Carlos Gabriel Barbosa, alias Tony, fue detenido por personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero y del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría tras conocerse la sentencia en su contra por abuso sexual con acceso carnal.

Barbosa es un reconocido delincuente de 45 años que tiene diversos antecedentes en su haber, entre ellos haberse evadido de la cárcel de Baradero cuando estaba próximo a cumplir una condena por robo calificado.

El viernes pasado fue sometido a juicio y el lunes el Tribunal dio a conocer la sentencia condenatoria, con una pena de 7 años de prisión efectiva.

Barbosa fue trasladado a la Comisaría local, donde permanece alojado a la espera de la asignación de cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde purgará la pena impuesta.

La fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, logró reunir elementos de prueba suficientes para que el acusado sea condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 en el juicio.

Barbosa fue hallado culpable de suministrar bebidas alcohólicas con pastillas a una joven 20 años menor que él y golpearla salvajemente para someterla sexualmente en su casa cuando ella estaba bajo los efectos de las drogas. 

El hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de cinco años a quien la Justicia ordenó volver a llevar a juicio fue considerado prófugo de la Justicia tras no presentarse al nuevo debate oral y público.

El nuevo juicio estaba previsto para el martes 28 de abril. Ese día, el acusado no fue y dijo que había tenido un problema personal que le impidió llegar. Sin embargo, Fiscalía pidió su detención y el Tribunal lo ordenó.

Así, fue considerado prófugo de la Justicia. Desde entonces, nadie sabe nada de él. Ni siquiera su familia. Este miércoles es la nueva fecha para la audiencia, pero si no se presenta no podrá llevarse a cabo porque no se puede juzgar en ausencia.

Mientras tanto, la orden de captura fue cursada a todas las comisarías del país para que tengan presente que esa persona, cuya identidad no se revela para resguardar la de la víctima, que es su hija y es menor de edad.

La denuncia que inició la causa había sido radicada por la abuela materna de la nena en 2021. La niña le contó cosas que ocurrieron en el baño del padre de la casa de la otra abuela.

Ese relato fue ratificado en cámara Gesell, aunque según consta en las actuaciones "de manera algo confusa". En el juicio original, el acusado fue absuelto por el beneficio de la duda.

Sin embargo, Fiscalía apeló en Casación, donde los jueces consideraron que las dudas planteadas en el fallo de primera instancia no estaban debidamente explicadas y que había un “vacío” en la sentencia.

En una resolución poco habitual, Casación ordenó que "se dicte un nuevo pronunciamiento con la renovación de los actos procesales necesarios", lo que implicó repetir el juicio.

La Justicia condenó por abuso sexual a Carlos Gabriel Barbosa, alias "Tony", reconocido exconvicto que cumplió penas por robos calificados y estuvo involucrado en diversos hechos delictivos.

Barbosa deberá cumplir siete años de prisión por abuso sexual con acceso carnal tras un juicio que se desarrollo el viernes pasado y cuya sentencia el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dio a conocer este lunes.

El hecho ocurrió en agosto de 2022, en la casa del condenado. La instrucción de la fiscala María del Valle Viviani logró comprobar que allí Barbosa abusó sexualmente de la víctima, contra su voluntad y sin su consentimiento, claro está. Antes, le había suministrado alcohol y pastillas. Además, la amenazó y, drogada, la golpeó salvajemente.

El examen médico sobre la víctima halló lesiones en todo el cuerpo y el rostro. En sus genitales había ADN del acusado. La había drogado y le había propinado cachetadas y empujones contra la pared. En la cama que tenía en el lugar, abusó de ella.

Barbosa y la víctima se conocían. Según consta en el expediente que tramitó en la UFI 5 pero subrogado por Viviani, que lo llevó a juicio, él solía darles a ella y a sus amigas  "a menudo" pastillas y bebidas. Ese día pasó algo similar. 

Tras beber una cerveza con clonazepam, ella se dormía y se despertaba. En su declaración, recordó que en uno de esos momentos tenía al ahora condenado encima y le pidió que parara, que no quería.

Luego, él le dijo que se fueran a bañar. Le dio una toalla y la llevó al baño. Cuando ella vio la oportunidad, huyó. En la calle, dos hombres que pasaron en moto la vieron abajo de un camión, llorando. Se ofrecieron a ayudarla y la llevaron a lo de una amiga, tras lo que radicó la denuncia y comenzaron las pericias.

Barbosa fue condenado y la Justicia tuvo en cuenta su condición de reincidente. La reiteración de hechos delictivos y las sucesivas condenas "dan la pauta del desprecio de Barbosa por las normas básicas de la convivencia", consideró el Tribunal.

Mientras el Concejo Deliberante trabaja en la redacción del proyecto que propondrá llevar a comisión investigadora al concejal denunciado por delitos de índoles sexual Mauro de Rosa, el edil elevó una nota dirigida al presidente del cuerpo para "advertir" que irá a la Justicia contra todos y cada uno de los que, llegado el caso, vote en su contra.

En un extenso texto redactado en lenguaje judicial, con citas a fallos incluidas, De Rosa se adelanta a la posibilidad de ser sometido a comisión investigadora y eventualmente destituido de su cargo con una "advertencia" que asegura "no se formula con ánimo intimidatorio" pero en la que señala que podría haber "consecuencias personales" para cada concejal, según como vote.

De Rosa indica en el escrito que no se podrían aplicar los artículos que la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) prevé para avanzar en una comisión investigadora que evalúe los actos que derivaron en una denuncia penal y que fueron calificados por la institución en la que ocurrieron como "conductas indecorosas".

Para el concejal electo por La Libertad Avanza y hoy integrante del bloque Acuerdo Vecinal, el Concejo debería esperar el resultado de la causa penal para evaluar su caso, aunque los ediles que promueven la comisión investigadora, tanto del oficialismo como de la oposición, entienden que es pasible de ser analizado como otro tipo de transgresiones, independientemente de la causa judicial.

En el propio texto, De Rosa señala que lo que los concejales que quieren someterlo a comisión investigadora buscan evaluar "una conducta socialmente reprochable", en relación a los hechos ocurridos en el predio de Paraná que fueron descritos en la denuncia y en la declaración de al menos un testigo presencial, empleado del club.

De Rosa señala que no podría ser evaluado en los términos que la LOM prevé para casos de "incapacidad física o mental sobreviniente" y aborda largamente esa cuestión, aunque hasta el momento no hubo planteos en ese sentido.

Según se desprende de lo que el bloque Nuevos Aires comunicó, la comisión investigadora analizará el tipo de conducta que debe guardar un funcionario electo y con responsabilidades de representación popular, 

Para De Rosa habría una "desviación de poder" que argumentó con un caso bastante distinto: el del concejal Martín Céspedes, destituido por comisión investigadora en Castelli y luego repuesto en su cargo porque los hechos evaluados habían ocurrido antes de que asuma.

El edil consideró que hay "imparcialidad" en el Concejo Deliberante porque la denuncia penal radicada en su contra se produjo "a partir de la intervención de autoridades institucionales" como el presidente del cuerpo, Martín Baraybar, y la subsecretaria de Género de la Municipalidad, Laura Monfasani.

Para finalizar, De Rosa advirtió en su nota, con carácter de "notificación formal y fehaciente" que la eventual destitución de su cargo por vía de comisión investigadora comportará "vicios jurídicos".

En ese marco, dijo que si avanzan en su contra procederá a presentar "denuncias penales" a cada uno de los que eventualmente voten a favor de una sanción y se reserva el derecho de promover acciones ante la Justicia Contencioso Administrativa si el Concejo "pese a las consideraciones expuestas, decidiera avanzar en cualquiera de los actos cuestionados".

Este sábado, el abogado Mauricio Gugger, que representa al concejal Mauro de Rosa en la causa penal en trámite en la que aparece denunciado por delitos de índole sexual, se refirió al devenir del expediente y señaló que todavía está caratulado como "averiguación de ilícito".

"Los expedientes se deben cargar en el sistema y en base a los hechos que se describen encajan o no en un determinado tipo. Esta denuncia de febrero ingresó con la carátula precaria, temprana, de averiguación de ilícito y continúa de esa manera", detalló.

Gugger explicó que el cambio de calificación puede llegar cuando el concejal De Rosa sea convocado para el primer acto de defensa, que es la declaración indagatoria, una vez que Fiscalía haya establecido la calificación penal de los hechos por los que fue denunciado.

"Lo que ha pasado dentro del expediente es muy poco y lo que ha pasado fuera es un montón", consideró del abogado de Mauro de Rosa.

Gugger informó que en el expediente ya fue agregada la declaración de la denunciante ante la psicóloga del Centro de Atención a  la Víctima. En ese marco, se refirió a lo que ocurre en el Concejo Deliberante, donde las partes comparten espacio de trabajo, puesto que ambos son ediles.

"Lo que sucede en el ámbito político no es de mi incumbencia, pero en la declaración de la denunciante surge una situación de desamparo porque los que la instigaron a hacer la denuncia la dejaron sola, sin acompañamiento institucional", señaló Gugger.

El "acompañamiento institucional" al que se refiere se reactivó tras la decisión del concejal denunciado de retomar su banca tras dos meses y medio de licencia y provocó toma de posición de la mayoría de los concejales e incluso la decisión de avanzar en una comisión investigadora que podría derivar en la destitución.

Respecto de las medidas de exclusión perimetral que rigen respecto de uno y de otro, Gugger explicó que "ninguno de los dos perímetros impide que puedan estar en el lugar institucional de trabajo, pero los obliga a que cesen y no cometan ningún acto perturbatorio".

Respecto del devenir de la investigación penal, el abogado sostuvo que "hay una línea muy delgada en lo que se denuncia, en el hecho, que la interpretación puede ser, para el vulgar de las personas y no técnicamente una conducta abusiva; pero entiendo yo, técnicamente, que puede llegar a no tener el tenor de esa conducta, en base a los antecedentes y a las declaraciones que surgieron en la causa".

En ese sentido, señaló que "dentro de las actuaciones, de las consideraciones técnicas del Centro de Asistencia a la Víctima, no hablan de conductas abusivos ni de síntomas compatibles o traumáticos en relación al delito de abuso sexual" y "deja entrever que hay una relación previa laboral, un conocimiento entre ellos".

“En ningún momento De Rosa se bajó los pantalones ni tuvo conductas de ese tenor para con la denunciante”, dijo el abogado

A su vez hizo referencia al acta labrada por el club Paraná tras el episodio en el que el concejal fue expulsado por integrantes de la comisión directiva de las instalaciones y que habla de “conductas indecorosas”.

"El acta del club Paraná no dice que mucha gente vio (la situación). Hay algunas afirmaciones respecto de la conducta de De Rosa que no están acreditadas. Me parece que la cautela es el mejor consejo para todas las partes".

Durante la mañana de este sábado, un individuo de 31 años quedó detenido en la Comisaría cuando fue a preguntar el motivo por el que la policía lo estaba buscando. Está acusado de delitos de abuso sexual agravado contra una menor de edad.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías n.º 3, a cargo de la jueza María Eugenia Maiztegui, en el marco de una causa caratulada como “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal”.

Además, la acusación tiene el agravante de que el individuo era encargado de la guarda de la víctima, mediando una convivencia preexistente.

La causa comenzó en 2025 a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia por parte de la madre de la víctima, que fue pareja del acusado.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el avance de las actuaciones judiciales permitió reunir elementos considerados trascendentes para solicitar la detención del acusado, medida que finalmente fue otorgada por la Justicia de Garantías nicoleña.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Investigaciones n.°11, a cargo de Viviana Ramos.

Tras cumplimentarse las diligencias de rigor, el detenido quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, a la espera de directivas judiciales respecto de su traslado a sede judicial para prestar declaración indagatoria y definir posteriormente su lugar de alojamiento definitivo.

Presentó su renuncia el empleado municipal que había sido condenado por abuso sexual contra una adolescente a la que sedujo y con la que mantuvo relaciones sexuales que la Justicia consideró abusivas por la inmadurez de la víctima.

J. L. C., cuyo nombre se preserva en el expediente al solo efecto de resguardar a la víctima, había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la inmadurez de la víctima, por ser cometido en contexto de violencia de género y por su rol de encargado de la educación deportiva de la adolescente.

Los hechos que la Justicia consideró abuso ocurrieron entres marzo y agosto de 2022. Casi tres años después, su abogado, Mauricio Gugger, acordó con Fiscalía la pena de tres años y el empleado municipal fue condenado en juicio abreviado a prisión de ejecución condicional, es decir que no debe cumplirla en la cárcel.

Ante el fallo condenatorio, la Municipalidad dispuso iniciar el trámite para dejarlo cesante, como establece la normativa vigente, pero no podía proceder a despedirlo porque tenía tutela sindical como vocal suplente de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz "Mono" Acosta.

Por eso, el Gobierno fue a la Justicia laboral a pedir la exclusión de esa tutela gremial. En enero, el juzgado interviniente dispuso la suspensión preventiva del empleado, un fallo que adelantó la posición sobre el planteo de fondo.

Ahora, ante el inminente riesgo de despido, el propio empleado decidió presentar la renuncia y desvincularse del Municipio, lo que pone fin al planteo en el fuero laboral.

JLC fue condenado porque la Justicia consideró que aprovechó su condición de adulto —al momento de los hechos tenía 50 años— y su rol como empleado del Estadio para seducir a la víctima, que tenía 15 años y no había mantenido relaciones sexuales.

El fallo judicial estableció que el presunto "vínculo amoroso" aludido en su defensa no podría haber existido por la "inmadurez sexual" de la chica. La denuncia había sido radicada por la madre de la víctima, que detectó mensajes con el luego condenado por abuso.

Finalmente, el sindicalista de Camioneros y exconcejal de San Pedro Fernando Espíndola será sometido a Juicio por la Verdad en el marco de la causa por abuso sexual infantil por la que fue denunciado por su sobrina y otras personas que lo acusaron de ser sus víctimas cuando eran menores de edad.

La Cámara de Apelaciones, que se había declarado incompetente pero volvió a recibir el expediente desde Casación para resolver, dispuso que es admisible un debate de esas características para los hechos denunciados.

Así lo reveló el diario El Norte, que indicó que los camaristas revocaron el fallo de primera instancia del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1, que había considerado que como no se trataba de delitos de lesa humanidad no correspondía encuadrar el caso en un Juicio por la Verdad.

La primera denuncia fue radicada por Cintia Espíndola. Luego sobrevinieron otras. En todas acusaron a Fernando Espíndola de cometer delitos de abuso sexual reiterado contra menores de edad cuando él mismo era menor y también cuando ya había cumplido la mayoría de edad.

La causa tramitó en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil y la Justicia determinó que los delitos estaban prescriptos por el paso del tiempo, por lo que no podían ser juzgados.

Sin embargo, la propia jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, primero, y la Cámara de Apelaciones, después, consideraron viable que el caso se ventile en un juicio por la verdad ante la aberración de los hechos relatados.

El juicio por la verdad no puede imponer penas de cárcel, pero sí atribuir responsabilidades en los hechos denunciados. Reparatorio y simbólico, no impone años de prisión pero sí puede establecer culpabilidades.

Ahora, el TOC n.° 1 está en condiciones de llevar adelante las audiencias de debate oral y público. El abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús, había considerado la decisión de Casación como "una victoria para todas las víctimas" porque "abre las puertas a muchas situaciones parecidas".

Fernando Espíndola permanece detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio por la causa Camioneros, que tendrá lugar a fines de septiembre, y en la que está acusado junto a Maximiliano Cabaleyro de "pedir coimas" para dejar trabajar a la empresa Rey Distribución, entre otros delitos.

El bloque Nuevos Aires, que conforman los concejales Paola Basso, Damián Mosquera y Belén Santos, anunció que presentará para la  sesión de la semana que viene del Concejo Deliberante un proyecto para impulsar una comisión investigadora contra Mauro de Rosa por los hechos en los que está involucrado y que derivaron en una denuncia por delitos de índole sexual.

Los ediles aseguraron que el HCD "está llamado a evaluar la inhabilidad moral sobreviniente para sostener la banca" por parte del concejal, más allá de lo que la Justicia determinará en su rol en el marco de la causa penal en trámite.

"La presunción de inocencia es una garantía constitucional con vigencia en sede penal, distinta de los estándares con los que un cuerpo deliberativo evalúa laconducta de quienes ejercen su representación", consideraron los concejales que representan a un sector de la oposición.

"Quien asume la representación del pueblo asume con ella una vara superior", sostuvieron y anunciaron que solicitarán "iniciar el procedimiento" de comisión investigadora, que podría derivar en suspensión preventiva primero y en destitución del concejal de Acuerdo Vecinal después.

“Defendemos lo que el Concejo Deliberante representa: el honor de servir a los vecinos de San Pedro, la responsabilidad que ese honor impone”, señalaron desde Nuevos Aires.

En el comunicado, desde Nuevos Aires destacaron que Mauro de Rosa "en febrero pidió disculpas y dijo estar avergonzado por sus actos", algo que el edil señaló ante La Opinión, otros medios y ante los presidentes de bloques en una reunión convocada por el presidente del cuerpo, Martín Baraybar.

"Hoy se declara inocente y denuncia ‘rédito político’. La contradicción es materia de la Justicia. La inhabilidad para sostener legítimamente la representación de los vecinos en materia institucional, del cuerpo", advirtieron.

"El derecho de la concejal denunciante a no sesionar con su denunciado es uno de los problemas. Otro, quizás mayor, atraviesa al cuerpo entero: qué institución estamos dispuestos a sostener", señalaron Basso, Mosquera y Santos.

Para el bloque Nuevos Aires, la decisión de regresar a su banca tomada por Mauro de Rosa, "no está a la altura de la responsabilidad" que exige la representación popular en el Concejo Deliberante.

Para iniciar el procedimiento de Comisión Investigadora previsto por la Ley Orgánica, la iniciativa debe ser aprobada por dos tercios del total del cuerpo, es decir por 12 concejales.

La bancada Fuerza Patria, a la que pertenece la denunciante, cuenta con siete y Nuevos Aires, con tres. A ellos debe sumarse la posición de Joaquín González y Melina Panatteri, electos por La Libertad Avanza, quienes consideraron que De Rosa "debió renunciar" el día de la reunión con presidentes de bloque.

Mauro de Rosa integra un bloque denominado Acuerdo Vecinal con Martín Rivas y Fernando Negrete. El monobloque de Diego Lafalce y el San Pedro Puede de Ariel Rey y Mariana Reynoso completan los 18 ediles de San Pedro.

La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui dictó dos medida cautelares que establecen prohibición de acercamiento entre los concejales Tamara Vlaeminck y Mauro de Rosa.

Una surgió a pedido del abogado Maurio Gugger, defensor particular del edil acusado de delitos de índole sexual que esta semana retomó sus tareas tras levantar la licencia que había solicitado tras pedir "disculpas" por el escándalo protagonizado en el club Paraná y asegurar que estaba "avergonzado".

De Rosa denunció amenazas por parte de Vlaeminck tras un episodio que se registró en la zona del bloque Acuerdo Vecinal, en el marco de la tensa situación que implicó en el concejo el regreso a sus tarea del edil denunciado, reincorporación que valió críticas de la mayoría del arco político local.

Vlaeminck, por su parte, había solicitado lo mismo desde el día de la denuncia en sede penal y volvió a hacerlo tras hostigamiento en redes sociales luego de la reincorporación del edil a su banca.

Maiztegui firmó la medida pedida por Viviani como fiscal de la causa que denunció Vlaeminck a las 11.35 de la mañana. Luego, a las 12.52, firmó la otra, relacionada con la presentación de De Rosa.

Ambas medidas establecen lo mismo: una prohibición de acercamiento respecto del los domicilios de ambos, "los lugares de estudio y de esparcimiento", con un perímetro de 200 metros. 

Además, indica que no pueden  mantener ningún tipo de contacto ni "realizar actos de perturbación en el espacio institucional compartido" por 60 días.

El presidente del Concejo Deliberante deberá establecer de qué manera se garantiza el trabajo de los concejales mientras esté vigente la cautelar, sobre todo frente a lo que se viene en materia de funcionamiento del cuerpo, que la semana que viene sesionará.

En el Concejo, además, trabajan para la conformación de una comisión investigadora que evaluará las conductas públicas del concejal Mauro de Rosa, independientemente de la causa judicial, lo que podría derivar primero en su suspensión preventiva y luego en su destitución, de acuerdo a la distribución actual de votos en el HCD.

La mesa coordinadora de La Libertad Avanza San Pedro y el bloque de concejales de ese partido que integran Joaquín González y Melina Panatteri se expresaron públicamente acerca de la decisión de Mauro de Rosa de levantar su licencia y retomar sus funciones como edil.

Acusado de delitos de índole sexual tras protagonizar un escándalo en el club Paraná bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas, De Rosa había pedido licencia a fines de febrero y este martes pasado la levantó, lo que provocó la reacción del arco político local en rechazo.

"De Rosa reconoció lo que hizo cuando se presentó en el Concejo y pidió 'disculpas'. Ese mismo día, ante la gravedad de los hechos, debió renunciar", consideraron desde La Libertad Avanza, partido por el que el edil fue electo en 2023 y del que se fue en medio de una disputa interna en 2025.

"Ante el silencio de las autoridades y de los demás integrantes de su bloque, es inevitable pensar que el regreso de Mauro de Rosa excede la decisión personal y que detrás existe una motivación política de cara a los debates que se darán en los próximos meses, como la aprobación o el rechazo de la Rendición de Cuentas", señalaron.

Desde LLA destacaron que si bien "toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", independientemente de lo que suceda a nivel judicial, "existen responsabilidades éticas y políticas que no pueden soslayarse".

Advirtieron que “si las autoridades del Concejo Deliberante miran para otro lado y permiten su regreso al HCD, van a obligar a la víctima a convivir a diario con su victimario y sentar un precedente que debilitará aún más la credibilidad y honorabilidad del cuerpo legislativo”, tal como habían señalado apenas ocurrieron los hechos.

En ese marco, sostuvieron: "Por el resguardo de la víctima y por respeto a la ciudadanía de San Pedro, De Rosa no puede permanecer en el Concejo Deliberante".

El HCD analiza los pasos a seguir respecto de la aplicación de sanciones ante lo ocurrido, algo que había quedado sin movimiento cuando De Rosa pidió licencia. Ahora que regreso, evalúan la posibilidad de conformar una comisión investigadora que podría derivar en su destitución.

El empleado municipal detenido la semana pasada acusado de abuso sexual con acceso carnal fue trasladado a la Comisaría de Colón, donde permanecerá alojado mientras se sustancia el proceso judicial en su contra.

Identificado como Miguel Ángel Banegas, de 44 años, se desempeñaba como sereno en la Terminal de Ómnibus tras su paso por el área de Servicios Sanitarios y estaba a la espera de desafuero gremial para ser despedido por incumplimientos laborales.

Banegas fue denunciado por una joven de 22 años que lo acusó de haber abusado sexualmente de ella en una vivienda de Cucit al 1100, donde reside el imputado, hecho que ocurrió el 28 de abril por la madrugada.

Tras reunir elementos suficientes contra el acusado, Fiscalía solicitó la detención y el Juzgado de Garantías accedió de inmediato, por lo que en horas de la tarde fue apresado por la policía en la zona de Combate de Obligado y Casella.  

Trasladado a la Comisaría local, fue indagado por Fiscalía y luego derivado a la Comisaría de Colón, donde permanece alojado en una celda. A esa dependencia suelen ser enviados los imputados por delitos contra la integridad sexual.

Mientras la Justicia reúne testimonios presenciales sobre los delitos sexuales de los que fue acusado el concejal Mauro de Rosa tras protagonizar un escándalo bajo los efectos del alcohol en el club Paraná y el Concejo Deliberante analiza iniciar una comisión investigadora que podría derivar en su destitución, el edil rompió el silencio en redes sociales.

A través de un video, sostuvo su "inocencia" sobre los mismos hechos que reconoció haber cometido y sobre los que pidió disculpas públicamente ante La Opinión y otros medios y en una reunión con presidentes de todos los bloques del Concejo, hechos sobre los que dijo sentirse "avergonzado".

"Se dijeron muchas cosas, muchas de ellas falsas e incompletas", dijo De Rosa y señaló que ahora que decidió, a 75 días del episodio ocurrido en Paraná, levantar su licencia y volver a la banca, "parece que un sector de la política está decidido a retomar las quejas acalladas".

"La situación fue expuesta de manera parcial", dijo respecto de los hechos en los que está involucrado, que constan en la denuncia penal, en el acta labrada en el club y en la declaración de testigos presenciales.

Esos hechos tuvieron que ver con su ingreso reiterado a los baños de mujeres bajo los efectos del alcohol y una situación de acoso que incluyó conductas que el Código Penal califica como "abuso sexual simple" en el marco de los delitos contra la integridad sexual.

"Siempre estuve a derecho, me puse a disposición de la Justicia, como corresponde", sostuvo Mauro de Rosa y cuestionó: "Veo que se ha instalado una condena pública".

"Mientras no haya una condena firme, yo soy inocente, tal como lo vengo sosteniendo desde un principio", dijo en alusión a las garantías constitucionales que le asisten en el marco de la causa penal en trámite.

"La verdad fue que existió un vínculo previo personal previo que hoy se presenta de manera parcial y fuera de contexto. Lo que no ocurrió está siendo analizado donde corresponde  y es donde voy a dar todas las explicaciones necesarias", señaló.

El concejal electo por la Libertad Avanza en la lista de Ramón Salazar que ahora forma parte de un bloque denominado Acuerdo Vecinal dijo que "hay sectores que buscan utilizar esta situación con fines políticos intentando sacar rédito".

"Me voy a defender, estoy atravesando una situación compleja de salud que no puede ser ignorada", señaló y agregó: "Lo que más me duele es el daño que se le está haciendo a mi familia, a mis hijos  y a todos los que me acompañan".

"No voy a entrar en agresiones ni en operaciones. Voy a responder donde corresponda", dijo y finalizó: "Voy a presentar pruebas cuando lo requiera la Justicia y voy a seguir sosteniendo mi inocencia con claridad y responsabilidad".

La decisión de Mauro de Rosa de retomar sus funciones como concejal en medio de un proceso judicial que lo tiene acusado por delitos sexuales provocó reacción en buena parte del arco político local.

El bloque oficialista Fuerza Patria consideró que su regreso "afecta la credibilidad institucional" y el presidente Martín Baraybar evalúa los pasos a seguir para utilizar las herramientas disponibles que permitan aplicar sanciones, entre ellas la conformación de una comisión investigadora.

Al menos dos exconcejales de distinta extracción política y cuyas voces siguen siendo relevantes para quienes están en funciones se expresaron sin medias tintas respecto de la situación y hasta sugirieron que debería ponerse en marcha un "procedimiento para destituir" a Mauro de Rosa como concejal.

Por un lado, el exconcejal radical y expresidente del HCD Martín Pando consideró que el Concejo debería formar "una comisión investigadora" y pronunciarse como cuerpo, porque "la licencia fue una pausa cosmética".

"Ni sanción ni proceso ni respuesta institucional", advirtió y pidió al Concejo "que haga lo que tiene que hacer: iniciar el procedimiento para destituirlo. La Ley Orgánica de las Municipalidades lo permite. La gravedad del caso lo justifica. La institucionalidad del cuerpo lo exige".

Por su parte, la exconcejala peronista Cecilia Vázquez adhirió al planteo de Pando y señaló: "No alcanza con pedir disculpas ni con tomarse una licencia para que 'baje el tema'. Cuando hay una denuncia de esta gravedad, el silencio institucional también es una forma de respuesta".

La extitular de Pami consideró que el cuerpo debe "dar una señal clara a la comunidad" respecto de que "hay límites, que hay reglas y que se cumplen".

Ambos coincidieron al señalar que no se trata de cuestiones partidarias sino del  mensaje a la sociedad respecto de qué Concejo Deliberante y qué concejales se quiere. "Si no hay consecuencias, el mensaje es peligroso", dijo Vázquez.

No es la primera vez que el Concejo se enfrenta a una situación en la que deba analizar conductas consideradas impropias de sus miembros, más allá de las vías judiciales, que tendrán su camino en el ámbito correspondiente.

En la década del 2000 la concejala Araceli López tuvo que dejar su banca en medio del escándalo conocido como "Pornogate", luego de que en su computadora del bloque aparecieran registros de navegación en páginas web de pornografía.

Ya en la era Salazar, la concejala Verónica López pidió licencia y nunca volvió a la banca tras ser detectada con una conexión clandestina de electricidad en su domicilio.

Si el bloque oficialista tiene intenciones de avanzar en un proceso de sanción, tiene las herramientas y hasta los votos: el mensaje de Pando es señal de cómo votarían los tres ediles de Nuevos Aires, Paola Basso, Damián Mosquera y Belén Santos.

Además, los dos concejales que responden al armado local de La Libertad Avanza, Joaquín González y Melina Panatteri ya habían expresado que "la permanencia de De Rosa en el Concejo resulta incompatible con los hechos que se investigan".

Habrá que ver qué posición toman San Pedro Puede de Ariel Rey y Diego Lafalce, que no se expresaron públicamente sobre el tema. 

Pero aun sin ellos, la posición contraria a la permanencia de Mauro de Rosa en el Concejo contaría con 12 votos garantizados, suficientes para iniciar una comisión investigadora que valore los hechos y decida su continuidad en el cargo.

Desde el Partido Justicialista que conducen el subdelegado de Vuelta de Obligado, Juan Cruz Gajate y el concejal de la Uocra Cristian Leguizamón también se expresaron sobre el tema.

Señalaron su "total y enérgico desacuerdo" con la reincorporación de De Rosa y cuestionaron la "omisión de las recomendaciones establecidas para estos casos".

"Es nuestra posición que hasta tanto se esclarezca la situación judicial, se abstenga de la decisión de retomar la banca", indicaron.

La decisión del concejal Mauro de Rosa de levantar la licencia y volver a su banca a poco más de dos meses desde que fuera denunciado por delitos de índole sexual tras el escándalo que protagonizó alcoholizado en el club Paraná provocó reacción en el bloque oficialista en el Concejo Deliberante, que expresó su desacuerdo.

"Desde nuestro bloque queremos expresar nuestro más enérgico desacuerdo ante la reincorporación del concejal De Rosa a sus funciones, en el marco de una causa en la que se encuentra acusado de abuso sexual simple", señalaron desde la bancada que preside Soledad Llull.

Consideraron que si bien rige el principio de presunción de inocencia y el derecho a defensa en debido proceso, "quienes ocupan cargos públicos deben sostener conductas acordes a la responsabilidad institucional que representan y actuar con un compromiso irrestricto hacia la ética y el respeto, especialmente frente a situaciones de esta gravedad".

Para los concejales que responden al intendente Cecilio Salazar, el regreso de De Rosa a la banca en medio de la causa penal en la que ya declararon testigos presenciales de los hechos denunciados "afecta la credibilidad de las instituciones y el mensaje que se transmite a las víctimas de violencia de género".

"Como representantes públicos, tenemos la obligación de contribuir a construir ámbitos seguros, de escucha y de acompañamiento", indicaron  desde Fuerza Patria.

En el comunicado consideraron que "al menos hasta tanto la situación judicial sea esclarecida, corresponde adoptar una conducta de mayor prudencia y responsabilidad institucional".

El bloque oficialista aseguró que "no puede haber indiferencia ni silencio frente a hechos de esta naturaleza", lo que implica un mensaje hacia otros actores políticos de la ciudad.

El concejal Mauro de Rosa levantó la licencia que había tomado luego de ser denunciado penalmente por delitos de índole sexual tras el escándalo que protagonizó alcoholizado en el club Paraná el 18 de  febrero pasado.

A pesar de que sus propios compañeros del bloque Acuerdo Vecinal habían solicitado que pida "licencia preventiva" ante la gravedad de los hechos denunciados, De Rosa decidió regresar al Concejo Deliberante.

Este martes, 75 días después de los hechos, presentó la nota en la que informa acerca de su reincorporación, semanas después de que retomara actividad política pública junto a Martín Rivas y Fernando Negrete, los otros integrantes del bloque, para el impulso de la candidatura presidencial del influencer evangélico Dante Gebel.

El presidente del HCD, Martín Baraybar, confirmó a La Opinión que el expediente ingresó “a última hora” administrativa, por lo que todavía no se veía reflejado en la página web oficial.

De Rosa estaba de licencia como concejal y también como empleado municipal —es chofer de ambulancia en Gobernador Castro—, puesto laboral al que había sido incorporado bajo la gestión de Ramón Salazar, de quien fue chofer/secretario, consejero político y primer candidato en la lista de La Libertad Avanza, el partido de Milei por el que resultó electo en 2023.

En su lugar, la banca la ocupó durante los últimos dos meses la concejala suplente Paula Fernández, también integrante de la lista de LLA cuyos miembros se alejaron del armado local de Milei tras las elecciones del año pasado.

De Rosa integra un bloque que mantiene un acuerdo político con el oficialismo para acompañar las iniciativas del Gobierno de Cecilio Salazar, cuyo gabinete intervino en el caso de los graves episodios que protagonizó el concejal en el club Paraná y que tiene como víctima a otra integrante del HCD a través de la subsecretaria de Género, Laura Monfasani, 

Desde el Concejo Deliberante se expresaron públicamente el bloque Fuerza Patria y el presidente del cuerpo, Martín Baraybar, quien señaló que si bien la ley orgánica no contiene herramientas específicas para sancionar la conducta del edil cuestionado —algo que sí tiene el reglamento interno, pero en menor escala— él en su lugar hubiera "renunciado" a la representación popular.

Lejos de eso Mauro de Rosa decidió levantar la licencia mientras se sustancia la causa penal en su contra en la que ya declararon testigos que lo vieron ingresar alcoholizado al baño de mujeres y mantener, como dice el acta labrada por el club, "conductas indecorosas" hacia mujeres que están contempladas como delitos contra la integridad sexual en el Código Penal.

El día de los episodios protagonizados por De Rosa, el concejal estaba acompañado por su hijo menor de edad y cuando miembros de la comisión directiva de Paraná lo expulsaron de las instalaciones se fue a bordo del automóvil que utiliza habitualmente como taxista miembro de la cooperativa de taxis de plaza Belgrano.

La policía detuvo este lunes por la tarde a un empleado municipal de 44 años acusado de abuso sexual con acceso carnal tras una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Una joven de 22 años acusó al trabajador municipal de haber abusado sexualmente de ella durante la madrugada en una vivienda ubicada en Cucit al 1100, donde reside el imputado, sobre quien también pesan sospechas relacionadas con el narcomenudeo.

Tras la denuncia, la joven fue trasladada al Hospital para las pericias de rigor y la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani dispuso una serie de diligencias urgentes que le permitieron reunir pruebas para solicitar la detención.

Alrededor de las 18.00, con orden de allanamiento, personal policial de la Comisaría y de la DDI fueron a buscar al acusado a su casa. Finalmente, lo detuvieron en la zona de Combate de Obligado y Casella, en la vía pública, en inmediaciones de su lugar de residencia.

El empleado municipal, identificado como Miguel Ángel Banegas, cumplía tareas de sereno en la Terminal de Ómnibus, aunque antes se desempeñaba en el área de Servicios Sanitarios.

En octubre del año pasado, el Gobierno había decretado el inicio de acciones judiciales para que se le quiten los fueros gremiales con los que contaba por ser delegado del sindicato ATE, puesto que  habían resuelto despedirlo.

La Asesoría Letrada había dispuesto su cesantía porque Banegas no se reincorporó a su puesto de trabajo luego de cumplir con una licencia por enfermedad. 

Aunque había sido debidamente notificado, nunca se presentó a trabajar a Servicios Sanitarios y el Gobierno consideró que hizo "abandono de cargo". Mientras esperaban el desafuero, lo habían confinado a labores de sereno en la nueva Terminal.

El viernes pasado se lo vio en los pasillos de la Municipalidad bastante ofuscado, reclamando el pago de horas extras que presuntamente le habían prometido.

Tras ser detenido, fue alojado en una celda del sector de calabozos de la Comisaría a la espera de ser indagado por Fiscalía en el marco de la causa, caratulada como abuso sexual con acceso carnal.

El acusado de varios casos de abuso sexual Rafael Vázquez continúa detenido y así seguirá al menos hasta que se desarrolle el juicio en el que la Justicia procurará condenarlo por los aberrantes hechos en los que está imputado.

Una de las novedades relevantes respecto de su situación está relacionada con la posibilidad de que se unifiquen en la Justicia de San Nicolás los casos que cometió tanto en San Pedro como en la provincia de Río Negro, donde vivía antes.

Mientras se desarrolla el proceso en su contra, las pruebas se suman: declaraciones en cámara Gesell, pericias y testimonios que son reveladores respecto de una conducta sostenida en el tiempo.

Vázquez fue detenido en Buenos Aires el 7 de noviembre del año pasado. Había estado un mes y medio prófugo desde que tuvo que escapar de San Pedro cuando una joven lo encontró en la casa de su madre, pareja de él, en situación de abuso con una nena de 12 años.

A los pocos días de ese hecho, mientras se esperaba la orden de detención, otra joven fue a la Comisaría de la Mujer a denunciarlo por abuso sexual. Luego apareció un tercer caso local.

En Río Negro Rafael Vázquez tenía dos denuncias por abuso sexual, una de 2010 y otra de 2011. Por ambas tenía pedido de captura activo para que rinda cuentas en la Justicia.

La Justicia investiga al menos dos casos de abuso sexual contra niñas que tenían entre 10 y 11 años cuando ocurrieron los hechos, y la familia exige un urgente accionar a 10 días de haber radicado la denuncia.

Las actuaciones fueron labradas en la Comisaría de la Mujer por las madres de las víctimas, quienes sufrieron las vejaciones en distintas oportunidades a manos de la misma persona.

La mamá  de una de las chicas dejó asentado en la Comisaría de la Mujer el relato que su hija le refirió tras animarse a contar todo lo ocurrido. 

Luego, otra mujer radicó una denuncia, porque su hija menor también sufrió abusos por parte del mismo acusado.

El denunciado tiene 25 años y guarda relación familiar con las víctimas, que tenían entre 10 y 11 años cuando se produjeron las situaciones de abuso. El padre de la adolescente había detectado algunas situaciones que no le cerraban.

En los últimos días comenzó a circular una imagen del acusado, con sus datos personales, que fue rápidamente viralizada en redes sociales. "Queremos ir hasta las últimas consecuencias", aseguraron familiares de la víctima.

Efectivos de la Comisaría local y personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda de calle Petrona Simonino y 11 de Septiembre, donde detuvieron a un hombre de 46 años imputado por una causa de abuso sexual con acceso carnal. 

Tras tareas de investigación a partir de una denuncia radicaba en la Comisaría de la Mujer y la Familia, los efectivos lograron establecer la identidad y domicilio del acusado, por lo que se solicitó la orden de allanamiento a la Fiscalía interviniente en la causa, medida que fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 1. 

En el procedimiento, que tuvo lugar este domingo por la madrugada, hallaron al sujeto imputado, que fue trasladado a la Comisaría, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.