Vecino reportó: “Hola, buen día. barrio 84 viviendas cloacas tapadas. Encima que el recolector de basura no pasa por las calles internas, estamos con las cloacas tapadas hace una semana ya”. 

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Una vecina reportó: "Hola, el reclamo es por esta casa que está en la esquina de calle Rafael Obligado y calle 58, barrio 84 viviendas. Es un peligro, los pastos muy altos porque al estar tan altos tapa la visibilidad a los autos, motos, etc. Es un peligro, se esconden los chorros y la esquina es muy peligrosa".

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Un informe de La Nación + retomó hace pocos días la situación que viven los habirantes de las 84 Viviendas, ubicadas en Villa Depietri y que permanecen inconclusas.

El último domingo de septiembre se conoció un informe en el que el canal de cable reflotó el tema y repasó los avatares de la obra iniciada en el 2021. 

Después de ser sorteadas, las familias adjudicatarias tomaron posesión de la propiedad en 2024, ante el riesgo de usurpaciones.

En el medio, una intervención que luego se judicializó, por parte de la empresa Arcor, que planteó que el Municipio incumplió el cargo de donación de los terrenos.

La empresa reclama que allí podían edificarse casas, pero destinadas a quienes residen en la zona de barrancas, desde la bajada Vapor Nacional Correo hasta el final del camino costero, en el Bajo Cementerio.

Entre el pleito y la posterior desaparición de la empresa constructora (Cooperativa Grupo Alfa), las viviendas quedaron incompletas. Fueron los adjudicatarios quienes, de acuerdo a sus posibilidades, les dieron forma colocándole las aberturas, pisos, arreglos de techos, cloacas y diversos pormenores con la finalidad de hacerlas habitables.

En el informe de La Nación + se destaca que para la Municipalidad el proyecto estaba casi terminado (98 %), pero la realidad muestra una falta de infraestructura básica como alcantarillado, calles pavimentadas e iluminación en el barrio, además de todo —mucho— que quedó por hacer en el interior de cada casa.

Los residentes afirman que el Municipio ha estado ausente en gran medida, sin haber proporcionado los recursos prometidos. Lo nuevo, ahora, es la promesa de dotar de iluminación en derredor del barrio.

La palabra “estafa” está latente en el informe, donde aparece Ana Tabbita, una de las adjudicatarias, para un recorrido por la realidad de estos días. 

Consultada acerca de si se avanzó en alguna mejora, Tabbita fue contundente: “Sigue todo igual. Cada uno fue haciendo su casa, terminándola, arreglando los techos. Yo recién lo pude hacer el mes pasado porque se llovía. Las calles están totalmente con pozos y barro. Lo que nos prometieron ahora, que es lo que están haciendo, es tratar de ponernos la luz”.

El litigio impone limitaciones. El caso de dotar de energía tiene su impedimento. “No nos pueden poner la luz como a cualquier barrio. Entonces la van a poner por fuera del perímetro”, dijo la adjudicataria, mientras que, hace más de un mes, se observa la tarea de poner los medidores para cada domicilio.

Sobre el estado de las calles, Tabbita contó que pidieron tosca, “por lo menos como para llevar a nuestro hijo a la escuela, o entrar y salir del barrio, no tener que ir con barro. Según lo que nos dijeron en la Municipalidad, en Obras Públicas, nos habían mandado 20 camiones con tosca. Y la verdad, si la llevaron fueron dos o cuatro como mucho. No sé dónde están los otros”.

“Al intendente no le gusta que yo salga a hablar, pero bueno, tampoco nos escucha. Entonces, que nos mande los camiones de tosca. A las casas las iremos terminando cada uno”, agregó.

Sostuvo que está agradecida por contar con una vivienda, mientras recalcó la necesidad de tener energía en sus hogares.

En una parte de la entrevista, pintó un panorama de la ciudad: “En general San Pedro no está bien, porque no hay obras. En las calles hay un pozo atrás de otro. Está bastante feo en lo que es su mantenimiento”, mientras se lamentó de que “una ciudad tan linda esté tan venida menos con la gente que tiene. Es hermosa también porque la gente del barrio, que somos todos trabajadores, la peleamos todos los días, todos tenemos hijos”.

Parte de esa pelea también se relaciona con una construcción defectuosa, como cañerías mal instaladas, que les obligan a realizar costosas reparaciones.

Tabbita describió lo que los fortalece, que es el apoyo mutuo entre los vecinos, que no solo a duras penas van mejorando su hábitat, sino también pugnan para que cumplan las promesas de infraestructura.

Los vecinos de las 84 viviendas habían solicitado al Gobierno municipal en mayo pasado que intervinieran de manera urgente para solucionar problemas acuciantes para la vida cotidiana del barrio, a un año y medio desde que en febrero de 2024 les entregaron las casas sin terminar, en medio del conflicto con Arcor.

Una de las problemáticas más importantes estaba relacionada con el servicio de energía eléctrica, puesto que las unidades habitacionales tienen conexiones clandestinas, lo que implica riesgos de accidentes domésticos, electrocución y daños en los artefactos.

La semana pasada observaron a personal de Coopser que llegaron, tras un dictamen favorable por parte de los abogados de la cooperativa respecto de la viabilidad, para comenzar el proceso que derivará en la conexión regular de la luz para cada vivienda.

Como el barrio constituye un "macizo", Coopser no podía hacer la conexión si no estaban abiertas las calles, puesto que el suministro puede pasar por la línea municipal para que desde allí se haga la conexión domiciliaria.

Independientemente de la causa judicial y el litigio con Arcor, el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, consideró en Sin Galera que era "una cuestión de justicia social" garantizar el servicio de energía eléctrica como corresponde.

Personal de Coopser comenzó con la construcción de unos gabinetes desde donde se establecerán las conexiones hacia los pilares, algo que cada frentista deberá afrontar por sus propios medios.

"Merecen condiciones dignas", dijo Porta y agregó: "Se descartó el impedimento legal, porque en la medida cautelar vigente Arcor pide que no se avance con la adjudicación, pero aclara que no pedía que se paralizara la obra".

"Todos los habitantes están en condiciones de recibir el servicio", aseguró el funcionario y destacó que los abogados de Coopser señalaron que "esto es como un edificio acostado" y así debe tratarse a la hora de establecer las conexiones domiciliarias de electricidad.

"No sabíamos nada", dijo un vecino y aseguró: "Ojalá que conecten, es lo mejor, así no sabemos qué va a pasar, sería un golazo".

Otra vecina señaló que vio al personal de Coopser trabajando y también celebró que llegue el servicio de electricidad de manera regular al barrio.

Yesica reportó: "Hola, te quería comentar mí reclamo y ver si así el intendente hace algo. Estamos hace más de un año abandonados como barrio. Soy de las 84 viviendas de Villa Depietri. Estamos sin luz propia y nadie nos da la solución. No puede ser que en un año el intendente no pueda solucionar el problema que tiene con Coopser para que cada familia tenga luz en cada casa con su respectivo medidor. No sé qué espera el intendente, ¿qué pase un accidente y ahí recién moverse? Es muy triste está situación. Estamos todos intranquilos por esta situación porque la necesitamos para poder calefaccionarnos porque si enchufás muchas cosas se baja mucho la tensión". 

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Días pasados La Opinión recordó el primer año desde que el complejo de las 84 Viviendas fue ocupado por los adjudicatarios, tras el fracaso de no haberse concluido con la construcción, pese a que la empresa se llevó el dinero. 

Fue precisamente durante el feriado de Carnaval cuando con la anuencia de funcionarios públicos se abrió el obrador para que cada preadjudicatario se haga cargo de su vivienda,

Como se sabe, las unidades nunca se terminaron. La Cooperativa de Trabajo Grupo Alfa Limitada se fue de San Pedro, pese a haber cobrado el 96 por ciento del valor total.

La obra, que marcó la ilusión para las familias que jamás en su vida imaginaron estar cerca de tener su propio techo, se frustró por dos motivos: el reclamo de la empresa Arcor por haberse erigido un barrio en terrenos cedidos al Municipio, con el cargo de ser destinados a quienes residen en las barrancas del Bajo Cementerio, y el accionar escandaloso de Alfa, que cobró y desapareció.

Los rumores de una posible usurpación derivaron en aquella situación que obligó a los preadjudicatarios a ocupar las unidades, llave en mano. Y así lo hicieron, sin importar la falta de aberturas y sanitarios, ni agua y tampoco electricidad. 

¿Y la Cooperativa Grupo Alfa? Pese a haber cobrado el 96 por ciento de los certificados, es decir el 96 por ciento de $ 385.497.970,38 presupuestados originalmente más las redeterminaciones, se fue sin dar explicaciones.

Un informe elaborado por La Opinión, ilustró la situación de Alfa, las diferentes etapas que fueron cumpliendo y las certificaciones de trabajo que fue recibiendo, que implicaba hacerse de jugosas cifras de dinero.

Cabe acotar que la Ley Orgánica de las Municipalidades permite adjudicaciones directas de obras a las cooperativas. De ahí la utilización de esta figura jurídica.

En el caso de las 84 Viviendas, el historial de la obra tiene su cronología:

*26-10-2021: Comisión evaluadora del plan de construcción de 84 Viviendas. Decreto 1274/21. Expte. 410702138/21 obedece a Licitación Pública 09/21 y se presentan la cooperativa Grupo Alfa y la Cooperativa “8 de Diciembre”. 

*29-10_2021: Construcción de las 84 viviendas. Calificaron a Alfa con 73.5 puntos y ganó la obra. Decreto 1303/21 dispone que será pagada por Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación con dinero del denominado "Fondo Nacional Solidario de Viviendas". Valor total $ 385.497.960

*12-11-2021: En la obra no habían previsto ni contemplado que esas manzanas en las que ya el ministro Julio De Vido había anunciado la construcción de 88 viviendas del Plan Federal durante a gestión de Fabio Giovanettoni, requerían del “Movimiento de Suelos” al que claramente había que empujar con una “pequeña” adjudicación directa también a Alfa. Decreto 1371. Expte. 4107-2876/1. Pago a ALFA de $ 3.075.000

Los ajustes dispuestos para esta obra tenían una dinámica especial que permite calcular los mayores costos por inflación o demoras en “UVIS”, Unidad Vivienda.

En 2021 el dólar oficial cotizaba a 224 y el blue a 442. De cuánto hablábamos cuando se hizo el cálculo por la construcción total sin movimiento de suelos: U$S 1.720.973 más los U$S 13.727.

En 2022 los postulantes que cumplían los requisitos se inscribieron, en 2023 fueron sorteados para ingresar a sus casas en el mes de junio, después en octubre, después en diciembre cuando anunciaron que “está terminada en un 96 %, y por último, y como para que la verdad nunca se sepa, ocuparon el último día de carnaval de 2024 cuando el secretario de Gobierno y el personal de la empresa les dijeron “pasen si quieren". 

Para bien o para mal, la demanda de Arcor contra el municipio logró disfrazar los problemas y así mantener entretenidos a los preadjudicatarios en reuniones donde les prometían que iban a “luchar contra la colosal multinacional”.

Durante todo ese tiempo Alfa tapaba baches, arreglaba monumentos, colocaba adoquines, llegaba a La Tosquera con promesas de otros fondos, buscaba las 80 casas de Santa Lucía y se preparaba para la inauguración de una primera casa en Nuestro Sueño con festejo y todo. 

Es más, mostraba fotos donde el termotanque solar se lucía sobre los techos que finalmente se hicieron de material y se llueven.

*14-06-2023: Agua y cloacas. Con Fondos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires llegó la salvación. Decreto 833. Expte. 4107-00370/23 con una adjudicación directa que por casualidad quedó en manos de Alfa ya que siempre debían llamar a “muchas cooperativas”, los bonaerenses ayudaron. 

Ya el dólar cotizaba diferente pero cuando los vecinos entraron no había planos de cañerías y el agua brillaba por su ausencia. ¿Quién la conectó? La Municipalidad de San Pedro, que era la que no debía distraer ni un peso de los enviados por el Gobierno Provincial, $ 34.126.689 

Además de las 84 Viviendas, en los últimos años fueron adjudicatarios de otras obras, todas trascendentes por su volumen: 89 Viviendas de “Nuestro Sueño”, la remodelación de la Plaza Constitución, la reparación del Centro Educativo Complementario 801, el Jardín de Infantes -con su playón deportivo- de Banfield, el Nuevo Centro Verde de Reciclado de La Tosquera, la reparación del Tanque Copa de agua, el edificio de la Policía Comunal, la refacción del Departamento Canino, las reformas en el Estadio Municipal, la prolongación de la avenida 11 de Septiembre, con su pavimento articulado que se inserta en la Nueva Terminal.

No es poco. Lo sorpresivo es que ninguna empresa se haya interesado, participado y sido adjudicada con algunos de estos trabajos. Todos los caminos siempre condujeron hacia Alfa, Fecoovima o la desconocida “8 de Septiembre”, con domicilio en Villa Constitución, que tienen denominadores comunes: los apellidos Veneziano, Nizuno y Mansilla.

El 13 de febrero del año pasado, tras una reunión en el predio con el secretario de Gobierno, los preadjudicatarios de las 84 viviendas del barrio Villa Depietri decidieron ocupar las casas a pesar de que todavía no estaban terminadas.

Las versiones sobre riesgos de usurpación provocaron temor en las familias que fueron sorteadas en el club  Independencia. Como el Gobierno les había asignado a cada una la unidad habitacional que le tocaba y hasta les había entregado una llave, decidieron ocuparlas.

Fue, primero, para protegerlas. Luego, en medio de la polémica y con la causa iniciada por Arcor que dejó sin efecto los resultados del sorteo, decidieron quedarse. Muchos esperaban que a fin de 2023 se las entregaran, pero los plazos se demoraban.

La causa que inició Arcor también forma parte de esas demoras, puesto que paralizó todas las gestiones que pudiera hacer la Municipalidad desde el punto de vista administrativo para el proceso de adjudicación.

Pero también, y sobre todo, la desaparición de la empresa cooperativa Grupo Alfa: la constructora se fue sin terminar las viviendas, alegando falta de pago y reclamando redeterminación de precios.

La obra, financiada por el Gobierno nacional, quedó paralizada en términos presupuestarios cuando asumió Milei y se paralizó toda la obra pública. La certificación es materia de debate.

Cuando les entregaron las llaves y las familias ocuparon las casas que el mapa y la documentación municipal indicaba que les tocaba, no tenían aberturas ni sanitarios. Tampoco agua. Mucho menos electricidad, servicio que hoy tienen pero de manera clandestina.

A un año, la situación de las familias en términos formales no cambió. En el Juzgado Contencioso Administrativo, la causa no se mueve desde octubre. En el Gobierno nacional no hay señales de reactivación de la obra. La empresa no apareció más y el Municipio no tiene respuestas para dar.

Mientras tanto, los preadjudicatarios que residen en las viviendas las mejoraron. Incluso algunos están en obra para ampliar su casa. En la Justicia penal, Fiscalía desestimó acusarlos de "usurpadores", aunque tiene un expediente abierto.

Son 84 familias. 84 sueños que aquel 24 de febrero de 2023 cristalizaron en la alegría de los que salieron sorteados y que se fueron transformando en pesadillas a medida que pasaban los meses.

El 13 de febrero de 2024, los preadjudicatarios se cansaron y ocuparon las viviendas. Arcor demandó a la Municipalidad porque considera que no debería haber sorteado las casas sin haber tenido en cuenta el cargo con el que esos terrenos fueron donados en su oportunidad.

La posición del Gobierno es que los 84 sorteados son los legítimos adjudicatarios y que pase lo que pase en la causa, ellos seguirán en las viviendas. En el peor de los casos, el pueblo de San Pedro deberá pagar a la empresa multinacional el valor del terreno que disponga la Justicia, si es que le da la razón.

Mientras tanto, en el barrio pasó de todo: ventas, préstamos a cambio de materiales, alquileres, permutas, intentos de usurpación, renuncia a los derechos del sorteo y una empresa que a pesar de haber cobrado por el 96 por ciento de la obra certificada no pudo demostrar un avance tan significativo.

Andrea es una de las personas que aún mantiene la ilusión de llegar a la casa propia, aquella que jamás imaginó que se le presentaría ante los diversos factores que padecen muchos: las escasas oportunidades de convertir un sueño en realidad.

Está cerca de lograrlo si se respeta el listado. La de ella es una historia más dentro del plan de 84 Viviendas, las que a medio construir quedaron abandonadas hace dos años en los terrenos que Arcor cedió al Municipio, con la finalidad de emplazar un complejo destinado a gente que residía en las barrancas del Bajo Cementerio y el Bajo Puerto.

De la totalidad de las unidades, ocho estaban destinadas a discapacitados. “Yo quedé en la lista de espera, porque tengo una hija con invalidez. Las restantes 76 serían destinadas a gente que alquilaba”, comenzó contando Andrea en Sin Galera.

La construcción comenzó, pero jamás concluyó. En el medio surgió un conflicto con Arcor -ahora judicializado- y otro con la constructora Alfa, una de las pertenecientes a un grupo de empresarios quilmeños que, bajo la denominación de cooperativa de trabajo, cobraron certificaciones por trabajos que nunca concretaron.

El barrio quedó abandonado y no hay luz, agua ni cloacas. La mayor parte de adjudicatarios tomaro las viviendas que ya estaban sorteadas a su nombre. “La gente se metió porque decía que iban a usurpar. Además, dejaron de alquilar. Entonces las ocuparon como estaban, sin terminar”. 

En su caso, al no ocuparse las ocho para discapacitados, porque algunos no las quisieron y otros las vendieron, comenzó a preguntar cuál era la situación. Desde entonces inició la recorrida por Desarrollo Humano, Secretaría de Gobierno y hasta en el mismo barrio.

Para ella la necesidad no se discute: “Yo alquilo, vivo sola con mi hija, trabajo por hora, tengo una operación de columna con prótesis por lo que mi trabajo es limitado, pero debo trabajar, no me queda otra. Y el padre de mi hija, que era el que me ayudaba, quedó ciego”. Pero esto no es todo: “Ahora a mi hija le surgió un tumor en el ovario que debe ser extirpado”.

A Andrea le pasan cosas, las mismas que la llevaron a la desesperación por hablar y saber qué posibilidades tiene de acceder a una vivienda.

Por el momento, no obtuvo la respuesta deseada, pese a que le ofrecieron una ayuda para pagar el alquiler. “Muchas han cambiado de dueño o han sido ocupadas por otras personas. Muchas han sido usurpadas y no te puedo decir si quedaron en manos de gente que estaba en la lista de espera”, indicó.

También se enteró que a la ley la ponen los vecinos, “si aceptan que vos estés ahí. Tenés que ir a las casas de discapacidad y hablar para que te den una. Hay un grupo de WhatsApp que cuida del barrio, que no quieren que llegue gente de otros lugares que no sean los que están sorteados”.

Pese a todo, y a dos años de la deserción de la constructora, Andrea no pierde la esperanza de alcanzar su objetivo. “Entiendo la condición por el momento que todos pasamos. Pero es necesario que controlen el tema y llamen a la gente que está en la lista de espera, evitando conflictos con quienes están en el barrio. Porque con ellos debemos convivir en el futuro”. 

A casi siete meses de la llegada de decenas de familias al barrio de las 84 Viviendas, el panorama de las propiedades ocupadas se hace complejo. Hubo ventas ocultas, préstamos a cambio de materiales de obra, modestos alquileres y algunas permutas.

Hay un sólo caso de un discapacitado que fue invitado a renunciar a sus derechos, otra casa que nunca fue ocupada porque su preadjudicataria está en un hogar de cuidados y luego más de una decena cuya situación se hace compleja a la luz de la resolución que algún día debería terminar en la entrega de escrituras.

La empresa constructora cobró un 96% de certificación de avance de obras de acuerdo al presupuesto y el gobierno le abrió las puertas a las familias que en febrero de 2024 vieron la realidad en la que les entregaban las unidades habitacionales. No hay reclamos ni investigación y las amenazas de litigios se fueron diluyendo.

Los que lograron afincarse de manera definitiva esperan acceder a su legítimo derecho de ser titulares de un medidor de luz, contar con calles internas transitables, desagües cloacales y otros servicios esenciales como el gas.

Los que vendieron o permutaron por otros bienes, se dividen entre los que esperan armar un hogar y los que esperan pacientemente que con el paso del tiempo suceda lo mismo que ocurrió en otros barrios, incluídos los que fueron usurpados y lograron escrituras sociales a nombre de los actuales ocupantes.

Durante la primer semana de septiembre llegaron caras nuevas. Dos viviendas, tienen nuevos ocupantes y una tercera que corresponde a una persona discapacitada fue “alquilada”. 

También hubo devoluciones al municipio y re adjudicaciones. Al menos hay un caso en que la casa de una docente fue a parar a manos de otra que estaba en la lista de suplentes.

Respecto al reclamo interpuesto por la asesora legal de Coopser y concejal en ejercicio Paola Basso ante la justicia no hay más novedades que una rotunda negativa de la Jueza Fulghieri a tomar intervención en una obligación que le compete a la distribuidora de energía que considera robo de energía a la peligrosa red de conexiones que abastecen a 84 casas desde un medidor de obra.

La propiedad de los terrenos sigue en disputa entre Arcor y la Municipalidad de San Pedro que en todo caso deberá resarcirlos si se les otorga la razón respecto al cumplimiento del destino por el que esas manzanas fueron cedidas. 

Una síntesis de una estafa a la ciudadanía con 84 grupos familiares que fueron condenados a vivir como rehenes de un problema que jamás buscaron. El día en que por sorteo les anunciaron que serían propietarios de viviendas sociales que podían pagar en cuotas, creyeron que el sueño de la casa propia era posible.

La cooperativa eléctrica Coopser pidió a la Justicia que intervenga por la situación de los residentes de las 84 viviendas cuya construcción quedó sin terminar en Villa Depietri por las conexiones clandestinas de luz.

Con la firma de la abogada Paola Basso, que además de representante legal de Coopser es concejala presidente del bloque de la UCR, la cooperativa fue al Juzgado Contencioso Administrativo, donde tramita la causa que tiene enfrentados a Arcor y a la Municipalidad por los terrenos.

La jueza Isabel Fulgheri rechazó el pedido de Basso y Coopser, porque lo planteado no es de su competencia. Pero la situación implica que la cooperativa denuncie a los residentes de las 84 viviendas porque están incurriendo en el delito de hurto de energía eléctrica.

En la presentación que hizo Basso en nombre de Coopser ante Fulghieri, señaló que la obra para abastecer de energía a ese barrio "no fue abonada", por lo que "las líneas no están preparadas" para darles luz.

En ese sentido, la cooperativa advirtió que las conexiones clandestinas "ponen en riesgo no solo la seguridad de las personas y cosas existentes en el lugar, sino que implican un hurto de energía de magnitud considerable".

Coopser le explicó a Fulgheri que "es fundamental" ejecutar la obra de infraestructura para llevar la energía eléctrica al barrio y evitar la sobrecarga sobre las instalaciones existentes, por el riesgo que ello implica.

"Se requiere la instalación de un transformador y línea de media tensión, cuyo costo, por su envergadura, no puede ser afrontado por la cooperativa y, de acuerdo a la normativa vigente, están a cargo del solicitante", señalaron en la presentación judicial.

Coopser quería que Fulgheri pusiera en conocimiento de la situación a Arcor y a la Municipalidad para que se lleven adelante las gestiones para la obra, que además alguien debería pagar.

La cooperativa indicó que es necesario que avancen los trámites de subdivisión del predio para que se concrete la apertura de calles, de manera tal que el personal pueda desarrollar las conexiones domiciliarias, cuando corresponda.

Como esa presentación se hizo en el marco de la medida cautelar vigente que anuló el sorteo que benefició a las familias que residen en el barrio con autorización de la Municipalidad, Fulgheri  la rechazó por cuestiones de competencia, es decir porque no corresponde a su Juzgado intervenir en ello.

Desde que la empresa cooperativa ALFA desapareció de las obras que tenía a su cargo y por las que cobró dinero que se pagó a través del municipio procedente del gobierno nacional y provincial, hubo pocas novedades y ninguna demanda o denuncia judicial.

La semana pasada, preadjudicatarios de las 84 viviendas fueron citados a un obrador ubicado en Boulevard Moreno y Mateo Sbert para llevar mesadas, pintura y en algunos casos revestimiento de PVC que les fueron entregados por personas a las que ya conocían del obrador de Depietri.

Sin certificación ni probable destino, los materiales aparecieron para calmar los reclamos de los vecinos que tienen sus casas más atrasadas. Ese mismo día, se constató que la obra de construcción de 55 casas de material anunciadas antes de las elecciones por la Federación de Cooperativas de Viviendas La Matanza sobre terrenos que ofrecía en cuotas a trabajadores registrados, retomaba la tarea. El sistema es similar al de otro barrio que espera y en el que también los socios tuvieron que pagar unos tres mil dólares para ingresar a la Cooperativa Nuestro Sueño.

En realidad las viviendas anunciadas para esa etapa eran 96 de las 214 que anunciaban en la folletería con planos y proyectos que entregaban a los interesados en comprar los terrenos.

Ese proyecto inmobiliario de FECOVIMA que fue anunciado junto al Municipio tiene su sede en La Matanza, donde también hay vínculos con la obra pública que se ejecuta en territorio bonaerense con esta controvertida modalidad. De hecho, antes de comenzar necesitaban tener incorporados todos los servicios que prometieron a los compradores que debían ser trabajadores registrados sin vivienda propia. De allí su denominación inicial: Barrio Los Trabajadores.

Por primera vez desde que asumió, el arquitecto Mariano Brañas respondió a una consulta de La Opinión, respecto a este tipo de emprendimientos que tiene a su cargo fiscalizar y certificar para que se puedan acreditar los fondos aunque su firma, por ahora, no apareció en ninguno de los expedientes anteriores.

El viernes por la tarde, el funcionario informó que “a obra en cuestión es de un privado que, en convenio con la Provincia, ha presentado al Instituto de la Vivienda la documentación necesaria para su ejecución, incluyendo planos de ubicación, plancheta catastral ARBA, anteproyecto de mensura y subdivisión, proyecto hidráulico, certificados de no inundabilidad y ambientales, entre otros”. Es decir que pese a contar con el acuerdo en provincia ha podido avanzar sin la aprobación definitiva para subdividir y escriturar luego a nombre de los propietarios y sin las obras de infraestructura para servicios esenciales como el agua, las cloacas y las alturas de terrenos.

Lo más importante del informe de Brañas pasa por el rol que le compete al municipio. En ese sentido dijo:  “no cuenta aún con el expediente municipal, por lo que se ha notificado al privado para la presentación de la documentación requerida y se ha informado a la Provincia sobre esta situación”, algo que normalmente implica labrar un acta y dar parte al Juzgado de Faltas tal como se procede con cualquier obra en construcción no autorizada.

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No hace falta volver a listar las obras, los decretos y las certificaciones que beneficiaron a ALFA, 8 de Diciembre y APCO, los tres nombres con los que operan un grupo de empresarios quilmeños que bajo la denominación de cooperativa de trabajo, lograron eludir todo tipo de acción judicial y control por parte de quienes deberían defender la administración de recursos públicos.

Es “llamativo” que nadie publique qué sucede con los terrenos de Nuestro Sueño, el tanque copa, las 84 viviendas, las falencias en el adoquinado de 11 de Septiembre y la infinidad de tareas que había que terminar en el barrio La Tosquera. Desde la gestión de Cecilio Salazar el silencio es asombroso. Están más preocupados por ayudar a quienes estafaron a los argentinos que por reclamar por lo que firmaron. 

Los vecinos sampedrinos tampoco hablan. No quieren pagar las consecuencias de relatar lo que se les dice en grupos privados y públicos porque muchos creen que esa pequeña ventaja que pueden obtener los mantiene “al calor del amo”. Efectivamente, es tal la relación que han trabado que hasta “estar colgado de la luz” es bien visto por todos. 

El martes comenzó otro capítulo perverso para quienes ilusionados con sus casas y el sorteo que los liberó de pagar un alquiler, ven de qué modo se los va llamando para repartir elementos que figuraban como existentes en las certificaciones y que ahora servirán para culpar a los beneficiarios del desmadre que se produjo cuando se abrireron las puertas para que cada familia ocupe su casa.

Martes y miércoles, de 13 a 17 y con transporte a pagar por cada vecino se entregaron en Mateo Sbert y Boulevard Moreno nuevose elementos. Algunos estaban contentos porque tienen “línea directa con la municipalidad”; es decir, creen ser privilegiados y no cómplices. Es más, en algunos casos recibieron revestimientos de PVC para el baño o pintura.

Respecto de la causa que ahora tramita en la fiscalía de Baradero no hay novedades que indiquen avances. Tras la feria judicial habrá que verificar si además de la denuncia contra funcionarios se adoptan medidas preventivas para secuestrar documentación que pueda ser importante para resguardar a los vecinos que ingresaron al barrio y mejoraron sus casas. 

Hay otra noticia que este medio pudo confirmar: ya hay casas reasignadas a suplentes porque sus preadjudicatarios titulares desistieron y firmaron su renuncia al plan. Pasaron cinco meses desde aquel día en el que se selló la suerte de estas familias que hoy están divididas y enfrentadas porque a los “que le tocaron las casas más terminadas” se los ve como privilegiados y a los que “no tenían nada” como los que tapan todo para proteger a los estafadores que los ilusionaron. Olvidaron su derecho a reclamar por las casas terminadas, los servicios instalados y la construcción deficiente.

El Gobierno municipal deberá, a través de la Dirección de Asesoría Letrada, responder la ampliación de demanda que hizo la empresa Arcor en el marco del litigio por los terrenos donde se construyeron las 84 viviendas de Villa Depietri, hoy ocupadas por las familias preadjudicatarias por iniciativa de la propia Comuna.

Así lo dispuso la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Isabel Fulgheri, quien corrió traslado de la demanda al intendente municipal Cecilio Salazar para que dentro de un plazo de 45 días —desde el 24 de junio— conteste la acción interpuesta por la empresa.

Tras obtener la medida cautelar que declaró nulo el sorteo, Arcor se presentó para reclamar al Gobierno que cumpla con el cargo de la ordenanza que dice que esos terrenos fueron donados para la relocalización de vecinos del Bajo Puerto que ocupan terrenos propiedad de la empresa, que el Municipio asegura ya cumplió.

Además, Arcor pide que en caso de que la Municipalidad no pueda cumplir con el cargo, "se ordene la revocación de la donación" y se le restituyan los terrenos, desalojo mediante, o bien se le pague por el predio a su valor de mercado.

Las 84 viviendas —no todas, por cierto— están ocupadas por las familias que resultaron preadjudicatarias en el sorteo del 24 de febrero del año pasado que tuvo lugar en el club Independencia. Ingresaron a las unidades habitacionales el 13 de febrero, tras una reunión con funcionarios municipales.

Aunque el fallo indicaba que no podía seguir los pasos administrativos derivados del sorteo, el Gobierno hizo caso omiso y no sólo avanzó sino que además le entregó a cada uno de los preadjudicatarios una llave —en muchos casos simbólica, porque no abría la puerta pero se podía entrar por las aberturas sin ventanas— y los impulsó a ocuparlas para evitar usurpaciones.

Tras ello, la empresa se presentó en la Justicia penal para denunciar la comisión de una serie de delitos de acción pública por parte del Gobierno municipal, con el intendente y los funcionarios actuantes a la cabeza, como presuntos autores de acciones delictivas.

Las semanas pasan y se cumplen cuatro meses desde el día en que los preadjudicatarios de las 84 Viviendas ingresaron a las casas de las que ya tenían las llaves que les entregó el municipio.

La Opinión ha estado en el barrio desde que comenzaron las máquinas a preparar el suelo y vuelve desde que la empresa ALFA se fue del obrador con los certificados y los pagos de una obra que no terminó.

Las historias de cada vecino difieren según la ubicación que les haya tocado en suerte y sus posibilidades también. Sólo los iguala la estafa de la que fueron víctimas y las mentiras que hasta el día de hoy soportan a cambio de recibir algún elemento que necesitan. También los iguala su condición ante el suministro eléctrico, porque a ninguno le han habilitado un medidor.

Valeria tiene un termo bajo el brazo y un mate. Es una mañana fría y una decena de vecinos se han reunido en el obrador para saber si habrá nuevas entregas. Dentro de su casa hay una hornalla prendida y un amigo que emparcha las grietas que quedaron entre los marcos de las puertas. El jardín ya está delimitado, un alambre y un árbol.

“Mi abuela me protege”, dice la mujer que esparció las cenizas en el lugar donde luego planto un árbol. La cocina y el baño no tienen nada instalado, el techo se llueve y las cañerías de luz penden de un milagro.

“No puedo entrar ni con la moto”, relata cuando se le pregunta por qué no vive allí. Tiene contrato hasta julio y ese día no hay opciones: se tiene que mudar.

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Un hombre con antecedentes fue retenido por vecinos hasta la llegada del personal policial este martes al atardecer en la zona de Alvear al 800. Había intentado robar la cartera a una señora.En cucit al 900 la policía realizó un allanamiento y trasladó a un joven de 24 años con antecedentes. Secuestró en su domicilio una réplica de arma de fuego, indumentaria policial y otros elementos. La causa inicial se relaciona con el robo en las puertas de una vivienda donde las imágenes de cámaras de seguridad domiciliarias registraron el momento y aportaron para determinar la identidad del delincuente.En Sarmiento 2300 la policía detuvo a un joven que había sustraído dos envases de jabón líquido para la ropa de un supermercado.En la dependencia policial se recibieron dos denuncias de intento de estafa.

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El jueves 24 de mayo, un grupo de vecinos se reunió en el obrador de las 84 viviendas. El día anterior se había conocido la noticia que dejó a David Castañares fuera de la casa que le correspondía en el barrio. Era una de las que habían sido destinadas a discapacitados y la sola presencia de un nuevo ocupante causó indignación entre los que resisten a la espera de una solución.

Hay casas que ya están habitadas, otras que están al cuidado de terceras personas y el resto, en riesgo porque por algún motivo nadie se ha acercado a conocer su estado. El temor mayor es que no se respete el listado de suplentes sorteados.

Esa mañana, Adriana invitó a la periodista a recorrer la que será su vivienda si es que algún día logra terminarla. Pidió un picaporte prestado porque “siempre lo lleva en la cartera" y esta vez no lo tenía. 

Abrió la puerta con la llave que le entregaron en diciembre de 2023 y luego comenzó a mostrar todo lo que le falta. A ella no le pusieron la mesada, las aberturas y tantos otros materiales que las unidades más avanzadas ya tienen colocadas. Por número y ubicación está entre el grupo de las “inhabitables”. 

Su experiencia hasta el momento ha sido un rosario de mentiras. Tuvo que pagar por tareas que ya estaban concluidas, certificadas y abonadas a la empresa ALFA.  No sólo eso: como todos guardó mucho tiempo de silencio por temor a que “no le den más nada”. 

Las reuniones en el barrio sufren del mismo síndrome: la división y el enfrentamiento que se generó entre aquel grupo que celebró y aplaudió porque por primera vez la adjudicación y la oportunidad llegaba con inscripción previa y sorteo. 

[...] el problema principal del esclavo no son en sí mismas las distintas calamidades que tiene que soportar día tras día por su condición de esclavo (...) sino que es, más bien, la matriz de pensamiento que no le permite cuestionar su esclavitud. [...]

El síndrome del esclavo satisfecho no es un término recogido por el DSM (Diagnostic and Statistical Manual) ni por ningún otro manual de diagnóstico psiquiátrico pero bien puede formar parte de las actitudes “de manual" de la construcción del poder en Argentina. Nada peor que un ser humano resignado a depender de la voluntad ajena, a su creencia de sumisión y a la constante reverencia agradecida.

Es sólo una introducción para el nuevo capítulo que el miércoles escribieron los dueños del futuro de las 84 familias sorteadas para habitar una vivienda en el Barrio Depietri. 

Un funcionario de gobierno, confirmó a una de sus referentes e informantes en el barrio sobre la llegada a las 10 de la mañana de materiales para terminar las casas y que podían demorarse “porque no tienen todo ahí y tienen que pasar por otro depósito”. 

Así es la comunicación entre vecinos, informal, sin dejar más huellas que las necesarias y con el propósito de que se vea que elementos que ya deberían estar colocados por la empresa constructora llegaron a manos de los preadjudicatarios. 

“Si falta algo es problema de cada familia”, es la respuesta que se prepara para la batalla legal que se librará a futuro y que irá en detrimento de quienes esperan cada día que mágicamente llegue una solución. 

Hay vecinos que vendieron todo lo que tenían y ya están viviendo con sus familias en el lugar, otros que sólo tiene lo que cobran por día y no llegan y una buena porción que ha puesto al cuidado de terceros la construcción que tienen destinada.

¿Qué entregaron?: caño y codo para la futura instalación del pilar de la luz (hoy todo el barrio está enganchado de manera ilegal y peligrosa), un kit de baño con porta rollo de papel higiénico, jabonera y toallero más un balde de pintura. 

Para quien no tiene nada es mucho, para el que tuvo suerte no significa nada y con eso ya es un barrio que nació dividido. Basta observar las diferencias para entender la crueldad con la que se ha dinamitado la conviviencia y el espíritu de luchar en común por un objetivo compartido.

La Justicia nada dice porque debe acompañar los tiempos de la política, demorar resoluciones antipáticas y mantener la incertidumbre sobre la legalidad de todos los actos. 

En síntesis: sentar todos los precedentes para que los ocupantes no sean usurpadores pero tampoco legítimos dueños de la casa por la que están dispuestos a pagar una cuota porque hasta febrero muchos pagaban alquiler o vivían en casas de familia.

Entre camión y camión se naturaliza la situación y ya no hay quien comprenda que el preadjudicatario que no ocupó su casa tiene tanto o más derechos que quien decidió instalarse. 

Le pasó a David Castañares, el discapacitado que recibió una vivienda; la entregó a cambio de materiales y un rodado para devolverla en menos de 72 horas tras firmar un acta en la que renuncia a su derecho sin necesidad de hacerlo. 

Ya no es querido en el barrio, no le perdonan esa conducta y por más que la ley esté de su lado, cree que no tiene autoridad para exigir a la empresa que cumpla con las condiciones, termine la construcción y le entregue la casa equipada para personas con movilidad reducida.

A más de cinco meses de haber recibido la llave de manos de las autoridades municipales, este preadjudicatario sorteado con una de las 84 casas que debía construir y entregar terminadas la empresa cooperativa ALFA, abandonó el lugar.

“Fue hace varias semanas, había dejado a mi primo para que la cuide y le tenía que pagar”, dijo Castañares el miércoles por la noche a La Opinión. La noticia de la venta de su casa y de al menos otras dos, complica seriamente la situación que se vive en el barrio.

Hay unidades habitacionales al cuidado de terceras personas, otras tapiadas para no ser usurpadas y unas cuantas que están habitadas por los preadjudicatarios que han podido mejorarlas como para mudarse de manera definitiva. No hay conexiones de luz y cloacas y agua fueron instaladas por los propios vecinos. 

"Quería hacerme algo para estar cerca de quienes me pueden ayudar. Pero, nada, nada. Después que le di la nota a ustedes me llamaron y me dijeron: ‘la vamos a hacer habitable. Te vamos a dar una mano"’, todo porque ustedes fueron a mi casa", señaló David y agregó: no aparecieron más pero no fue solamente conmigo; con todo el mundo hicieron lo mismo. Lo diferente es que yo no me puedo quedar ahí. Pero se robaron todo y no hay nada". 

Como se sabe, Castañares se desplaza en silla de ruedas y necesitaba de asistencia permanente. Reconoce que todo lo que le fueron entregando está instalado en la casa y que tras recibir la advertencia del municipio resolvió hablar con el matrimonio que hoy ocupa la casa N° 8 para restituirles lo que le entregaron en el trato que sellaron y pedirles la llave.

Cuenta que ese acuerdo se concretó hace pocos días y que “es triste y es feo porque yo pasé muchas cosas; hambre, frío, los problemas de la luz”, además sufrió una infección en un pie. “No puedo lavarme con una jarra. Hace 23 años que me accidenté y ya no tengo ganas de lavarme con una jarra. Estuve tres meses así”.

“Yo la llave se la quiero entregar al intendente en mano. Así como nos llamaron el 31 de diciembre para darme la llave, para incentivar a que nosotros ocupáramos la casa -porque ellos lo incentivaron- una casa que no tenía aberturas”, relató Castañares a La Opinión en coincidencia con varios de los damnificados. 

En otro tramo de la entrevista aclara: “no es que la vendí por una cuestión de negocio. No, no, no”. Advirtió que estaba en negociaciones con la pareja que ahora habita su vivienda para poder restituirla y en todo caso darle paso a quien esté en el primer lugar de los suplentes. 

“Se la quiero dar a la llave en mano a Salazar y no se la quiero dar a Baraybar que no contesta el teléfono hace dos meses. Se la quiero dar al señor Salazar en mano”, repitió David.

También admitié que se han cerrado varios tratos como el suyo. Algunos a cambio de dinero, otros de vehículos pero que observaba que gente que no era preadjudicataria se iba acomodando en distintos lugares. 

Durante el atardecer del miércoles, el matrimonio que ocupaba la vivienda de Castañares cargó sus cosas y dejó el lugar con rumbo incierto.

Hay expectativa por la conducta de quienes están viviendo en la casa que fue preadjudicada a David Castañares, uno de los sorteados dentro del grupo que presentó certificado de discapacidad.

La vivienda que no está adaptada para personas con movilidad reducida es la que esta´en el extremo de cale 58 y Obligado, la N° 8 de acuerdo al plano que muestra los apellidos de los sorteados. Resitió tres meses, hizo todas las gestiones pero no pudo continuar en el lugar.

Desde hace varios dias se habían observado movimientos y una camioneta que estaciona en ese lugar. Ahí, donde también se había levantado un tapial que en distintas ocasiones La Opinión pudo fotografiar a modo de poder documentar todo aquello que se ocultó cuando la Cooperativa ALFA y el gobierno municipal habilitaron la ocupación pacífica del barrio que se construía con fondos del estado nacional, durante la tarde del último día de carnaval 2024.

“Hay mucha gente con chicos acá y no queremos que lleguen más problemas, ya demasiado pasamos como para que venga gente que no es sorteada a generar problemas en un futuro por unaa casa que nunca puede ir a nombre de  ellos”, dijo la vecina que alertó a La Opinión sobre la situación.

Claramente se refería a un hombre que dijo ser oriundo de la provincia de Santa Fe y que había estado trabajando como albañil en “las 25 viviendas de Río Tala”, otra de las obras que quedó inconclusa y en la que las tareas estaban a cargo de gente que manejaban las cooperativas en las que participaba Fabián Veneziano. 

“Yo te aviso para que saquen la nota y la gente no sea tonta en comprar algo que no pueden tener porque estas casas no se pueden vender por que aun no las pagamos”, aclara una de las preadjudicatarias del barrio que también señala que hay otra casa que nunca se ocupó pero que ya fue vendida.

Hasta el momento no hay denuncia ni tampoco quien la formule. En términos legales es la empresa constructora la responsable del predio que le cedió la Municipalidad y que en la justicia reclama Arcor. Tampoco el gobierno puede intervenir oficialmente puesto que hacerlo implica volver a cometer otro delito similar al que ya pesa sobre varios funcionarios que son los que facilitaron la ocupación. Un verdadero dilema. La justicia había ordenado durante los primeros tiempos una consigna policial que por cierto hoy no existe y que sería imposible cumplir ya que hay escasos patrulleros y efectivos para poder permanecer en la zona.

Por último, cabe recordar que existen suplentes para todas las unidades habitacionales y que en caso que Castañares renuncie debe reemplazarlo uno de los que figuran en el listado del sorteo de preadjudicatarios.