El hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de cinco años a quien la Justicia ordenó volver a llevar a juicio fue considerado prófugo de la Justicia tras no presentarse al nuevo debate oral y público.

El nuevo juicio estaba previsto para el martes 28 de abril. Ese día, el acusado no fue y dijo que había tenido un problema personal que le impidió llegar. Sin embargo, Fiscalía pidió su detención y el Tribunal lo ordenó.

Así, fue considerado prófugo de la Justicia. Desde entonces, nadie sabe nada de él. Ni siquiera su familia. Este miércoles es la nueva fecha para la audiencia, pero si no se presenta no podrá llevarse a cabo porque no se puede juzgar en ausencia.

Mientras tanto, la orden de captura fue cursada a todas las comisarías del país para que tengan presente que esa persona, cuya identidad no se revela para resguardar la de la víctima, que es su hija y es menor de edad.

La denuncia que inició la causa había sido radicada por la abuela materna de la nena en 2021. La niña le contó cosas que ocurrieron en el baño del padre de la casa de la otra abuela.

Ese relato fue ratificado en cámara Gesell, aunque según consta en las actuaciones "de manera algo confusa". En el juicio original, el acusado fue absuelto por el beneficio de la duda.

Sin embargo, Fiscalía apeló en Casación, donde los jueces consideraron que las dudas planteadas en el fallo de primera instancia no estaban debidamente explicadas y que había un “vacío” en la sentencia.

En una resolución poco habitual, Casación ordenó que "se dicte un nuevo pronunciamiento con la renovación de los actos procesales necesarios", lo que implicó repetir el juicio.

Finalmente, el sindicalista de Camioneros y exconcejal de San Pedro Fernando Espíndola será sometido a Juicio por la Verdad en el marco de la causa por abuso sexual infantil por la que fue denunciado por su sobrina y otras personas que lo acusaron de ser sus víctimas cuando eran menores de edad.

La Cámara de Apelaciones, que se había declarado incompetente pero volvió a recibir el expediente desde Casación para resolver, dispuso que es admisible un debate de esas características para los hechos denunciados.

Así lo reveló el diario El Norte, que indicó que los camaristas revocaron el fallo de primera instancia del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1, que había considerado que como no se trataba de delitos de lesa humanidad no correspondía encuadrar el caso en un Juicio por la Verdad.

La primera denuncia fue radicada por Cintia Espíndola. Luego sobrevinieron otras. En todas acusaron a Fernando Espíndola de cometer delitos de abuso sexual reiterado contra menores de edad cuando él mismo era menor y también cuando ya había cumplido la mayoría de edad.

La causa tramitó en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil y la Justicia determinó que los delitos estaban prescriptos por el paso del tiempo, por lo que no podían ser juzgados.

Sin embargo, la propia jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, primero, y la Cámara de Apelaciones, después, consideraron viable que el caso se ventile en un juicio por la verdad ante la aberración de los hechos relatados.

El juicio por la verdad no puede imponer penas de cárcel, pero sí atribuir responsabilidades en los hechos denunciados. Reparatorio y simbólico, no impone años de prisión pero sí puede establecer culpabilidades.

Ahora, el TOC n.° 1 está en condiciones de llevar adelante las audiencias de debate oral y público. El abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús, había considerado la decisión de Casación como "una victoria para todas las víctimas" porque "abre las puertas a muchas situaciones parecidas".

Fernando Espíndola permanece detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio por la causa Camioneros, que tendrá lugar a fines de septiembre, y en la que está acusado junto a Maximiliano Cabaleyro de "pedir coimas" para dejar trabajar a la empresa Rey Distribución, entre otros delitos.

El acusado de varios casos de abuso sexual Rafael Vázquez continúa detenido y así seguirá al menos hasta que se desarrolle el juicio en el que la Justicia procurará condenarlo por los aberrantes hechos en los que está imputado.

Una de las novedades relevantes respecto de su situación está relacionada con la posibilidad de que se unifiquen en la Justicia de San Nicolás los casos que cometió tanto en San Pedro como en la provincia de Río Negro, donde vivía antes.

Mientras se desarrolla el proceso en su contra, las pruebas se suman: declaraciones en cámara Gesell, pericias y testimonios que son reveladores respecto de una conducta sostenida en el tiempo.

Vázquez fue detenido en Buenos Aires el 7 de noviembre del año pasado. Había estado un mes y medio prófugo desde que tuvo que escapar de San Pedro cuando una joven lo encontró en la casa de su madre, pareja de él, en situación de abuso con una nena de 12 años.

A los pocos días de ese hecho, mientras se esperaba la orden de detención, otra joven fue a la Comisaría de la Mujer a denunciarlo por abuso sexual. Luego apareció un tercer caso local.

En Río Negro Rafael Vázquez tenía dos denuncias por abuso sexual, una de 2010 y otra de 2011. Por ambas tenía pedido de captura activo para que rinda cuentas en la Justicia.

La Justicia investiga al menos dos casos de abuso sexual contra niñas que tenían entre 10 y 11 años cuando ocurrieron los hechos, y la familia exige un urgente accionar a 10 días de haber radicado la denuncia.

Las actuaciones fueron labradas en la Comisaría de la Mujer por las madres de las víctimas, quienes sufrieron las vejaciones en distintas oportunidades a manos de la misma persona.

La mamá  de una de las chicas dejó asentado en la Comisaría de la Mujer el relato que su hija le refirió tras animarse a contar todo lo ocurrido. 

Luego, otra mujer radicó una denuncia, porque su hija menor también sufrió abusos por parte del mismo acusado.

El denunciado tiene 25 años y guarda relación familiar con las víctimas, que tenían entre 10 y 11 años cuando se produjeron las situaciones de abuso. El padre de la adolescente había detectado algunas situaciones que no le cerraban.

En los últimos días comenzó a circular una imagen del acusado, con sus datos personales, que fue rápidamente viralizada en redes sociales. "Queremos ir hasta las últimas consecuencias", aseguraron familiares de la víctima.

A casi seis años desde que el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola fuera denunciado por abusos sexuales cometidos contra sus sobrinos menores de edad cuando vivían juntos, el Tribunal de Casación Penal de La Plata tomó una decisión que permite inferir que, finalmente, habrá un "juicio por la verdad" en su contra.

Cintia Espíndola, la sobrina del exconcejal que radicó la primera de las tres denuncias, había pedido junto a su abogado, Agustín Tanús, un juicio por la verdad —que puede adjudicar culpabilidad, pero no condena de prisión— tras la recomendación de la Cámara de Apelaciones.

Es que la Justicia consideró prescriptos los delitos de los que fue acusado Espíndola por el fiscal de menores José María Guadagnoli —Espíndola era adolescente cuando ocurrieron los hechos denunciados por sus sobrinos—, por lo que no hay posibilidad de condena penal.

Pero ante la aberración de los hechos relatados, tanto la jueza María Eugenia Maiztegui como los integrantes de la Cámara de Apelaciones consideraron viable la figura del juicio por la verdad y Cintia Espíndola avanzó con ello.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 dijo que no: consideraron que como "no se trata de un delito de lesa humanidad", no correspondería la figura. 

El abogado de Cintia Espíndola apeló y la Cámara de Apelaciones se declaró incompetente, por lo que hubo que ir a Casación, que le devolvió la decisión a la propia Cámara.

El juicio por la verdad no tiene consecuencias punitivas, es decir que en caso de ser declarado culpable no implicará pena de prisión, pero sí permitirá que la Justicia establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados.

"El juicio por la verdad es reparatorio y simbólico", dijo el sábado en Sin Galera el abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús. 

"Es una herramienta que la jurisprudencia dio a lugar para que cuando hay delitos que no pueden tener sentencia dentro del plazo de prescripción, en el caso de abuso sexual es de 12 años, que no se puede aplicar pena, las víctimas puedan tener derecho a ser reparadas y que haya una resolución judicial", agregó.

Aseguró que plantearán ante la Cámara de Apelaciones "un debate oral y público, aunque las consecuencias para el acusado no puedan ser aplicados en términos de pena" por las tres denuncias contra Fernando Espíndola.

"Cintia es una guerrera", dijo Tanús, quien también destacó la actitud del fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, José María Guadagnoli, y de la titular de la Fiscalía general, Sandra Bicetti.

"Pudimos lograr que nos escuchen y que nos den lugar, esto tiene que resolverse", dijo el abogado.

“Esperamos que la Cámara dé su resolución y que ordene a los tribunales que hagan el juicio por la verdad”, agregó Tanús.

"Nosotros solicitamos debate oral y público, lo que va a ser novedoso. Esto es un derecho y es una victoria para todas las víctimas, porque abre las puertas a muchas situaciones parecidas. El Estado argentino asumió esta responsabilidad y se tiene que hacer valer", reflexionó.

A la espera de la resolución para este caso, Fernando Espíndola permanece detenido en prisión domiciliaria, al igual que el líder de Camioneros de la región y exconcejal peronista Maximiliano Cabaleyro, involucrados en una causa por pedido de coimas.

Ambos están acusados de pedir dinero a la empresa Rey Distribución a cambio de permitirles trabajar. Tras la denuncia, hubo un bloqueo de la planta de esa firma, que derivó en causas por turbación de la posesión que, al igual que las de extorsión y coacción, los llevará a juicio.

Personal de la Sub DDI San Pedro Baradero detuvo este martes a un hombre de 37 años acusado de abusar sexualmente de su sobrino menor de edad.

El chico le había contado a familiares en julio pasado que en varias ocasiones en que se quedaban solos, el tío abusaba de él. 

Los abusos habrían ocurrido cuando la víctima, ahora adolescente, tenía entre 10 y 12 años, según consta en la causa, que tramita en la Fiscalía n.° 7.

Una serie de elementos de prueba recabados por la DDI y la declaración de la víctima bajo el sistema de cámara Gesell permitieron a la Justicia tener elementos suficientes para ordenar la detención del acusado.

El grupo operativo San Pedro a cargo del comisario Luciano Capobianco detuvo al imputado en un domicilio de calle Salta al 2500 y lo alojó en la dependencia policial para ser trasladado el miércoles a la Fiscalía, donde será sometido a declaración indagatoria.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás dio a conocer la sentencia contra Omar "Papelito" Corvalán, el hombre de 64 años acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja cuando la chica tenía entre 3 y 8 años, entre 1999 y 2004.

Corvalán fue condenado a cumplir la pena de 15 años de prisión, la máxima posible para los delitos de los que fue acusado, puesto que se cometieron antes de la reforma legislativa que las agravó de manera importante.

"Papelito" Corvalán fue sentenciado a 15 años de cárcel por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores.

Corvalán fue juzgado el 11 de noviembre tras ser detenido en Chaco. Estuvo escondido en la zona rural y prófugo de la Justicia durante ocho años, desde que en 2017 lo convocaron para comparecer al debate oral y público.

Había sido denunciado en 2012, cuando la víctima tenía 15 años y sospechó que su primita —que también lo denunció años después— podría estar sufriendo una situación similar a la que ella había padecido.

Cintia, la víctima, contó en 2018 en la Semana de la Juventud de Santa Lucía, acompañada por organizaciones que trabajan con personas que sufrieron abusos, lo que había vivido. Su objetivo era dar testimonio para que otras víctimas se animen a denunciar.

Porque ella había callado mucho tiempo, por temor. Él le daba dinero, golosinas y la amenazaba para que no contara. Aunque él dijo "nunca la toqué", la Justicia lo halló culpable. Las pericias psicológicas y los testimonios que pasaron por el debate permitieron la condena.

La policía detuvo este martes por la tarde a un conocido trabajador de delivery que había sido denunciado en febrero de 2023 por abusos sexuales intrafamiliares cometidos contra menores de edad de su círculo más próximo.

Pasaron casi tres años para que la Justicia ordenara detenerlo y lo hizo tras las pericias psicológicas y las declaraciones bajo el sistema de cámara Gesell de las víctimas.

Este martes hubo una audiencia virtual para tomarle declaración indagatoria, tras lo que el Juzgado de Garantías interviniente accedió a la solicitud de Fiscalía para que continúe el proceso judicial privado de libertad.

El acusado tiene 49 años y fue detenido en la zona de barrancas en proximidades del Bajo Puerto. La policía fue con orden de allanamiento y detención a la zona, y lo interceptó en la vía pública.

Está imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la condición de guarda, y corrupción de menores agravada.

El detenido fue trasladado a la Comisaría, donde fue alojado en una celda del sector de calabozos a la espera de cupo en una unidad penal.

Se desarrolló este lunes en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás el juicio por abusos sexual infantil contra Omar Corvalán, un hombre de 64 años que fue acusado por la nieta de su pareja.

Corvalán fue denunciado en 2012, varios años después de que se cometieran los abusos, que ocurrieron cuando la víctima tenía entre tres y ocho años, de manera reiterada. La chica se animó a denunciar cuando sospechó que su primita podría estar pasando por lo mismo.

Corvalán iba a ser juzgado en 2017, pero se dio a la fuga. No se presentó al juicio oral y público, y desapareció de la ciudad. Eso ocurrió semanas después de que su pareja falleciera tras recibir un disparo de escopeta en el muslo que, según dijo él, "se le escapó" cuando le mostraba el arma.

Cintia, la víctima, contó en 2018 en la Semana de la Juventud de Santa Lucía su experiencia, acompañada por organizaciones que trabaja con personas que sufrieron abuso, con el objetivo de que otras chicas que, como ella, pasaron por esa situación se animen a denunciar.

La causa fue instruida por el fiscal Marcelo Manso, que renunció a ese cargo para ser juez en el conurbano, y en el debate tuvo al frente a la titular de la UFI 7, María del Valle Viviani.

La representante del Ministerio Público Fiscal pidió para Corvalán el máximo posible para el delito del que está acusado, 15 años de prisión. 

Como los hechos ocurrieron antes de que se instaurara la figura agravante de la guarda, la escala penal a aplicar implica esa cantidad de años de cárcel como mayor pena.

Corvalán declaró, negó los hechos y aseguró ser inocente. Incluso dijo que estuvo ocho años prófugo escondido en una zona rural del Chaco porque "no sabía" que se tenía que presentar cuando lo citaron en 2018.

Cuando terminó la audiencia, una mujer del entorno cercano de Corvalán, que también dijo en su testimonio que él había intentado abusarla, le gritó que se sentía "avergonzada" de él y le tiró con un objeto que tenía encima.

El lunes próximo se dará a conocer el veredicto del Tribunal y todo indica que Omar Corvalán será condenado por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores.

Personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero detuvo este jueves en Buenos Aires a Rafael Vázquez, de 43 años, quien estaba prófugo por abuso sexual y sobre quien pesan varias denuncias tanto en San Pedro como en la provincia de Río Negro, de donde es oriundo.

Vázquez había sido denunciado en septiembre pasado cuando una joven llegó a la casa de su madre, entonces pareja de él, y lo encontró en situación de abuso con su hermanita de 12 años.

El abusador escapó de la escena y la policía, en ese momento, sólo lo buscó para notificarlo, a la espera de medidas judiciales que permitieran ordenar su detención.

A los pocos días, otra joven fue a la Comisaría de la Mujer a denunciar que ella también había sido víctima de abusos sexuales por parte de Vázquez, tras lo que se sumó una tercera.

Además, la Justicia constató que Rafael Vázquez tenía dos denuncias por abuso sexual en la provincia de Río Negro, donde vivía antes de llegar a San Pedro, una de 2010 y la otra de 2011. Por ambas tenía pedido de captura activo.

La investigación de la DDI logró establecer mediante el análisis de redes sociales, fotografías y otras acciones que el prófugo estaba en Capital Federal, donde una comisión fue a detenerlo este jueves.

Lo apresaron en la zona de Adolfo Alsina y avenida Jujuy, en el barrio porteño de Once, con apoyo de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que lo alojó en una dependencia, a disposición de la Justicia, a la espera del traslado para la indagatoria en San Pedro. 

Pasaron 25 años desde que sufrió abusos sexuales reiterados, 14 desde que se animó a contar lo ocurrido y denunciar, ocho desde que el abusador estaba prófugo porque no lo habían detenido antes del juicio: el lunes, Cintia, una víctima  que desde hace años comparte su experiencia para que otras den el paso y denuncien, al fin podrá ver a su abusador sentado en el banquillo ante el Tribunal.

Omar Corvalán, alias "Papelito", tiene 64 años y el lunes será sometido a juicio oral y público acusado de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la condición de guarda y corrupción de menores.

Tenía 39 cuando la pequeña Cintia, de 3, quedaba bajo su cuidado en la casa de la abuela de ella, pareja de él, y empezó a abusar sexualmente de la nena.

Lo hizo durante alrededor de cinco años, hasta que un episodio trágico familiar lo desalentó, aunque mantuvo siempre las amenazas para que ella no contara nada.

El 13 de junio pasado, Omar Corvalán fue detenido en Puerto Vilelas, una localidad portuaria de 8 mil habitantes en la provincia de Chaco, ubicada sobre el río Barranqueras, a 10 kilómetros de Resistencia.

Estaba prófugo desde agosto de 2017, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal de San Nicolás lo había notificado para el juicio oral y público por los abusos.

Había llegado a esa instancia del proceso en libertad y al ser convocado al juicio, escapó. 

Pasaron ocho años hasta que la DDI logró establecer que se escondía en Chaco, a más de 850 kilómetros de San Pedro y en el medio del monte, en un establecimiento agropecuario del paraje El Soto.

Corvalán vivía  solo en Colonia Tacuarí, en la zona rural. Cuando estaba en Santa Lucía, también vivió en el campo, en Colegiales. Desde allí había trasladado, semanas antes de darse a la fuga, a su pareja de entonces, Nélida Delfina Marzán, al Hospital, con un escopetazo.

La mujer tenía una herida de arma de fuego en el muslo que primero le costó la pierna y luego la vida. Él dijo que se le "escapó" el tiro, que le estaba "enseñando la escopeta", que "fue sin querer".

Entre 1999 y 2004, fechas de los abusos reiterados que Cintia recién pudo empezar a contarle a terceros cuando cumplió 15 años, Omar Corvalán vivía con la abuela de la nena.

Los abusos fueron, como le contó ya adolescente a una tía, "totales". 

Le daba dinero y golosinas, y la amenazaba para que no contara. Le decía que jugaban "a mamá y papá" o a "la oveja y el corderito". Sucedió casi todos los días durante cinco años.

Cuando declaró, Corvalán dijo que era inocente, que nunca le había “faltado el respeto” y que todo estaba "armado" para que él "vaya preso" y se "quede sin nada". "Nunca la toqué", dijo. Pero cuando llegó la hora de la verdad, el juicio oral y público, se fugó.

La denuncia fue radicada en 2012, en el destacamento de Santa Lucía. Fue la madre la que denunció. A ella le contó de la situación una amiga que trabajaba en el Hospital, a quien la joven le había relatado lo ocurrido.

La denuncia llegó un año después de que Corvalán se separara de la abuela de la víctima. Su salida de esa casa permitió que Cintia se animara a contarlo todo. No sólo por ella: el abusador visitaba habitualmente a su prima de 8 años y temía que también le hiciera lo mismo.

La pericia psicológica sobre la joven no dejó lugar a dudas: su relato era coherente y verosímil, pero además con indicadores sintomatológicos de haber padecido abusos. 

De la misma manera, su declaración en cámara Gesell fue considerada absolutamente válida a los fines penales.

En 2018, Cintia decidió hablar en el pueblo. En la Semana de la Juventud, ese espacio de confluencia total entre todas las generaciones de Santa Lucía y que paraliza la localidad para celebrar el encuentro, encabezó una charla junto a organizaciones que trabajan para visibilizar las problemáticas de abuso.

Tenía 22 años y les dijo a todas las adolescentes que estaban frente a ella que no estaban solas, que si tenían que denunciar abusos que lo hicieran, que no duden, que siempre hay alguien que las va a acompañar, que al final del camino, aunque pase el tiempo, puede haber justicia.

Si no, lo que hay es impunidad y riesgo de que haya más víctimas.

En el expediente obra una declaración de una chica muy cercana al imputado que relató que alguna vez se lo tuvo que sacar de encima a los empujones. Además, ya están en marcha otras causas por otras denuncias por hechos similares a los que sufrió Cintia.

En la requisitoria de elevación a juicio, el fiscal Manso, que había instruido la causa, había estimado una pena de 15 años de prisión efectiva para solicitar en el debate.

La condición de prófugo de la Justicia que mantuvo durante ocho años va a jugar en contra de Omar "Papelito" Corvalán, que el lunes deberá enfrentar, por fin, al Tribunal, a la víctima, al peso de la Justicia. Más de 25 años después de que empezó todo.

Este jueves, alrededor de las 17.30, familiares y allegados a víctimas de abuso sexual infantil concentraron y reclamaron por justicia, frente a la Comisaría local, para luego marchar hasta la sede de Fiscalía, en Belgrano al 900.

Bajo la consigna "Con los niños, no", los autoconvocados pidieron la detención para el hombre de 40 años que está acusado de abusar sexualmente de una chica de 12 años, y de escapar tras ser descubierto por la hermana de la víctima.

La madre y la abuela de dos de las víctimas llegaron acompañadas por familiares y amigos y pidieron el arresto del acusado, sobrequien, por el momento, no pesa una orden de detención, a la espera de pericias y declaraciones bajo el sistema de cámara Gesell.

“Es un monstruo y tiene que aparecer, no tiene que salir nunca más”, expresó una de las presentes a La Opinión. 

La familiar de una de las víctimas confirmó que el 3 de octubre comenzarán con las pericias correspondientes para la declaración en cámara Gesell y que ya practicaron los exámenes médicos en las menores. 

“Era su papá, la protegíamos de cualquiera cuando el monstruo era su propio padre”, concluyó entre lágrimas la madre de una de las denunciantes. 

El pasado sábado, la hermana de una de las víctimas denunció que al llegar a la casa de su madre encontró a su padrastro desnudo y en situación de abuso.

El lunes, dos nuevas denuncias fueron radicadas contra el mismo hombre por situaciones de características similares. 

Personal policial de la DDI detuvo este jueves en Baradero a un albañil de 37 años acusado de abusar sexualmente de las hijas de su pareja, de 7 y 12, domiciliadas en San Pedro.

La investigación estableció que el imputado trabajaba en una obra en construcción en la vecina ciudad, por lo que fueron a apresarlo allí.

Había sido denunciado el sábado, el mismo día en el que denunciaron a un hombre de 40 años por abusar de su hijastra de 12, en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Fiscalía consideró que los elementos de prueba eran suficientes para pedir la detención del sujeto y el Juzgado de Garantías lo avaló, por lo que emitió la orden para que la DDI lo ponga a disposición de la Justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal. 

La denunciante dejó asentado que el acusado abusaba reiteradamente de sus hijas cuando ella se iba a trabajar y quedaban bajo su cuidado. Una serie de pericias permitieron establecer pruebas suficientes para la detención.

El imputado fue detenido en una obra en construcción de calle Saavedra entre Jujuy y Anastasi, en Baradero, y fue trasladado a la dependencia policial a la espera de la indagatoria en Fiscalía.

Este miércoles por la tarde personal policial detuvo en la vía pública, en la zona de Ayacucho al 1500, a un hombre de 40 años identificado como Juan Martín Roldán, a quien la Justicia ordenó trasladar a la cárcel para que cumpla una condena de 8 años por abuso sexual infantil.

Roldán fue condenado por abusar de manera reiterada de una nieta de quien en 2017 era su pareja, a la que sometió sexualmente en diversas oportunidades, cuando quedaba bajo su guarda en momentos en que la abuela de la víctima se iba a trabajar.

La denuncia la radicó la madre de la nena en 2020, cuando ella le contó el calvario que había vivido, "cada vez que él tomaba fernet", según consta en la causa penal que resolvió el Tribunal en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás.

Nunca se había animado a contar. Ante cada abuso, él le decía que iba a matar a la madre y a los hermanos si le contaba a alguien. Un día se animó y le dijo a un amigo y luego a su madre.

La declaración en cámara Gesell fue contundente y no dejó dudas sobre las huellas que los abusos dejaron en la psiquis de la víctima. Su relato fue preciso, detallado y terrible.

Incluso en su declaración dijo que pensaba que su abuela "se iba a propósito", acaso para dejarla sola con el abusador.

Al primero que le contó fue a su papá, aunque a medias. Ello provocó una violenta pelea que separaron los vecinos del barrio. 

A los 13, finalmente, le dijo a su madre y radicaron la denuncia. Antes se lo había contado a un amigo, que la alentó a revelar todo para que se haga justicia.

En su defensa, el imputado negó todo y dijo que nunca estuvo solo con la nena. Aceptó someterse al juicio de trámite abreviado y fue condenado a 8 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado reiterado.

Este jueves a las 17.30 habrá una manifestación frente a la Comisaría local en el marco de los casos de abuso sexual infantil denunciados en los últimos días.

Familiares y allegados a las víctimas convocaron para esa hora en las puertas de la dependencia policial local para hacer escuchar su reclamo a la Justicia, bajo la consigna "Con los niños, no".

"Queremos que nos escuchen. Sabemos dónde está el tipo, él anda muy bien y los niños están sufriendo. Con los niños, no", dijo a La Opinión una de las mujeres que convoca a la protesta.

"Queremos que se haga justicia, que escuchen a los familiares, que este tipo no esté libre, estamos sufriendo y los chicos, también", aseguró.

El sábado por la noche, la hermana de una chica de 12 años denunció que al llegar a la casa de su madre encontró a su padrastro desnudo y en situación de abuso con la nena.

El acusado escapó de la escena y tras la denuncia penal, la DDI lo buscó para notificarlo, aunque sin orden de detención por parte de la Justicia, de acuerdo al devenir de la causa.

El lunes, dos nuevas denuncias fueron radicadas contra el mismo sujeto por situaciones similares: abusos sexuales intrafamiliares cometidos contra menores de edad.

El hombre de 40 años que el sábado por la noche fue denunciado por abusar sexualmente de la hija de 12 de su pareja, tras lo que huyó de la casa y no se supo nada más de él, fue acusado de otros casos similares.

La denuncia fue radicada el sábado, cuando la hermana de la víctima llegó a la casa de su mamá y se encontró con él, desnudo y en pleno acto, momento en el que escapó con rumbo desconocido tras tomar dinero de su pareja.

En medio de escraches en redes sociales, hubo al menos otros dos casos de abuso intrafamiliar que trascendieron y que deberán ser investigados.

Uno tiene como víctima a una joven de 18 años que contó que el acusado abusó de ella cuando tenía 11. Además, hay un tercero, de otra nena de edad cercana a la de la denuncia del sábado.

La DDI procuraba establecer el paradero del imputado para notificarlo de la causa en su contra, aunque no había por parte de la Justicia orden de detención.

Por lo general, en casos como estos en los que la prueba fundamental es la veracidad de la declaración de las víctimas menores de edad bajo el sistema de cámara Gesell, hasta que no se produzca esa pericia no se avanza en detenciones.

Marcelo Ramírez, detenido la semana pasada tras una investigación que comprobó que vendía drogas en su casa de 11 de Septiembre 1350, había estado involucrado en el famoso caso Lux, boliche en el que un joven incrustó su auto tras ser echado y golpeado por patovicas.

Ramírez, a quien investigaron en la causa por drogas tras secuestrarle el celular luego de una denuncia por abuso sexual infantil intrafamiliar, era uno de los patovicas que le pegó al conductor del Clio que terminó con el coche adentro del local bailable de Pellegrini al 400.

El joven fue uno de los que quedó filmado por las cámaras de seguridad de la zona cuando le pegaban al muchacho tras expulsarlo del boliche. Además de las lesiones, los patovicas fueron imputados por robo, porque el joven le faltaron la billetera y otras pertenencias.

Ramírez, patrocinado por el abogado Mauricio Gugger, había logrado ante la Justicia una probation o suspensión de juicio a prueba, de manera tal que evitó ir a juicio y tenía que cumplir una serie de requisitos para que esa causa no le quedara como antecedente.

Fue detenido el jueves pasado por la División Drogas Ilícitas, que allanó su casa tras la investigación por la venta de estupefacientes. En su domicilio secuestraron cocaína y marihuana fraccionada y lista para la venta, y un trozo compacto de cocaína para fraccionar.

La investigación que la División Drogas Ilícitas llevó adelante para detener este jueves a un joven acusado de comercialización de estupefacientes en una vivienda de 11 de Septiembre 1350 comenzó con una denuncia por abuso sexual.

A Marcelo Ramírez le habían secuestrado el celular luego de que el año pasado lo denunciaran por el presunto abuso de una menor de edad del entorno familiar próximo.

Cuando abrieron el teléfono en la pericia se encontraron con una serie de chats que despertaron la sospecha acerca de la venta de drogas. Desde "tengo tantos gramos" a "puedo darte tanta plata y una campera". De ese tenor eran las conversaciones.

Fiscalía aplicó la doctrina del hallazgo casual razonable, conocida en la jerga judicial como "doctrina plain view (vista plana, en inglés)", que permite la incorporación de evidencia vinculada a un delito distinto al que autorizó el registro inicial.

Así, dispusieron el inicio de una investigación que llevó adelante el personal de la División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense que incluyó el seguimiento para establecer que efectivamente los movimientos en la vivienda del imputado eran compatibles con el delito de venta de drogas.

Marcelo Ramírez fue aprehendido este jueves en un allanamiento que tuvo lugar en su domicilio, ubicado en 11 de Septiembre 1350, donde secuestraron cocaína y marihuana fraccionada en envoltorios listos para la venta, y un trozo compacto de cocaína.

En su declaración indagatoria, Ramírez dijo que ese teléfono que le secuestraron en la causa por abuso y que contenía los chats que derivaron en la investigación por drogas no era suyo.

De la misma manera, aseguró que la droga secuestrada en su casa no le pertenece y sostuvo que era de su compañero de vivienda, que tiene problemas de adicciones.

Además, allanaron la vivienda de su novia, ubicada en Dávila al 700, una joven docente de primaria que no fue vinculada a la causa por venta de drogas y en cuyo domicilio secuestraron una escopeta recortada calibre 14.

Marcelo Ramírez fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y también por "comercialización de estupefacientes", distinción que establece, para el segundo delito, que no es necesario el hallazgo de drogas para probar la venta, porque hay evidencia que permite establecerlo.

"Gracias por el amor que recibo yo y mi papá, gracias por las cartitas y regalitos. Los quiero", dice el cartel con el que posó la nena abusada por su padrastro en complicidad con la madre para agradecer la colaboración de la comunidad que recibieron en los últimos días.

Tras la denuncia y luego de que detuvieran a su padrastro, la madre de la nena se fue a Río Tala y dejó al hermanito por parte de padre de ella a cargo de la familia paterna. En ambos casos, quedaron con lo puesto.

Por ello pidieron colaboración a la comunidad y recibieron ropa, calzado, golosinas, juguetes, útiles escolares y otros elementos que necesitaban, como artículos de higiene personal y de perfumería.

"Nosotros como familia seguimos pidiendo justicia", dijeron y solicitaron celeridad en la causa porque consideraron que la madre "es cómplice" de los abusos y "debería estar presa".

"Ahora nos enteramos que está pidiendo la tenencia", dijo a La Opinión una allegada a la familia y detalló: "Hoy fueron a ver a la abogada y le dijo que a ellas les salta, debe ser que tiene abogado".

"Es indignante que pida eso", sostuvieron y aseguraron que cuando la nena declare podrá dejar asentado en la causa que le había contado a su madre los vejámenes a los que era sometida y que, en lugar de apoyarla, le pegaba y la trataba de mentirosa.

El caso fue denunciado el martes pasado, cuando el padre de la nena recibió un audio de una persona que vivía en la misma casa familiar con el padrastro en el que ella contaba acerca de los abusos sexuales a los que era sometida desde los 9 años y hasta ahora, que está por cumplir 13.

La Justicia ordenó detener al acusado y las pericias forenses constataron los abusos de larga data. Ahora el paso que sigue es la entrevista con las psicólogas de la Asesoría Pericial, previo a la declaración en cámara Gesell.

La nena que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro y con la sospecha de complicidad de su madre deberá pasar por la pericia psicológica con las profesionales de la Asesoría Pericial de San Nicolás, para lo que Fiscalía ya solicitó turno.

Así lo confirmaron a La Opinión allegados a la familia, que siguen de cerca el desarrollo de la causa y que colaboran en las necesidades que tienen la chica, su padre y su hermanito, a quien la madre dejó en San Pedro antes de irse a Río Tala con sus hijos más pequeños luego de que detuvieran a su marido, el acusado de los abusos.

La nena tiene asistencia psicológica por parte del personal del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y el entorno familiar la acompaña para atravesar los días posteriores a que se animara a contar el calvario que vivió desde los 9 años hasta ahora, que está por cumplir 13.

La entrevista con las psicólogas de la Asesoría Pericial del Poder Judicial será fundamental para la causa, puesto que establecerá si la víctima está en condiciones de declarar bajo el sistema de cámara Gesell.

Esa declaración se convertirá, junto con los exámenes médicos que ya confirmaron las situaciones de abuso reiterado y de larga data, en prueba de absoluta relevancia para el destino del acusado, que permanece detenido a disposición de la Justicia.

Además, se espera que de la declaración de la nena surjan elementos que permitan formalizar las sospechas que pesan sobre la madre, puesto que ella le dijo a familiares que le había contado a su mamá acerca de los vejámenes a los que era sometida, pero en lugar de apoyo recibió golpizas y acusaciones de "mentirosa".

Por otro lado, será relevante el resultado de las pericias sobre los 12 teléfonos celulares que la familia paterna de la víctima informó que fueron secuestrados en la casa del detenido.