El viernes pasado, antes de la sesión especial en la que se trató la Rendición de Cuentas 2025, La Opinión reveló que los concejales habían tomado vista de los denominados "decretos reservados" y que su contenido estaba lejos de ser "secreto de Estado": eran todos "acomodos" de familiares de funcionarios, concejales y punteros.

Nombramientos, pases a planta, bonificaciones y recategorizaciones, en su mayoría de personas con vínculos políticos, formaban parte de lo que el Gobierno municipal decidió ocultar de la publicación de los boletines oficiales, amparados en la "protección de datos sensibles".

Este lunes, luego de que en la sesión la concejala de Nuevos Aires Paola Basso expusiera diversos casos, desde el bloque Alianza La Libertad Avanza, que representa al presidente Javier Milei en San Pedro, los ediles Joaquín González y Melina Panatteri elevaron una propuesta para que rija una ordenanza que establezca la obligatoriedad de publicar ese tipo de medidas.

La iniciativa es para modificar la ordenanza vigente y establecer que "será obligatoria la publicación" de todo decreto que implique designación de personal, pases a planta permanente, contrataciones, nombramientos, recategorizaciones, bonificaciones y "toda otra medida que implique erogación de fondos públicos o alteración de la situación laboral de funcionarios o agentes municipales".

"No podrán ser clasificados como reservados, confidenciales o de acceso restringido por el solo hecho de referirse a cuestiones de personal, debiendo garantizarse en todos los casos la publicidad del contenido esencial del acto administrativo", dice el articulado.

En los considerandos, los concejales impulsores del proyecto señalaron que "la transparencia administrativa no puede aplicarse de manera selectiva ni quedar sujeta a criterios discrecionales que permitan conocer determinados actos mientras se impide el acceso a otros de idéntica naturaleza jurídica".

"Los vecinos del partido de San Pedro tienen derecho a conocer quiénes ingresan a la administración municipal, quiénes acceden a cargos políticos, quiénes son incorporados a planta permanente y qué beneficios salariales son otorgados con fondos provenientes de los contribuyentes", sostuvieron Panatteri y González.

Cuando el Gobierno de Cecilio Salazar renovó el gabinete para el tercer mandato al frente de la Municipalidad hubo funcionarios políticos que dejaron su cargo y fueron reemplazados por otros. Al menos dos de ellos no se quedaron con las manos vacías: pasaron de la planta política a la de empleados municipales.

Se trata de Américo "Cacho" Quintana y de Carlos "Carlitos" García, exdirector del Cementerio y exdirector de Parque Automotor, quienes fueron designados como empleados de planta temporaria a través de decretos firmados el 30 de enero, misma fecha que los de César Rotundo, las hijas del coordinador de Mansa Lyfe, Claudio Alé, y del sindicalista de Upcn, Walter Belesi, y la madre del hijo menor del intendente.

Ambos fueron nombrados como empleados municipales con retroactividad al 11 de diciembre, es decir al otro día de que cesaron en los cargos políticos que tenían dentro de la estructura del gabinete de Cecilio Salazar.

Cacho Quintana entró a planta temporaria con categoría 4 con 48 horas semanales, el mismo cargo que las hijas de Alé y Belesi, con un salario bruto de 248.943,45 pesos en enero; $ 273.837,79 en febrero; y, con la última cuota de aumento acordada, $ 301.221,57 en marzo.

Carlitos García, por su parte, es categoría 20 con 40 horas semanales, como César Rotundo, con un sueldo bruto de $ 280.875,54 en enero, $ 308.963,09 en febrero y 339.859,40 pesos para marzo.

"La austeridad no es una opción, es una obligación", dijo el intendente Cecilio Salazar cuando asumió para su tercer mandato en medio de la crisis económica. Palabras similares repitió el 1 de marzo, en su Mensaje Anual. Aunque en enero hubo que echar mano de 400 millones de Fondos Afectados para pagar los sueldos, los nombramientos de empleados no pararon.

A la revelación que hizo La Opinión este miércoles acerca de la designación en planta del periodista César Rotundo para desempeñarse como locutor oficial, se suman otras que, por el vínculo familiar de las protagonistas con personas relacionadas a la política, también generarán polémica.

Son tres mujeres: una hija de un coordinador; otra, de un sindicalista municipal; la tercera es la madre del hijo menor del intendente. Todas fueron designadas en planta temporaria, el paso previo a la planta permanente, en enero.

Nahiara Alé, de 19 años, es hija de Claudio Alé, excoordinador del CIC que pasó este verano a cumplir tareas de coordinación del nuevo Complejo Turístico Municipal de la ex Mansa Lyfe. La joven lo acompaña en ese trabajo.

En el mismo lugar fue designada Sofía Belesi, de 24 años, hija de Walter Belesi, el líder sindical de UPCN, gremio que representa a los trabajadores municipales.

Ambas fueron designadas a través del mismo decreto, el 0080 del 30 de enero, mismo día de nombramiento de César Rotundo. Ingresaron con categoría 4 con 48 horas semanales, que según la planilla de sueldos vigente implicó un salario bruto de 248.943,45 pesos en enero; $ 273.837,79 en febrero; y, con la última cuota de aumento acordada, $ 301.221,57 en marzo.

Con la misma categoría y sueldo pero para cumplir tareas en el área de Salud Mental fue designada Jimena Díaz, de 29 años, madre del hijo menor del intendente Cecilio Salazar, quien había sido nombrada en la dependencia local de la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuando inaguró, en abril de 2022.

Entre los decretos de enero hay otros nombramientos vinculados a la política que La Opinión publicará oportunamente. Además, durante 2023, en plena campaña electoral, también hubo designaciones de personal que podrían estar relacionadas con las elecciones.

Con el resultado de las elecciones en la mano, la administración de Cecilio Salazar tomó varias decisiones respecto del destino que tendrá personal de planta. Muchos empleados lo toman como parte de las reglas del juego en las que los sindicatos juegan un papel que tributa de manera obediente al poder. Otros, aceptan con resignación su destino.

El resto, la mayoría, toma nota de lo que puede llegar a pasarles si no colaboran en la campaña electoral o si sus convicciones no coinciden con el candidato de turno.

Ha sucedido en todas las gestiones y la frase “hay que salir a cazar traidores” acuñada al calor del kirchnerismo más rancio, nunca estuvo más vigente.

Cuando Cecilio Salazar volvió al cargo para el que había sido electo, varios de los aliados a su hijo Ramón fueron desplazados de sus cargos. Era lógico, ocupaban carteras de designación política y allí rodó la cabeza de Marcela Cuñer, uno de los pilares de la gestión que desde 2015 en alianza con el Pro y la UCR y luego con el Frente de Todos, sostuvo en pie la dinámica turística de la ciudad.

Entre los secretarios que “salvaron la ropa” están Javier Silva, responsable junto a Ramón del frustrado sorteo de las 84 viviendas, y el asesor letrado, Ricardo Uguet. Fabián Rodríguez se fue solo y al igual que Cuñer ostentaba su cargo desde que fue nombrado Juez de Faltas a principios de la gestión de Cecilio Salazar. De allí pasó a secretario de Hacienda. Luego, ostracismo.

Como se dijo, los nombrados eran funcionarios de designación política y por ende, absolutamente prescindibles para el timón firme que caracteriza a Cecilio Salazar a la hora de listar a los tibios, los fervientes o los que por conveniencia se van adaptando a su suerte con destinos como el Cementerio municipal o el Corralón. Allí purgan sus actividades los castigados.

Lo supo Adrián De Vito, un estrecho colaborador de Cuñer que es de cuna radical y fue derivado a la necrópolis tras ser director de Comisiones de Fomento. Lo aprendió Fernando Negrete, antecesor en el cargo, cuando tuvo que aprender a cortar pasto en el Puerto. Tomó nota el concejal Matías Franco, acusado de traidor tras las Primarias y los nombres sigue sin que sea necesario que La Opinión confeccione una lista prolija.

“Quién podría estar disconforme con la salida de Luciano Juhant”, se preguntó en Sin Galera tras los desastres que provocó cuando repatrió a una mujer y sus hijos para utilizar como vivienda una escuela rural y así garantizarle los sueldos a una directora y maestros que cobraban sumas jugosas por no tener alumnos y tener que viajar.

Quién podría quejarse de quien como pastor evangélico fue convocado por Mario Barbieri para ocupar una banca de concejal. Quién pelearía por él si a la vuelta de Barbieri armó su propia lista para ser intendente por el Frente de Todos junto a “La Dignidad” de Juancho Correa en las internas de 2019. Un día le duró la fidelidad, porque de allí saltó a obediente militante de Cecilio Salazar y más tarde a delegado de Santa Lucía.

Es cierto, nadie reclamará por quien muda tan rápidamente de ideas y desde Unidos por la Patria se va con Milei, los libertarios y Ramón Salazar. Semejantes vueltas no producen seguidores ni simpatías.

Pese a ello, el hecho objetivo es que la venganza llegó primero bajándolo de su cargo de delegado a chofer de ambulancia y ahora, a pocas horas de terminados los comicios, le avisaron que debía presentarse a trabajar como administrativo en el Corralón municipal.

Casi todos coincidirían con un “se lo merece”, pero cuando con recursos de todos se invierte dinero público en un trabajador sería preferible asignarlo a tareas más acordes a su rendimiento, porque se corre el riesgo de la “licencia psiquiátrica” a la que acuden ciertos personajes que pasan largos períodos cobrando su sueldo sin cumplir tarea alguna.

Un ejemplo claro es el de los sumariados por robar placas y mármoles en el Cementerio. Nunca los echaron, nunca culminó la etapa administrativa con las sanciones, porque si esas personas rompen el silencio ni las tumbas más antiguas resistirían los gritos de los negociados que se perpetran con los muertos.

Ahora, la fila de “condenados” corre con distinta suerte. Sucedió con Mauro de Rosa, que se lleva el premio mayor desde que dejó su lugar de chofer de Ramón para pasar a empleado raso y ahora a primer concejal electo por la lista de La Libertad Avanza.

Es como acertar los cuatro números a la quiniela o un pleno en el casino. Tiene cuatro años para representar las ideas libertarias junto a Viviana Riquelme, que se postuló en segundo lugar.

A un castigado camillero del Hospital que ya había sido condenado al Cementerio lo mandaron al Pasillo Público N° 2, sin escalas. Javier Sierra es desde el lunes “el empleado sin baño”, porque en el lugar los sanitarios no funcionan y hay que cruzar al Tiro Federal para encontrar un inodoro.

A Gustavo Franco, el exdirector de Obras durante el mandato de Ramón lo asignaron nuevamente a su función inicial en Parques y Jardines. Este empleado al que el pueblo sampedrino le pagó su sueldo durante todo este tiempo, tomó licencia.

A Sergio Ríos, un estrecho colaborador de Marcela Cuñer y sumamente capacitado en el área de Turismo, lo enviaron sin retorno al Corralón. Es el único que pudo renunciar e irse al sector privado sin tener que mendigar una defensa de sus derechos como trabajador.

Hay muchas caritas nuevas en varios sectores, premiados con los tristes decretos que nunca garantizan estabilidad. Esta lección que aprendieron muy bien las chicas superpoderosas que tenían más de 60 millones de pesos asignados en el presupuesto 2023 y se cansaron de vociferar que el intendente es misógino, violento y maltratador, devenidas ahora en repartidoras de boletas con poses cuasi obscenas de obediencia debida al mandato del patriarca.

Es antipático, pero es real. ¿Serán medidas con la misma vara que los empleados que no tienen quién se preocupe por su destino?

La lista sigue con los integrantes de una familia bastante particular. Allí anidan los que son destinados al Centro de Monitoreo, al sector administrativo o de mucamas del Hospital e incluso a despachos más cómodos que los habituales.

Tal es el caso de la concejal Soledad Llul, que pasó de ferviente guerrera a subsecretaria legislativa primero y a un un hermoso cuarto lugar en la lista de ediles que tributa al intendente después. Otros beneficiarios son los que ya integran la lista de aspirantes a formar parte de la planta permanente.

En agosto por ejemplo se concretaron algunos nombramientos que estaban “en el aire”. Una activa y conflictiva empleada del Hospital que tuvo a maltraer a varios compañeros se enojó el fin de semana cuando se dio a conocer el decreto que le otorga una relación de dependencia estable pese a tener mucha menos antigüedad que otras conocidas operadoras de campaña en redes sociales.

Su sola mención provocó una velada amenaza y el método del “escrache” habitual que desmiente publicaciones periodísticas. Se trata de Rosalía Piernabieja cuya designación es muy similar a la que logró con mucha rapidez el joven Kieven Chiarella Ocampo en el lugar donde se revisan las cámaras de seguridad. Todo lo que aquí se expresa está entre los decretos que deben ser publicados en el Boletín Oficial.

El decreto 948 del 28 de junio de 2023 no es novedad porque siempre en su Anexo I exhibe un largo listado de nombres y apellidos cuya estabilidad pende del delgado hilo que sostiene a los “temporarios”, una modalidad que desde más de una década mantiene en la cuerda floja tanto a meritorios —como el personal de la carrera médica profesional— como a los acomodados.

En esa lista eran casi 250 los que revisten esa condición y entre ellos estaba hasta el director de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio.

Así como durante la gestión de Pablo Guacone fue menester comenzar a analizar las cuentas y las decisiones, conviene hacer saber que esta no es una misión que sólo le corresponde a la prensa. Es el Concejo Deliberante el que debe velar por todo tipo de cuestiones administrativas y por el efectivo cumplimiento de la normativa que obliga a la apertura de datos públicos que en la mayoría de los municipios se cumple.