La Justicia condenó a 20 años de cárcel a un hombre acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad que eran uno hija y otro hermano de mujeres con las que había convivido en distintas épocas.

Identificado como Pablo Moisés Maciel, de 42 años, fue sometido a juicio por jurado que lo declaró culpable. En la audiencia de cesura, la fiscala Viviana Ramos había solicitado una pena de 30 años de prisión efectiva.

Maciel había sido detenido en julio de 2025 tras permanecer alrededor de dos años prófugo. Una investigación de la DDI logró dar con él en la ciudad de Coronel Du Graty, provincia de Chaco, donde se había refugiado tras esconderse en Santa Fe, Córdoba y Paraguay.

Fue condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de encargado de la guarda de dos menores de edad con quienes convivió en distintas etapas y corrupción de menores.

Las víctimas fueron un nene, que fue abusado por Maciel entre los 8 y los 15 años, y una nena que sufrió las mismas vejaciones entre los 8 y los 9 años.

La madre de la niña radicó la denuncia en 2023 cuando se enteró que Maciel, que entonces era su pareja, había sido acusado del caso del nene. En ese momento habló con la chica y ella le contó lo que había sufrido.

“Pasó un montón de veces”, le dijo a la madre, que se había enterado por redes sociales del otro caso y junto a su hermana, que desconfiaba de Maciel, interrogaron a la nena.

Las psicólogas de la Justicia advirtieron acerca de la afectación traumática de ambas víctimas, sobre todo del nene, cuyo relato conmovió al jurado sobremanera.

La Justicia de San Nicolás dictó sentencia condenatoria en juicio abreviado para un hombre de 38 años acusado de abusar sexualmente de manera reiterada de la hija de su pareja, cuando convivían.

Identificado como Héctor Marcelo Bustos, con domicilio formal en Rosario, fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de guarda, puesto que era padrastro de la víctima.

En junio pasado, Marcelo Bustos aceptó el juicio de trámite abreviado y la semana pasada el Tribunal dictó la sentencia condenatoria tras ponderar las pruebas obrantes en el expediente de la causa.

Los hechos por los que fue juzgado y condenado ocurrieron entre 2018 y 2019. La víctima tenía entre 12 y 13 años. La denuncia la radicó el padre de la chica, cuando una amiga de la nena le pasó capturas de pantalla de una conversación en la que ella le contaba lo sucedido.

En la causa obra que el abusador la obligaba a las situaciones de abuso a cambio de permitirle usar el celular o salir de la casa a visitar amigas. Para que no contara, le advertía que si él iba preso sus hermanos se iban a quedar sin comer.

La pericia reveló que la niña, en su declaración bajo el sistema de cámara Gesell, tuvo un relato claro, coherente y sin contradicciones, con rastros de la coerción ejercida por el abusador para que mantuviera silencio.

En su declaración, Bustos dijo que era "inocente" y que todo se desencadenó porque no le había dado permiso a la víctima para ir a un cumpleaños de 15, entonces ella llamó al padre.

El Tribunal consideró acreditados los hechos y decidió condenarlo a ocho años de prisión efectiva, que deberá cumplir en una Unidad Penal del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La Justicia condenó a 8 años de prisión efectiva a un hombre acusado de abuso sexual cometido contra su hijastra, que tenía 13 años cuando, en diversas oportunidades, fue manoseada por el condenado, identificado como Miguel Ángel Oilher.

La sentencia fue por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la condición de guarda. El hecho ocurrió cuando la víctima, hoy mayor edad, vivía con el acusado, que tiene 56 años y era pareja de su madre.

Aunque la defensa —que fue particular hasta el juicio, en el que intervino Defensoría Oficial— había planteado la posibilidad de cambiar la calificación a "abuso simple", que contempla penas menores, el Tribunal no accedió.

Los jueces Luciana Díaz Bancalari, Elena Baquedano y Alejandro López mantuvieron la calificación con la que la fiscala Vivana Ramos llevó a juicio oral y público al acusado y lo condenaron a 8 años de cárcel.

Además, rechazaron el pedido de arresto domiciliario y ordenaron la detención del condenado, que la policía debía hacer efectiva para trasladarlo a una unidad penal, a la espera del resultado de la apelación que elevaba la defensa.

La reiteración de los hechos constituyeron una "humillación para con la victima", lo que para el Tribunal merecía la calificación de gravemente ultrajante, además de la desproporción respecto del abuso simple.

El manoseo de las partes íntimas de la víctima y la simulación del acto sexual sobre la ropa por parte del acusado no podrían ser consideraros simplemente "tocamientos". 

Para el Tribunal hubo "un plus de humillación y degradación" a la dignidad de la víctima, por ello mantuvo la calificación de abuso sexual gravemente ultrajante.

La Justicia condenó a 11 años de cárcel por abuso sexual con acceso carnal agravado a un hombre conocido como "Colo Fletes", quien permanece detenido desde febrero del año pasado.

Identificado como Abel Omar Reisch, de 56 años, había accedido al juicio de trámite abreviado con una pena máxima de 12 años. El Tribunal le aplicó una pena de 11, uno menos.

Los episodios sexuales que involucraron a la adolescente no fueron consentidos por ella, establecieron las pericias psicológicas correspondientes. La chica le había contado la situación a su psicóloga en el Hospital, que dio aviso a la familia para que comience la investigación.

En mensajes por chat, él le dijo en una oportunidad que estaba "arrepentido por lo ocurrido" y le pedía "mil perdones". En esa conversación él confesó: "Cometí un tremendo error, me dejé llevar por mi sentimiento, pero no soy ni violador ni asesino. Es la primera vez que me pasa".

La chica también le contó las vejaciones a las que era sometida a la médica forense que la examinó. Nunca antes había tenido relaciones sexuales y los abusos habían sido reiterados. 

Mientras ocurrieron, fue amenazada de muerte en múltiples ocasiones La joven había comenzado tratamiento psicológico porque había sufrido episodios de autolesión. En ese marco, logró contar lo que estaba atravesando.  

En su declaración, al igual que en la carta que remitió a La Opinión desde la cárcel tras acceder al juicio abreviado, el ahora condenado intentó sostener un relato de inocencia. Negó los hechos y aseguró que el chat aportado en la causa tenía que ver con "un reto".

Para el Tribunal, su intento exculpatorio fue contradicho por las pruebas reunidas en el expediente, por lo que decidió considerarlo autor penalmente responsable de los abusos sexuales y condenarlo a 11 años de prisión.

A casi un año y medio desde que fuera condenado por abusar sexualmente de alumnas en la escuela Agraria, el docente Nicolás Pérez envió una carta a La Opinión en la que sostiene su inocencia e informa que aguarda la revisión del fallo condenatorio en tribunales superiores.

Pérez eligió ser juzgado por jurado ciudadano. Fue hallado culpable por unanimidad por abuso sexual con acceso carnal en un caso; abuso sexual simple en tres; y abuso sexual simple en grado de tentativa en otro.

Los cinco casos —la fiscala Ramos lo consideró un "abusador serial"— fueron agravados por su condición de docente y hasta hubo agravante por daño psicológico.

Había llegado en libertad al juicio y fue detenido tras la audiencia de cesura posterior al veredicto de culpabilidad. 

Su defensa particular, que asumió el penalista Christian Bouza —reconocido por casos mediáticos como el de Camila Homs y Rodrigo de Paul o el de un hijo ilegítimo de Daniel Passarella—, apeló el fallo en Casación.

Ahora, desde la cárcel, remitió esta carta, que La Opinión reproduce en su totalidad y tal como fue enviada por el propio docente condenado:

A LA OPINIÓN SAN PEDRO Y A TODA LA COMUNIDAD

Soy Nicolás Pérez, docente de la provincia de Buenos Aires con más de diez años de trayectoria. Desde el 9 de abril de 2025 estoy detenido por un delito que niego. Fui condenado en un juicio cuya revisión continúa.

Cuando salió el veredicto, mi nombre y mis fotos se difundieron en todo San Pedro. Quedé expuesto públicamente. Nunca tuve la misma difusión para contar mi versión. Hoy pido ese lugar.

En el juicio constan pruebas médicas oficiales que no evidencian lesiones compatibles con los hechos denunciados. Ese es un dato de la propia causa, no una prueba de mi defensa.

También consta una pericia que ubica presuntos hechos desde 2019 hasta 2022, año en que fui denunciado. En 2022 yo era docente de segundo año de la Escuela Agropecuaria. Antes de eso no conocía a la alumna. En 2019 y 2020, con la pandemia, ella estaba en primaria. Mi título me habilita para secundaria agraria y técnica, no para primaria.

¿Cómo se explica esa cronología?

No digo que una fecha resuelva una acusación. Digo que hay circunstancias fundamentales que deben ser examinadas con rigurosidad.

También digo que faltaron elementos que considero relevantes para esclarecer lo sucedido: documentación hospitalaria, legajos, actas escolares y testimonios de docentes que estaban dispuestos a declarar. Y que una declaración por WhatsApp, con interferencias, no puede valer lo mismo que una declaración presencial.

Fui docente diez años. Enseñé informática, mecánica, soldadura, procesos productivos e Investigación del Medio en escuelas técnicas, agrarias y de educación especial. No tuve denuncias previas en toda mi trayectoria.

Hoy estoy detenido, lejos de mis hijas y de mi familia, mientras mi defensa sigue pidiendo que se revisen todas las pruebas.

No le pido a un diario que dicte una sentencia. Le pido que informe con responsabilidad. Se difundió una condena. Pido que ahora se difunda que la niego, que en la causa existen pruebas oficiales que mi defensa considera incompatibles con la acusación y que mi caso sigue en revisión judicial.

No quiero que me conozcan solo por un titular. Quiero que conozcan al docente que fui, al padre que soy y a la persona que sigue luchando por demostrar su inocencia.

No pido que me crean por lástima. Pido que escuchen mi versión. Pido que se conozcan todas las pruebas.

Nicolás Pérez, Docente de la provincia de Buenos Aires. Defensa: Dr. Cristian Bouza

Un prófugo de la Justicia que tenía órdenes de detención por causas relacionadas con violencia de género y abuso sexual fue apresado en Chaco, tras una investigación de la Sub DDI San Pedro - Baradero que logró establecer dónde estaba.

El equipo que conduce el comisario Luciano Capobianco localizó al imputado en el paraje Colonia Lalelay, de la localidad de Tres Isletas, un pequeño poblado rural ubicado a más de 200 km de la capital chaqueña, puerta de entrada a El Impenetrable.

En ese lugar lo detuvo una comitiva local junto a personal policial de Juan José Castelli, a cuya dependencia fue trasladado tras el examen médico correspondiente practicado tras su detención.

Identificado como Sergio Andrés Bertinat, de 31 años, pesaban sobre él dos pedidos de captura activos y permanecía prófugo desde 2025, cuando la Justicia de San Nicolás ordenó detenerlo, pero al momento del allanamiento en su domicilio en San Pedro ya no estaba.

Bertinat está imputado en dos causas de extrema gravedad. Una de ellas está relacionada con amenazas de muerte con armas blancas y agresiones contra los hijos de su expareja, entre ellos golpes de puño en el rostro de una niña de 11 años.

Por ese caso lo habían detenido y excarcelado. Sin embargo, fue declarado en rebeldía porque no se presentó ante el Juzgado Correccional n.° 2, donde tramitaba la causa.

Además, en noviembre del año pasado fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante en la Comisaría de la Mujer, un caso que comenzó luego de que una menor de edad contara que había sido víctima de él a directivos de la cooperativa Las Canaletas,.

La declaración en cámara Gesell fue fundamental para que la Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos solicitara la detención. El acusado se escapó de su domicilio y abandonó la ciudad, por lo que era intensamente buscado.

La DDI logró hallarlo en ese paraje rural chaqueño, donde llegó gracias a contactos familiares y donde la policía lo detuvo para ponerlo a disposición de la Justicia nicoleña, que aguardaba su traslado a la zona para la prosecución de las causas en su contra.

"La espera terminó", dijo una joven de 22 años tras el juicio que condenó al hombre que abusó sexualmente de ella de manera reiterada cuando era una niña que entraba en la adolescencia.

Fabián Norberto Olivera fue condenado a 20 años de prisión efectiva tras el veredicto de un jurado popular que en un juicio bajo esa modalidad ponderó los testimonios y pruebas de la causa para hallarlo culpable.

El Tribunal dio a conocer la pena la semana pasada, 15 días después de que Olivera quedara detenido tras el veredicto de culpabilidad a solicitud de la fiscala Viviana Ramos, que heredó el caso de la Fiscalía que conducía Marcelo Manso y lo llevó hasta este fallo ejemplar.

El condenado convivió con la víctima por una relación de pareja que tenía con su madre. Los sometimientos sexuales comenzaron apenas se mudaron juntos. Ocurrieron entre los 11 y los 15 años de ella.

La denuncia fue radicada en 2019. La adolescente había tenido episodios depresivos e intentos de autolesión. En terapia, le contó a su psicóloga lo que había vivido. Su mamá denunció y la investigación penal comenzó.

Fueron siete años de espera. El caso recayó en la Fiscalía n.° 5 que conducía Marcelo Manso, quien cuatro años después de la denuncia dejo el cargo para asumir como juez en Avellaneda.

Cuando Ramos quedó al frente del expediente, el año  pasado, ordenó una serie de diligencias que aceleraron los trámites y derivaron en la elevación a debate. El acusado, con el patrocinio del abogado Adolfo Suárez Erdaire, pidió someterse a juicio por jurados.

Las audiencias tuvieron lugar durante 10 y 11 de agosto en el Palacio de Tribunales de San Nicolás. En la primera audiencia, cuando le tocó declarar, la víctima pidió no hacerlo frente a su abusador. Afuera, mientras fumaba un cigarrillo, él dijo a viva voz que se iría del juicio como llegó, en libertad.

No fue así. Al otro día, tras los alegatos, el jurado popular elegido entre vecinos de toda la región lo declaró culpable. Fueron 11 votos de 12. Ramos pidió su detención inmediata. El 26 de agosto, el Tribunal dio a conocer la pena impuesta: 20 años.

Los abusos fueron reiterados durante cuatro años. Todos los días. Cuando radicaron la denuncia, comenzaron las amenazas contra la víctima y su mamá. A la espera de que la Justicia dictara la prohibición de acercamiento, estuvieron tres días en el refugio municipal, hasta que le ordenaron a él la exclusión de hogar.

"La doctora Viviana Ramos empezó a trabajar muy bien con el caso y le conté todo. Él eligió juicio por jurados y llegó en libertad, nunca estuvo detenido", dijo la joven a La Opinión y destacó el rol de la titular de Fiscalía 11, que logró el fallo condenatorio contra el abusador.

"Son juicios complicados, se consideran situaciones de violencia sexual que  implican mucha victimización y remover recuerdos muy dolorosos , sobre todo de una niña que tuvo que pasar por estos trances", dijo la fiscala Viviana Ramos a La Opinión y destacóhaber llegado al veredicto de culpabilidad.

Un detenido que fue acusado por su expareja de abusar de la hija adolescente de ella aceptó someterse al trámite de juicio abreviado, con una pena máxima posible de hasta 12 años de prisión efectiva.

Alojado en la Unidad Penal 3 de San Nicolás desde que lo detuvieron el 18 de febrero de 2025, firmó el abreviado por recomendación de la Defensoría Oficial que lo asiste.

La defensa consideró que la pena que se le podría aplicar en un juicio oral y público podría ser mucho más alta que la de 12 años como máximo que acordaron con Fiscalía para el abreviado.

El acusado, de 56 años, fue denunciado por su expareja, quien dejó asentado en la Comisaría de la Mujer el relato de su hija, de 16 años, relacionado con situaciones de abuso sexual con acceso carnal.

Entre la víctima y el acusado hay mensajes de WhatsApp que resultaron comprometedores y que fueron parte de los elementos probatorios que permitieron dictarle prisión preventiva al imputado.

Desde la cárcel, el acusado envió una carta a La Opinión en la que asegura que en su caso hubo una "falsa denuncia" y cuestionó a la Justicia.

"Yo las ayudaba incondicionalmente, tanto a la chica como a la madre", dijo en la nota y aseguró: "Dios, la chica y yo sabemos que no es verdad. Yo, de mi parte, tengo la conciencia tranquila y duermo en paz".

"Pueden mentirle a jueces, fiscales y abogados, pero a nuestro Padre Celestial, no", dijo y agregó: "Lo mejor que puedo desearles es que busquen y conozcan a Dios y cambien sus vidas, así Él las puede perdonar".

"Sepan que la cárcel es un lugar muy duro, aunque yo estoy fuerte interiormente porque no cometí el delito del que se me acusa", señaló en la carta. 

Un joven de 25 años fue detenido el jueves por la tarde en Vuelta de Obligado, en el marco de una investigación por un hecho denunciado como abuso sexual con acceso carnal.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Destacamento Policial de Gobernador Castro, con apoyo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de San Pedro, en un domicilio ubicado en calle Claudio Silva al 300.

Los efectivos se presentaron en el lugar con una orden de allanamiento y detención emitida en el marco de la causa. El operativo arrojó resultado positivo y permitió concretar la detención del joven, quien quedó a disposición de la Justicia.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, desde donde se dio intervención a la Fiscalía local.

Por tratarse de una causa relacionada con un delito contra la integridad sexual, las actuaciones se desarrollan bajo intervención del Ministerio Público Fiscal, que con los elementos obtenidos solicitó la requisa que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

Personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero y de la Comisaría local detuvo este martes, mientras la selección Argentina jugaba contra su par de Egipto por el Mundial 2026, a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 11 años.

La Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de Sargento Selada al 400 para hacer efectiva la captura del imputado, dispuesta por el Juzgado de Garantías interviniente.

La causa comenzó el 26 de junio pasado, cuando fue radicada la denuncia penal correspondiente en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

La niña expresó haber sido abusada por el imputado cuando convivían, puesto que él era pareja de su madre. Las situaciones de abuso ocurrieron cuando estaban solos en la casa que compartían.

La Justicia ordenó detener a un hombre de 64 años que está acusado de abusar sexualmente de su nieta durante varios años, cuando ella tenía entre 8 y 14.

La denuncia fue radicada el 14 de agosto del año pasado en la Comisaría de la Mujer por parte de una tía paterna, hija del acusado de abuso, quien también fue víctima de episodios similares cuando era chica por parte del imputado.

Situaciones de salud mental de la nena, que ahora tiene 15 años, despertaron la alarma. Comenzó una terapia en el área municipal y hasta estuvo internada en el Hospital. A los pocos días de recibir el alta, decidió contar lo que había ocurrido.

Reunió a su mamá y a su tía, hermana de su padre, y les relató que desde que tenía 8 años y hasta los 14, cuando dejó de ir a su casa, el abuelo la tocaba y le exhibía sus partes íntimas. Cuando quiso pasar a más, ella gritó, se fue y nunca más volvió.

La tía tenía sospechas. Le llamaba la atención que él tuviera ciertas preferencias para con la nena y que ella se veía cada vez más decaída, triste.

Cuando le comentó a otra hermana la situación, ella le dijo que era imposible, que era mentira. La denunciante sabía que no: ella misma había pasado por situaciones similares por parte del imputado, su propio padre, pero nunca se había animado a contarlo.

"La denuncia la hice por ella, por la nena. Yo también fui abusada por él, pero me dijeron que como habían pasado muchos años no tenía validez mi denuncia", contó a La Opinión.

Por un comentario en Facebook, el acusado había denunciado a la mamá de la víctima y hasta logró una restricción perimetral a su favor. La situación se tornó difícil y la nena volvió a ser internada.

Hace una semana, la víctima pudo declarar y contar ante la Justicia lo ocurrido. Con esos elementos, el juez de Garantías Ricardo Luis Prati ordenó la detención del acusado.

Personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero y del GTO de la Comisaría hicieron efectiva la orden de detención solicitada por la fiscalía que conduce María del Valle Viviani y apresaron al acusado en su domicilio para ponerlo a disposición de la Justicia.

Carlos Gabriel Barbosa, alias Tony, fue detenido por personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero y del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría tras conocerse la sentencia en su contra por abuso sexual con acceso carnal.

Barbosa es un reconocido delincuente de 45 años que tiene diversos antecedentes en su haber, entre ellos haberse evadido de la cárcel de Baradero cuando estaba próximo a cumplir una condena por robo calificado.

El viernes pasado fue sometido a juicio y el lunes el Tribunal dio a conocer la sentencia condenatoria, con una pena de 7 años de prisión efectiva.

Barbosa fue trasladado a la Comisaría local, donde permanece alojado a la espera de la asignación de cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde purgará la pena impuesta.

La fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, logró reunir elementos de prueba suficientes para que el acusado sea condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 en el juicio.

Barbosa fue hallado culpable de suministrar bebidas alcohólicas con pastillas a una joven 20 años menor que él y golpearla salvajemente para someterla sexualmente en su casa cuando ella estaba bajo los efectos de las drogas. 

El hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de cinco años a quien la Justicia ordenó volver a llevar a juicio fue considerado prófugo de la Justicia tras no presentarse al nuevo debate oral y público.

El nuevo juicio estaba previsto para el martes 28 de abril. Ese día, el acusado no fue y dijo que había tenido un problema personal que le impidió llegar. Sin embargo, Fiscalía pidió su detención y el Tribunal lo ordenó.

Así, fue considerado prófugo de la Justicia. Desde entonces, nadie sabe nada de él. Ni siquiera su familia. Este miércoles es la nueva fecha para la audiencia, pero si no se presenta no podrá llevarse a cabo porque no se puede juzgar en ausencia.

Mientras tanto, la orden de captura fue cursada a todas las comisarías del país para que tengan presente que esa persona, cuya identidad no se revela para resguardar la de la víctima, que es su hija y es menor de edad.

La denuncia que inició la causa había sido radicada por la abuela materna de la nena en 2021. La niña le contó cosas que ocurrieron en el baño del padre de la casa de la otra abuela.

Ese relato fue ratificado en cámara Gesell, aunque según consta en las actuaciones "de manera algo confusa". En el juicio original, el acusado fue absuelto por el beneficio de la duda.

Sin embargo, Fiscalía apeló en Casación, donde los jueces consideraron que las dudas planteadas en el fallo de primera instancia no estaban debidamente explicadas y que había un “vacío” en la sentencia.

En una resolución poco habitual, Casación ordenó que "se dicte un nuevo pronunciamiento con la renovación de los actos procesales necesarios", lo que implicó repetir el juicio.

La Justicia condenó por abuso sexual a Carlos Gabriel Barbosa, alias "Tony", reconocido exconvicto que cumplió penas por robos calificados y estuvo involucrado en diversos hechos delictivos.

Barbosa deberá cumplir siete años de prisión por abuso sexual con acceso carnal tras un juicio que se desarrollo el viernes pasado y cuya sentencia el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dio a conocer este lunes.

El hecho ocurrió en agosto de 2022, en la casa del condenado. La instrucción de la fiscala María del Valle Viviani logró comprobar que allí Barbosa abusó sexualmente de la víctima, contra su voluntad y sin su consentimiento, claro está. Antes, le había suministrado alcohol y pastillas. Además, la amenazó y, drogada, la golpeó salvajemente.

El examen médico sobre la víctima halló lesiones en todo el cuerpo y el rostro. En sus genitales había ADN del acusado. La había drogado y le había propinado cachetadas y empujones contra la pared. En la cama que tenía en el lugar, abusó de ella.

Barbosa y la víctima se conocían. Según consta en el expediente que tramitó en la UFI 5 pero subrogado por Viviani, que lo llevó a juicio, él solía darles a ella y a sus amigas  "a menudo" pastillas y bebidas. Ese día pasó algo similar. 

Tras beber una cerveza con clonazepam, ella se dormía y se despertaba. En su declaración, recordó que en uno de esos momentos tenía al ahora condenado encima y le pidió que parara, que no quería.

Luego, él le dijo que se fueran a bañar. Le dio una toalla y la llevó al baño. Cuando ella vio la oportunidad, huyó. En la calle, dos hombres que pasaron en moto la vieron abajo de un camión, llorando. Se ofrecieron a ayudarla y la llevaron a lo de una amiga, tras lo que radicó la denuncia y comenzaron las pericias.

Barbosa fue condenado y la Justicia tuvo en cuenta su condición de reincidente. La reiteración de hechos delictivos y las sucesivas condenas "dan la pauta del desprecio de Barbosa por las normas básicas de la convivencia", consideró el Tribunal.

Mientras el Concejo Deliberante trabaja en la redacción del proyecto que propondrá llevar a comisión investigadora al concejal denunciado por delitos de índoles sexual Mauro de Rosa, el edil elevó una nota dirigida al presidente del cuerpo para "advertir" que irá a la Justicia contra todos y cada uno de los que, llegado el caso, vote en su contra.

En un extenso texto redactado en lenguaje judicial, con citas a fallos incluidas, De Rosa se adelanta a la posibilidad de ser sometido a comisión investigadora y eventualmente destituido de su cargo con una "advertencia" que asegura "no se formula con ánimo intimidatorio" pero en la que señala que podría haber "consecuencias personales" para cada concejal, según como vote.

De Rosa indica en el escrito que no se podrían aplicar los artículos que la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) prevé para avanzar en una comisión investigadora que evalúe los actos que derivaron en una denuncia penal y que fueron calificados por la institución en la que ocurrieron como "conductas indecorosas".

Para el concejal electo por La Libertad Avanza y hoy integrante del bloque Acuerdo Vecinal, el Concejo debería esperar el resultado de la causa penal para evaluar su caso, aunque los ediles que promueven la comisión investigadora, tanto del oficialismo como de la oposición, entienden que es pasible de ser analizado como otro tipo de transgresiones, independientemente de la causa judicial.

En el propio texto, De Rosa señala que lo que los concejales que quieren someterlo a comisión investigadora buscan evaluar "una conducta socialmente reprochable", en relación a los hechos ocurridos en el predio de Paraná que fueron descritos en la denuncia y en la declaración de al menos un testigo presencial, empleado del club.

De Rosa señala que no podría ser evaluado en los términos que la LOM prevé para casos de "incapacidad física o mental sobreviniente" y aborda largamente esa cuestión, aunque hasta el momento no hubo planteos en ese sentido.

Según se desprende de lo que el bloque Nuevos Aires comunicó, la comisión investigadora analizará el tipo de conducta que debe guardar un funcionario electo y con responsabilidades de representación popular, 

Para De Rosa habría una "desviación de poder" que argumentó con un caso bastante distinto: el del concejal Martín Céspedes, destituido por comisión investigadora en Castelli y luego repuesto en su cargo porque los hechos evaluados habían ocurrido antes de que asuma.

El edil consideró que hay "imparcialidad" en el Concejo Deliberante porque la denuncia penal radicada en su contra se produjo "a partir de la intervención de autoridades institucionales" como el presidente del cuerpo, Martín Baraybar, y la subsecretaria de Género de la Municipalidad, Laura Monfasani.

Para finalizar, De Rosa advirtió en su nota, con carácter de "notificación formal y fehaciente" que la eventual destitución de su cargo por vía de comisión investigadora comportará "vicios jurídicos".

En ese marco, dijo que si avanzan en su contra procederá a presentar "denuncias penales" a cada uno de los que eventualmente voten a favor de una sanción y se reserva el derecho de promover acciones ante la Justicia Contencioso Administrativa si el Concejo "pese a las consideraciones expuestas, decidiera avanzar en cualquiera de los actos cuestionados".

Este sábado, el abogado Mauricio Gugger, que representa al concejal Mauro de Rosa en la causa penal en trámite en la que aparece denunciado por delitos de índole sexual, se refirió al devenir del expediente y señaló que todavía está caratulado como "averiguación de ilícito".

"Los expedientes se deben cargar en el sistema y en base a los hechos que se describen encajan o no en un determinado tipo. Esta denuncia de febrero ingresó con la carátula precaria, temprana, de averiguación de ilícito y continúa de esa manera", detalló.

Gugger explicó que el cambio de calificación puede llegar cuando el concejal De Rosa sea convocado para el primer acto de defensa, que es la declaración indagatoria, una vez que Fiscalía haya establecido la calificación penal de los hechos por los que fue denunciado.

"Lo que ha pasado dentro del expediente es muy poco y lo que ha pasado fuera es un montón", consideró del abogado de Mauro de Rosa.

Gugger informó que en el expediente ya fue agregada la declaración de la denunciante ante la psicóloga del Centro de Atención a  la Víctima. En ese marco, se refirió a lo que ocurre en el Concejo Deliberante, donde las partes comparten espacio de trabajo, puesto que ambos son ediles.

"Lo que sucede en el ámbito político no es de mi incumbencia, pero en la declaración de la denunciante surge una situación de desamparo porque los que la instigaron a hacer la denuncia la dejaron sola, sin acompañamiento institucional", señaló Gugger.

El "acompañamiento institucional" al que se refiere se reactivó tras la decisión del concejal denunciado de retomar su banca tras dos meses y medio de licencia y provocó toma de posición de la mayoría de los concejales e incluso la decisión de avanzar en una comisión investigadora que podría derivar en la destitución.

Respecto de las medidas de exclusión perimetral que rigen respecto de uno y de otro, Gugger explicó que "ninguno de los dos perímetros impide que puedan estar en el lugar institucional de trabajo, pero los obliga a que cesen y no cometan ningún acto perturbatorio".

Respecto del devenir de la investigación penal, el abogado sostuvo que "hay una línea muy delgada en lo que se denuncia, en el hecho, que la interpretación puede ser, para el vulgar de las personas y no técnicamente una conducta abusiva; pero entiendo yo, técnicamente, que puede llegar a no tener el tenor de esa conducta, en base a los antecedentes y a las declaraciones que surgieron en la causa".

En ese sentido, señaló que "dentro de las actuaciones, de las consideraciones técnicas del Centro de Asistencia a la Víctima, no hablan de conductas abusivos ni de síntomas compatibles o traumáticos en relación al delito de abuso sexual" y "deja entrever que hay una relación previa laboral, un conocimiento entre ellos".

“En ningún momento De Rosa se bajó los pantalones ni tuvo conductas de ese tenor para con la denunciante”, dijo el abogado

A su vez hizo referencia al acta labrada por el club Paraná tras el episodio en el que el concejal fue expulsado por integrantes de la comisión directiva de las instalaciones y que habla de “conductas indecorosas”.

"El acta del club Paraná no dice que mucha gente vio (la situación). Hay algunas afirmaciones respecto de la conducta de De Rosa que no están acreditadas. Me parece que la cautela es el mejor consejo para todas las partes".

Durante la mañana de este sábado, un individuo de 31 años quedó detenido en la Comisaría cuando fue a preguntar el motivo por el que la policía lo estaba buscando. Está acusado de delitos de abuso sexual agravado contra una menor de edad.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías n.º 3, a cargo de la jueza María Eugenia Maiztegui, en el marco de una causa caratulada como “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal”.

Además, la acusación tiene el agravante de que el individuo era encargado de la guarda de la víctima, mediando una convivencia preexistente.

La causa comenzó en 2025 a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia por parte de la madre de la víctima, que fue pareja del acusado.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el avance de las actuaciones judiciales permitió reunir elementos considerados trascendentes para solicitar la detención del acusado, medida que finalmente fue otorgada por la Justicia de Garantías nicoleña.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Investigaciones n.°11, a cargo de Viviana Ramos.

Tras cumplimentarse las diligencias de rigor, el detenido quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, a la espera de directivas judiciales respecto de su traslado a sede judicial para prestar declaración indagatoria y definir posteriormente su lugar de alojamiento definitivo.

Presentó su renuncia el empleado municipal que había sido condenado por abuso sexual contra una adolescente a la que sedujo y con la que mantuvo relaciones sexuales que la Justicia consideró abusivas por la inmadurez de la víctima.

J. L. C., cuyo nombre se preserva en el expediente al solo efecto de resguardar a la víctima, había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la inmadurez de la víctima, por ser cometido en contexto de violencia de género y por su rol de encargado de la educación deportiva de la adolescente.

Los hechos que la Justicia consideró abuso ocurrieron entres marzo y agosto de 2022. Casi tres años después, su abogado, Mauricio Gugger, acordó con Fiscalía la pena de tres años y el empleado municipal fue condenado en juicio abreviado a prisión de ejecución condicional, es decir que no debe cumplirla en la cárcel.

Ante el fallo condenatorio, la Municipalidad dispuso iniciar el trámite para dejarlo cesante, como establece la normativa vigente, pero no podía proceder a despedirlo porque tenía tutela sindical como vocal suplente de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz "Mono" Acosta.

Por eso, el Gobierno fue a la Justicia laboral a pedir la exclusión de esa tutela gremial. En enero, el juzgado interviniente dispuso la suspensión preventiva del empleado, un fallo que adelantó la posición sobre el planteo de fondo.

Ahora, ante el inminente riesgo de despido, el propio empleado decidió presentar la renuncia y desvincularse del Municipio, lo que pone fin al planteo en el fuero laboral.

JLC fue condenado porque la Justicia consideró que aprovechó su condición de adulto —al momento de los hechos tenía 50 años— y su rol como empleado del Estadio para seducir a la víctima, que tenía 15 años y no había mantenido relaciones sexuales.

El fallo judicial estableció que el presunto "vínculo amoroso" aludido en su defensa no podría haber existido por la "inmadurez sexual" de la chica. La denuncia había sido radicada por la madre de la víctima, que detectó mensajes con el luego condenado por abuso.

Finalmente, el sindicalista de Camioneros y exconcejal de San Pedro Fernando Espíndola será sometido a Juicio por la Verdad en el marco de la causa por abuso sexual infantil por la que fue denunciado por su sobrina y otras personas que lo acusaron de ser sus víctimas cuando eran menores de edad.

La Cámara de Apelaciones, que se había declarado incompetente pero volvió a recibir el expediente desde Casación para resolver, dispuso que es admisible un debate de esas características para los hechos denunciados.

Así lo reveló el diario El Norte, que indicó que los camaristas revocaron el fallo de primera instancia del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1, que había considerado que como no se trataba de delitos de lesa humanidad no correspondía encuadrar el caso en un Juicio por la Verdad.

La primera denuncia fue radicada por Cintia Espíndola. Luego sobrevinieron otras. En todas acusaron a Fernando Espíndola de cometer delitos de abuso sexual reiterado contra menores de edad cuando él mismo era menor y también cuando ya había cumplido la mayoría de edad.

La causa tramitó en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil y la Justicia determinó que los delitos estaban prescriptos por el paso del tiempo, por lo que no podían ser juzgados.

Sin embargo, la propia jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, primero, y la Cámara de Apelaciones, después, consideraron viable que el caso se ventile en un juicio por la verdad ante la aberración de los hechos relatados.

El juicio por la verdad no puede imponer penas de cárcel, pero sí atribuir responsabilidades en los hechos denunciados. Reparatorio y simbólico, no impone años de prisión pero sí puede establecer culpabilidades.

Ahora, el TOC n.° 1 está en condiciones de llevar adelante las audiencias de debate oral y público. El abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús, había considerado la decisión de Casación como "una victoria para todas las víctimas" porque "abre las puertas a muchas situaciones parecidas".

Fernando Espíndola permanece detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio por la causa Camioneros, que tendrá lugar a fines de septiembre, y en la que está acusado junto a Maximiliano Cabaleyro de "pedir coimas" para dejar trabajar a la empresa Rey Distribución, entre otros delitos.

El bloque Nuevos Aires, que conforman los concejales Paola Basso, Damián Mosquera y Belén Santos, anunció que presentará para la  sesión de la semana que viene del Concejo Deliberante un proyecto para impulsar una comisión investigadora contra Mauro de Rosa por los hechos en los que está involucrado y que derivaron en una denuncia por delitos de índole sexual.

Los ediles aseguraron que el HCD "está llamado a evaluar la inhabilidad moral sobreviniente para sostener la banca" por parte del concejal, más allá de lo que la Justicia determinará en su rol en el marco de la causa penal en trámite.

"La presunción de inocencia es una garantía constitucional con vigencia en sede penal, distinta de los estándares con los que un cuerpo deliberativo evalúa laconducta de quienes ejercen su representación", consideraron los concejales que representan a un sector de la oposición.

"Quien asume la representación del pueblo asume con ella una vara superior", sostuvieron y anunciaron que solicitarán "iniciar el procedimiento" de comisión investigadora, que podría derivar en suspensión preventiva primero y en destitución del concejal de Acuerdo Vecinal después.

“Defendemos lo que el Concejo Deliberante representa: el honor de servir a los vecinos de San Pedro, la responsabilidad que ese honor impone”, señalaron desde Nuevos Aires.

En el comunicado, desde Nuevos Aires destacaron que Mauro de Rosa "en febrero pidió disculpas y dijo estar avergonzado por sus actos", algo que el edil señaló ante La Opinión, otros medios y ante los presidentes de bloques en una reunión convocada por el presidente del cuerpo, Martín Baraybar.

"Hoy se declara inocente y denuncia ‘rédito político’. La contradicción es materia de la Justicia. La inhabilidad para sostener legítimamente la representación de los vecinos en materia institucional, del cuerpo", advirtieron.

"El derecho de la concejal denunciante a no sesionar con su denunciado es uno de los problemas. Otro, quizás mayor, atraviesa al cuerpo entero: qué institución estamos dispuestos a sostener", señalaron Basso, Mosquera y Santos.

Para el bloque Nuevos Aires, la decisión de regresar a su banca tomada por Mauro de Rosa, "no está a la altura de la responsabilidad" que exige la representación popular en el Concejo Deliberante.

Para iniciar el procedimiento de Comisión Investigadora previsto por la Ley Orgánica, la iniciativa debe ser aprobada por dos tercios del total del cuerpo, es decir por 12 concejales.

La bancada Fuerza Patria, a la que pertenece la denunciante, cuenta con siete y Nuevos Aires, con tres. A ellos debe sumarse la posición de Joaquín González y Melina Panatteri, electos por La Libertad Avanza, quienes consideraron que De Rosa "debió renunciar" el día de la reunión con presidentes de bloque.

Mauro de Rosa integra un bloque denominado Acuerdo Vecinal con Martín Rivas y Fernando Negrete. El monobloque de Diego Lafalce y el San Pedro Puede de Ariel Rey y Mariana Reynoso completan los 18 ediles de San Pedro.