La Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental, anunció la apertura de un nuevo espacio terapéutico en el polo ubicado en Ituzaingó 979. 

Las reuniones, destinadas a abordar problemáticas vinculadas al juego y las apuestas, tendrán lugar todos los martes, a las 13.30. 

“El juego problemático tiene salida y pedir ayuda es el primer paso”, indicaron. 

Informaron que la entrada no tiene costo y que la propuesta está dirigida “tanto a quienes atraviesan estas situaciones como a sus familias”. 

Hace más de un año, que una mujer lucha para conseguir la internación de su hijo, un menor de tan sólo 13 años de edad, que tiene problemas de consumo de drogas. 

La situación comenzó cuando el chico tenía 9 años. Su madre relató a La Opinión que, desde pequeño, mostraba un carácter “agresivo”, que lo llevó a perder uno de sus ojos a causa de un "gomerazo". 

“Es muy angustiante, me da miedo lo que pueda hacer conmigo y con sus otros hermanos porque no tiene control”, relató la mujer. 

En medio de la desesperación, la mamá acudió en diversas al área de Salud Mental, buscando ayuda y recibió como respuesta que la internación debía ser “voluntaria”, tal como indica la vigente Ley de Salud Mental. 

“¿Voluntad de qué? Él no tiene voluntad de nada, está enfermo, no puedo ni llevarlo al CPA (Centro Preventivo de Adicción)”, refirió conmocionada. 

La mujer relató que situación es desesperante, ya que su hijo le roba electrodomésticos, ropa y diversos elementos de su propia casa. 

Indicó que no puede dejar cosas “sin candado”, como la bicicleta, ni le puede entregar una llave de la vivienda porque el adolescente saquea sus pertenencias y “las vende para seguir comprando” estupefacientes. 

En lo que va del año, el domicilio fue allanado “más de siete veces” y el menor fue aprehendido en reiteradas oportunidades por robo.

“Ya no sé qué más hacer, él necesita ayuda, está enfermo. Necesita estar internado en una clínica de adicciones. Esta situación me desborda, ya estoy muerta en vida”, concluyó entre lágrimas una madre, que reclama con desesperación que alguien la ayude. 

VUn joven oriundo de San Pedro permanece desaparecido tras no regresar a un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción ubicado en la ciudad de Zárate.

Identificado como Thiago Valentín Melgar, de 18 años, se comunicó por última vez con la familia unos días antes del 16 de mayo, primer día del temporal que afectó la zona semanas atrás y fecha desde la que falta en el centro donde estaba internado.

Uno de sus hermanos dijo a La Opinión que no es la primera vez que se escapa, pero que "siempre se comunica con alguien y ahora no. Desde esa fecha que no se sabe nada".

Familiares se dirigieron a la Comisaría de San Pedro para alertar sobre la situación y les explicaron que deben radicar la denuncia en Zárate, lo que también les indicaron en Fiscalía.

En la Comisaría, de todas maneras, dejaron asentada la situación. "Hicieron un comparendo que tengo que llevar a Zárate para que empiecen la investigación", informaron.

Thiago Melgar estaba internado en el Hogar de Cristo de esa ciudad, con salidas autorizadas. Desde el 16 de mayo nadie sabe  nada de él. 

"Ayer la asistente social me avisó que Thiago no estaba, que creen que desapareció antes del 16", dijo una prima a FM Tiempo de Baradero.

Una joven de 29 años oriunda de San Pedro que estaba detenida en la Unidad Penal 8 de Los Hornos murió este jueves y hay una investigación en marcha, puesto que todo indica que habría atentado contra su propia vida tras permanecer en huelga de hambre.

Identificada como Yanel Soledad Romero, había sido trasladada a ese penal  principios de la semana luego de que la Justicia le revocara el beneficio del que gozaba tras ser condenada por robo agravado.

La familia aguardaba novedades respecto de las diligencias ordenadas por la Justicia, que dispuso la práctica de la autopsia de rigor para que, una vez establecidas las causales de muerte y confirmada la sospecha de que se habría quitado la vida, les entreguen el cuerpo para su velatorio.

Yanel Soledad Romero, que había cumplido 29 años el 7 de mayo pasado, tenía serios problemas de adicción a las drogas, situación en cuyo marco se vio envuelta en hechos delictivos que derivaron en la condena, en 2023, a cinco años de prisión como coautora de un “robo a mano armada en despoblado y en banda”.

Como tenía dos hijos, la Defensoría Oficial solicitó en su momento que la beneficien con arresto domiciliario y luego logró, a partir de la necesidad de que fuera asistida por profesionales de salud mental por su problema con las drogas, que le otorgaran la excarcelación.

Sin embargo, como solía estar en situación de calle —su precaria casa había sido derrumbada sindicada como un "bunker de venta de drogas"— y no se había internado voluntariamente por sus adicciones ni la familia había logrado judicialmente una internación compulsiva, le revocaron la medida.

Ello implicó su detencion y traslado a la Unidad Penal 8 de Los Hornos, donde comenzó una huelga de hambre apenas llegó y luego fue hallada sin vida, presumiblemente tras atentar contra sí misma.

El hecho por el que había sido condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 en marzo de 2023 en el marco de un juicio abreviado ocurrió en 2021 en Saavedra al 2000. Fue acusada de "facilitar" el robo a un hombre que fue citado para un "encuentro amoroso".

Ocurrió el 10 de octubre de ese año. Los otros acusados en la causa eran Alberto Revol, pareja de Yanel Romero, y Juan Ignacio Revol. Ella había citado a un hombre con quien mantenía una "relación sentimental reciente" a su casa.

En determinado momento, Romero se retiró con la excusa de ir hasta el kiosco. Allí ingresaron Alberto y Juan Ignacio Revol, armados con cuchillas. Intimidaron a la víctima y le sustrajeron dinero en efectivo, el celular y la campera, tras lo que huyeron.

La víctima paró a un patrullero en Saavedra y calle 31 para contarles lo sucedido. Había reconocido a los delincuentes: a Alberto Revol como expareja de Yanel Romero y a Juan Ignacion Revol como su sobrino. Con ella se habían conocido vía Facebook.

Personal de la DDI y de la Comisaría hallaron este viernes alrededor de las 13.30 al adolescente de 16 años que estaba desaparecido desde martes por la tarde, cuando no regresó a su casa tras concurrir a la escuela Comercial.

En las últimas horas, las autoridades siguieron algunas pistas relacionadas con el paradero del joven y finalmente lograron encontrarlo.

El hallazgo se produjo en el pasillo del asentamiento precario conocido como barrio Hermano Indio, donde el joven solía ir para conseguir drogas, puesto que tiene serios problemas de adicción.

En buen estado de salud, pero presumiblemente bajo el efecto de sustancias narcóticas, el adolescente fue trasladado por la DDI al Hospital para una revisión médica.

Luego era remitido a la Comisaría de la Mujer para los trámites correspondientes y para reencontrarse con su familia, que había pedido a la Justicia intervención en el caso porque "él es un peligro para sí mismo y para los demás".

Su madre explicó a La Opinión que el adolescente tiene serios problemas de adicción y que estuvo involucrado en hechos delictivos producto de su situación de consumo problemático de estupefacientes.

Además, indicó que el mes pasado se escapó de una comunidad terapéutica ubicada en Berazategui, donde había sido internado tras pasar por otro sitio similar en Luján.

La Justicia tiene activa la búsqueda del paradero del adolescente Román Sosa, de 16 años, quien se fue de su casa el martes para ir a la escuela pero se escapó del colegio y no regresó a su hogar.

Vanina Machado, madre del joven, se comunicó con La Opinión para pedir públicamente, una vez más, ayuda de la Justicia y de los organismos pertinentes por la "problemática terrible de consumo" que afronta su hijo.

“Román se ausentó de la escuela Comercial el martes luego de haber ingresado con su mamá y su hermano, siempre fue acompañado por sus familiares”, indicó.

"Tiene con tres causas penales complicadas por robo agravado, en despoblado y en banda, estuvo involucrado en los episodios de las fiestas de fin del año pasado, todo por el consumo", relató la madre.

El joven estuvo internado en dos centro de recuperación de las adicciones. Del último, ubicado en Berazategui, se escapó el mes pasado para regresar a su casa. Desde entonces, la familia, que carece de las herramientas suficientes para abordar la problemática por sus propios medios, ya no sabe qué hacer.

"Lo judicialicé, tenían que accionar todos los organismos y nadie hizo nada. Lo querían internar en el Santa Isabel, me opuse porque eso es un neurosiquiátrico, entonces le pagué un lugar privado", contó Machado.

"Lo rotulan con que es adicto porque es esquizofrénico o psicótico o qué sé yo, pero nadie se ocupa", dijo y agregó: "Él no tiene problemas de insania, sabe muy bien lo que hace. Consume desde los 12 años, lo notamos a los 14 y empezamos a buscar ayuda por todos lados".

Ahora, desde el martes lo están buscando. "Supe que estaba en unos lugares con otro chico, por 3 de Febrero al fondo, lo fuimos a buscar con la policía, nos dijeron que había ido a comprar una Coca, así que salimos a buscarlo y no lo encontramos", detalló.

Familiares del otro joven le dijeron que estaba con él y con otros dos. Sin embargo, cuando regresaron este miércoles por averiguaciones, toda la familia negó haberlo visto, dijo Vanina. Lo fueron a buscar cerca del CIC, detrás de las vías y en el barrio Hermano Indio. Sin éxito.

"La Justicia no hace nada, les conviene que los chicos sigan así en lugar de ocuparse de lo que les corresponde. Él se tiene que recuperar en un centro de habilitación, pero si no tiene voluntad yo no puedo hacer nada más, quiero que la Justicia haga algo", pidió la madre del joven.

Un grupo de familiares de pacientes de salud mental convocaron para este sábado a una movilización en reclamo por mejoras en la atención de la problemáticas, tras dos casos de suicidio en los primeros cuatro días del año.

En medio de la protesta, familiares de víctimas de suicidio y de pacientes con problemas de adicciones aseguraron a La Opinión que la directora de Salud Mental municipal, Sandra Sorbara, renunció a su cargo.

La salida de la profesional fue relatada en medio de situaciones insólitas relacionadas con desavenencias entre Sorbara y el plantel profesional, al punto de que una psiquiatra tiene "bloqueada de WhatsApp" a la funcionaria.

Los testimonios de familiares de pacientes que atraviesan diversas problemáticas recogidos por La Opinión dan cuenta de, al menos, diferencias de criterio entre la directora de Salud Mental y el resto de los funcionarios del área de Salud.

Durante la transmisión en vivo de La Opinión & Sin Galera, hubo quienes indicaron que la secretaria de Salud, María Vargas, les informó que no se presentaría en el reclamo. Tampoco, señalaron, esperaban que lo hiciera la directora médica del Hospital, Isabel Carrasco.

El grupo Estamos Juntos encabezó el reclamo y sus integrantes repasaron las diversas problemáticas que atraviesan y las modalidades de colaboración que pusieron en marcha para ayudar a otras personas que pasan por lo mismo que ellos.

"Hay que poner gente que tenga ganas de laburar, no que vengan a llenarse los bolsillos y se desentiendan", dijo la mamá de un joven de 16 años que desde hace un mes peregrina para lograr atender la problemática de adicciones que atraviesa su hijo.

La falta de profesionales y de recuros asignados al área también fue parte del relato de los presentes. “A mi papá le dieron un turno para marzo, recién, para el psiquiatra”, graficó una joven.

Tampoco faltaron durante el reclamo las quejas por la atención en el Centro Provincial de Atención de consumos problemáticos (CPA) y la falta de articulación entre los distintos organismos intervinientes en el tema.

La filial San Pedro de Alcohólicos Anónimos (AA) profundiza su tarea a nivel local con dos encuentros semanales para la ayuda comunitaria en el proceso de recuperación de esa adicción.

Los martes y jueves, de 18.00 a 19.00, se reúnen en Petrona Simonino 450 para compartir experiencias en el camino tomado desde la decisión de no volver a beber.

"El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de consumir", informaron desde el grupo local, que sigue sumando miembros semanalmente.

"No somos magos, gurúes ni pastores, sin desmerecer a nadie. Acá se respeta raza, religión, credo o la falta de ello", explicaron a La Opinión. "No se cobran honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestros propios recursos", agregaron.

El alcoholismo es una enfermedad que no tiene cura. Por eso quienes dejaron de consumir y asumen esa condición se consideran siempre "alcohólicos en recuperación".

"Los que asisten regularmente a las reuniones se mantienen limpios", destacaron desde el grupo local y destacaron que "se reserva el anonimato, y lo que queda en las charlas no sale de ahí, sólo lo saben los participantes".

"No hay mas secretos ni nada, Es simplemente un grupo de recuperación", señaló a este medio uno de los referentes y aseguró: "Servir en recuperación es algo gratificante, que hace a uno mejorar como persona después de tanto daño que causamos con el consumo adictivo".

Comienza este sábado 21 de septiembre, además de la primvaera, la denominada "Semana contra la ludopatía juvenil", una iniciativa aprobada por el Concejo Deliberante tras una propuesta del concejal opositor Martín Rivas para que se trabaje en cuestiones relacionadas con las apuestas en menores de edad, sobre todo con el auge de las online.

La ordenanza estableció la difusión de material que advierta sobre los riesgos y las consecuencias negativas de las apuestas, con charlas, talleres y capacitaciones en escuelas.

Hasta este sábado, el Gobierno no había difundido actividad alguna relacionada con la Semana contra la Ludopatía juvenil, a pesar de la vigencia de la ordenanza.

Aunque la normativa señala que deberán articularse actividades entre la Dirección de Educación municipal que conduce Alan Ocampo y las instituciones educativas, en las escuelas no hubo novedades sobre el tema.

La Secretaría de Cultura, Deportes, Educación y Turismo difundió en sus redes este viernes la la escuela municipal de boxeo y la grilla del San Pedro Country Music Festival, que tendrá lugar la semana que viene.

Consultado por La Opinión, el concejal Rivas dijo que desconocía si se habían programado actividades y que desde el oficialismo no supieron responderle cuando les consultó.

En junio pasado, la especialista en adicción a las apuestas Débora Blanca dijo en Sin Galera que es importante que las familias "tomen medidas para proteger a sus hijos", porque "la ludopatía es una enfermedad grave que puede tener consecuencias.

El día que aprobaron la ordenanza, el 8 de agosto pasado, Rivas destacó el trabajo conjunto en la comisión de Salud y consideró que se generó "un buen proyecto para visibilizar estos problemas de esalud mental y adicciones".

El presidente de la comisión, Daniel Creus, se refirió a la problemática que se genera por las publicidades sobre apuestas online, especialmente en esos días durante las transmisiones oficiales de la Copa América de fútbol.

"Está empezando a moverse toda la artillería legal para regular esto", señaló el médico y refirió un trabajo del psiquiatra Federico Pavlovsky, quien advirtió sobre "la adicción en progreso" a la que se asiste en relación a la ludopatía infantojuvenil.

La concejala y psicóloga Yanina Batalla, por su parte, destacó ese día el "debate interesante" que se dio en comisión. "Esta es una problemática para tener conciencia, porque la gran dificultad de esta adicción es que genera afecciones más bien silenciosas", señaló.

El exdirector de Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, Alberto Calabrese, estuvo en San Pedro para reunirse con el intendente Cecilio Salazar y la directora de Salud Mental, Sandra Sorbara, tras lo que anunciaron que el reconocido especialista "se suma al equipo" que coordina la psicóloga.

Calabrese es sociólogo y tiene más de 40 años de experiencia en el tema de las adicciones. Además de funcionario del área en el Gobierno nacional fue asesor del Sedronar, docente universitario y dirige la especialización Adicciones de la Universidad Nacional de Tucumán.

Es un reconocido especialista que preside de manera honorífica la Sociedad Argentina para el Estudio de las Adicciones (SAEA) que supo ser asesor de la Jefatura de Gabinete entre 2009 y 2011, durante la gestión de Aníbal Fernández en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Calabrese es una de las voces más escuchadas en el país respecto a lo que denomina la "ideología de la prohibición" —considera que "mientras más se prohíban las drogas más se beneficia a los narcos"—, su incidencia en los consumos problemáticos de sustancias y la relación de las adicciones a psicoactivos con la salud mental.

En ese marco, el especialista sostiene a lo largo de su trayectoria la idea de que quienes abusan de drogas o son adictos deben ser tratados por el sistema de salud y no por el de seguridad o el judicial. 

"Están enfermos, no hay que criminalizar al consumidor, hay que darle el derecho a la salud", asegura en cada foro en el que interviene.

Calabrese estuvo con Salazar y Sorbara para dialogar sobre "el plan de acción" en Salud Mental local. El Gobierno anunció que el especialista "se sumará para colaborar, fortalecer el trabajo y compartir su conocimiento en el tema".

En ese marco, informaron que "se irán coordinando capacitaciones, talleres y actividades" de las que participará el sociólogo. 

La Opinión comnfirmó que el especialista será remunerado vía contrato de locación de servicio por un monto que "es para viáticos" y que no fue designado como funcionario del gabinete.

El martes por la mañana, el padre de un joven adicto, recurrió como última instancia a La Opinión & Sin Galera para dar a conocer la situación que a diario vive junto a su mujer.

Tanto él como María Rosa, temen que un día golpeen a su puerta y le informen que su hijo ha fallecido. La familia sufre desde hace más de diez años distintos vaivenes y pese a que la justicia ya ordenó una internación en San Nicolás en el año 2015, ahora no encuentra una vía para evitar las recaídas.

Es paciente del CPA (Centro Preventivo de las Adicciones) pero hasta el director de esa institución le responde que “no pueden hacer nada” si no cuentan con la voluntad del adicto para pedir su internación. Ha estado por breves períodos en el Hospital “empastillado” pero después que le dan el alta, vuelve a robar los pocos bienes o herramientas de su propio entorno familiar.

El hombre que se mostró consternado y abatido por estar sometido a la angustia constante, confesó que a él también lo han medicado pero que ha sido en vano su reclamo ante las asistentes sociales que deben procurarle el asesoramiento que necesita. 

“Hace más de 14 años que estamos lidiando con esta situación”, dijo Eliana, cuñada del paciente psiquiátrico que padece esquizofrenia y problemas de adicción, quien está en riesgo desde que una denuncia contra la policía que oficiaba de custodia de su internación en el Hospital provocó que salga a la calle y recaiga en el consumo de estupefacientes.

“Nosotros estamos totalmente a la deriva”, dijo y señaló que el joven ” hace tres dias anda en la calle”, lo que implica que en pocas horas se haya tirado por la borda los logros de alrededor de seis meses de tratamiento.

“Lo han visto andar pidiendo, exigiendo a la gente plata, cosas que habían pasado antes de estar internado”, indicó y aseguró que tanto ella como la madre del joven le habían advertido al psicólogo del CPA, Luis Onofri, que “si le sacaban la custodia oba a volver a pedir, a robar, porque quiere consumir”.

“Él tenía 13, 14 años cuando empezó a consumir”, relató. Desde entonces, intentaron todo. “Lo llevamos a granjas, a centros, a talleres, no hubo forma”, contó. Cuando lo internaron en un instituto en Buenos Aires le diagnosticaron esquizofrenia. Desde entonces, está medicado.

Luis Guillermo Onofri fue designado como responsable del Centro Preventivo de las Adicciones hace un mes. Desde entonces, además de su tarea cotidiana de acercamiento, define y hace consultas respecto al paciente psiquiátrico de 28 años que después de casi seis meses de recuperación en el Hospital.

Desde que pidió al Juzgado de Familia que retire al personal policial de custodia, el joven que desde hace casi seis meses se recuperaba de sus adicciones se ausentó de su habitación. Ayer deambuló todo el día, una persona lo llevó de regreso y presentaba algunas marcas en el cuerpo. Esta mañana volvió a suceder y por la tarde ya eran varias las personas que lo habían visto mendigar dinero.

Onofri explicó a la periodista Lilí Berardi los motivos por los cuales se vio “obligado a proceder”, tal vez en desconocimiento de las reglas que en San Pedro se les imponen a policías que no están capacitados para asistir cuestiones de salud mental y puedan llegar a cometer delitos como los que el profesional señaló.

Una vez más, una familia aguarda con desesperación una resolución que permita la asistencia a un paciente con problemas de salud mental que arrastra años de situaciones violentas que ponen en riesgo su integridad física y la de otros.

Se trata de un joven de 24 años con esquizofrenia y problemas de adicción que ya estuvo internado en centros de rehabilitación cuando era adolescente y que desde hace un tiempo tiene conductas agresivas que resultan peligrosas para sí mismo y para terceros.

“Si no lo internan, le va a terminar pasando algo, porque él es agresivo y la gente se defiende”, dijo Eliana, su cuñada, este lunes en Radio Cuarentena, luego de que, otra vez, lo internaran y le dieran el alta en el Hospital tras un episodio violento: intentó apuñalar a otra persona.

La ley de salud mental vigente dice taxativamente que nadie puede ser internado contra su voluntad, a menos que se lo declare incapaz de tomar esa decisión. Como tantos otros, el joven se rehúsa al tratamiento y la situación se torna cada vez más difícil.

“Él no tiene capacidad para decidir si puede estar internado, tiene que intervenir un juez”, sostuvo su cuñada, que junto a la madre del muchacho son quienes estan desde hace tiempo peregrinando para lograr un tratamiento adecuado a la problemática.

“Necesita un lugar donde lo internen y tenga contención, no queremos que termine muerto ni lastime a otras personas”, dijo, con temor respecto de lo que pueda ocurrir porque el último intento de agresión fue muy grave y las represalias ante una conducta de ese tipo pueden implicar serias consecuencias.

Hace unos meses estuvo internado. La familia contó que hubo una junta médica que dijo que “estaba bien” y “lo mandaron para casa de nuevo”. Los problemas persistieron. “En estos ocho años llevamos como 500 denuncias hechas”, dijo la cuñada.

“Lo que estamos buscando es un lugar para que lo internen, hace meses vamos a San Nicolás por el tema”, agregó. Cada vez que lo internan implica viajar, reunirse con alguien, exponer la situación ante unos y otros.

Mientras tanto, la agresividad crece de manera inusitada. El viernes, por ejemplo, cuando una oficial de policía fue a entregar una documentación al domicilio de la familia, él intentó quitarle el arma.

“Una persona así necesita contención, tratamiento”, consideró la cuñada, que reveló que el pacietne “hace 15 años que toma la misma medicación”.

Desde el Hospital informaron que se completó la presentación en el expediente para solicitar la denominada “internación involuntaria” para que el Juzgado intervinente tome actuación y defina.

Indicaron que agregaron todos los registros de historia clínica, los informes del área de Salud Mental, las presentaciones judiciales y los precedentes respecto de situaciones de violencia que consignó la familia, así como las actuaciones policiales ante cada una de ellas.

Resta ahora que el juez interviniente disponga la internación involuntaria, corra traslado si así lo considera a otro organismo que deba participar o entregar información complementaria, aunque desde el Hospital ya elevaron todo lo que el juzgado solicitó para avanzar en el caso.

No es el primero ni el último caso que aparece con las mismas características: pacientes con problemas de salud mental y de adicciones involucrados en hechos delictivos que no pueden ser penados por su condición de inimputables pero que tampoco tienen la asistencia que las familias esperan y que se exponen a serios riesgos para sí mismos y para terceros.

La emergencia sanitaria bonaerense decretada por el caso de la denominada “cocaína envenenada” devolvió a la escena los dispositivos de asistencia en consumos problemáticos que tiene el Estado para prevenir y asistir las adicciones, una red que incluye 150 espacios de ese tipo en todo el territorio provincial, entre ellos uno en San Pedro.

Se trata del Centro Provincial de Atención de las Adicciones (CPA), ubicado en Sargento Selada y Lavalle, en un edificio que la Municipalidad cedió para su instalación en los años 90. Con alrededor de 25 años de existencia, el CPA local es el único referente público para el abordaje de problemáticas relacionadas con el abuso de drogas y las adicciones.

El Gobierno provincial difundió la “red de 150 dispositivos de asistencia de salud mental y consumos problemáticos”, entre los que se cuenta el CPA de San Pedro. Por eso este viernes, un móvil de Radio Cuarentena se acercó al organismo para relevar cómo está funcionando en la actualidad.

? La @BAProvincia cuenta con una red de 150 dispositivos de asistencia en salud mental y consumos problemáticos, Centros Provinciales de Atención, Unidades de residencia para personas con problemáticas de consumo, Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos? pic.twitter.com/7Ke5lOgGFj

Al llegar a la esquina se nota que hay un abandono del lugar, al menos en lo que refiere a su espacio exterior: las malezas cubren la profunda zanja que rodea el edificio; mora silvestre e higuerilla tapan la visión hacia el patio, donde el pasto es tan alto que apenas se puede transitar.

Cuando el móvil de Radio Cuarentena llegó, una mujer estaba con una pala de punta en el patio delantero, cortando la mora. Era Viviana Larrea, empleada administrativa y operadora terapéutica, una de las tres personas que se desempeñan en el reducido staff del organismo.

Larrea es quien está de guardia porque las otras dos profesionales del staff, la trabajadora social María Boccardo y la psicóloga Agustina Olivieri, están de vacaciones.

En la puerta hay un cartel que dice que por lo pronto atienden lunes, martes, jueves y viernes de 8.00 a 12.00 y los miércoles de 13.00 a 17.00. Además, hay un abonado telefónico, el celular 15 63 6831, para comunicarse fuera del horario en los que está abierto. La puerta tiene varios vidrios dañados y reparados. En el hall de entrada, unos sillones y afiches relacionados con la tarea que cumplen en el lugar reciben a quien llega.

Las personas que asisten lo hacen por orientación, para comenzar un tratamiento por el consumo problemático de consumo, etc. Además, asisten a familiares de personas con adicciones, que también se acercan para solicitar ayuda.

“La gente reserva su turno con anterioridad y se los atiende los días que vienen”, explicó la operadora terapéutica, que está en el CPA desde el año 1997.

“Algunos pacientes son espontáneos, otros son derivados desde la Justicia, otros desde centros de Salud o desde escuelas”, explicó Larrea, que estaba completando documentación para remitir a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumo Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud Pública.

El CPA sólo tiene esas tres personas para su funcionamiento. No hay maestranza, por lo que deben limpiar el edificio ellas mismas. La Municipalidad, que paga los servicios, es la encargada del mantenimiento, pero hace tiempo que la Secretaría de Servicios Públicos no envía al personal para cortar el pasto y los árboles, por lo que el persona, sin herramientas para ello, debe arreglárselas como pueda para evitar que la maleza cubra el acceso.

En diciembre pasado, desde la Secretaría de Salud municipal intervinieron para el arreglo de baños y del circuito eléctrico luego de un desperfecto que dejó inutilizada la instalación. En ese momento cortaron el pasto y limpiaron el predio. Todo indica que volverían la semana que viene, luego de que el responsable de la tarea estuviera ausente primero por COVID-19 positivo y luego por vacaciones.

El edificio tiene un salón que oficia de administración, donde está la documentación y la computadora del equipo. Luego hay dos cuartos que se utilizan como consultorios y una galería cubierta donde solían hacerse las reuniones de articulación y participación comunitaria, que ahora aguarda una resolución para que el CPA sea también Centro de Día, de manera tal que se extienda el horario de atención.

En Radio Cuarentena, la exconcejala y exsecretaria de Acción Social municipal Ester Noat recordó el proceso que permitió abrir el CPA en San Pedro y destacó la tarea articulada entre Municipio y Provincia para el funcionamiento de ese espacio.

En ese sentido, la dos veces candidata a intendenta cuestionó que el Gobierno local se desentienda de la tarea de ese organismo dedicado al abordaje de los consumos problemáticos de sustancias. “No se puede decir ‘es provincial’ y desentenderse”, señaló.

Ante el caso de la “cocaína envenenada”, el Gobierno provincial dispuso la alerta epidemiológica para que todos los hospitales bonaerenses estén preparados ante la posibilidad de atender a pacientes con síntomas compatibles con el consumo de la sustancia adulterada, porque aunque la problemática tiene epicentro en el conurbano se desconoce dónde se distribuyó la droga en mal estado.

El Ministerio de Salud difundió una serie de recomendaciones para el “consumo cuidado” de sustancias entre las que aparecen consejos como analizar el límite para evitar riesgos, no aislarse para consumir en soledad, no mezclar drogas y asegurarse el origen de lo que se va a ingerir, entre otras.