Andrea es una de las personas que aún mantiene la ilusión de llegar a la casa propia, aquella que jamás imaginó que se le presentaría ante los diversos factores que padecen muchos: las escasas oportunidades de convertir un sueño en realidad.

Está cerca de lograrlo si se respeta el listado. La de ella es una historia más dentro del plan de 84 Viviendas, las que a medio construir quedaron abandonadas hace dos años en los terrenos que Arcor cedió al Municipio, con la finalidad de emplazar un complejo destinado a gente que residía en las barrancas del Bajo Cementerio y el Bajo Puerto.

De la totalidad de las unidades, ocho estaban destinadas a discapacitados. “Yo quedé en la lista de espera, porque tengo una hija con invalidez. Las restantes 76 serían destinadas a gente que alquilaba”, comenzó contando Andrea en Sin Galera.

La construcción comenzó, pero jamás concluyó. En el medio surgió un conflicto con Arcor -ahora judicializado- y otro con la constructora Alfa, una de las pertenecientes a un grupo de empresarios quilmeños que, bajo la denominación de cooperativa de trabajo, cobraron certificaciones por trabajos que nunca concretaron.

El barrio quedó abandonado y no hay luz, agua ni cloacas. La mayor parte de adjudicatarios tomaro las viviendas que ya estaban sorteadas a su nombre. “La gente se metió porque decía que iban a usurpar. Además, dejaron de alquilar. Entonces las ocuparon como estaban, sin terminar”. 

En su caso, al no ocuparse las ocho para discapacitados, porque algunos no las quisieron y otros las vendieron, comenzó a preguntar cuál era la situación. Desde entonces inició la recorrida por Desarrollo Humano, Secretaría de Gobierno y hasta en el mismo barrio.

Para ella la necesidad no se discute: “Yo alquilo, vivo sola con mi hija, trabajo por hora, tengo una operación de columna con prótesis por lo que mi trabajo es limitado, pero debo trabajar, no me queda otra. Y el padre de mi hija, que era el que me ayudaba, quedó ciego”. Pero esto no es todo: “Ahora a mi hija le surgió un tumor en el ovario que debe ser extirpado”.

A Andrea le pasan cosas, las mismas que la llevaron a la desesperación por hablar y saber qué posibilidades tiene de acceder a una vivienda.

Por el momento, no obtuvo la respuesta deseada, pese a que le ofrecieron una ayuda para pagar el alquiler. “Muchas han cambiado de dueño o han sido ocupadas por otras personas. Muchas han sido usurpadas y no te puedo decir si quedaron en manos de gente que estaba en la lista de espera”, indicó.

También se enteró que a la ley la ponen los vecinos, “si aceptan que vos estés ahí. Tenés que ir a las casas de discapacidad y hablar para que te den una. Hay un grupo de WhatsApp que cuida del barrio, que no quieren que llegue gente de otros lugares que no sean los que están sorteados”.

Pese a todo, y a dos años de la deserción de la constructora, Andrea no pierde la esperanza de alcanzar su objetivo. “Entiendo la condición por el momento que todos pasamos. Pero es necesario que controlen el tema y llamen a la gente que está en la lista de espera, evitando conflictos con quienes están en el barrio. Porque con ellos debemos convivir en el futuro”. 

“Hubo varios sistemas propuestos y queremos que sea bien transparente”, dijo el intendente interino Ramón Salazar a La Opinión hace poco más de una semana. Desde entonces quedó confirmada la fecha y el número final de participantes que logró completar la documentación y calificar para participar del sorteo.

El viernes, en el Estadio Municipal, serán sorteadas primero las unidades habitacionales para personas con movilidad reducida y para ellos elegirán también a dos suplentes; luego, llega la ansiedad mayor para el resto de los inscriptos que verán cómo la escribana Cecilia Dubini certifica el procedimiento, que en ese caso contará con doce suplentes.

“Queremos que primero se publique el decreto, pero ya estamos notificando”, dijo el secretario de Desarrollo Humano, Walter Sáchez, que desde el viernes trabaja con su equipo para contactar una por una a las familias inscriptas.

“El miércoles pensamos que podría publicarse el decreto con el listado”, anunció al ser consultado por La Opinión a raíz de la creciente demanda de información por parte de los 655 participantes.

Se recuerda que las viviendas no serán finalizadas hasta pasado el mes de junio, pero mientras tanto los adjudicatarios podrán reorganizar su economía y planificar su mudanza al techo propio.

Tampoco se sabe con exactitud el monto de las cuotas y el sistema de pagos que establecerán para el recupero de la inversión, una información que depende de la Secretaría de Obras Públicas y que aún no ha respondido las consultas periodísticas.

Se sabe que es menester que los adjudicatarios sean informados con precisión de la obligación que contraen con el estado antes de prestar conformidad o aceptar la unidad habitacional.

Es la primera vez en muchos años que se adjudican viviendas y que se utiliza un sistema transparente para su adjudicación.