El abogado de los extrabajadores de la empresa Rey Distribución, absueltos junto al dirigente sindical de Camioneros Maximiliano Cabaleyro en el juicio por el bloqueo de 2021, anunció en Sin Galera que llevará a la firma comercial a la Justicia tributaria.

Gabriel Ruiz informó que llevará adelante acciones legales contra la empresa por presunta evasión fiscal e irregularidades en la contratación laboral de su personal. Ademas, anticipó que promoverá un pedido de destitución contra el concejal Ariel Rey, uno de los socios.

Ruiz fundamentó su postura en la documentación laboral vinculada a Edgardo Di Mayo, uno de los exempleados que había sido propuesto como delegado sindical. y que fue llevado a juicio. 

Según explicó, la empresa inscribió al trabajador bajo una categoría y modalidad que no reflejaba las tareas efectivamente desempeñadas, lo que formó parte de la pericia contable que se reveló en el proceso judicial.

Señaló que en el alta de Di Miayo, cuando lo registraron, “lo pusieron como maestranza y a tiempo parcial”, a pesar  de que era chofer de uno de los camiones de reparto.

“Tiempo parcial significa cuatro horas. Estuvo reconocido en el juicio que trabajaban jornada completa más horas extras”, advirtió Ruiz.

En ese sentido, el abogado señaló: "Quiere decir que no solo no le pagaba las horas extras, sino que lo hacía trabajar como si estuvieran inscriptos de esa manera; esto hace una evasión fiscal".

Ruiz recordó que “está demostrado ya por la pericia oficial que había deuda” y que ahora, "se duplica la deuda porque además hay que ver que no le pagaba en extras cuatro horas que los hacía trabajar como si fueran normales".

Por otra parte, confirmó que recurrirá judicialmente el fallo de primera instancia en lo relativo a la distribución a las costas del proceso, porque los trabajadores deben pagar honorarios.

"Vamos a apelar porque quedaron las costas para los trabajadores; las costas las tiene que pagar Rey, que perdió, y esto a nosotros la verdad que no nos cayó nada bien", sostuvo.

Al cierre de sus declaraciones, el abogado confirmó los pasos que seguirá la defensa: "Que sepan que vamos por la denuncia de la evasión fiscal y que sepan que vamos a pedir la destitución en el Municipio del concejal Rey, porque los trabajadores parieron durante cinco años que no se les reconociera su derecho a la huelga".

Entidades empresarias nacionales expresaron su posición tras el fallo que absolvió al sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a seis extrabajadores de la empresa Rey Distribución tras el bloqueo de la planta en febrero de 2021 en el marco de reclamos salariales que derivaron en denuncias por presunta extorsión.

La Unión Industrial, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio emitieron comunicados en los que cuestionaron la resolución judicial que consideró que el bloqueo estuvo amparado en el legítimo derecho a huelga.

La UIA calificó el fallo como un retroceso para la seguridad jurídica y pidió que las instancias judiciales revisen sus alcances.

Camarco, por su parte, sostuvo que el derecho a huelga debe respetarse, pero que no debería justificar impedir el funcionamiento de una empresa ni vulnerar el derecho al trabajo.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó "honda consternación" y cuestionó al juez Alejandro López, del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás.

El magistrado consideró que lo que ocurrió en febrero de 2021 en la sede de la empresa Rey Distribución no son hechos que puedan enmarcarse en la tipificación penal de "turbación de la posesión", como planteó Fiscalía.

El Ministerio Público Fiscal y los abogados de la empresa apelarán el fallo ante la Cámara de Casación, instancia encargada de revisar las resoluciones de primera instancia.

El Gobierno municipal demandó a la empresa APCO S. A. por los incumplimientos relacionados con la obra del tanque copa, que se rompió en diciembre de 2021 y cuya reparación fue adjudicada a esa empresa en abril de 2023.

La Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta fue al Juzgado Contencioso Administrativo para reclamar un monto de más de 258 millones de pesos en concepto de saldo de anticipio de obra, multas por demora y costos estimados para reparar el tanque copa en la actualidad.

APCO fue contratada para el reemplazo de tuberías metálicas por cañerías de PRFV y reparaciones menores en el tanque de agua potable, que todavía está fuera de funcionamiento, con un presupuesto de 69 millones de pesos. 

El plazo de obra de 180 días, pero la empresa abandonó las tareas cinco meses después y con muy poco trabajo hecho. En medio de la escalada inflacionaria de 2023, reclamaban redeterminaciones de precios .

La empresa había recibido un anticipo financiero de 21 millones de pesos, que la Municipalidad reclamó en su momento, cuando decretó la rescición del convenio por los incumplimientos de la obra, que llevaba poco más de la mitad.

De esos 21 millones, el Municipio consideró validados unos 11,3 millones, por lo que reclama más de 9,5 millones como saldo, a lo que hay que sumarle una serie de montos que permiten alcanzar los 258 millones reclamados.

Son 188 millones de costo estimado para terminar la obra, de los que 50 millones corresponden a mano de obra y 138 millones, a materiales; y más de 61 millones en concepto de multa por las demoras.

El valor de los materiales y la mano de obra fue claculado el año pasado, en medio de los reclamos administrativos previos a avanzar en la demanda judicial, interpuesta en septiembre de 2026, por lo que el Municipio pidió una pericia técnica.

Además, el Gobierno planteó en la demanda que la aseguradora, Cosena Seguros S. A., debería responder por las polízas de caución y la garantía del contrato. En la demanda, pidieron un embargo sobrAPCO por el monto reclamado. 

El diputado provincial por la segunda sección y exintendente de San Nicolás Manuel Passaglia confirmó que impulsará formalmente un pedido de juicio político (jury de enjuiciamiento) contra el juez que absolvió al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la firma Rey Distribución.

El legislador de Hechos aseguró que la resolución de López, que será apelada por Fiscalía y los abogados de Rey ante el Tribunal de Casación, sienta un “peligroso antecedente" para las pymes al considerar que el derecho a huelga primó en la situación de bloqueo de la planta en aquella semana de febrero de 2021.

Al detallar los fundamentos de su presentación ante los organismos competentes de la Legislatura bonaerense, Passaglia sostuvo que el argumento fundamental es que López “no explica por qué no sanciona el bloqueo”. 

“El mismo juez reconoce que hubo un bloqueo y que eso es un delito; lo que dice después es que la facultad de manifestarse de los trabajadores le permite hacer cualquier tipo de accionar”, cuestionó.

El diputado nicoleño consideró que la resolución judicial implica “el mensaje de que acá los sindicalistas hacen lo que quieren y que a los dueños de las empresas nadie los defiende”. 

“¿Cuál es el mensaje que dejó el juez para todos los empresarios, para todo el que quiere invertir? Bloquear una pyme dos semanas la funde, pierde todo el trabajo que hizo en toda la vida”, señaló.

Passaglia reconoció que su planteo en la Legislatura tendrá escollos para avanzar. “Esto es una decisión política, al final del día, y obviamente tengo muchas dudas de que el kirchnerismo nos acompañe y se ponga del lado del que labura”, advirtió.

Tras su anuncio acerca del jury contra el juez, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Juidicial bonaerense emitió un comunicado en respaldo de Alejandro López.

Advirtieron que el juicio político es un mecanismo válido, pero que "no puede convertirse en un instrumento de presión o represalia" esgrimido por "quienes disponen de mayor poder económico, político o mediático" para "condicionar las decisiones judiciales".

Este lunes se cumplirán dos meses desde que un hombre de 54 años falleció tras el despiste e incendio de una Ford EcoSport en ruta 1001. Todavía la Justicia no identificó formalmente el cuerpo.

Los restos permanecen bajo custodia judicial en el depósito del Cementerio municipal desde que fue trasladado luego de la autopsia. Calcinado, no había posibilidad de identificación, por lo que tuvieron que tomar muestras de ADN.

"No hay novedades. Me dijeron que ni bien  tengan resultado, se comunicarán conmigo", dijo a La Opinión el hombre que aportó sus muestras para confirmar que el fallecido es su hermano.

La investigación tras el accidente logró establecer que el vehículo estaba radicado en Buenos Aires. Dieron con su exesposa, quien facilitó el contacto del hermano, que se hizo cargo de las gestiones.

La Justicia le informó que debían tomar muestras para el cotejo de ADN, lo que iba a demorar, de acuerdo a los plazos de la Asesoría Pericial de La Plata.

JME tenía 54 años. Horas antes de que alrededor de las 3.00 de la madrugada se estrellara contra una columna de hormigón de un vivero ubicado en el kilómetro 7,5 de la ruta 1001 había dejado una serie de notas de despedida en redes sociales.

Su última pareja contó a La Opinión que solían pasar fines de semana en San Pedro. Confirmó que tenía problemas legales con su exesposa, tema al que él hizo alusión en los mensajes publicados minutos antes del accidente.

Las cámaras de seguridad del vivero revelaron que la EcoSport tenía fuego antes de embestir la columna de hormigón y terminar contra el portón acceso, donde ardió en llamas y el conductor murió calcinado.

La Justicia condenó a 20 años de cárcel a un hombre acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad que eran uno hija y otro hermano de mujeres con las que había convivido en distintas épocas.

Identificado como Pablo Moisés Maciel, de 42 años, fue sometido a juicio por jurado que lo declaró culpable. En la audiencia de cesura, la fiscala Viviana Ramos había solicitado una pena de 30 años de prisión efectiva.

Maciel había sido detenido en julio de 2025 tras permanecer alrededor de dos años prófugo. Una investigación de la DDI logró dar con él en la ciudad de Coronel Du Graty, provincia de Chaco, donde se había refugiado tras esconderse en Santa Fe, Córdoba y Paraguay.

Fue condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de encargado de la guarda de dos menores de edad con quienes convivió en distintas etapas y corrupción de menores.

Las víctimas fueron un nene, que fue abusado por Maciel entre los 8 y los 15 años, y una nena que sufrió las mismas vejaciones entre los 8 y los 9 años.

La madre de la niña radicó la denuncia en 2023 cuando se enteró que Maciel, que entonces era su pareja, había sido acusado del caso del nene. En ese momento habló con la chica y ella le contó lo que había sufrido.

“Pasó un montón de veces”, le dijo a la madre, que se había enterado por redes sociales del otro caso y junto a su hermana, que desconfiaba de Maciel, interrogaron a la nena.

Las psicólogas de la Justicia advirtieron acerca de la afectación traumática de ambas víctimas, sobre todo del nene, cuyo relato conmovió al jurado sobremanera.

Tras el veredicto del Tribunal que absolvió a Maximiliano Cabaleyro y a seis extrabajadores de la empresa Rey Distribución, uno de los dueños de la firma sampedrina anunció que habrá apelación y expresó su descontento con el fallo.

“No era lo que esperábamos, obviamente, pero tenemos mucha fe de que la verdad va a triunfar. Estamos convencidos de que esto recién es el comienzo y que de acá en adelante tendremos que seguir luchando como hasta ahora, no bajar los brazos”, dijo Gustavo Rey a La Opinión.

Consideró que el juez Alejandro López, cuyo voto fue leído en la audiencia, “tendrá su punto de vista”, y aseguró que ellos tienen otro respecto de los hechos denunciados que derivaron en el juicio. 

“Hay dos instancias más para poderla pelear, esto no es la definición del partido todavía”, aseguró Gustavo Rey.

En relación con el encuadre legal adoptado por el Tribunal, que consideró los hechos investigados como un ejercicio legítimo del derecho de huelga, Rey rechazó y cuestionó esa interpretación .

“Yo creo que con este veredicto lo que está demostrado es que se puede hacer cualquier cosa, de que las garantías solamente están para una parte", señaló.

"Por eso es que estamos peleando; si estuviéramos conformes no hubiésemos arrancado ni la situación esta donde llegamos", agregó el empresario.

Rey confirmó que su equipo de abogados, encabezado por la senadora representante del Movimiento Antibloqueo Florencia Arietto, formalizará la reserva de apelación correspondiente ante los tribunales de alzada.

"Estuvieron presentes, nada más que ya se estaban reservando para la apelación y seguiremos", aseguró el hermano del concejal Arel Rey, con quien presenció la audiecia virtual en la que se dio a conocer el veredicto.

Gustavo Rey considero que los extrabajadores que fueron llevados a juicio junto a la conducción gremial, que también resultaron absueltos, “fueron rehenes de esta gente, nada más”.

Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 diera a conocer el veredicto absolutorio en el juicio oral contra Maximiliano Cabaleyro y seis extrabajadores de la empresa Rey Distribución, el abogado Mauricio Gugger dialogó con La Opinión y destacó la resolución .

Gugger, uno de los abogados que patrocinó al dirigente del Sindicato de Camioneros en la causa, destacó que el Tribunal consideró que las acciones desplegadas en el conflicto se enmarcaron en el legítimo ejercicio del derecho a huelga.

"En los hechos uno y dos, que eran la imputación de turbación de la posesión, el juez tuvo por debidamente acreditado que estaban en el debido y legal ejercicio del derecho de huelga", afirmó. 

Además, destacó que la sentencia ratifica la jerarquía constitucional de ese derecho frente a los hechos que fueron imputados por el Ministerio Público Fiscal y las partes denunciantes.

Durante el análisis preliminar de los fundamentos del fallo, Gugger dio lectura a consideraciones del magistrado interviniente respecto a las declaraciones testimoniales prestadas en el debate.

 “El audio presentado es evidencia de que de su parte hubo intención de faltar a la verdad. Es que no puede Gustavo Rey sino reconocer que ha mentido en alguno de los momentos en que se expresó: o mintió al denunciar, testificar, ampliar la denuncia y deponer en el debate sobre las extorsiones que sufría de parte de Cabaleyro, o mintió en ese audio fingiendo admiración y ánimo de entablar una amistad”, señaló.

El abogado defensor adelantó que promoverá acciones legales por falso testimonio contra quienes radicaron las acusaciones, tenieno en cuenta el impacto de las medidas cautelares aplicadas durante el proceso judicial. 

En ese sentido, recordó que Cabaleyro cumplió cuatro años y medio de privación de la libertad, buena parte en arresto domiciliario,  misma situación de Fernando Espíndola, quien también permanece con prisión preventiva, a la espera del juicio abreviado al que se acogió.

Por último, el abogado confirmó que Maximiliano Cabaleyro convocó a una conferencia de prensa este miércoles a las 18.00 en la sede del Sindicato de Camioneros San Pedro para pronunciarse públicamente tras la lectura del veredicto.

La Justicia absolvió al sindicalista de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro y a los extrabajadores de la empresa Rey Distribución de todos los cargos de los que fueron acusados tras los hechos desatados en el marco de un reclamo laboral que tuvo lugar en 2021 en la planta de esa firma sampedrina.

Tras conocer el fallo aboslutorio, Edgardo Di Mayo, uno de los seis exempleados que fueron llevados a juicio por el caso, celebró el veredicto y aseguró que “se hizo justicia”.

“Estamos todos los trabajadores acá reunidos y la verdad muy emocionados, muy contentos porque se hizo justicia. Sabíamos que no habíamos hecho nada, que hicimos todo lo correcto como manda la ley”, aseguró.

“No infringimos ninguna ley, solamente reclamamos en forma pacífica como nosotros entendíamos que tendríamos que reclamarlo. Tardó, pero se hizo justicia”, destacó Di Mayo. 

Consultado sobre el momento en que se dio lectura a la absolución, el extrabajador comentó sus sensaciones tras más de cinco años desde que comenzó el conflicto.

“Se te pasan muchas cosas por la cabeza desde hace cinco años: temas personales, todas las cosas que pasamos, por cómo nos trataron, cómo nos injuriaron, cómo nos hicieron quedar”, señalo´.

"Los Rey salieron por todos lados, por cadena nacional, diciendo barbaridades de los trabajadores, pero la gente común no sabe lo que nos pasó ahí los cinco años, la tortura que fue trabajar en esa empresa", sostuvo Di Mayo.

El fallo, además, dispuso la inmediata libertad de Maximiliano Cabaleyro, que estaba detenido con prisión preventiva bajo arresto domiciliario desde hace cuatro años y medio.

La familia Rey anunció que apelará el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2, que consideró que los hechos denunciados no estaban debidamente acreditados por Fiscalía.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dio a conocer el veredicto del juicio a Camioneros que juzgó al sindicaslista Maximiliiano Cabaleyro y a seis extrabajadores de la empresa Rey Distribución: absolución para todos.

Los jueces consideraron que no se acreditaron en el juicio los hechos endilgados a los acusados en ninguno de los casos que se plantearon en el debate y que llevaron al banquillo a los imputados.

Maximiliano Cabaleyro, Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez fueron absueltos de todos los cargos.

Cabaleyro llegó detenido con prisión preventiva al juicio y el Tribunal ordenó su inmediata libertad.

En el caso del sindicalista de Camioneros, había sido acusado de extorsión y de pedir coimas a la empresa Rey Distribución para permitirles trabajar.

Junto con el resto, y con Fernando Espíndola, que se acogió al trámite abreviado, estaban también acusados de “turbación de la posesión” es decir de haber bloqueado la planta.

El Tribunal consideró que tampoco estaba acreditado que los acusados hayan turbado la posesión, es decir impedido trabajar a la empresa durante los días de protesta.

“Estamos todos muy contentos, se hizo justicia. Sabíamos que no habíamos hecho nada por fuera de la ley, estábamos reclamando lo que nos correspondía”, dijo Edgardo Di Mayo a La Opinión tras conocer el veredicto.

Por su parte, el abogado Mauricio Gugger dijo estar “contento por el trabajo, feliz” y destacó la jerarquia constitucional del derecho a huelga que “debe mantenerse incólume para ratificar que vivimos en un estado de derecho”.

Gugger advirtió que podría haber denuncias por “falso testimonio”, puesto que “acá hubo una persona cuatro años y medio detenida”.

El Tribunal dio a conocer el veredicto, pero todavía no hizo lo propio con los fundamentos, que serán importantes para analizar la decisión que tomaron los jueces.

“Cabaleyro va a dar una conferencia de prensa hoy por la tarde, en San Pedro, alrededor de las seis de la tarde”, anunció Gugger en Lo  Que Importa.

“Tenemos la fe total en que esto se revierta”, dijo Gustavo Rey.

“No era lo que esperábamos, obviamente. Pero tenemos fe de que la verdad va a triunfar”, dijo, por su parte, Gustavo Rey, que confirmó que apelarán el fallo del Tribunal. 

“Esto no es la definición del partido, quedan dos instancias más, todavía”, señaló uno de los titulares de Rey Distribución y agregó: “Con este veredicto queda demostrado que se puede hacer cualquier cosa”.

A las 12.30 de este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 dará a conocer su veredicto tras el juicio oral y público que sentó en el banquillo de los acusados al sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la empresa Rey Distribución.

Tras los alegatos, las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio pidieron 10 años de prisión efectiva para el dirigente del gremio de los Moyano y tres años en suspenso para el resto.

Cabaleyro está acusado de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa y extorsión, por eso la pena solicitada para él es más grave.

En el caso de Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez, están acusados de turbación de la posesión por participar del bloqueo durante los días de protesta frente a la planta.

Además de ellos, está acusado de los mismos delitos que Cabaleyro el dirigente sindical de Camioneros San Pedro Fernando Espíndola, quien eligió la modalidad de trámite abreviado para su juicio.

El debate oral y público se desarrolló durante seis jornadas en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás, por donde pasaron los testigos, peritos y una multiplicidad de elementos de prueba.

La defensa de Cabaleyro, con el abogado sampedrino Mauricio Gugger a la cabeza, planteó en sus alegatos que la causa fue "un guion" orquestado para hacer encajar las piezas de manera tal que su defendido quedara involucrado.

Gabriel Ruiz, defensor de los seis extrabajadores de la empresa, sostuvo que sus pupilos nada tenían que ver con las acusaciones que pesaban sobre los sindicalistas y que ellos solo estaban reclamando sus derechos laborales.

Maximiliano Cabaleyro llegó al juicio detenido con prisión preventiva, desde hace cuatro años, aunque con el beneficio de arresto domiciliario por cuestiones de salud.

La empresa YPF demandó al Municipio de San Pedro ante la Justicia en lo Civil y Comercial para reclamar una deuda de más de 50 millones de pesos por combustibles que vehículos del Estado local cargaron y nunca pagaron.

Son alrededor de 15 facturas emitidas entre octubre de 2024 y marzo de 2025 en el marco del convenio que firmó el Gobierno de Cecilio Salazar para la implementación de YPF Ruta, un sistema de gestión de la carga de combustibles para flotas de vehículos que tiene vigente la empresa estatal.

En su momento, el entonces jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, había anunciado la implementación de ese programa con el objetivo de evitar el uso de vales de combustible, una modalidad que había generado dolores de cabeza en el Gobierno.

En mayo de 2025, desde la Torre YPF, ubicada en Puerto Madero, remitieron la primera carta documento al Municipio para reclamar por las facturas impagas. Las primeras, del 15 de octubre de 2024. Las últimas, del 31 de marzo de 2025.

Eran facturas de carga de combustible de entre 527 mil y 20 millones y medio de pesos. Además de la suma del importe de lo cargado, que son 48,9 millones, YPF reclamó en la carta documento intereses.

El área de gestión de mora de la empresa se hizo cargo de la tarea y comenzó un intercambio de e-mails interno que es revelador respecto de la conducta de los funcionarios del Gobierno local.

Tras ese intercambio de correos electrónicos, y ante la falta de actitud colaborativa para resolver el tema por la vía administrativa, decidieron avanzar con la demanda judicial.

YPF fue al Juzgado Civil n.° 1 de San Nicolás en agosto de 2026 para iniciar la demanda con el objetivo de cobrar los casi 50 millones de pesos más los intereses correspondientes que le debe la Municipalidad.

En uno de los e-mails intercambiados dentro de YPF revelan que cuando el Municipio dejó de pagar discontinuó el servicio de la tarjeta YPF Ruta y volvió al viejo sistema de vales. Eso fue antes de las elecciones del año pasado.

El conflicto judicial que se desató tras el anuncio de una inversión en el puerto local para operar carga de arena en barcos con destino a Vaca Muerta sigue demorado por los plazos y pasos que se deben cumplir para tomar una decisión. 

La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 1 debe resolver si levanta o ratifica la paralización de las obras y por ello esta semana corrió traslado a la firma demandante, San Pedro Arenas S. A., de las presentaciones y descargos efectuados tanto por el Consorcio de Gestión del Puerto como por la adjudicataria Silos Areneros Buenos Aires S.A.I.C.

A partir de ese momento la empresa de la familia Lázaro cuya cara visible es el exdiputado Germán López y que preside su hijo Agustín López Costa cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder a los argumentos expuestos por las contrapartes. Transcurrido ese período el expediente quedará en condiciones de que María Isabel Fulghieri resuelva sobre la medida cautelar. 

La causa caratulada “San Pedro Arenas S.A. c/ Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro s/ Medida Cautelar Anticipada” mantiene frenadas todas las tareas preliminares y de montaje que Silos Areneros había iniciado en el predio de 16.500 metros cuadrados —históricamente perteneciente a la firma Quinteiro—, tras obtener un permiso de uso por diez años. 

San Pedro Arenas objetó la adjudicación alegando vicios en el procedimiento administrativo y reclamando prioridad sobre un proyecto similar que presentó el 29 de junio, cuando la otra compañía había comenzado con sus gestiones en el año 2024 y ahora llevaba varios meses de gestiones con la autoridad portuaria.

El Directorio del Consorcio de Gestión envió la documentación que defiende la legalidad de los pasos dados y la viabilidad del proyecto, que contempla el despacho de buques hacia Bahía Blanca y San Antonio Este para abaratar el flete terrestre hacia la cuenca neuquina.

Para San Pedro, el riesgo es que la pulseada judicial y otro tipo de intereses terminen frustrando una operatoria capaz de generar empleo, actividad para el puerto y cobro de tasas.

Con fecha 6 de octubre de 2026 la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) dictó la Resolución SC 2.917/26, mediante la cual requirió al gobierno de Axel Kicillof y a la Legislatura provincial la creación de nuevos órganos judiciales en distintos departamentos y la cobertura de vacantes pendientes.

Para San Pedro el máximo tribunal incluyó la creación de un Juzgado de Garantías, dependiente del Departamento Judicial San Nicolás. Un reclamo histórico para el índice de delitos que se registran en el partido y la acumulación de causas en las que intervienen las fiscalías, cuyas titulares tienen domicilio en la ciudad de San Nicolás. 

Si bien en la misma resolución abarca demandas de otros municipios, en el caso de San Pedro el Máximo Tribunal provincial advirtió que la creación de nuevos juzgados debe contar su presupuesto, la infraestructura edilicia y la garantía necesaria para la designación del personal y funcionarios indispensables para su puesta en funcionamiento. En 2019, también había ordenado que se habilite un Juzgado de Familia que hasta el momento no se concretó.

Para el Departamento Judicial San Nicolás, el reclamo de la Corte contempla además la apertura de un nuevo Tribunal de Trabajo en la ciudad cabecera, completando el pedido de fortalecimiento institucional para la región.

La incorporación de una sede de Garantías en San Pedro busca acercar y acelerar las decisiones de la justicia penal en el territorio donde ocurren los hechos para tratar de evitar situaciones como la que se registró hace pocas semanas con un detenido que portaba más de medio kilo de cocaína y que pese a contar con frondosos antecedentes, fue liberado cuando el Juez Román Parodi entendió que solo se trataba de un caso de “tenencia”. Hay decenas de casos de liberados que volvieron a delinquir incluso en causas de delitos cuya gravedad contempla penas de reclusión inmediata.

El juicio contra el dirigente del Sindicato de Camioneros y exconcejal de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y seis exempleados de la firma Rey Distribución por los delitos de extorsión, coacción y turbación de la posesión, entró en su etapa definitiva. 

Tras seis jornadas de producción de prueba y a más de cuatro años de la detención de Cabaleyro —Fernando Espíndola eligió el juicio abreviado—, la etapa testimonial concluyó el lunes con las declaraciones de un perito de parte, una psicóloga y un oficial de policía. 

Durante estas últimas exposiciones, la defensa —exempleados— a cargo del doctor Gabriel Ruiz dejó entrever su estrategia principal: sostener que los pagos o acuerdos económicos entre el empleador y el sindicato pueden constituir una infracción laboral bajo la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no configuran por sí mismos el delito penal de extorsión.

Con ese escenario y con la presencia en el recinto de la senadora provincial y abogada Florencia Arietto, el martes a las 10.00 el Tribunal Oral en lo Criminal n.º 2 dio inicio a la etapa de alegatos. 

El turno de la parte acusadora dejó en evidencia la gravedad de los cargos que enfrenta el líder sindical. Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio solicitaron para Cabaleyro una condena de 10 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La querella fue todavía más severa. La Asociación Anti Bloqueo, que representa a la familia Rey y cuenta con el patrocinio legal de Arietto, exigió para el dirigente sindical una pena de 15 años de prisión, manteniendo la solicitud de inhabilitación por una década para ocupar cargos. Por su parte, la defensa a cargo del doctor Gugger pidió la absolución de su representado. 

En cuanto a la situación de los seis extrabajadores de la distribuidora sampedrina, las partes acusadoras pidieron una pena de tres años de ejecución condicional. Sin embargo, en línea con el planteo técnico esbozado durante los testimonios, el doctor Ruiz adelantó que solicitará la absolución total de sus defendidos.

En el marco de la causa, se viralizó una comunicación telefónica entre el intendente Cecilio Salazar, que en su declaración dijo que intentó actuar como mediador, y Cabaleyro. 

Cuando el jefe comunal fue a declarar, el audio se reprodujo en la sala y encendió las alarmas de una negociación paralela, en clave sindical, para desbaratar el accionar judicial que había emprendido la fiscal Viviani cuando ordenó el desalojo.

Luego de que las defensas finalizaran el uso de la hora estipulada para exponer sus argumentos —incluyendo a los doctores Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas en representación de Cabaleyro—, solo resta que el Tribunal delibere. Según los plazos procesales, el veredicto que definirá la situación judicial de todos los implicados se dará a conocer el miércoles 14. 

En el marco de la investigación judicial que terminó con la detención y procesamiento del titular del gremio de Camioneros y ex concejal de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, una escucha telefónica que contó con la aprobacion para su reproducción en la sala de audiencias compromete seriamente el rol activo que cumplió Cecilio Salazar, interviniendo con llamados a distintos funcionarios policiales, políticos e incluso al abogado de la empresa para simular que no hubo bloqueo en la planta de la Distribuidora Rey.

La reproducción del audio fue motivo de discusión puesto que los abogados intentaron restringirlo por haber sido obtenido de una conversación que era privada pero el tribunal entendió que “estando presentes” ambos, uno como imputado y el otro como testigo podía escucharse en la sala. Se sabe que el lunes, hubo otra discusión y otros audios que la defensa de Rey quería que se hagan públicos pero eso no sucedió. El relato quedó en boca de un efectivo policial que tuvo que apelar a su memoria para poder revelar que durante el bloqueo hubo llamados y amenazas a varios proveedores de la empresa para que no le entreguen mercadería. Esas escuchas también constituían una prueba importante para demostrar que la misión del sindicato era cercenar las posibilidades de todo tipo de actividad comercial. 

En la conversación, Cabaleyro y Salazar se tratan de "compañeros" y exhiben una estrecha sintonía gremial. Hablaban de la orden de desalojo dispuesta por la fiscala María del Valle Viviani ante el impedimento de entrada y salida de camiones en la distribuidora.

 El audio circuló el lunes por la noche en grupos de whatsapp y llegó a todos los medios de comunicación abriendo el dilema de la oportunidad de su publicación en coincidencia con la noche previa a la jornada de alegatos. Allí se escucha al intendente proporcionarle seguridad a Cabaleyro informándole que intervino en persona y a través de sus funcionarios más cercanos en ese momento: el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, el Comisario Juan Ramón Catalano y su amigo, el Dr. Daniel Spirópulos que por entonces era abogado de la familia Rey.

“Lo mandé a Roleri hace un rato y a que hablaran con ustedes, ahora lo mandé a hablar con la empresa, también hablaron con la fiscal. Lo único que va a hacer ahí el comisario (...) va a hacer un acta como que ustedes no están obstruyendo nada y ya está”, le detalla el jefe comunal al gremialista.

 En el mismo diálogo se menciona al comisario Juan Catalano, a quien acordaron encargarle la confección del acta policial que dejara asentado que la protesta era "amistosa" y sin conflicto. 

Durante la llamada, Salazar le relata a Cabaleyro la conversación que mantuvo con el abogado de Distribuidora Rey, Daniel Spiropulos. Lejos de garantizar la libre circulación y el amparo a la empresa local, el mandatario admitió haberle recriminado al letrado que la firma hubiera filmado y grabado a los sindicalistas para denunciar penalmente la extorsión.

"Le dije a Spiropulos: '¿Vos te creés que los vas a asustar con una denuncia a los muchachos? Vos estás loco, Daniel. Vos tenés que aconsejar a la empresa que eso es no tener códigos. ¿Cómo van a sentarse a negociar y van a estar grabando a los muchachos?'", afirmó Salazar en el diálogo telefónico.

Con la conclusión de los alegatos, La Opinión & Sin Galera decidieron darle difusión en el informativo Lo que Importa y transcribir textualmente la conversación entre ambos, incluídas las pausas que podrán escucharse en el archivo de audio completo una vez finalizada la audiencia de hoy y que abre el plazo de cinco días que ahora tiene el tribunal para expedirse.

Nota de la Editorial: La utilización política y partidaria de ese material correrá por cuenta de quienes ven en la justicia un instrumento de presión para satisfacer sus intereses. Los sótanos y los subsuelos del poder se alimentan de las injusticias que atormentan a la sociedad y empañan toda posibilidad de llegar a la verdad.

ESTO SE ESCUCHÓ EN EL TRIBUNAL Y EN PRESENCIA DE SALAZAR Y CABALEYRO

Cecilio Salazar: Hola.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Hola, Cecilio?

Cecilio Salazar: Sí.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo anda? Maxi Cabaleiro le habla, Cecilio.

Cecilio Salazar: ¡Ah! Querido, ¿cómo anda, compañero?

Maximiliano Cabaleyro: Bien, ¿usted? Ahí me mandó el audio que le mandó Fernando.

Cecilio Salazar: Ah, bien, bien, bien. ¿Vos estás por San Pedro, estás por allá?

Maximiliano Cabaleyro: No, me vine a San Nicolás porque tuve dos despedidos en San Nicolás y tenía una reunión con la empresa y los trabajadores a las 4 de la tarde.

Cecilio Salazar: Ah, bueno.

Maximiliano Cabaleyro: Recién termino de cerrar el sindicato. Ahora voy a casa, me pego un baño y ya salgo para San Pedro de vuelta, porque me vino a ver el comisario de la Distrital también, que la fiscal dictó un desalojo.

Cecilio Salazar: No, ya acordamos ahí, viste ya... Yo lo mandé a Roleri hace un rato y a Bueno que hablaran con ustedes, ahora lo mandé a hablar con la empresa, también hablaron con la fiscal... Eh, lo único que va a hacer ahí el comisario, ya quedó hablado el comisario con Fernando, va a hacer un acta como que ustedes no están obstruyendo nada y ya está, ¿viste? Pero lo lo también hablé con el con el abogado. Hablé con el abogado, con Spiropulos, le dije que que lo que me dijo Fernando, ¿viste? Que en realidad se tiene que sentar la empresa con ustedes y acordar este tipo de cosas. Eh, lo que me dijo Spiropulos es lo siguiente: él estuvo hablando, me dice, con una abogada del gremio que le mandó eh a propuesta de ustedes eh no sé si son tres o cuatro puntos. Eh lo lo que recuerdo es que levanten la sanción de un delegado, ¿puede ser eso? O Ah, sí, está. Bueno, la empresa está de acuerdo con eso. Que en vez de nueve camioneros tengan 12, ¿algo así también?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, porque habían despedido a tres y no le reincorporaron nunca al convenio.

Cecilio Salazar: Bueno, lo van a reincorporar.

Maximiliano Cabaleyro: Ajá.

Cecilio Salazar: Lo van a reincorporar. Y hay otro punto, Maxi, que no me acuerdo cuál es ahora, porque quedó Spiropulos de mandarme...

Maximiliano Cabaleyro: El de enero y febrero, la diferencia salarial de enero y febrero. Y el cuarto, que yo te dije, que sí o sí está en el reclamo, es la diferencia salarial de los últimos 24 meses que están en el expediente, Cecilio.

Cecilio Salazar: Debe ser seguramente ese, sí.

Maximiliano Cabaleyro: Yo vengo a ver, yo vengo vengo con esto, Cecilio, derecho de enero. Tratar sin llegar a estar en el conflicto, sin llegar a generar esto, pero bueno... Usted como como yo lo ha vivido que es sindicalista, en el sindicato lo que lo que uno como sindicalista hace. Esta gente se puso muy vigilante, todas las reuniones que tuvimos nos grabaron...

Cecilio Salazar: No...

Maximiliano Cabaleyro: Y ellos no no se dan cuenta... Usted lo habrá vivido como yo, no se habrá... no se dan cuenta que por ahí tiene tiene una relación con el doctor, no me interesa tampoco, ni mucho menos, pero acá el único beneficiario y que está cobrando guita es el el doctor, por lo que trabaja. Y genera genera un conflicto gigante penal que no no se... nunca termina en nada, porque la la verdad usted con muchos más años de sindicalismo como yo, como... Me lo ha hecho Siderar una denuncia penal, me lo ha hecho Loma Negra... Imagínese que no me voy a asustar por Rey. (Risas) ¿Me explico?

Cecilio Salazar: No, pero escuchá... Le acabo de decir a Spiropulos: "¿Vos te creés que los vas a asustar con una denuncia a los muchachos? Vos estás loco, Daniel. No no hagas esas cosas", digo, "vos tenés que aconsejar a la empresa que eso eh es no tener códigos. Sentar..."

Maximiliano Cabaleyro: Grabar no, Cecilio. Grabar no.

Cecilio Salazar: Claro, totalmente.

Maximiliano Cabaleyro: Grabar en una reunión y mandarlo a fiscalía lo que grabaron, ¡dejate de hinchar las bolas!

Cecilio Salazar: No, no va eso.

Maximiliano Cabaleyro: No te lo dice en junio... No le hice un reclamo de diferencia salarial en junio porque hablé con la empresa y le dije: "A ver, tenés que poner 3 millones de pesos si te reclamo 24 meses para atrás de los trabajadores. Convencionalo y pagale a partir de ahora lo que tenés que hacer", ¡y ahora me obliga a hacerlo!

Cecilio Salazar: Claro.

Maximiliano Cabaleyro: Porque haciéndome toda esta causa penal toda, yo me tengo que salir a cubrir el culo sindicalmente y con la con con los trabajadores más que nada, porque encima se me dicen los trabajadores, me vienen a picar la nuca a ustedes. "¿Te estás cagando, boludo?".

Cecilio Salazar: Ah, claro.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo cómo hago yo con el trabajador después para decirle que no? Le tengo que pedir todo. (Risas)

Cecilio Salazar: Totalmente. Totalmente. Tenés razón.

Maximiliano Cabaleyro: Me me me me deja sin herramientas.

Cecilio Salazar: No te deja margen para negociar. Claro, sí, sí, sí.

Maximiliano Cabaleyro: ¡Y no! Pero claro.

Cecilio Salazar: Pero bueno, mirá, lo que yo veo ahora que la empresa va a aflojar. Pues yo le dije: "Mirá, yo te digo una cosa: no quiero quilombos, dejen de joder". Le dije a Spiropulos. Digo: "Daniel, vos tenés que sentarte con la empresa, decirle que ellos se sienten con los muchachos, tratar de evitar, si no estás vos, mejor", digo. "Decirle que se dejen de joder con andar grabando", digo, "eso es no tener códigos. ¿Cómo van a hablar va a sentarse a negociar y van a estar grabando a los muchachos?", digo. "¿Qué clase de situación es esta?". Viste, bueno... Me dijo que...

Maximiliano Cabaleyro: La verdad no lo concibo, no me ha pasado jamás. Es la primera vez que me pasa.

Cecilio Salazar: Pero aparte vamos a ser reales, Maxi: estos son unos piojitos. Ustedes se han peleado con empresas mucho más poderosas...

Maximiliano Cabaleyro: Pero bien, Cecilio, la última causa penal me la hace Siderar por las vías...

Cecilio Salazar: Claro.

Maximiliano Cabaleyro: Y tuve delitos federales, no estamos hablando de la fiscal Viviani en San Pedro, ¿qué estamos hablando? (Risas)

Cecilio Salazar: Sí, no...

Maximiliano Cabaleyro: ¿Y no sucedió nada después?

Cecilio Salazar: La fiscal se fue a... ahora se fue a San Nicolás, está en San Nicolás, qué sé yo, porque yo quería hablar con ella. De todas maneras, habló Roleri con ella por teléfono. Le di... Le dijo que que era complicado hacer un un desalojo así por la fuerza y demás. Y bueno, lo que acordamos con Catarano que fuera a tomar la nota diciendo: "No, no hay ninguna obstrucción". Listo. Así que eso es lo que va a pasar ahora amistosamente, sin ningún tipo de de problemas.

Maximiliano Cabaleyro: Cecilio, yo mire lo que le digo: yo calculo que entre las 8:30 y las 9:00 de la noche voy a estar de vuelta en San Pedro. No sé si es horario para reunirnos o no. Si usted quiere que hagamos la reunión y tratar de trabar más esto lo más que se pueda, no tengo problema porque yo vine por otro conflicto que tengo acá en San Pedro... en San Nicolás. Y me baño, me cambio, dos minutos estoy en mi casa y vuelvo para allá. Yo estoy de una ya.

Cecilio Salazar: Yo le pedí... Ahora lo mandé a Roleri a hablar con la empresa. A decirles que se dejen de joder, que que se pongan de acuerdo con ustedes, que acuerden todo y que siga todo el trabajo normal.

Maximiliano Cabaleyro: Bueno, otra cosa que les quede bien claro: porque ahí hay un chico, sí, que nosotros lo sabíamos de ayer a esto, ahí hay un chico que la mamá o no sé está en el Consejo Escolar o en una escuela, en algo de esto de la comida que tienen ellos que tienen con ustedes, contrato con el Consejo Escolar, no sé bien cómo es, a mí no me interesa eso, la verdad...

Cecilio Salazar: No, no, no, el Consejo el Consejo... No, no, no.

Maximiliano Cabaleyro: O es directo con la Provincia...

Cecilio Salazar: Eso es con la Provincia.

Maximiliano Cabaleyro: Está bien, no tengo no no me interesa a mí, le digo la verdad, Cecilio, no tengo inconveniente ahí. Eh ayer ya sabíamos que se le había notificado a las escuelas que no iban a tener la mercadería hoy.

Cecilio Salazar: Sí, correcto. Mirá...

Maximiliano Cabaleyro: Y yo y yo no no no interrumpí la salida de ese camión ayer a hoy a la mañana.

Cecilio Salazar: El el servicio se hace de Provincia directamente con el Consejo Escolar, ellos le mandan la plata, el Consejo Escolar contrata, hace la licitación y licitan las empresas. El Municipio no tiene nada que ver. Pero bueno, eh...

Maximiliano Cabaleyro: Sí, sí, ya lo sé. Sí, sí, sí, sí.

Cecilio Salazar: Pero repercute en la ciudad, repercute en la ciudad importante, que no le llegue la comida a los chicos a la escuela, que le están dando lo que habían dado hoy en pandemia, ¿o no?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, no, está bien.

Cecilio Salazar: ¿Y a quién le voy a hacer, Cecilio? Se lo pongo a usted ahí, por más que venga del Consejo, de donde sea...

Maximiliano Cabaleyro: No, totalmente, ya lo sé.

Cecilio Salazar: No lo tome a mal, pero el comisario el comisario de la ciudad y es usted. (Risas)

Maximiliano Cabaleyro: Maxi, yo tengo una excelente relación ahí con con Fernando, nosotros tenemos buena relación con ellos, así que no hay problema. Creo que la empresa va a aflojar, por lo que tengo entendido van a aflojar. Yo, la verdad que hablé recién con Spiropulos, le dije: "Dejá de joder, tratá de hacer entender a la empresa que tienen que acordar con el sindicato, no pueden estar grabándolos, no pueden... Se tienen que sentar ahí sin grabador por medio y van a acordar las cosas", le digo, "quedate tranquilo, yo conozco cómo piensan los muchachos, si yo también he estado en estas cosas".

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo te van a venir a grabar?

Cecilio Salazar: Te van a venir a grabar...

Maximiliano Cabaleyro: Aparte ya una... Mire, lo último que pasó, creo que fue ayer, ayer martes: terminaron denunciando a la abogada también. Eh entre un colega que está denunciando a otro colega, en la causa penal lo involucró. Yo, la verdad, falta de códigos total, Cecilio. Porque que nos denuncien a nosotros como sindicato, a mí como persona, todo, pero ya entre colegas, abogado contra abogado... ¿Qué qué son? ¿Todos vírgenes? ¿Nunca se les va a caer... tienen que sacar plata son todos ellos?

Cecilio Salazar: No, no, quedate tranquilo...

Maximiliano Cabaleyro: Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, ¿me está cargando? ¿Cómo que yo le haga una denuncia a usted? ¡Hola! Somos colegas. O sea, cualquier dirigente sindical, ¿cómo le voy a pisar la manguera yo a un a un colega? ¿Estamos todos locos?

Cecilio Salazar: Está bien. Bueno, mirá, yo cualquier cosa que pase en estos próximos momentos yo te... ¿Este es tu celular?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, sí, sí, el mismo de siempre tengo, Cecilio. Hace 14 años que lo tengo.

Cecilio Salazar: Perfecto.

Maximiliano Cabaleyro: Y no lo voy a cambiar por esta causa, imagínese. (Risas)

Cecilio Salazar: No, claro, seguro. Más vale.

Maximiliano Cabaleyro: Yo tengo hace 14 años que tengo el mismo número, Cecilio.

Cecilio Salazar: Dale, listo. Yo cualquier cosa te llamo, mi querido.

Maximiliano Cabaleyro: Yo calculo que entre las 8:30 y las 9:00 voy a estar en San Pedro de nuevo.

Cecilio Salazar: Listo.

La nota más llamativa de la jornada del lunes en el Tribunal fue la presencia de la senadora provincial y abogada de la empresa Rey Distribución, Dra. Florencia Arietto. Llegó para ultimar los detalles de su alegato el martes cuando todas las partes hagan uso de la hora que el juez concedió para exponer los argumentos que determinarán la situación de Maximiliano Cabaleyro y de los seis ex empleados.

La causa  por el bloqueo y extorsión a la empresa de la familia Rey terminó esta mañana con la presentación de los últimos tres testigos citados en el debate: el perito de parte, la psicóloga y un oficial de policía.

Durante el análisis testimonial de la profesional de salud mental, los cuestionamientos giraron en torno a las manifestaciones expresadas oportunamente en sede prejudicial y pericial respecto de las entregas de dinero y los aportes. La defensa buscó centrar su argumentación técnica en que los pagos o acuerdos económicos entre un empleador y la representación sindical constituyen infracciones de índole laboral o desleal bajo la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no configuran por sí mismos el tipo penal de extorsión o coacción, eje sobre el cual basarán su planteo de inocencia. Así lo consideró el Dr. Gabriel Rogelio Ruíz quien patrocina a los ex trabajadores de la empresa.

Para este martes, el Tribunal dispuso el inicio de los alegatos de clausura a partir de las 10, con un tiempo estipulado de una hora de exposición para cada parte.

Abrirá la parte acusadora con la fiscal que instruyó la causa, Dra. María del Valle Viviani; continuará el particular damnificado y la querella de la familia Rey, con la alocución de la abogada Florencia Arietto, y luego será el turno de las defensas: el Dr. Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas en representación del sindicalista Maximiliano Cabaleyro, y el Dr. Gabriel Ruiz por los exempleados de la distribuidora.

Tras los alegatos de mañana, el Tribunal pasará a deliberar y quedará a la espera del veredicto final, que por los plazos procesales se dará a conocer dentro de los cinco días hábiles posteriores.

Durante la última sesión del Concejo Deliberante quedó sancionada una ordenanza que cuando comience a hacerse efectiva que apunta directo al bolsillo de los infractores y protagonistas de accidentes de tránsito. El alto costo de la atención de la Guardia de Emergencias, las internaciones en Terapia Intensiva, cirugías, prótesis, estudiso de imágenes, rehabilitación y otras serie de gastos están impactando de lleno en las cuentas públicas. 

Si el Intendente la promulga, a partir de ahora la Municipalidad cobrará los gastos médicos a quienes ocasionen siniestros mientras conducen alcoholizados, drogados, sin licencia o corriendo picadas.

La iniciativa obedece a la alarmante estadística que se registra en la guardia de emergencias con víctimas que presentan lesiones graves —principalmente motociclistas sin casco—, donde la sola admisión y atención inicial de un politraumatizado supera los 250.000 pesos. Después aparecen todos los demás gastos, incluso derivaciones a otros centros asistenciales y traslado de familiares.

El texto aprobado crea el "Régimen de Recupero de Gastos Hospitalarios por Accidentes de Tránsito", orientado a obtener el reintegro de todas las prestaciones médicas, quirúrgicas, farmacológicas, estudios diagnósticos y rehabilitación brindadas por efectores públicos municipales a causa del hecho vial.

Deberán reintegrar a las arcas públicas los conductores que incurran en las siguientes faltas graves:

La obligación de pago alcanzará en forma directa y solidaria a los conductores, a los titulares o guardadores de los vehículos y a las compañías de seguro contratadas. El monto no podrá exceder el máximo de la póliza contratada y será obligatorio para acceder a esos montos una sentencia firme dictada por el Juez de Faltas Municipal.

La normativa aclara que no se generará deuda alguna por controles de rutina, prácticas médicas sin diagnóstico de lesiones o evaluaciones preventivas posteriores al choque. También queda garantizado el derecho de cualquier herido a recibir asistencia pública inmediata e integral en el momento de la urgencia.

Si el responsable no abona dentro del plazo de pago voluntario, la Municipalidad quedará habilitada para iniciar el cobro compulsivo mediante la vía de apremio judicial. No obstante, antes de llegar a esa instancia, el infractor tendrá la opción de cancelar total o parcialmente la suma debida a través de la realización de trabajos comunitarios.

Todo lo que el Municipio logre recaudar no podrá ingresar a rentas generales, sino que serán afectados exclusivamente a insumos, equipamiento y sostenimiento del sistema público de salud.

Cuando La Opinión & Sin Galera decidieron publicar su propio mapa del delito en colaboración con los vecinos que son víctimas del accionar de los delincuentes, el por entonces Secretario de Seguridad Eduardo Alvarez adujo que era una medida que se tomaba para resguardar la prueba que necesita la justicia. Fueron meses de batalla por la información y la prohibición del gobierno de la provincia de Buenos Aires llegó incluso a aplicar sanciones a los efectivos que aporten datos a los trabajadores de prensa. El nombre de esta iniciativa se hizo viral: Oficina de Robos.

En una ciudad pequeña, el ocultamiento de lo que sucede es como la muerte; inevitable. De inmediato los vecinos comenzaron a aportar videos, fotos y denuncias para que se sepa que la situación de inseguridad está muy lejos de solucionarse, especialmente en los barrios donde la droga mantiene en situación de temor a las familias.

Ahora, este medio pudo acceder a un mes de estadísticas oficiales. Lo que aquí se publica responde a los días transcurridos durante el mes de Agosto de 2026.

Los números que maneja internamente la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales exponen la verdadera dimensión de los hechos.

De acuerdo con la planilla que se elabora para elevar desde la región a la provincia, los números son los siguientes: 

Robos: 51 cometidos en la jurisdicción de la Estación de la Policía Comunal, con apenas 15 esclarecidos.

Hurtos: 76 hechos en total entre las comisaría y en la dependencia de la Mujer y la Familia, de los cuales solo 11 figuran con esclarecimiento.

Sustracción de automotores: 1 hecho denunciado aún sin esclarecer.

Asaltos: 1 hecho registrado y denunciado aún sin esclarecer.

Delitos contra la integridad sexual: 2 denuncias ingresadas en la Comisaría de la Mujer, con 1 hecho esclarecido.

Cuatrerismo: 1 hecho asentado en el registro policial.

Entre robos y hurtos simples, la estadística oficial resume 127 hechos delictivos directos contra la propiedad en 31 días, es decir, un promedio superior a 4 delitos diarios reportados en sede policial, con una tasa de esclarecimiento que ronda apenas el 20 % en robos y no alcanza el 15 % en hurtos. Desde que asumió Juan Carlos Agüero, los periodistas cuentan con la posibilidad de chequear la mayoría de los hechos.

Nota: Para consultar, contrastar zonas calientes o cargar tu reporte, accedé a nuestro informe interactivo con el Mapa del Delito de la Oficina de Robos de San Pedro al 3329 479958.

El juicio por el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y Distribuidora Rey por el bloqueo de la planta y extorsión a la empresa, comenzó esta semana con cinco extensas jornadas en los tribunales de San Nicolás.

Este sábado en Sin Galera, la periodista de El Norte, Silvia D’Angelo, quien cubrió las audiencias, contó todos los detalles del juicio que tiene como imputados a Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la Distribuidora Rey, ya que Fernando Espíndola, que cumple prisión domiciliaria, quedó afuera del debate oral tras optar por un juicio abreviado. 

La periodista repasó los momentos claves de cada audiencia, que tras esta semana se encamina a la etapa de los alegatos y la definición. 

La primera jornada estuvo centrada en la declaración de Gustavo Rey, uno de los propietarios de la distribuidora, que declaró durante más de cinco horas. “Fue el único testimonio del día”, comentó D'Angelo. 

La periodista de judiciales, relató que Gustavo sostuvo que los reclamos del sindicato comenzaron aproximadamente en 2017 y que, desde entonces la empresa comenzó a recibir pedidos de dinero equivalentes a un sueldo mensual. Además, mencionó que desde el Sindicato les exigían dinero adicional durante épocas electorales. 

“Cansados de los aprietes, fue lo que él dijo, decidieron dejar de pagar y ahí fue donde comenzaron los reclamos más fuertes y el famoso bloqueo”, relató D' Angelo.

En la segunda audiencia declararon los contadores de la empresa, donde la contadora de la empresa, Patricia Butti, declaró que las pérdidas por el bloqueo de la planta fueron de alrededor de $ 13.500.000, a valores de 2021.   

También habló el contador de la empresa, Víctor Grabovieski, reconocido por ser quien entregó la famosa caja de Chocolino con el dinero, cuya declaración, según D' Angelo no fue tan precisa. “Él dice que él no vio el contenido del dinero”, señaló. 

El abogado de la empresa, el Dr. Daniel Spirópulos también se presentó para dar su testimonio. En su declaración señaló que se actuó bajo presión debido a que los reclamos de Camioneros no eran lícitos. 

Durante la tercera jornada declaró Ariel Rey, cuyo testimonio estuvo cargado de emoción y además, se refirió a las pérdidas por el bloqueo que al día de hoy serían de 370 millones de pesos. 

 "Ariel Rey se quebró, lloró en varios momentos. Él fue justamente quien dijo que elSindicato le pedía plata, que específicamente Fernando Espíndola le pedía plata para el kiosquito de Cabaleyro", conto Silvia. 

En el cuarto día, la periodista de El Norte contó que hubo dos testimonios que se perdió, pero lo más relevante fue la declaración del proveedor de servicios de mantenimiento, que contó que en dos oportunidades fue testigo de la entrega de sobres con dinero para el Sindicato de Camioneros. 

Finalmente, D'Angelo relató cómo se vivió la quinta audiencia que contó con la presencia del intendente Cecilio Salazar. 

En su declaración, el jefe comunal indicó que su rol en el conflicto fue sólo el de hacer de mediador y contactar a Camioneros y la Firma Rey para que dialoguen. Además, afirmó que desconocía el bloqueo de la planta durante el 22 al 26 de febrero, pese a las imágenes y videos públicos que mostraban la situación. 

Silvia contó que durante su testimonio se reprodujeron audios de intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia, en los que se escuchaba a Salazar mantener conversaciones vinculadas al conflicto.

Finalmente, respecto a los seis exempleados de Distribuidora Rey, Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez, acusados por su participación en los bloqueos de la planta, la periodista comentó:

“Mi sensación es que van a quedar, digamos que los van a declarar absueltos, los van a absolver porque prácticamente no se habló de ellos”. 

Mientras tanto el juicio a Camioneros por la extorsión y bloqueo a la firma Rey continuará durante los próximos días en los tribunales de San Nicolás, con los últimos testimonios y camino a la etapa de alegatos y posteriormente la definición de la Justicia.