados, los contadores Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano difundieron un comunicado en el que informaron que habían solicitado el sobreseimiento en la causa y negaaron cualquier participación en el caso.

En diálogo con La Opinión, Geoghegan señaló que la situación le producía "mucho dolor e incomodidad" y aseguró: "Sólo hicimos nuestro trabajo como estudio contable".

Tras la decisión del juez Casanello de procesar a 11 personas vinculadas a presuntas contrataciones de empresas fantasma por parte del Gobierno porteño,  causa en la que aparecen como imputados los sampedrinos Víctor Enrique, Víctor Manuel y Sergio Solmi junto a los contadores Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano, desde el estudio contable aseguraron que no tienen nada que ver con los delitos investigados.

En un comunicado que difundieron entre sus clientes, los contadores señalaron que el proceso judicial es "un disgusto" y aseguraron que no fueron "partícipes", no tienen intervención en los hechos ni facilitaron delito alguno.

"Estamos ejerciendo nuestro derecho de defensa y solicitando el sobreseimiento", indicaron y agregaron: "Seguimos trabajando con el compromiso y la seriedad desde hace más de 35 años, con nuestros clientes".

"Me produce mucho dolor e incomodidad", dijo Pablo Geoghegan sobre la situación.

En diálogo con La Opinión, Pablo Geoghegan, dijo que la situación "provoca gran disgusto" y que desconocen los hechos. "No hemos participado ni, por supuesto, obtenido ningún beneficio", aseguró el contador.

"Sólo hicimos nuestro trabajo como estudio contable", sostuvo respecto de la vinculación con las empresas de los Solmi. "No entendemos por qué podemos estar imputados", señaló.

Agregó que la causa por lavado de activos indaga en "una contratación entre nuestro cliente y municipio con un montón de auditorías y a kilómetros de distancia, como para ser partícipe de un presunto ilícito".

El año pasado, cuando la Policía Federal y AFIP allanaron domicilios vinculados a los Solmi por la causa, también hubo secuestro de elementos en el estudio contable, lo que provocó un repudio del Colegio de profesionales.

Víctor Enrique, Sergio y Víctor Manuel Solmi fueron procesados por la Justicia junto a los contadores Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano —además de otras seis personas con domicilio en Buenos Aires— en el marco de una causa por lavado de activos que denunció Afip y que contó con la tarea de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Por esa causa, en abril del año pasado allanaron diversos domicilios vinculados a la familia Solmi junto a agentes de la Afip para secuestrar una gran cantidad de documentación vinculada a la investigación.

En ese marco, también allanaron el estudio contable de Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano, procedimiento que valió el repudio de sus colegas por el secuestro de "herramientas de trabajo" como computadoras y celulares, "en el marco de un allanamiento de un cliente".

La investigación comenzó en 2017, a cargo del fiscal federal de San Nicolás, Matías di Lello. Luego, quedó en manos del juez Sebastián Casanello, en Comodoro Py, quien ordenó imputar y tomar declaración indagatoria a los acusados, a quienes ahora procesó.

La causa investiga a las empresas Citepa SA y Varbeg SA en el marco de un entramado de "corrupción, lavado de activos y evasión fiscal" que implicaba la contratación de compañías "fantamsa" a través de adjudicaciones directas y con presuntos sobreprecios por parte del Gobierno porteño durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, entre 2013 y 2018.

Se trata de las contrataciones para servicios de limpieza y antigrafiti que los Solmi efectivamente brindaron y hasta difundieron con orgullo empresarial a nivel nacional y local. La causa indica que los prestaron a través de esas "empresas fantasma", que facturaron más de 49 millones de pesos.

La investigación considera que ese dinero habría sido cobrado a través de "contratos irregulares" y luego fue a parar a "diversas transacciones financieras de inversión bursátil", constituyendo así la presunta puesta en circulación formal del "producto de la posible actividad ilícita".

En el expediente, además de la documentación secuestrada, hay escuchas telefónicas en las que Víctor Solmi mantenía contacto con funcionarios de Subterráneos de Buenos Aires y del Ministerio de Educación porteño en los que aparecerían diálogos vinculados al presunto direccionamiento de las adjudicaciones vía "urgencia" o "especialidad" como camino para sortear los procesos licitatorios.

Los procesados en la causa son, además de los tres Solmi y los contadores del estudio sampedrino: Andrés, Pablo y Alejandro Servente, José María Cambón, Jorge Alejandro Palacio y Mariana Peretti.

El juez Casanello dispuso embargos por alrededor de 18 mil millones de pesos sobre los bienes de los procesados, que en sus declaraciones indagatorias negaron los cargos de los que están acusados.

Todos apelaron la resolución judicial y ahora se espera que la Cámara analice el expediente y los elementos probatorios obrantes para decidir si confirma o revoca el procesamiento. 

Además de los procesados, la resolución de Casanello dictó falta de mérito para tres de los que inicialmente estaban involucrados en el caso.

Tras el cierre de las oficinas de Arca / Afip San Pedro decidida por el Gobierno nacional desde fines de abril, este lunes dos camiones llegaron para vaciar el edificio.

Cargaron mobiliario y los archivos del organismo, que comenzó a funcionar en San Pedro en la década del 40 y adquirió ese edificio en 1964.

Pasada Semana Santa, los trabajadores se encontraron con que ya no había computadoras y estuvieron algunas semanas en el edificio sin tareas asignadas.

La exdelegada del sindicato entre el personal local, Evangelina Morales, informó a La Opinión que los empleados fueron reubicados, "la mayoría en el área de Fiscalización".

San Pedro pertenece ahora a la distrital Zárate de Arca, donde deben hacerse los trámites que antes podían cumplirse en las oficinas locales.

Los trabajadores cumplen tareas que conjugan trabajo a distancia con presencial con operativos en la calle, "y algún día en alguna oficina", informaron.

Este lunes llegaron a San Pedro dos camiones de la empresa Transporte Jouve, una reconocida firma de logística de la ciudad de Mercedes, de cuya central dependía Afip local.

Como estaba previsto, tras Semana Santa la sede de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca ex Afip) de San Pedro cerró sus puertas y dejó de atender al público, por disposición del Gobierno nacional.

La semana pasada retiraron el equipamiento con el que los empleados locales trabajaban y dejaron sin tokens a los jefes, a quienes les indicaron la orden de no abrir al público. 

"No tenemos más PC de escritorio, con lo cual ni clave fiscal se puede hacer", informaron desde el organismo.

En la puerta de blindex del edificio hay una serie de carteles contra el cierre y uno que informa a los contribuyentes: "Desde el 21/04/2025 tendrá que hacer sus trámites en Zárate", con el número de disposición con el que el Gobierno nacional ordenó la medida.

"Distrito cerrado por disposición del Poder Ejecutivo", dice otro cartel. Desde el lunes, el personal concurre a las oficinas, pero a puertas cerradas, sin atribuciones en sistema y sin tareas asignadas.

"No tenemos más contribuyentes. El fin de semana los pasaron a todos a depender de agencia Zárate", informó a La Opinión la delegada gremial, Evangelina Morales.

Los trabajadores se anoticiaron hace más de 45 días de la disposición y desde entonces conviven con la incertidumbre respecto de su futuro laboral, del que Arca no comunicó nada, ni siquiera en el intercambio de cartas documento con el sindicato.

"A los que tenemos 30 años o más en el organismo, emocionalmente nos dejó destruidos, nunca vivimos algo semejante", dijo Morales. 

En otros distritos bonaerenses como Carhué, 25 de Mayo o General Rodríguez ocurrió lo mismo. En cada caso, en las puertas hay carteles que indican a los contribuyentes locales que deben concurrir a otras ciudades para cualquier tipo de trámite.

El inminente cierre de las oficinas de la ex Afip, ahora Arca, en San Pedro estuvo presente en el Concejo Deliberante este viernes, en la sesión que se pospuso por el paro general de la CGT del jueves, con Banca Abierta por parte de los trabajadores, que pidieron que se defienda la continuidad del organismo en la ciudad.

La secretaria de Asuntos Sindicales del sindicato Aefip y empleada de Afip/Arca a nivel local Evangelina Morales, vecina de Baradero, fue la expositora en nombre de los trabajadores y contó con un grupo de compañeros de oficina que se acercaron al recinto para apoyarla, además del secretario general de la regional Mercedes, Juan Martín Andrés.

Morales repasó la historia del organismo recaudador nacional en San Pedro y recordó que comenzó a funcionar en la década del 40 para luego, en 1964, inaugurar el edificio propio, ubicado en calle Balcarce, entre Mitre y 25 de Mayo.

La disposición que cierra Afip/Arca en San Pedro entrará en vigencia el primer día hábil tras Semana Santa y entre los trabajadores todo es incertidumbre, puesto que no fueron comunicados oficialmente de un eventual traslado a Zárate, a cuya agencia pasarán a depender los trámites de toda la región.

"Nos toma de sorpresa porque no estamos hablando de ahorro ni optimización de recursos", dijo Morales y señaló que el distrito San Pedro resultó primero en recaudación durante enero y marzo y segundo en febrero entre de las nueve dependencias de la zona.

"San Pedro recauda lo suficiente para no darle pérdida al Estado", dijo y ejemplificó: "Tenemos una recaudación que supera los $ 5.700 millones mensuales. Entre el personal, el servicio de limpieza, las tasas municipales, la luz y el gas no llegamos a 50 millones".

En las oficinas locales del organismo trabajan 18 personas que pasarían a cumplir tareas en Zárate, aunque nadie fue informado oficialmente respecto de esos traslados.

"El más perjudicado es el sector más vulnerable, que va por una certificación, por la clave fiscal, todas cosas que se hacen de manera presencial", señaló sobre el funcionamiento y agregó: "Esto no es un ahorro, es una complicación para los ciudadanos de San Pedro, Baradero y las demás ciudades".

"La idea es lograr que el organismo siga con las puertas abiertas en la localidad. No estamos hablando de ahorro, esto es una improvisación, romper el Estado por romper, sin criterio y sin fundamentos", cerró Morales.

Más tarde, los concejales debatieron para tratar un proyecto de resolución que respalda la posición de los trabajadores y le pide al Estado nacional, específicamente al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que revea la situación.

La presidenta del bloque oficialista, Candelaria Cuscuela, señaló que "hay 18 trabajadores, 18 familias que se encuentran en situación de incertidumbre" y consideró al decisión del Gobierno nacional "totalmente alejada de la ciudadanía".

Los concejales que responden al Gobierno de Javier Milei votaron en contra: Fernando Negrete y Mauro de Rosa, de La Libertad Avanza, y Diego Lafalce, de Pro-Libertad.

El edil de Juntos por el Cambio Martín Rivas, que había recibido, al igual que el intendente Cecilio Salazar, a la delegada gremial, dijo que si bien está "de acuerdo" con "achicar el Estado", consideró la medida como "populismo de derecha" y llamó a “defender a los vecinos de San Pedro”.

De Rosa se quejó porque los concejales no se "solidarizaron" cuando "no se renovaban contratos a personal municipal que no se alineaba con el Ejecutivo" y sostuvo que "esto es consecuencia de un montón de años de gobiernos que lo único que les importó fue generar puestos de trabajo desde el Estado".

"Hay muchos empleados del Estado que no rinden cuentas de lo que hacen o dejan de  hacer", dijo ante la mirada incómoda de los trabajadores de Afip/Arca, que seguían en el recinto. "Evidentemente se utiliza políticamente y hay dos posiciones: la utilización política y dejarte utilizar políticamente para ser visible", les dijo.

Desde la UCR, Paola Basso señaló que hay cuestiones de fondo que trascienden la problemática laboral de los trabajadores. "Es una incongruencia y una incoherencia el planteo del cierre de la agencia local", dijo.

Lafalce se solidarizó con los trabajadores pero votó en contra porque consideró que el Concejo "no es el lugar para llevar adelante este reclamo" y cuestionó que el debate se haya desarrollado en términos políticos, al tiempo que se puso a disposición para gestiones a nivel nacional.

"El tema es político", dijo Rivas y le respondió a De Rosa, que se había quejado de que se llevaran "rencillas personales" al recinto, puesto que el edil de Juntos por el Cambio había cuestionado a los responsables políticos de La Libertad Avanza, en especial a la jefa de Anses, Analía Corvino, a quien cuestionó por "festejar el cierre" de Afip/Arca.

Una disposición del Gobierno nacional establece el cierre de una gran cantidad de agencias de la denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca, ex Afip), entre ellas la ubicada en San Pedro, que depende de Mercedes y cuya atención pasará a Zárate.

Este jueves en la sede local hubo asamblea entre los distritos afectados de la regional, que son San Nicolás, San Pedro, Bragado y Chivilcoy. El secretario general del sindicato Aefip, Juan Martín Andrés, dialogó con La Opinión sobre lo que consideró "una medida intempestiva" que van a "resistir".

"Siempre  hemos advertido que se pretendía destruir nuestro organismo, vaciarlo. Se viene llevando a través de distintas medidas", advirtió Andrés y cuestionó al director general de Arca, Juan Alberto Pazo, con quien iban a tener una mesa de diálogo por paritarias.

"Antes del fin de semana largo anunciaron el cierre de un montón de dependencias a lo largo y ancho del país, en 68 distritos y 60 receptorías", informó el sindicalista. "El miércoles conocimos que de los 68 distritos que se van a cerrar en nuestra región son los cuatro que tenemos: San Nicolás, San Pedro, Bragado y Chivilcoy", detalló.

Así, San Pedro y San Nicolás pasarán a depender de Zárate, mientras que la atención de Chivilcoy y Bragado serán trasladas a Mercedes. “Más allá de la incomodidad para los laburantes, el problema en este corredor de la ruta 9 es que hay 60 mil contribuyentes”, advirtió.

Andrés informó que el anunció incluye el cierre de la agencia San Pedro, que "dejaría de existir físicamente".

La medida entrará en vigencia en 45 días, por lo que el sindicato se declaró en estado de asamblea y prepara acciones gremiales y judiciales en procura de revertir la decisión gubernamental.

"Nosotros vamos a interponer todas las medidas judiciales para impedirlo", dijo y destacó que a los trabajadores de Arca no los alcanza la Ley Bases: "Tenemos una cautelar, hasta el momento no han podido echar a nadie en este organismo. A cada reunión que vamos nos extorsionan para que bajemos la cautelar".

"Le joden la vida al contribuyente, pero lo que quieren hacer es destruir al organismo", aseguró Andrés.

El sindicalista destacó que el organismo es "sostén del Estado" y que su rol recaudador permite "las herramientas para que pueda brindar educación, salud, justicia. Pero para ellos —el Gobierno de Milei— no es prioridad".

"Dijeron que evadir impuestos era de héroes. Nos trató de hijos de puta el propio presidente. Permanentemente nos quieren llevar a la Ley Bases, quieren destruir el organismo. Pero no lo pudieron hacer, logramos la cautelar y están constantemente queriendo sobornarnos para lograr sus objetivos", denunció Andrés.

"Ahora, San Pedro se cierra e incomoda a los laburantes, que van a tener que ver si se trasladan un montón de kilómetros, dejando su vida familiar, eso es lo concreto y nosotros lo vamos a defender, lo tenemos que revertir", aseguró.

"Es muy perjudicial para el pueblo de San Pedro, de Ramallo, Baradero y San Nicolás: ahora hay 60 mil contribuyentes que van a tener que ir hacer sus trámites a Zárate", señaló.

El titular del sindicato regional sostuvo que en Afip "no hay ñoquis" y que el organismo "siempre ha tenido la misma dotación de personal", sin que se registren ingresos masivos relacionados con designaciones políticas. 

"Siempre hubo alrededor de 20 mil empleados en todo el país, con concursos, exámenes y nuestro trabajo asignado, acá no hay gente que viene, firma y se va a la casa", aseguró.

Por lo pronto, la medida afecta sólo a la sede de la ex Afip pero no a Aduana. "Son como Jack el Destripador, van por partes", graficó Andrés y destacó que la decisión afecta ahora al interior del país, con casos en los que hay trabajadores que deberán viajar más de 300 kilómetros para llegar a su nuevo puesto de trabajo.

"Están empecinados, quieren destrozarnos. Las autoridades del organismo dejan mucho que desear", reclamó y anunció que preparan una medida cautelar para presentar en la Justicia. 

"Hay 45 días para que esto se implemente y nosotros vamos a buscar revertir absolutamente esta disposición en todos y cada uno de los lugares", indicó.

"Esta administración tiene mala fe y destrato con los trabajadores", cuestionó y agregó: "Somos orgullosos trabajadores del Estado que venimos a hacer lo que sabemos a hacer, pero tenemos un presidente que dijo que viene a destruir eso".

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP- resolvió que la sede de San Pedro pasará a depender de la delegación de Zárate, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 36/2025.

La medida genera incertidumbre en el personal local, como así también en varias dependencias de la zona, como San Nicolás y Chivilcoy, entre otras. La mayor preocupación pasa por el cierre definitivo de estas dependencias.

“Todavía no sabemos nada”, le dijo a La Opinión uno de los empleados de la sede local. La medida, de acuerdo a lo señalado oficialmente, se sustenta en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, Nº 27.742, donde se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.

Para el Gobierno Nacional el objetivo es mejorar el funcionamiento del Estado “para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit”, reza la publicación.

También refiere a un “proceso de evaluación de la eficiencia organizacional de las estructuras de los distintos organismos” y que parte de esto había tenido un anticipo, cuando el 24 de octubre de 2024 se decidió disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y remplazarla por el ARCA, siempre incluyendo a la Aduana y a la DGI.

“En los últimos años se ha sobredimensionado la estructura organizacional de la Dirección General Impositiva (DGI)”, se argumentó.

Esto llevó a la modificación de las “unidades organizativas dependientes”, cuyos cambios serán “comunicados a los contribuyentes y/o responsables de la jurisdicción y la fecha de su entrada en vigencia”. Aunque ya se sabe que la medida comenzará a partir de los 45 días corridos desde el día de su publicación en el Boletín Oficial, que sería el domingo 20 de abril próximo.

El organigrama en la zona siempre tuvo como eje central a la Dirección Regional a la ciudad de Mercedes. Debajo de ésta se encontraban las agencias de cada ciudad, que ahora pasarán a tener otras jurisdicciones.

Agencia Sede Mercedes: San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Chivilcoy, Suipacha, Alberti, Bragado.

Agencia Luján: General Rodríguez, Luján, Moreno.

Agencia Pergamino: Arrecifes, Capitán Sarmiento, Colón, Pergamino.

Agencia Pilar: Pilar, Escobar.

Agencia Zárate: Campana, Zarate, Exaltación de la Cruz, Ramallo, San Nicolás, Baradero, San Pedro.

Qué sucederá con la de San Pedro, es la pregunta del momento.

Desde este lunes cualquier trabajador con relación de dependencia podrá solicitar, sin intermediarios, que sus aportes vayan a las arcas de una empresa de medicina privada para su cobertura.

De esta manera, quedará en ejecución una de las desregulaciones del DNU 70/23, de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

Los trabajadores podrán cambiar de obra social o prepaga de manera online y sin costo, pudiendo dejar de lado la imposición de relacionarse con una perteneciente a los sindicatos. Así contarán con una mayor oferta para su cobertura médica.

Estarán habilitadas las personas en relación de dependencia, tanto bajo convenio como fuera de convenio, personal del servicio doméstico y monotributistas en todas sus categorías, como así también los jubilados y pensionados (deberán acudir a Anses para el trámite).

Quien opte por el cambio deberá contar con Clave Fiscal Nivel 3, que se puede obtener en el sitio web de Arca (ex Afip). La operación se realizará ingresando a https://www.sssalud.gob.ar/misssalud/

Los pasos a seguir son:

1.Iniciar el trámite con usuario de AFIP y Clave fiscal nivel 3. 

2.Entrar en Opción de cambio, luego seleccionar Nueva Opción y completar el Formulario con tus datos personales.

3.Clickear Elección de Obra Social/Prepaga y seleccionar la elegida.

4.Confirmar el trámite haciendo clic en el botón Aceptar. Aparecerá un número de trámite.

5.Ratificar los datos ingresados y presionar el botón Confirmar. Automáticamente se enviará un mail a tu casilla de correo.

6.Ingresar en el enlace Confirmar trámite que aparece en el mail de confirmación para finalizar la solicitud. Brindan 48 horas para confirmar el trámite para que la opción de cambio sea considerada, en caso de no hacerlo la misma será desestimada.

7.En la pantalla emergente y el mail de ratificación que se enviará automáticamente, va a figurar el número de trámite y la fecha a partir de cuándo la opción tendrá vigencia.

8.Una vez confirmada la opción la persona debe contactarse con la obra social o prepaga elegida para afiliarse, esto permitirá acceder a las prestaciones que correspondan, cuando comience la vigencia de la cobertura médico-asistencial.

“Esto es una nueva modalidad para estafar. Luego del anuncio respecto a la AFIP, delincuentes comenzaron a enviar comunicaciones manifestando que multaron a los contribuyentes”, señaló un lector de La Opinión, preocupado por un mensaje recibido en su correo electrónico.

“Buscan que la gente haga click en el link para ver la multa y así robar datos. Advierto para que la gente tenga en cuenta lo que está ocurriendo”, aportó.

Recientemente, un grupo de contribuyentes vinculados a la extinta Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha comenzado a recibir comunicaciones sospechosas que reclaman el pago de deudas inexistentes. 

Esta situación se produce en el contexto del inminente reemplazo de la AFIP por la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que integrará la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

Es importante señalar que la resolución sobre la AFIP no implica una reducción de impuestos ni la obligación de cancelar deudas o supuestas deudas, como argumentan los mensajes fraudulentos que han circulado recientemente. 

Este tipo de engaño representa un intento deliberado de estafa por parte de individuos que buscan aprovechar la confusión generada por los cambios dispuestos por el Gobierno nacional.

En el caso reportado, el mensaje indica que se ha generado “un nuevo documento fiscal”, por una multa que carece de fundamento. A su vez, invita a acceder al documento completo ingresando al link en el enlace que ofrece. Por entonces, habrá suministrado el CUIT y la Clave Fiscal, suficiente para que se apoderen de los datos.

La advertencia sobre la llegada de ARCA debe servir para estar alerta ante posibles fraudes, muy habituales en nuestro país. Por ello, es elemental no responder a estas comunicaciones si son de remitentes desconocidos o dudosos y, en caso de recibirlas, denunciarlas el organismo correspondiente.

“¡Es una verdadera vergüenza la atención en la AFIP! Te tratan como si fueras una tarada ante un trámite que no sabés cómo se hace. Y se ofenden si les pedís que te ayuden. ´Al trámite lo tiene que hacer usted´, te responden, y si le decís que no sabés cómo hacerlo te miran mal y te guían de mala manera”, expresó Estela a La Opinión. 

El trámite de recategorización se realiza a través de la página web de la entidad(https://www.afip.gob.ar/monotributo/ayuda/recategorizacion.asp), siendo las fechas asignadas para el año 2024 del 1 al 5 de cada mes de febrero y agosto.

Deben llevarlo a cabo aquellos contribuyentes que necesiten cambiar su categoría, ya sea por una mayor o una menor, para lo cual deberá evaluar la facturación realizada en los últimos 12 meses.

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Diversos domicilios vinculados a las empresas de la familia Solmi eran objeto de allanamientos de la Policía Federal y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) este martes por la mañana.

Desde la noche, los agentes de la Federal estaban apostados en la zona de Mitre al 2250, donde hay oficinas a cada lado de la calle que pertenecen a la firma familiar.

La Policía Federal aguardó hasta esta mañana el arribo del personal judicial y de Afip, en custodia de los objetivos del procedimiento, para evitar cualquier obstrucción a la tarea.

La orden con la que llegaron implicaba el secuestro de documentación en el marco de las causas en trámite que obligaron al allanamiento para obtener ese material relevante para la investigación.

No es la primera vez que la firma Solmi se ve involucrada en situaciones de este tipo, con intervención de la Justicia tributaria, Afip y la Policía Federal como auxiliar del personal judicial para llevar adelante allanamientos simultáneos.

El programa funciona desde el lunes y hay decenas de consultas en los comercios. Está destinado a productos de la canasta básica pero el ticket o factura por ahora no discrimina ni separa consumos. Los primeros en ingresar al programa en San Pedro son los comercios de proximidad registrados ante la AFIP, minimercados y supermercados. También pueden hacerlo los maxikioscos que venden comestibles.

La Opinión & Sin Galera relevaron comercios en el casco urbano y las localidades. En algunos no habían tomado nota del beneficio y se sorprendieron ante la consulta, ya que no hace falta una gestión para que el Gobierno detecte esa devolución siempre que los ingresos de la persona sean inferiores a los 700 mil pesos o se trata de monotributistas o jubilados.

“Hoy para comer debés gastar 10 lucas por día; mínimo 5 y 5 por cada comida”

En un mercado que cuenta con carnicería y verdulería reportaron que durante la jornada de lunes personal de la AFIP controló el lugar y que verificaron la inscripción con el código QR. En el supermercado Vea se juntaron varias promociones ya que los martes hay descuentos con cuenta DNI y ahora se suma la devolución del IVA.

“Todos los que pasan por la caja consultan, pero nosotros no podemos saber si luego les acreditan el dinero”, indicaron en un supermercado chino en el que los clientes comenzaron a pedir la factura para acreditar la compra, aunque no es necesario porque basta con que impacte en la cuenta del cliente.

En Río Tala hay al menos dos comercios de productos de la canasta básica que poseen la modalidad de cobro con tarjeta de débito, un requisito indispensable para acceder a la devolución que debería aparecer en la cuenta del cliente en las próximas 48 horas.

“Un kilo de carne vale 3.000, 3.500 pesos, medio kilo de pan hoy te cuesta 400 pesos y no hacemos nada con eso”

“Nosotros le aclaramos que para tener los 18 mil la compra tiene que sumar 90 mil más o menos”, dijo el titular de una carnicería para explicar que si bien no es necesario gastar todo junto, la acreditación siempre será de la proporción del total de cada compra.

“San Pedro tiene el 75 % del negocio habilitado en comestibles, por el rubro. Al que tiene un CUIT de la AFIP y un posnet, lo van a habilitar, porque la plata se la devuelven a la gente”, detalló el responsable de un multirrubro que también vende productos de limpieza. “Obvio que la habilitación tiene que estar por comestibles”, aclaró. La medida incluye productos de higiene personal.

“Igual con 90 mil pesos que compren se le acreditan todos los descuentos del mes. Te devuelven 18 800 pesos al 21 por ciento de IVA con 90 mil pesos; listo, caduca el tope”

Para quienes compraron el lunes, el miércoles deberían ver reflejada la devolución en sus cuentas y así tomarán como “ahorro” la devolución del proporcional que hayan consumido. Así sucederá con cada compra hasta que alcancen el tope de 18.800 pesos de reintegro, que volverá a estar disponible cuando comience el mes de octubre y se active nuevamente la posibilidad de recuperar ese dinero.

Una particularidad del programa es que la devolución se gestiona por cada titular de una cuenta, por ejemplo un jubilado y un monotributista con tarjetas de débito de distintas cuentas sumarían 37.600 pesos en el mes.

El porcentaje de aumento previsto para las prepagas llega junto a la posibilidad de justificar una segmentación menor si se pueden justificar que los ingresos no son suficientes para abonar la cuota. Aquí explicamos cómo hacer el trámite ante la AFIP con la Declaración Jurada que se exige para acceder al beneficio.

Para acceder los usuarios afiliados a la prepaga deberán declarar su situación en la web de la Superintendencia de Servicios de Salud, entre el 1 y el 20 de cada mes. El trámite debe repetirse todos los meses en la web https://www.sssalud.gob.ar/misssalud. Antes de ingresar, es requisito tener Clave Fiscal nivel 3 de la AFIP o superior y adherir el servicio “Mi SSSalud” a la clave fiscal.

Los requisitos son:

Cómo se presenta la declaración:

Durante el fin de semana largo por la Soberanía Nacional la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió la operatoria de carga de maíz en barcazas que tenían como destino Uruguay porque el proveedor carecía de documentación respaldatoria y todo indicaba que se trata de una “maniobra fraudulenta” con granos no declarados. Ahora, el organismo nacional rematará esa carga secuestrada.

AFIP anunció que el 10 de febrero próximo procederá al remate de dos lotes con más de 4100 toneladas de maíz partido a granel “provenientes de un operativo en donde se desarticuló una exportación de operadores falsos”, informó la Dirección General de Aduanas.

La subasta será online a través de la web del Banco Ciudad. La mercadería está exhibida en la Aduana San Pedro, desde donde el comprador deberá retirarla luego, y los lotes están divididos en uno que contiene la mayor parte del maíz y otro de menor tamaño.

El primero, de casi 3750 toneladas, tiene una base de más de 41 millones de pesos. El segundo, de casi 350 tn., se subasta desde 3,8 millones. En total, el maíz secuestrado en San Pedro tiene un precio base para el remate de casi $ 45 millones.

“La mercadería que la DGA ofrece a remate es toda aquella que no reviste interés para su donación, apunta a liberar el espacio en los diferentes depósitos, y obtener además un ingreso extra para el Estado”, difundió Aduana.

El operativo que el organismo llevó adelante en el puerto de San Pedro en noviembre pasado permitió impedir “la exportación fraudulenta a Uruguay del equivalente a 160 camiones” cargados con maíz partido.

“El maíz partido se obtiene a partir del troceado del grano y puede ser utilizado como insumo en alimentos balanceados y para la cría de ganado y la avicultura, y se presenta como una oportunidad para quienes intervienen en la industria agropecuaria”, explicaron desde la Dirección General de Aduanas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó la inscripción para acceder a los beneficios fiscales dirigidos a contribuyentes afectados por la bajante del Río Paraná, residentes en 169 localidades linderas.

La solicitud deberá completarse a través de la página del organismo y la opción estará habilitada hasta el 31 de enero.  Las zonas que ingresaron al programa fueron definidas por el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

Las herramientas previstas consisten en un plazo especial para el pago de los anticipos de los impuestos a las ganancias, bienes personales e IVA así como para las obligaciones correspondientes a las contribuciones de la seguridad social, al régimen previsional de trabajadores autónomos y los monotributistas.

En provincia de Buenos Aires pueden solicitarlo los que residen en Baradero, Campana, Ramallo, San Fernando, San Nicolás de los Arroyos, San Pedro y Vuelta de Obligado, Tigre, Zárate, Lima y Escobar.

En un comunicado, la AFIP explicó que “los plazos se extendieron a fines de diciembre de 2021 dado que la autoridad de aplicación se encontraba en proceso de delimitar las zonas catalogadas como ‘estado de emergencia hídrica'”.

Para acceder a los beneficios los contribuyentes deberán acreditar el desarrollo de su actividad principal en la zona afectada mediante la presentación de un informe certificado por el organismo o repartición provincial correspondiente.

Cumplido este requisito, la solicitud deberá ser ingresada a través de la web del organismo a través del servicio “Presentaciones Digitales”, opción “Zona de Emergencia – Acreditación”.