El ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos "Carli" Bianco llegó este viernes por la mañana a San Pedro  para encabezar un acto oficial, en el día en el que Salazar lanza oficialmente el Movimiento Derecho al Futuro en San Pedro y antes de un plenario regional que tendrá lugar el sábado Ramallo.

Bianco ofreció una conferencia de prensa en el Palacio municipal, junto al intendente, y luego encabezó la entrega de 113 netbooks para estudiantes de Secundaria. 

En ese marco, además, firmó un convenio del programa Puentes para financiar mobiliario y equipamiento para el Polo Universitario de San Pedro (Pusap).

No participó de la actividad el director de Educación y coordinador del Pusap, Alan Ocampo, cuestionado en las últimas semanas tras ser denunciado por superposición horaria e incompatibilidades, quien reacomodó su situación de revista como docente, luego de cobrar durante dos años por tres cargos en el sistema educativo y uno en el Municipio.

Este viernes, el intendente Cecilio Salazar lanzaba oficialmente el Movimiento Derecho al Futuro San Pedro, el espacio político desde el que impulsará la candidatura presidencial del gobernador Axel Kicillof.

Durante la conferencia de prensa, Bianco señaló que hay "un común denominador" con los intendentes como Salazar en relación a la "crisis económica, productiva y social" que atraviesa el país, de la que responsabilizan al presidente, Javier Milei.

Destacó la "necesidad de que el Gobierno nacional se haga cargo de la obra pública y de sus responsabilidades, que abandonó completamente" y, en ese marco, aseguró que "el año que viene el pueblo tendrá la suficiente conciencia como para decir basta a quienes destruyen la producción y el salario".

Este sábado habrá en Ramallo un encuentro regional del Movimiento Derecho al Futuro, con dirigentes de toda la segunda sección electoral y la participación confirmada del intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios(FAM), Fernando Espinoza.

El Concejo Deliberante sesionó este jueves, después de mucho tiempo, con custodia policial en la puerta, dispuesta por orden del presidente del cuerpo, Martín Baraybar.

La medida de seguridad fue tomada a solicitud del concejal de Consolidación Argentina, Martín Rivas, quien había pedido acciones para prevenir hechos como los que le tocó protagonizar en la sesión pasada.

Rivas fue víctima de un intento de agresión por parte del sindicalista municipal Sergio "Gallina" Leiva, tras un intercambio verbal con el secretario general del STM, Juan Cruz "Mono" Acosta.

El edil había pedido "reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las condiciones institucionales que permitan el libre ejercicio de la función pública, resguardando la integridad de concejales, trabajadores, vecinos y de toda persona que participe de la actividad legislativa".

Por el caso, Rivas radicó una denuncia penal y la Justicia ordenó una prohibición de acercamiento para Leiva y Acosta en relación al concejal, que tiene vigencia por 30 días.

Este jueves, un efectivo de la Policía Bonaerense fue trasladado en un patrullero a la hora de la sesión para ubicarse en la entrada principal del Salón Dorado, dentro del Palacio municipal, y permaneció allí hasta que terminaron de tratarse los temas del orden del día.

Contratado bajo la modalidad PolAD (el sistema que la Policía Bonaerense tiene para la custodia de empresas u organismos públicos, con agentes de franco), el afectivo se retiró cuando lo pasó a buscar el mismo patrullero.

El presidente del Concejo, Martín Baraybar, informó a La Opinión que además evalúan la disposición de cámaras de videovigilancia en la zona del edificio municipal donde funciona el Concejo.

Las cámaras que hay en el ala del HCD, instaladas durante la gestión de Daniel Monfasani al frente del cuerpo, no funcionan desde hace tiempo, por lo que buscarán reemplazarlas por un sistema más moderno.

Con la mira puesta en el armado político camino a las elecciones del año que viene en la provincia de Buenos Aires, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei mantuvo reuniones con los legisladores bonaerenses en Casa Rosada.

Fueron dos reuniones "muy largas" con diputados y senadores, por separado, según dijo el responsable del armado político de Milei en la provincia, Sebastián Pareja.

Del encuentro participó la diputada provincial sampedrina Analía Corvino, coordinadora política de La Libertad Avanza en la segunda sección electoral y electa legisladora por la región el año pasado.

Pareja dijo que Karina Milei se mostró "muy interesada en conocer la marcha legislativa y política" en la provincia de Buenos Aires. La hermana del presidente Javier Milei destacó la tareas de sus legisladores para impulsar la agenda del Gobierno nacional en territorio bonaerense, donde son oposición y minoría.

Milei tiene como objetivo la reelección y para ello busca ampliar su base electoral en la provincia de Buenos Aires, donde la alianza con sectores como el Pro, que tiene a Diego Santilli como punta de lanza, gana fuerza.

El objetivo es "ganar la provincia" y Pareja tiene aspiraciones de ser parte de la fórmula libertaria en territorio bonaerense para 2027.

La reforma electoral, la eliminación de las PASO y la posibilidad de rereelección para intendentes fue parte de los temas que se tocaron con Karina Milei en las reuniones.

Desde que fue designado funcionario del Gobierno de Cecilio Salazar, el director de Educación y Capacitación Alan Ocampo cobró dos sueldos: uno por tres cargos en el sistema educativo provincial y otro por su rol como integrante del gabinete municipal.

Durante al menos dos años percibió los haberes correspondientes a director de la Secundaria 8, secretario de la Secundaria 4 (Normal) y profesor de Matemáticas de dos cursos de la Secundaria 3 (Comercial), pagados por Provincia, junto con el del cargo político en la Municipalidad de San Pedro.

Cuando le liquidaron el aguinaldo en diciembre pasado, el Estado provincial desembolsó alrededor de 7,3 millones de pesos para pagarle. A la Municipalidad, en tanto, le costó tres millones y medio. Un total bruto de casi $ 11 millones.

Los cargos en las escuelas no los trabajaba porque estaban bajo "servicio provisorio de orden técnico" (spot), una modalidad prevista por el sistema cuando un docente es convocado por el Gobierno provincial para otras labores relacionadas con el Ministerio de Educación.

Así figuraba cuando en 2018, durante la gestión de María Eugenia Vidal en la Gobernación, lo designaron secretario coordinador de Políticas Socioeducativas. 

 Sus cargos docentes fueron cubiertos por suplentes, pero el "spot" implicaba que le pagaran el sueldo, puesto que tenía otras tareas relacionadas con el Ministerio de Educación provincial. 

En 2023, cuando Salazar asumió su tercer mandato en el Municipio y lo convocó para ser director municipal de Educación, mantuvo la misma modalidad y siguió cobrando de la misma manera. 

Si hubiera pedido licencia, mientras no estuviera en los cargos no solo  no hubiese cobrado sino que además tampoco se le hubiese computado la antigüedad para los fines jubilatorios, de lo que está cerca.

"Se podrán otorgar servicios provisorios por razones de orden técnico" (Spot), dice el Estatuto del Docente, "cuando sea necesario contar con personal especializado como auxiliar técnico en sede de la Dirección General de Escuelas y Cultura o en organismos de su dependencia".

La Municipalidad no es un organismo que dependa del Ministerio de Educación bonaerense y el pago de sueldos de dos niveles del Estado está prohibido, con excepción de personal de Salud y de Educación cuando no haya incompatibilidad horaria.

En su declaración jurada para el spot, Alan Ocampo asentó que afectaba cargos docentes que le ocupaban desde las 7.30 a las 12.00; de las 13.30 a las 18.00; y de 19.05 a 22.35, de lunes a viernes,  más las horas cátedra, que se le superponían con otro trabajo.

En la Municipalidad, el horario administrativo es de 8.00 a 14.00, aunque los funcionarios del gabinete no tienen horario ni fines de semana. El régimen laboral como director de Educación, según su designación oficial, es de 48 horas semanales.

Alan Ocampo fue denunciado en el sistema educativo por sus superiores inmediatos, que además radicaron una denuncia penal contra la máxima autoridad educativa local, la jefa distrital Lorena López, a quien acusan de "apañar" la situación.

En el sistema educativo deberán analizar si el servicio de orden técnico al que estaban afectados sus cargos docentes y por el que le pagaban sus sueldos no implican incompatibilidad con el salario como funcionario municipal.

En ese caso, la situación podría derivar en la devolución de los montos pagados por Provincia, lo que implicaría una suma millonaria, puesto que se trata de alrededor de dos años de sueldo de cargos jerárquicos.

Desde que el sábado La Opinión lo consultó para el informe que se difundió en Sin Galera y que derivó en la primera nota publicada el domingo por este medio, Ocampo no respondió.

El jueves el sistema educativo le informó a sus suplentes que retomaba sus tareas docentes. Para ello, y en procura de evitar la superposición horaria que genera incompatibilidad, renunció al cargo provisional de director de la Secundaria 8.

Para que los horarios encajen, en su nueva declaración jurada habría informado que a la Municipalidad entra a trabajar a las 6.00 de la mañana.

El intendente Cecilio Salazar encabezará este viernes a las 18.00 el lanzamiento oficial del Movimiento Derecho al Futuro San Pedro, el espacio que lidera el gobernador Axel Kicillof en el marco de sus aspiraciones presidenciales.

El acto será en el antiguo Centro Cosmopolita, ubicado en Ayacucho y Miguel Porta, donde tiene su sede desde que nació el partido Fe y donde ahora también nuclean sus actividades el PJ local y la agrupación Renacer Peronista.

Salazar coordina la mesa local Axel Presidente 2027, que ya mantuvo diversas reuniones bajo la órbita del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con dirigentes de vertientes del peronismo que forman parte de su equipo de gobierno.

En San Pedro hay otro espacio que también se denomina MDF, en el que confluyeron dirigentes como Juancho Correa, Mariano Veiga, Margarita Frisch, Valentín Mastrángelo, entre otros.

El mes pasado, ese espacio había lanzado un documeto titulado "El camino hoy es organizar la esperanza". El mismo sector expresó su oposición al proyecto del Gobierno local para la entrega de inmuebles como parte de pago de la deuda con Ashira. 

El Boletín Oficial de la Municipalidad de Campana tiene tres decretos de designación de empleados en ese distrito que son sampedrinos y que está vinculados directamente con Ariel Rey y su agrupación política, San Pedro Puede, ligada al Pro, partido al que pertenece el intendente Sebastián Abella.

Son Enzo Gravino, jefe de campaña y candidato de Rey; Andrés Ferrari, otro de sus principales asesores y también candidato en sus listas; y Leticia Noguera, esposa de Gravino.

Los tres aparecen en los decretos de Campana con la misma designación, en distintos momentos:  "Personal sin estabilidad, en el cargo de asesor técnico – clase III".

En el caso de Ferrari, su designación fue a través del decreto 866/25 del 17 de septiembre y se mantuvo hasta el 11 de febrero, cuando se firmó el decreto 124/26 con su renuncia.

Gravino fue nombrado vía decreto 274/26 con fecha del 7 de abril. Noguera, con fecha 10 de abril en el decreto 306/26.

Consultado por La Opinión, Gravino dijo que son "personal transitorio" de la Municipalidad de Campana porque brindan "asesoramiento" para pymes en esa ciudad.

"Hace un par de años que le prestamos un servicio que hicimos durante mucho tiempo de manera voluntaria, principalmente a cambio de experiencia en la administración pública", explicó Gravino.

Dijo que "a partir de este año, por cuestiones de gastos de movilidad y demás" aparecen como personal remunerado, pero que están "ayudando hace tiempo para asesorar emprendedores y pymes".

"Mi esposa es contadora y hace asesoramiento contable, comercial; y yo, por mi experiencia con Día, que es una empresa multinacional, tengo muchísimas capacitaciones encima, en desarrollo comercial y demás", detalló.

"El servicio que prestamos es para dar charlas con emprendedores y asesoramiento a nuevos emprendimientos y al desarrollo comercial de la ciudad, ese es el trabajo que hacemos y le prestamos a la localidad de Campana", agregó Gravino.

Andrés Ferari, por su parte, no respondió la consulta de La Opinión respecto su rol como personal en la Municipalidad de Campana.

La Justicia ordenó una prohibición de acercamiento para los sindicalistas Juan Cruz "Mono" Acosta y Sergio "Gallina" Leiva, denunciados por el concejal Martín Rivas tras el altercado que protagonizaron afuera de la Municipalidad cuando los trabajadores protestaban por el pago del aguinaldo y el edil ingresaba a sesión.

Rivas denunció haber sido "víctima de insultos, amenazas de muerte como de intentos de agresión física" y solicitó la perimetral como medida cautelar, que implica además la prohibición de contacto no personal, es decir telefónico, por redes sociales, etc.

Acosta y Leiva pueden concurrir a sus lugares de trabajo en la Municipalidad, pero deben cumplir la prohibición de acercarse a Rivas por 30 días, hasta el 8 de septiembre, según señala la resolución.

No pueden acercarse al domicilio, los lugares de trabajo donde cumpla sus funciones de concejal y los sitios de esparcimiento o concurrencia habitual de Rivas.

En un comunicado difundido para informar la novedad, Rivas repasó los hechos "de un conflicto" que "no surgió de un episodio aislado" y lo vinculó con sus diferencias con Ariel Rey, que empezaron cuando ambos fueron compañeros de lista en la elección de 2023, en la que el edil accedió a su banca como primero en la boleta del candidato a intendente y ahora también concejal.

En su comunicado, Rivas compartió fotos de Leiva como parte del espacio político de Ariel Rey y el saludo del edil con Acosta antes del altercado.

Para el concejal de Consolidación Argentina, esas fotos "no constituyen una prueba sobre responsabilidades", pero "forman parte del contexto político en el que ocurrieron los acontecimientos".

Una nueva polémica envuelve a funcionarios del Gobierno del gabinete de Cecilio Salazar, tras la designación de la hermana de la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, y los reclamos de la oposición por el combustible para ella y para el director de Centros de Salud, Pablo Vlaeminck.

El blanco ahora es Alan Ocampo, el director de Educación, a quien denunciaron en el sistema educativo por superposición horaria y por simultaneidad e incompatibilidad de cargos provinciales y municipales.

Además, la situación derivó en una denuncia penal contra la jefa distrital de Educación, Lorena López, a quien acusan de apañar las presuntas irregularidades de Ocampo y de hostigar a quienes, dentro del sistema educativo, pusieron en alerta sobre la situación.

El director de Educación, Alan Ocampo, no respondió las consultas de La Opinión, que le ofreció salir al aire en Sin Galera.

Ocampo ya había hecho algunas consultas dentro de Palacio por el tema. Incluso hasta habría deslizado en presencia de otros funcionarios y de personal municipal la posibilidad de que lo designen "ad honorem" en el Municipio.

Todo indica que esa preocupación estaría relacionada con la presunta incompatibilidad que ahora es materia de investigación y que implica el mantenimiento de sus cargos docentes pero para prestar otros servicios educativos en el Gobierno provincial, aunque su trabajo es en el Municipio, donde además cobra un sueldo.

Ocampo cobra como un sueldo bruto de alrededor de 3 millones de pesos como funcionario del gabinete desde que el 15 de diciembre de 2023 apareció el decreto que lo designó director de Educación y Capacitación, con retroactividad al 10, "con una carga horaria de 48 horas semanales y la remuneración establecida para el cargo, incluyendo las bonificaciones inherentes".

En los casi tres años que lleva como integrante del gabinete municipal y por los que aparece como asignado a "servicio provisorio de orden técnico" (spot), pero solicitado por la Subsecretaría de Educación, con arreglo a lo que establece la normativa.

“Cuando sea necesario contar con personal especializado como auxiliar técnico en sede de la Dirección General de Escuelas y Cultura o en organismos de su dependencia”, dice el inciso de la ley que citaron para el servicio provisorio de orden técnico.

El spot implica que el agente no entra de licencia en sus cargos docentes—en cuyo caso la docencia no computa los días sin trabajar para la antigüedad y la jubilación—, sino que no los ejerce porque tiene otras responsabilidades dentro del sistema educativo.

Era el caso cuando Alan Ocampo fue designado, en 2018, como coordinador regional de Políticas Socioeducativas, un cargo político provincial por el que tenía ese "spot" y percibía sus salarios docentes, pero desarrollaba las tareas de funcionario bonaerense.

Cuando pasó a ser funcionario municipal, mantuvo la misma modalidad, lo que provocó los planteos acerca de la presunta incompatibilidad, superposición horaria y de cargos.

La ley establece que no se pueden acumular cargos provinciales y municipales, con algunas excepciones, como la de los profesionales de la Salud y los docentes, siempre y cuando no haya superposición horaria.

El jueves por la tarde, los docentes que cubrían como suplentes las horas de Matemática que el funcionario municipal tenía a su cargo fueron informados acerca de su regreso a las aulas, lo que llamó la atención.

En la declaración jurada 2026 de Alan Ocampo ante la Dirección General de Cultura y Educación aparecen dos cargos directivos y dos como profesor de aula, todos bajo "servicio provisorio de orden técnico" (spot).

Son un cargo de secretario de la Secundaria 4 (Normal), en el que es titular pero estaba de licencia porque tenía otro cargo de mayor jerarquía, que es el de director de la Secundaria 8, con carácter provisional.

El de secretario es por cuatro horas, mientras que el de director es por ocho. Como se dijo, en el primero tenía licencia y en el segundo su horario era de lunes a viernes de 7.30 a 12.00 y de 19.05 a 22.35.

Además, tenía dos cursos de tres y cuatro horas de Matemática, respectivamente, como profesor en la Secundaria 3 (Comercial), en horario vespertino: de martes a viernes de 18.00 a 19.00, martes de 21.00 a 22.50 y jueves de 22.00 22.50. Nada decía su declaración jurada sobre su cargo municipal.

Su designación como director de Educación y Capacitación contempla un régimen laboral de 48 horas. 

La administración pública funciona de 8.00 a 14.00, pero los que tienen responsabilidades políticas saben que no tienen horario ni fines de semana y que la dedicación full time es un deber que adentro de los equipos de Gobierno suele ser parte del índice de continuidad de un funcionario.

El sueldo bruto de Alan Ocampo es, como se dijo, de alrededor de 3 millones de pesos, de acuerdo a la difusión que el Gobierno hace de esos datos en el marco de sus políticas de transparencia. 

Si evaluó la posibilidad de una designación ad honorem puede que el salario por sus cargos docentes sea mayor. Ahora, con su renuncia al cargo de director de escuela para evitar la incompatibilidad horaria, queda saber cómo cumplirá el resto de sus roles como secretario del Normal y como profesor en el Comercial.

En su nueva declaración jurada habría informado que en la Municipalidad cumple horario desde las 6.00 de la mañana. 

Hay quienes dicen que su continuidad como miembro del equipo de Gobierno se estima garantizada dentro del gabinete, puesto que es uno de los que mejor estrella tiene alrededor de Cecilio Salazar.

Otros consideran que al intendente no le hace nada bien sostener funcionarios señalados por este tipo de cosas y recuerdan que Ocampo “zafó del asunto de los pines con el nombre de Cecilio” repartidos en un acto de Promesa a la Bandera.

La inclusión de familiares en puestos de trabajo relacionados con el Municipio tampoco ayuda: una hija está en el CFL 401 y un hijo, que había entrado para el Centro de Monitoreo, ya es planta permanente y trabaja con él en Educación, donde seguramente necesitaba “alguien de confianza”. 

Como en cada caso, la decisión es del intendente. Después de todo, para elegir a sus delegados para la administración de los recursos de todos los sampedrinos el voto popular lo puso donde está.

La asunción de Juan Carlos Agüero como nuevo secretario de Seguridad del Municipio abrió un nuevo capítulo en la política de prevención del delito para el gobierno de Cecilio Salazar, con la segunda etapa que cumple en el cargo.

El arribo de Agüero generó repercusiones entre los lectores de las redes sociales de La Opinión & Sin Galera con mensajes de apoyo, mucha expectativa y también con reclamos de medidas concretas para afrontar la situación.

Una parte importante de los comentarios estuvo destinada a destacar la experiencia de Agüero y a expresar expectativas favorables sobre su gestión.

Este sábado, el secretario de Seguridad responderá preguntas de Lilí Berardi y consultas de la población en Sin Galera.

 “Mucha suerte Juan Carlos en su nueva gestión”, escribió Patricia, mientras que Margarita consideró que debería contar con apoyo porque “su capacidad es segura”.

En la misma línea, Antonio señaló: “Muchísima suerte. Usted sabe mucho de esto. San Pedro lo necesita. Éxitos en su nueva gestión”. Otros lectores, como Manuel, Américo y Sergio, también resaltaron sus conocimientos y trayectoria. No faltó el “cuidate las espaldas”, y el deseo de que “esto se encamine por el bien de todos los sampedrinos. Sé que con el tiempo lo lograrás”.

Entre los mensajes de apoyo apareció, sin embargo, un pedido recurrente: que lo dejen trabajar y que cuente con acompañamiento institucional. “Espero que puedas desempeñarte como lo sabes, que te dejen trabajar, y que seas acompañado y apoyado”, planteó Mabel.

Esa preocupación también se trasladó al rol de fiscales y jueces. María Angélica sostuvo que ahora “lo tienen que acompañar los fiscales y jueces”, mientras que otros lectores cuestionaron que las personas detenidas recuperan rápidamente la libertad.

La inseguridad cotidiana fue otro de los ejes centrales. Nancy pidió medidas que permitan a los vecinos “andar tranquilos en la calle” y descansar sin temor a sufrir robos en sus viviendas. Claudia también le deseó “suerte señor Agüero, esperamos de usted un buen trabajo”.

También hubo reclamos específicos. Uno de los comentarios planteó la necesidad de avanzar contra los puntos de venta de drogas y reclamó que los operativos no se concentren únicamente en delitos menores. 

Así lo planteó María: “Pasá una topadora por lo kioscos merqueros si querés hacer las cosas bien Agüero, no solamente agarren pibes que roban cajas de chocolate o una bolsa de limón o naranja. Les tiene que dar la sangre para sacar a los arruina pibes que venden droga. De ahí en adelante te voy a creer”.

Las motos y los controles de tránsito aparecieron entre las críticas. Diego ironizó con que las primeras tres medidas deberían ser “cazar motos”, y pidió que los controles terminen concentrándose en el centro y el Paseo Público.

En el otro extremo, algunos comentarios fueron directamente críticos con la designación. “Dejá de sacarte tantas fotos y ponete a laburar”, escribió Oscar, mientras que otros lectores expresaron dudas con frases como “¿Otra vez lo mismo?” y “Otra vez la chancha al maíz”.

Su vuelta encuentra una comunidad que, al menos en las redes, parece coincidir en una demanda contundente: que la gestión produzca resultados concretos frente a la inseguridad. Muchos lectores le reconocen su experiencia y con esta las expectativas sobre su accionar. Pero a su vez, es una exigencia a las respuestas que debe otorgar.

Este miércoles en el despacho del intendente del Palacio Municipal tuvo lugar la jura de los nuevos secretarios de Seguridad y Salud, tras la salida de Isabel Carrasco y Éduardo Álvarez. 

Tal y como manda la ley, Antonela Marino y Juan Carlos Agüero juraron frente al intendente Cecilio Salazar, en una ceremonia a la cual no invitaron a la prensa, decisión que es recurrente desde que asumió el jefe comunal.

Presentes estuvieron integrantes del equipo de gobierno, representantes de las fuerzas de seguridad y familiares.

Salazar brindó palabras alusivas y dijo: "Este es un lugar de mucha responsabilidad, si han aceptado es porque están dispuestos a asumirla". 

"El pueblo de San Pedro necesita que lo escuchemos, que estemos cerca, y eso se logra a través de las distintas áreas y, fundamentalmente, de estas dos, que son tan sensibles", remarcó.

A su vez, agradeció a los nuevos secretarios por haber aceptado en "momentos tan complejos" que atraviesa el país a nivel general.  

"Lo que está pasando en el país es una cosa increíble, impensable; vemos cómo mucha gente la está pasando muy mal y el principal responsable es el Gobierno Nacional", cerró el jefe comunal.

Por su parte, la joven médica, que estará a cargo del área de Salud expresó que buscará que "cada vecino de San Pedro esté acompañado y cuidado".

"El sistema de salud creo que es el mejor legado que le puedo dejar a una ciudad que quiero tanto y de la que formo parte", detalló Marino.  

Por su parte, el nuevo secretario de Seguridad. Juan Carlos Agüero, quien ya comenzó a implementar medidas, agradeció la confianza.

"Mi compromiso ya lo saben, mi impronta y mi forma de trabajo; todo el partido de San Pedro sabe que voy a estar a disposición. La verdad estoy emocionado, es una tarea muy dura, pero vamos a dar todo", sentenció.  

Tras la polémica por la designación de la hermana de Candelaria Cuscuela como empleada municipal, la oposición cuestionó la asignación de combustible a funcionarios del gabinete.

El espacio político La Libertad Avanza, que representa al presidente Javier Milei en San Pedro, difundió en redes sociales ―incluidos la diputada Analía Corvino y el concejal Joaquín González― el cuestionamiento, con imágenes elaboradas con inteligencia artificial.

En el posteo, que apunta la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, y al director de Centros de Salud, Pablo Vlaeminck, señalan que "por decreto, Salazar le regalal odos los meses más de 200 litros de nafta a dos de sus funcionarios" y se preguntan si "serán más de dos".

La asignación de combustible para miembros del gabinete que ponen a disposición sus vehículos particulares es una modalidad que atraviesa muchas gestiones municipales.

Desde La Libertad Avanza difundieron los casos de Cuscuela y Vlaeminck, cuyos decretos aparecen en los boletines oficiales de este año, puesto que son funcionarios de designación reciente.

Candelaria Cuscuela tiene asignados 100 litros de nafa por mes y Pablo Vlaeminck, 120.

El director de Centros de Salud fue objeto de polémica cuando apareció el decreto que le aumentó la bonificación del 50 al 75 por ciento, por encima de otros directores del gabinete.

"En San Pedro 'no hay presupuesto', salvo para funcionarios, concejales oficialistas y sus parientes", cuestionaron desde La Libertad Avanza, cuyos concejales habían hecho planteos antes de la Rendición de Cuentas por los decretos reservados de 2025, que contenían designaciones, bonificaciones y acomodos varios.

Durante la sesión de Rendición de Cuentas fue la concejala de la UCR Paola Basso la que repasó ese festival de bonificaciones y designaciones que el Gobierno había decidido ocultar de la publicación de los boletines oficiales.

A su regreso a la conducción de la Secretaría de Seguridad, Juan Carlos Agüero decidió informar a la comunidad, a través de los medios de prensa, los hechos delictivos denunciados que todavía no fueron esclarecidos.

La difusión de esos delitos cometidos que están en investigación contrasta con lo que contiene el parte policial oficial que emite la Comisaría, que por orden del Ministerio de Seguridad sólo informa los resultados de las intervenciones.

Agüero difundió este miércoles un parte de hechos que contiene tres robos en distintos puntos de la ciudad y que están en investigación por parte de la Justicia y la policía.

Uno de los hechos está caratulado como hurto y ocurrió en Bonorino al 100, en el barrio Villa Igoillo, de donde sustrajeron una hidrolavadora, una amoladora y un alargue del patio trasero de una vivienda.

En Lavalle al 1000, violencia mediante, robaron un horno pizzero, una computadora, un caloventor y dos termos.

Además, el personal del área que conduce Agüero informó que hay otra denuncia de un hecho cometido bajo la misma modalidad que está en investigación.

"Ante cualquier resultado, se informará a la comunidad", señalaron desde la Secretaría de Seguridad municipal.

La falta de comunicación oficial de los hechos delictivos provocó la elaboración de una “Oficina de Robos” en La Opinión & Sin Galera, con un mapa de delitos cuyos datos son aportados por las víctimas.

Juan Carlos Agüero comenzó este lunes sus funciones como secretario de Seguridad con una agenda de reuniones orientadas a coordinar el trabajo que desarrollará al frente del área.

Durante las primeras horas de la jornada mantuvo un encuentro con el comisario Daniel Cano, jefe de la Policía Comunal, junto a directores del área.

En la reunión con Cano analizaron el funcionamiento de las distintas dependencias policiales del distrito, entre ellas la Comisaría Comunal, la Comisaría de la Mujer y la Familia y los destacamentos de las localidades del partido.

Además, avanzaron en la definición de los principales lineamientos de trabajo para esta nueva etapa encabezada por el comisario mayor retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Agüero remarcó la importancia de fortalecer la articulación entre el Municipio y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de profundizar la coordinación de acciones preventivas y consolidar una mayor presencia territorial para combatir el delito, informaron desde la Municipalidad.

En ese marco, adelantaron que durante los próximos días mantendrá reuniones con los responsables de las distintas dependencias policiales del partido para evaluar la situación de cada jurisdicción y coordinar estrategias conjuntas de prevención.

La agenda del flamante funcionario también incluyó reuniones con Armando Caballero, director de Tránsito, y Walter Lacuadra, responsable de Administración (Licencias de Conducir), con quienes comenzó a interiorizarse sobre el funcionamiento y la gestión de ambas áreas, que depénden de su conducción.

Si bien Agüero ya se encuentra ejerciendo sus funciones, hasta el momento no fue informada oficialmente la fecha en la que prestará juramento ante el intendente municipal, Cecilio Salazar.

La secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, confirmó que designó a su hermana como empleada municipal y aseguró que la decisión respondió a la necesidad de incorporar a una persona de su confianza para desempeñarse en el área de Defensa Civil.

El decreto 388/2026 tiene fecha del 4 de junio y solicita el ingreso a planta temporaria de la Deolinda Cuscuela. 

La designación establece una carga horaria de “48 horas semanales”, para desempeñarse en la Junta Municipal de Defensa Civil, como agrupamiento 21 y en categoría 04. 

"Yo necesitaba una persona de confianza para algunas cuestiones y está en planta temporaria", explicó la funcionaria a Lilí Berardi en Sin Galera. 

Durante el intercambio también rechazó que el nombramiento se hubiera realizado mediante un decreto reservado. 

"Desde que yo asumí no reservé ningún decreto", dijo. 

Ante la consulta sobre por qué eligió a su hermana en lugar de convocar a otra persona, Cuscuela respondió que conformó su equipo con personas de confianza. 

"Yo armé mi equipo con lo que tenía, me faltaba una persona y necesitaba alguien que sea de mi confianza. No traje a nadie de afuera", dijo en alusión a los nombramientos que hizo Alfredo Carrasco durante su gestión. 

"Yo no tengo nada que esconder. Fue una decisión que tomé dentro de las facultades que tengo", concluyó Cuscuela.  

Este lunes, Juan Carlos Agüero empezará a cumplir como nuevo secretario, luego de la salida de Eduardo Álvarez del área.

El comisario retirado oriundo de Gobernador Castro fue parte del gabinete de Cecilio Salazar entre enero de 2017 y diciembre de 2024.

Agüero fue director de Coordinación de Policías con Roleri y también con Solana; estuvo como interino en Seguridad hasta que asumió Paolini; después pasó a trabajar en Desarrollo Humano y durante 2024 fue director de Fiscalización.

Tras dejar su cargo como intendente de Avellaneda para recorrer la provincia con intenciones de ser candidato a gobernador, Jorge Ferraresi, hombre del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, estuvo en la segunda sección electoral este miércoles.

Ferraresi mantuvo reuniones en Zárate y en San Nicolás con dirigentes peronistas y militantes de distintas vertientes que confluyen en el apoyo a la candidatura presidencial de Kicillof.

En San Nicolás, el exintendente de Avellaneda destacó la presencia de la conducción del PJ nicoleño —vencieron en elecciones internas a Cecilia Comerio, de La Cámpora—, del intendente de San Pedro, Cecilio Salazar y del "entrañable compañero metalúrgico Naldo Brunelli".

Además, se vio en las fotos al titular del PJ San Pedro, Juan Cruz Gajate, y a la concejala referente del Movimiento Evita en la ciudad, Rita Leguizamón.

En Zárate, Ferraresi fue recibido en la sede de la Uocra, junto a dirigentes de la UOM, Cerveceros, la CGT local y el Frente Grande.

Había dirigentes de toda la sección, entre ellos Damián Mosquera, concejal del bloque Nuevos Aires, espacio político en el que confluyó en las últimas elecciones con su agrupación peronista Todos por San Pedro con  la UCR local.

También estuvo presente el concejal de Baradero Juan Ramos, referente de la agrupación 400 años que representa a la oposición peronista al gobierno de Esteban Sanzio en Baradero y con quien habían mantenido reuniones los ediles de Consolidación Argentina San Pedro, con Martín Rivas a la cabeza.

"Es fundamental conocer cada territorio, construir mayorías y seguir organizándonos para defender el futuro de los bonaerenses", dijo Ferraresi tras la recorrida por Zárate y San Nicolás.

El referente del MDF sostuvo que es necesario "ampliar la base de ingresos del Estado" y que para ello "quienes más tienen son los que  más deben aportar".

Aseguró que "la clave es la participación ciudadana" y que Kicillof "necesita de la fortaleza de cada ciudad y de cada provincia".

Zárate y San Nicolás son distritos gobernados por intendentes opositores al gobernador, Marcelo Matzkin (PRO) en el primero y Santiago Passaglia (Hechos) en el segundo.

El intento de agresión del que fue víctima el concejal Martín Rivas antes de la sesión del jueves pasado, cuando afuera de la Municipalidad había una protesta de los sindicatos municipales, quedó registrado por las cámaras de seguridad del Palacio.

Rivas difundió este miércoles por la tarde un video en el que informa que radicó la denuncia penal por el caso y en el que mostró imágenes del momento en el que ingresa al edificio y se produce el altercado.

El video completo de las cámaras de seguridad contiene además grabación de audio en la que se escucha el momento previo al intento de agresión que ejecutó un dirigente sindical conocido como “Gallina” Leiva, que le arrojó un golpe  a mano abierta que no  llegó a impactar en el edil.

Allí se ve cuando Rivas llega y saluda a alguien, muy cerca de Juan Cruz “Mono” Acosta y otros sindicalistas. Luego se lo ve ingresar mirando hacia atrás, en dirección al secretario general del STM.

El video muestra cómo Acosta le grita “la concha de tu madre” a Rivas e intenta abalanzarse sobre él, mientras otras personas lo retienen. Es allí cuando “Gallina” Leiva se acerca e intenta golpearlo.

Además, se ve el momento en que Leiva le arroja un golpe, mientras detrás Acosta le grita a su compañero sindicalista "pará, pará, pará".

"Vos qué te pensás que sos, puto", le grita luego Leiva a Rivas, que ya está fuera de cuadro en el video porque ingresaba al Salón Dorado para la sesión. Alguien que no se ve, porque los protagonistas ya no están frente a cámara, dice "te voy a cagar a trompadas".

Rivas radicó la denuncia y en sus redes sociales asoció el episodio con la militancia que "Gallina" Leiva tiene en San Pedro Puede, el espacio que conduce el concejal Ariel Rey.

El día del altercado, Acosta había dicho a La Opinión que Rivas lo había insultado a él y que esa "provocación" derivó en el conflicto.

Tras el episodio que protagonizaron el concejal Martín Rivas y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz "Mono" Acosta, acompañado de otros dirigentes gremiales, el edil de Consolidación Argentina anunció que fue a la Justicia y difundió un video del momento.

Rivas solicitó, y obtuvo, las imágenes de cámaras de seguridad del Palacio municipal que registraron la situación en la que hubo un intento de agresión física por parte de un trabajador municipal que luego fue identificado como "Gallina" Leiva, integrante de la comisión directiva del gremio que conduce Acosta.

"Las imágenes hablan por sí solas y la verdad no necesita exageraciones", dijo Rivas, que difundió el video en un editado que subió a sus redes sociales en el que se refiere al tema.

En el video se ve cuando el concejal ya está dentro de Palacio, camino al Salón Dorado, y Leiva se dirige hacia él y le arroja un golpe con la mano abierta que él esquiva.

Acosta había dicho a La Opinión que Rivas lo había insultado y que esa "provocación" fue la que derivó en el altercado.  Las imágenes difundidas por Rivas no tienen audio.

En el video se ve, más cerca de la puerta, al propio secretario general del STM y a otro sindicalista, ambos retenidos por un tercero para que no avancen sobre el concejal.

"Fui amenazado, agredido e insultado por un grupo de personas que decían defender los derechos de los trabajadores y que están muy bien identificados políticamente", dijo.

La alusión es a la  militancia activa de "Gallina" Leiva en San Pedro Puede, espacio que lidera el edil y aspirante a la intendencia Ariel Rey. En ese marco, relacionó el intento de agresión del que fue víctima con otros hechos.

"Entre amenazas, falsas denuncias y demás", dijo Rivas en clara alusión a los altercados que protagonizó primero con asesores de Rey, que lo denunciaron por agresiones físicas, y por el propio concejal de San Pedro Puede, que también denunció en la Justicia haber sido golpeado en el rostro por Rivas delante de varios testigos, concejales y funcionarios del gabinete.

"No nos amedrentan, no vamos a responder violencia con más violencia", dijo Rivas y anunció: "Dejaremos que la Justicia actúe".

Además, se refirió a las palabras de Acosta, que lo calificó de "falopero" y dijo que va "muy drogado" al Concejo.

En ese sentido, señaló: "Utiliza como insultos referencias a problemas de salud mental y de consumo problemático, me parece grave porque hay miles de familias que transitan por esa problemática y dan la pelea".

"Seguiré haciendo exactamente lo mismo que me comprometí a hacer desde el primer día: controlar cuando corresponda, proponer soluciones, construir consensos y trabajar para que San Pedro sea una ciudad con más diálogo, más respeto y menos violencia", posteró y aseguró: "La verdad puede tardar, pero siempre encuentra la manera de salir a la luz".

A casi un mes desde la firma del convenio de pago en 90 cuotas de la deuda de más de 3600 millones de pesos que la Municipalidad mantienen con Ashira, el Concejo Deliberante recibió el expediente para comenzar su tratamiento.

Así, los concejales pueden empezar a analizar el acuerdo, que tendrá ingreso formal recién en la sesión del 13 de agosto para ser remitido a las comisiones correspondientes donde se lo tratará para dictaminar y luego, quizás en la sesión siguiente, votarlo.

Ello dependerá de la capacidad política del Gobierno y del oficialismo en el HCD para obtener los votos suficientes para aprobarlo, que son 12, puesto que se necesita mayoría calificada para aprobarlo.

El convenio implica una quita de alrededor de 232 millones de pesos por parte de Ashira, que corresponden a los intereses moratorios devengados por el atraso en los pagos mensuales en los que incurrió la Municipalidad.

Como detalló La Opinión cuando adelantó los términos del acuerdo, las 90 cuotas implican que el compromiso de pago de la deuda abarcará tres gestiones municipales, la presente y dos más, puesto que finalizará en diciembre de 2033.

Las cuotas mensuales del convenio son de casi 93 millones de pesos. Ello implica que cuando termine el plazo previsto de siete años y medio para el pago, el Municipio habrá abonado un total de 8351 millones, más del doble del capital adeudado.

El interés acordado se devengará con arreglo a la tasa Tamar publicada por el Banco Central más 3 % e IVA. Cada mes, la cuota se recalculará de acuerdo a la tasa vigente.

El convenio contiene la posibilidad de cancelar la deuda total o parcialmente con uno o más inmuebles municipales, una decisión que generó polémica y provocó que vecinos levanten firmas para oponerse.

Ese punto implica que el Gobierno pueda entregar bienes de dominio privado del Estado municipal como parte de pago, aunque llegado el caso deberá contar con la aprobación específica del Concejo, más allá de la autorización que puede establecer la aprobación del acuerdo.

El oficialismo tiene siete votos propios y necesita el acompañamiento de al menos cinco concejales más para aprobar el convenio. Por lo pronto, el resultado es de final abierto.

El Gobierno podría contar con los votos de los cuatro ediles del denominado "interbloque de la gobernabilidad" (Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce), pero aun así le faltaría un voto.

La secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, tuvo a su cargo el diálogo inicial con el resto de los bloques, lo que demoró casi un mes el envío del expediente al Concejo. Sin embargo, el proyecto ingresó sin los votos garantizados.

Les tocará ahora al presidente del cuerpo, Martín Baraybar, y la presidenta del bloque oficialista, Soledad Llull, apuntalar la tarea de Cuscuela como responsable de la gestión política para alcanzar los votos necesarios para aprobar el expediente.

La deuda con Ashira existe y hasta tiene períodos judicializados. Además de pagar los 93 millones de la cuota del convenio, si lo aprueban, el Municipio deben abonar todos los meses alrededor de 362 millones más los ajustes que establece el contrato. 

Son más de 450 millones de pesos con los que tiene que contar cada mes, en un contexto económico y financiero cuesta arriba, con adelanto de coparticipación para pagar aguinaldo a personal de planta —médicos, funcionarios y concejales no cobraron— y descubierto bancario para cumplir con los sueldos.

La Rendición de Cuentas 2025 reveló que la cobrabilidad de la tasa por servicio de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) es del 53 por ciento, que alcanza para el 25 % del total del costo, y que aun si el total de los contribuyentes estuvieran al día tampoco alcanzaría.

El intendente Cecilio Salazar anunció hace pocos días una nueva reestructuración de su gabinete y oficializó los nombres de quienes estarán al frente de tres áreas estratégicas de la gestión municipal.

Los cambios se producen luego de las renuncias de Alfredo Carrasco, quien durante los últimos años fue uno de los principales armadores políticos del gobierno local; de su hermana Isabel Carrasco, al frente de la Secretaría de Salud; y de Eduardo Álvarez, secretario de Seguridad.

La salida de Isabel Carrasco también provocó la renuncia de la bioquímica Luciana Artigues, quien se desempeñaba como directora del Hospital Municipal Emilio Ruffa.

Con estas modificaciones, Salazar volvió a renovar su equipo de gobierno, un proceso que comenzó durante su tercer mandato, iniciado en diciembre de 2023. 

En ese período incorporó a Candelaria Cuscuela como secretaria de Gobierno, tras el paso de Martín Baraybar al Concejo Deliberante; a Adrián Devito al frente de la Secretaría de Servicios Públicos; y llamó de regreso a Marcela Cuñer como directora de Turismo, en remplazo de Ignacio Duzac.

La Secretaría de Seguridad volverá a estar a cargo de Juan Carlos Agüero, un funcionario con una extensa trayectoria en la Policía de la Provincia de Buenos Aires y experiencia en la gestión pública.

Durante su carrera policial fue segundo jefe de la dependencia de San Pedro y estuvo al frente del Subcomando de Patrullas durante la gestión del entonces comisario Guillermo Britos. 

Posteriormente fue jefe de la Policía Comunal de Chivilcoy y más tarde condujo la Policía Vial de Junín, donde culminó su carrera activa con el rango de Comisario Mayor.

Dentro del gobierno de Salazar ya había ocupado cargos de relevancia. En 2017 fue designado director de Coordinación Policial y en 2022 asumió como secretario de Seguridad, en reemplazo de Diego Solana, durante el período en que Ramón Salazar ejerció provisoriamente la intendencia. Luego recaló en Desarrollo Humano y fue, por último, director de Fiscalización.

La nueva secretaria de Salud será la médica Antonela Marino, profesional formada en la Universidad Nacional de Rosario, quien desarrolla su actividad en la ciudad santafesina.

Es especialista en Pediatría General, con formación en lactancia, neurodesarrollo y un enfoque de atención con mirada neuroafirmativa. Es hija de la empleada municipal y exjefa de Personal del Hospital, Nancy Budiño.

A lo largo de su trayectoria integró distintos equipos del Grupo Oroño, desempeñándose en el Sanatorio de Niños, el Sanatorio Funes y en Tribu Infancias, donde coordinó programas y consultas vinculadas a la crianza y la lactancia.

La conducción del Hospital Municipal Emilio Ruffa quedará en manos del médico Diego Luque, integrante del equipo de la Guardia del nosocomio y profesional de confianza del jefe del servicio, José Herbas.

Además de su labor asistencial, Luque ha manifestado públicamente su compromiso con la prevención de los siniestros viales y la promoción del uso del casco.

En distintas entrevistas, entre ellas en el programa Sin Galera, destacó la importancia de fortalecer las campañas de concientización, una temática que conoce de cerca por su afición al motociclismo deportivo.