La Justicia condenó al empleado municipal de San Pedro Juan Ramón Villalba a dos años y medio de prisión de ejecución condicional tras hallarlo penalmente responsable del delito de administración fraudulenta.

Villalba, de 49 años, fue considerado culpable de haber desviado materiales, herramientas y personal de la obra del hotel Azahar Spa, que el gobernador Axel Kicillof inaugurará formalmente el 12 de junio.

Trabajó allí entre los años 2007 y 2013, período en el que fue uno de los máximos referentes a cargo de la construcción.

En ese tiempo, Villalba respondía a las órdenes de Miguel "Mili" González, contratista a cargo de la obra cuyos máximos responsables eran los arquitectos Alberto Raúl Antoliche y Jorge Santiago.

Antoliche y González —Santiago falleció— irán a juicio oral y público. El debate comenzará el 23 de junio y se extenderá por cuatro días en los Tribunales de San Nicolás, bajo la órbita del Juzgado en lo Correccional n.° 1.

Villalba, por su parte fue a juicio de trámite abreviado, en cuyo marco quedó probada su participación en el delito de administración fraudulenta, por lo que fue condenado a dos años y medio de prisión de ejecución condicional, es decir que no irá preso.

El fallo condenatorio pone en riesgo su continuidad como empleado municipal, puesto que el Estado local deberá proceder, como en otros casos, a iniciarle el sumario administrativo correspondiente, con la cesantía como máxima sanción posible.

La Justicia consideró que Villalba era "la persona que administraba los bienes y cuidaba y disponía de materiales de la obra", por lo que sus conductas provocaron un "perjuicio patrimonial" a la empresa, "evidenciado con las pericias".

Cuando en 2013 los arquitectos Antoliche y Santiago dejaron la obra, comenzaron las inspecciones por parte de la empresa que derivaron en una denuncia penal contra ellos y contra los contratistas que pusieron al frente de la tarea.

Detectaron que junto a lo que denominaron "vicios de construcción" habían sufrido retiro de materiales sin control y su uso en otras obras, con maquinaria propia incluida.

En 2007, estimaban que la construcción del hotel iba a costar alrededor de 10 millones de dólares y que estaría listo en tres años. Pero el tiempo comenzó a pasar.

"A Villalba lo trajo Antoliche, de la Municipalidad", declaró Víctor Fera, el dueño de Maxiconsumo y de Polo Industrial, empresa propietaria del Azahar Spa y antes San Julián, en la Justicia. 

En una oportunidad, en el propio hotel otros obreros le informaron que se llevaban las máquinas para trabajar en otro lado. A Villalba, declaró, lo tomaron porque era "de confianza" del Municipio. Había llegado a través de "Mili" González y tenía rol de encargado.

Un testigo, que trabajaba para un contratista y manejaba una retroexcavadora, declaró que vio salir materiales de la obra hacia la casa de Villalba en varias oportunidades: piedra, cemento, cal, arena, etc. 

Desde la casa, señaló, llevaban todo a otras obras en una camioneta Chevrolet vieja color naranja. Incluso, declaró, hubo obras municipales hechas con esos materiales y con las herramientas del hotel.

Otro empleado de Villalba declaró que pudo ver que sacaban hierros y chatarras. Un tercero, también contratado por él, dijo que "las ordenes en la construcción las daba Villalba" y que "también se encargaba de solicitar los materiales de construcción" que "a veces salían de la obra".

Ese mismo empleado contó que trabajó en una quinta que sería propiedad de González y en la obra del Paseo de los Túneles, siempre bajo las órdenes de Villalba y con el sueldo "abonado por el hotel".

Personal de seguridad, por su parte, también dejó asentado en la causa que había "movimiento de materiales y herramientas" en esa camioneta naranja, conducida por un empleado del ahora condenado.

El exdirector de Cultura, José Luis Aguilar, también declaró en la causa. Villalba era empleado de su área. La obra del Paseo de los Túneles, dijo, se hizo con fondos municipales. Sí contó que Villalba llevó una retroexcavadora que "le prestó un amigo". Era la del hotel.

Las copias de los libros donde la empresa de seguridad dejaba asentados los movimientos fueron fundamentales para la condena de Villalba. 

Allí se detallan los días en los que personal señalado como "empleado de" o como "hombre de" Villaba se llevaban  materiales de todo tipo.

Los movimientos son muchos: cortes de hierro, bolsas de cemento, ladrillos, perfiles, mangueras, baldes, arena, más cemento, tablones, tanques, tirantes, la retroexcavadora, carretillas, más ladrillos, obreros para trabajar en otra obra, escombros, portantes, cables subterráneos, bolsas de cal, pegamento, bombas de agua, y así por decenas de veces.

Todos escuchaban comentarios acerca de que Villalba se llevaba el personal, el material y las herramientas para otras obras. Pero como había autorización expresa por parte de González, que respondía directamente a los arquitectos Antoliche y Santiago, sólo dejaban asentado lo que ocurría.

Un durlockero que detectó el faltante de alrededor de 200 metros cuadrados de construcción en ese material declaró que cuando preguntó por lo que faltaba le dijeron: "Callate la boca, porque nos echan a todos y se arma quilombo".

La camioneta y un acoplado de Villalba, refirió ese testigo, "siempre salía con más cosas que con las que entraba". Él también escuchó comentarios en el mundo de la construcción que los materiales se vendían afuera o se usaban para otras obras.

"Gonzalez, Villalba y sus obreros armaban un circo para que Fera viera todo bien", dijo un testigo.

En su declaración, Villalba dijo que nunca tuvo a su cargo administración de bienes ni hacer compras, sino que él hacía "limpieza en la obra" y que el personal que le atribuyen no eran empleados suyos sino gente que "recomendó".

Aseguró que nunca sacó materiales de la obra, a menos que hubiera orden para trasladar de un lugar a otro por parte de los responsables. 

La camioneta naranja, dijo, no era de su propiedad sino de una persona de apellido Bustamante —a quien los testigos señalan como "su chofer"—, que era vecino de él y trabajaba, también, en la construcción.

Aseguró que tomó "tres créditos" para terminar su casa y que no la construyó con materiales del hotel, porque todo lo que aparece en los libros como que él retiró lo hizo "para realizar obras a favor de la empresa".

Para la Justicia, quedó probado que tenía una autoridad y que la ejercía, por lo que su rol en la obra era "más activo que lo que él describe". Además, consideraron probado que sacó material, lo que a su vez se conjuga con la pericia que señala que hubo un "desfasaje del material comprado".

Así, la jueza Luciana Díaz Bancalari consideró probado que Villalba hizo abuso de la confianza que le habían dado y que, con ello, "provocó un perjuicio patrimonial deliberado a la empresa" de Víctor Fera, aprovechándose de la falta de control permanente de su parte.

Este fallo, previo al debate oral contra Antoliche y González que comenzará en pocas semanas, es de gran relevancia respecto de lo que ocurrirá en ese debate.

Por un lado, porque consideró probadas las deficiencias constructivas que obligaron a romper y rehacer gran parte de la obra del hotel Azahar Spa. 

Por el otro, porque Villalba estaba por debajo de los otros dos acusados y su condena por "administración fraudulenta" parece adelantar el destino que tendrán aquellos en el juicio.

El caso de la banda de policías que actuaba en la región cuyo juicio tendrá a algunos efectivos en debate oral y a otros en trámite abreviado, tuvo a un sampedrino involucrado: Juan Ramón Reinoso, oriundo de Santa Lucía, quien fue investigado y sobreseído por falta de pruebas.

Camino a la elevación a juicio de una investigación que comenzó cuando un delincuente perdió un celular al momento de escapar tras un robo, el fiscal Patricio Múgica Díaz consideró que no había elementos probatorios suficientes para endilgarle participación en los hechos investigados.

La falta de pruebas de cargo idóneas fue fundamental para que el santalucense quedara afuera de la investigación que ahora va a juicio y el juez Román Parodi dispuso "sobreseer totalmente a Juan Ramón Reinoso en orden a los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública".

A su vez, además de la causa penal Reinoso enfrentó un sumario administrativo ante la  Auditoría General de Asuntos Internos, donde también fue sobreseído y evitó así una sanción, lo que le permitió continuar trabajando, como hasta hoy, como efectivo de la Policía Bonaerense.

Juan Reinoso había sido detenido por la Policía Federal el 21 de septiembre de 2023, cuando la Justicia ordenó alrededor de 25 allanamientos en toda la región. Un mes más tarde, recuperó la libertad por falta de mérito para la prisión preventiva.

En su declaración dijo que con la única persona de las involucradas en los hechos con los que tuvo contacto fue con Lucas Artioli, el jefe de calle de Ramallo sindicado como cabecilla de la banda investigada, porque habían sido compañeros y mantenían vínculo laboral cuando ocurrían hechos relacionados entre Baradero, su nuevo destino, y Ramallo.

En 2022, Artioli le mandó mensajes por WhatsApp para comentarle que tenía un cupo de horas Cores disponible para la Comisaría de Baradero, por si le interesaban. Tenía que hablar con un tercero, con quien no se comunicó porque "no quería tener inconvenientes".

Reinoso declaró que nunca le pidieron dinero por horas Cores y que las que cumplió siempre fueron controladas por planilla y libro por parte de la encargada de la oficina administrativa y el jefe de la policía de Baradero.

En la causa obraban tres transferencias de dinero de Artioli a la cuenta de Reinoso, quien señaló en su declaración que esos montos correspondían a una suma que el sindicado como jefe de la banda de policías delincuentes le debía, pero que nada tenía que ver con retorno de horas Cores o algún tipo de actividad ilícita.

Las medidas de prueba producidas en el marco de la investigación que lleva a la banda a juicio respaldaron la declaración de Reinoso, lo que motivó la solicitud de Fiscalía de sobreseer totalmente al santalucense, a lo que el juez de Garantías Román Parodi accedió.

El Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro fue a la Justicia para reclamar la restitución del espacio público que le pertenece y que se encuentra ocupado por una guardería náutica desde el año 2012, tras un contrato firmado en 2019.

El predio forma parte de las instalaciones costeras propiedad del puerto que habían sido concesionadas en su momento a la Federación de Luz y Fuerza para el desarrollo del proyecto Mansa Lyfe.

Cuando ese sindicato restituyó el predio, la zona donde está emplazada la guardería náutica quedó en manos de la familia Asturi, titular del emprendimiento, que siguió trabajando.

El Consorcio envió cartas documento a Luz y Fuerza y al propio Asturi para recuperar el predio, pero como no lo logró por la vía administrativa recurrió a la Justicia, por lo que ahora es el Juzgado Civil y Comercial n.° 3 el que deberá resolver.

El predio formaba parte del espacio público concesionado a Luz y Fuerza, que a su vez subconcesionó —algo que no tenía permitido— a Asturi el sector donde construyó la guardería náutica.

Por eso el Consorcio fue a la Justicia contra ambos: contra Luz y Fuerza, porque debía restituir el predio concesionado libre de ocupantes; y contra la familia Asturi y Víctor Grabovieski como partes del emprendimiento de la guardería náutica.

El espacio público en disputa abarca entre 10 mil y 20 mil metros cuadrados que en su momento Luz y Fuerza reclamó ante la Justicia a Asturi por vencimiento de contrato, sin lograr la restitución.

En la causa que inició el Puerto hubo respuesta del sindicato, que sostiene que el Consorcio "siempre estuvo en pleno conocimiento" del proyecto de la guardería náutica y que, vencido el contrato y ante la negativa de restitución, Asturi quedó "en situación de tenencia precaria" sobre el predio.

Por su parte, Asturi respondió que el Puerto pretende reclamarle 20 mil metros cuadrados cuando el contrato de subconcesión habla de 10 mil, y en el mismo acto reconoce que lo restante es producto de "relleno" que hizo él mismo, por cierto sin los permisos ni los estudios de impacto ambiental correspondientes.

Asturi planteó además el tema de "las construcciones, instalaciones y mejoras realizadas sobre el inmueble", que contienen "un galpón de aproximadamente 22,40 metros por 50,60 metros, con una superficie cubierta superior a los 1.100 metros cuadrados".

El dueño de la guardería sostiene que "el valor actual de las construcciones e instalaciones existentes puede estimarse en una suma aproximada de 900 mil dólares" que invirtió y que, asegura, el Consorcio quiere quedarse en "un evidente abuso del derecho y enriquecimiento sin causa a su favor".

El fiscal Patricio Múgica Díaz llevará a juicio a los policías y civiles involucrados en la banda que lideraba el exjefe de calle de la Bonaerense en Ramallo Lucas Rubén Artioli y que tuvo al sampedrino Juan Ramón Reinoso, oriundo de Santa Lucía, entre los involucrados.

La semana pasada, cuando iba a desarrollarse el juicio oral, aparecieron propuestas ante el Tribunal para que algunos de los acusados sean juzgados mediante trámite abreviado, reveló El Norte.

Los imputados eran en total ocho policías y tres civiles, entre los que están quienes irán a debate y los que eligieron la modalidad abreviada. Entre los últimos, el propio Artioli, señalado como cabecilla de la banda. Además hubo efectivos que quedaron fuera de sospecha, entre ellos Reinoso.

Los demás están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer diversos delitos, entre ellos robos a mano armada con encapuchados y privación ilegítima de la libertad; hurtos; custodias no registradas y manejo discrecional de horas adicionales (Core) a cambio de retornos, cobrados vía transferencias en billeteras virtuales.

La sospecha es que fueron parte de una serie de robos cometidos en la región y además hay otro grupo, vinculado a este, a quienes acusaron de vender droga que se quedaban de operativos.

El fiscal Múgica Díaz comenzó la investigación en julio de 2022 cuando analizó un celular que un grupo de delincuentes había olvidado al escapar tras cometer un robo.

La tarea investigativa logró mapear la estructura delictiva y un año después se ordenaron 25 allanamientos. En ese marco, un comisario se quitó la vida antes de que lo allanaran y dejó un video en el que reconocía ser parte de la banda "del teniente primero Artioli".

Entre esos allanamientos, uno tuvo lugar en Santa Lucía, en la casa del oficial Juan Ramón Reinoso, vecino de esa localidad de San Pedro que se desempeñaba en Baradero y además es abogado.

A Reinoso ese día lo detuvo la Policía Federal, encargada de los procedimientos. Fue involucrado en la trama relacionada con el cobro de "changas" de custodia sin aviso a los superiores y en el manejo discrecional de horas adicionales, pero no aparece en la causa relacionada con la venta de drogas. 

Juan Ramón Reynoso fue sobreseído tanto en la causa penal como en el expediente administrativo ante Asuntos Internos.

Los abogados de Miguel Rojas Salinas, un turista que a los 17 años se accidentó en las barrancas, reclaman a la Municipalidad una suma actualizada de más de 700 millones de pesos como indemnización tras el fallo de la Corte Suprema que estableció que tanto el joven como el Estado local tienen responsabilidad en lo ocurrido.

La revelación que hizo La Opinión la semana pasada, tras conocerse el fallo definitivo y el reclamo de la familia damnificada, despertó polémica en redes sociales respecto de quién tuvo "la culpa" de lo que pasó en aquel enero de 2008, cuando el joven se cayó por las barrancas tras saltar la baranda y descender camino al Balneario, donde estaba acampando con amigos.

Para la Justicia, ese debate está zanjado: la Corte Suprema bonaerense consideró que si bien el joven tiene responsabilidades por haber traspasado la baranda, estableció que —tal como todavía sucede, a 18 años del caso— el Estado debería haber tenido señalización correcta que indicara el peligro.

La Corte consideró que hubo "una conducta omisiva de la Municipalidad de San Pedro que importó falta de servicio e incumplimiento del deber de seguridad" al "no adoptar medidas de seguridad preventivas para los transeúntes, que incluso pudieron pone en riesgo sus vidas".

Para el fallo judicial, los turistas deben ser protegidos y es obligación de la Municipalidad garantizar su seguridad. No alcanza con la baranda como suficiente advertencia. Hay que señalizar el riesgo existente.

La Justicia entendió que si bien había una baranda, era de apenas un metro de alto y fácilmente franqueable por arriba o por abajo. Un perito ingeniero mecánico señaló en la pendiente era "muy fácil resbalar" y que luego todo es "caída libre".

El fallo advierte que no sólo no había ningún cartel que indicara que la zona era peligrosa o que había riesgo de caída, sino que además destacó que la barranca no era conocida por los turistas, que como "consumidores" de servicios de ese tipo tienen "derecho a la información" sobre esos riesgos.

Respecto de la iluminación, obra en el expediente que la Municipalidad dispuso reflectores luego del accidente, lo que refuerza la idea de que hubo una omisión que luego fue reconocida implícitamente.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 28 de enero de 2008. Miguel había viajado a San Pedro desde la ciudad de Hurlingham, al oeste del conurbano, para pasar unos días con unos amigos. Habían salido a comer y volvían al camping. Al llegar a 25 de Mayo y las barrancas, decidieron cortar camino y bajar por un sendero.

Miguel resbaló, corrió por la barranca y no pudo detener su caída. Abajo, los amigos lo asistieron y llamaron a una ambulancia. Tenía una fractura expuesta, sangre en la cabeza y a la altura del maxilar.

Internado en terapia intensiva, ante el riesgo que corría por su estado fue derivado al hospital Fiorito de Avellaneda. Estuvo allí hasta el 22 de julio. Cuando le dieron el alta, las consecuencias eran gravísimas: quedó con incapacidad neurológica permanente del 75 por ciento, en silla de ruedas, con daño cognitivo y sin capacidad para trabajar ni valerse por sí mismo.

El monto calculado por la querella para la indemnización es de más de 700 millones de pesos y corresponde al 50 por ciento de los gastos estipulados, puesto que la Justicia estableció responsabilidades en partes iguales para el joven y la Municipalidad.

Carlos Gabriel Barbosa, alias Tony, fue detenido por personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero y del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría tras conocerse la sentencia en su contra por abuso sexual con acceso carnal.

Barbosa es un reconocido delincuente de 45 años que tiene diversos antecedentes en su haber, entre ellos haberse evadido de la cárcel de Baradero cuando estaba próximo a cumplir una condena por robo calificado.

El viernes pasado fue sometido a juicio y el lunes el Tribunal dio a conocer la sentencia condenatoria, con una pena de 7 años de prisión efectiva.

Barbosa fue trasladado a la Comisaría local, donde permanece alojado a la espera de la asignación de cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde purgará la pena impuesta.

La fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, logró reunir elementos de prueba suficientes para que el acusado sea condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 en el juicio.

Barbosa fue hallado culpable de suministrar bebidas alcohólicas con pastillas a una joven 20 años menor que él y golpearla salvajemente para someterla sexualmente en su casa cuando ella estaba bajo los efectos de las drogas. 

El hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de cinco años a quien la Justicia ordenó volver a llevar a juicio fue considerado prófugo de la Justicia tras no presentarse al nuevo debate oral y público.

El nuevo juicio estaba previsto para el martes 28 de abril. Ese día, el acusado no fue y dijo que había tenido un problema personal que le impidió llegar. Sin embargo, Fiscalía pidió su detención y el Tribunal lo ordenó.

Así, fue considerado prófugo de la Justicia. Desde entonces, nadie sabe nada de él. Ni siquiera su familia. Este miércoles es la nueva fecha para la audiencia, pero si no se presenta no podrá llevarse a cabo porque no se puede juzgar en ausencia.

Mientras tanto, la orden de captura fue cursada a todas las comisarías del país para que tengan presente que esa persona, cuya identidad no se revela para resguardar la de la víctima, que es su hija y es menor de edad.

La denuncia que inició la causa había sido radicada por la abuela materna de la nena en 2021. La niña le contó cosas que ocurrieron en el baño del padre de la casa de la otra abuela.

Ese relato fue ratificado en cámara Gesell, aunque según consta en las actuaciones "de manera algo confusa". En el juicio original, el acusado fue absuelto por el beneficio de la duda.

Sin embargo, Fiscalía apeló en Casación, donde los jueces consideraron que las dudas planteadas en el fallo de primera instancia no estaban debidamente explicadas y que había un “vacío” en la sentencia.

En una resolución poco habitual, Casación ordenó que "se dicte un nuevo pronunciamiento con la renovación de los actos procesales necesarios", lo que implicó repetir el juicio.

La Justicia condenó por abuso sexual a Carlos Gabriel Barbosa, alias "Tony", reconocido exconvicto que cumplió penas por robos calificados y estuvo involucrado en diversos hechos delictivos.

Barbosa deberá cumplir siete años de prisión por abuso sexual con acceso carnal tras un juicio que se desarrollo el viernes pasado y cuya sentencia el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dio a conocer este lunes.

El hecho ocurrió en agosto de 2022, en la casa del condenado. La instrucción de la fiscala María del Valle Viviani logró comprobar que allí Barbosa abusó sexualmente de la víctima, contra su voluntad y sin su consentimiento, claro está. Antes, le había suministrado alcohol y pastillas. Además, la amenazó y, drogada, la golpeó salvajemente.

El examen médico sobre la víctima halló lesiones en todo el cuerpo y el rostro. En sus genitales había ADN del acusado. La había drogado y le había propinado cachetadas y empujones contra la pared. En la cama que tenía en el lugar, abusó de ella.

Barbosa y la víctima se conocían. Según consta en el expediente que tramitó en la UFI 5 pero subrogado por Viviani, que lo llevó a juicio, él solía darles a ella y a sus amigas  "a menudo" pastillas y bebidas. Ese día pasó algo similar. 

Tras beber una cerveza con clonazepam, ella se dormía y se despertaba. En su declaración, recordó que en uno de esos momentos tenía al ahora condenado encima y le pidió que parara, que no quería.

Luego, él le dijo que se fueran a bañar. Le dio una toalla y la llevó al baño. Cuando ella vio la oportunidad, huyó. En la calle, dos hombres que pasaron en moto la vieron abajo de un camión, llorando. Se ofrecieron a ayudarla y la llevaron a lo de una amiga, tras lo que radicó la denuncia y comenzaron las pericias.

Barbosa fue condenado y la Justicia tuvo en cuenta su condición de reincidente. La reiteración de hechos delictivos y las sucesivas condenas "dan la pauta del desprecio de Barbosa por las normas básicas de la convivencia", consideró el Tribunal.

El caso Rainbowex, la plataforma conocida como "la China" que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema ponzi, fue objeto de múltiples informes periodísticos, entre ellos uno del New York Times que se centró en la investigación de La Opinión y otro, reciente, del reconocido youtuber Damián Kuc, que lo incluyó en su ciclo Historias Innecesarias, difundido a comienzos de abril.

Ahora, La Nación también prepara un informe audiovisual sobre el tema y está confirmado que tendrán la palabra de Maximiliano Braga, uno de los principales acusados de estafas reiteradas, desde la cárcel donde cumple prisión preventiva desde que fue detenido el 19 de diciembre de 2024.

El abogado de Braga, Mauricio Gugger, confirmó que su cliente "accedió a hacer una entrevista con La Nación" desde la Unidad Penal donde permanece alojado a la espera del juicio en el que se ventilará la causa.

Además, el equipo a cargo del proyecto entrevistó a la madre de Braga, acusado como el principal introductor de Rainbowex y uno de los máximos referentes del denominado Knight Consortium, la organización que regenteaba la captación de "inversores".

Mientras tanto, la causa penal entró en etapa de ofrecimiento de pruebas camino a la instancia de juicio, que podría ser oral y público o por vías alternativas, algo que comenzará a definirse a partir de la audiencia preliminar prevista para el 28 de agosto próximo.

El abogado de Braga informó que él todavía debe hacer su ofrecimiento de pruebas y los planteos que crea necesario en esta etapa, algo que ya hizo el Ministerio Público Fiscal a través de la titular de la UFI 7, María del Valle Viviani, y otros defensores particulares como Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, que representan a Andrés Desanzo y recusaron a la fiscala.

"Hay dinero retenido, pero hay imposibilidad de retirarlo, porque nunca fue transferido a la cuenta judicial", advirtió Gugger y agregó: "Hay muchas víctimas presentadas. Creo que es una estafa más del esquema Ponzi, no deja de ser una estafa reiterada".

En ese marco, tanto la posición de la defensa de Braga como la de Pardo y Pan, los otros detenidos, y la de Desanzo y los restantes 13 imputados sampedrinos es que todos habrían sido "víctimas" del mismo mecanismo de estafa en el que creyeron.

El Municipio ganó otro juicio por apremio contra infractores de tránsito que no pagaron la multa por conducir bajo los efectos del alcohol impuesta por el Juzgado de Faltas.

Al caso que reveló La Opinión sobre un joven de 31 años que tenía que pagar 191 mil pesos y ahora debe una suma millonaria por los intereses y costas, se sumó otro de una infractora en situación similar.

El caso ocurrió a fines de mayo de 2022, cuando la infractora tenía 22 años. El acta de los inspectores que practicaron el control de alcoholemia reveló que tenía 1,49 gramos por litro de alcohol en sangre.

La joven no hizo objeción alguna a la falta imputada ni hizo efectivo el pago voluntario, por lo que la jueza de Faltas dictó sentencia. 

La sanción impuesta fue el pago de mil unidades fijas, lo que en ese momento sumaba 172 mil pesos, además de inhabilitación para conducir por un año.

El plazo para el pago de la multa venció en noviembre de 2022. El Tribunal de Faltas emitió el título ejecutivo y la Subsecretaría Legal y Técnica llevó el caso al Juzgado Civil y Comercial n.° 1. El juez Hernán Prat dictó sentencia favorable al Municipio.

La infractora fue condenada a pagar el costo actualizado de la multa. Con la última actualización de la unidad fija, el monto quedó en 2.215.000 pesos más gastos administrativas, intereses y costas del proceso.

A 18 años del accidente en el que Miguel, un joven turista de 17 años sufrió graves secuelas tras caer por las barrancas en enero de 2008, la Justicia dejó firme la responsabilidad parcial de la Municipalidad de San Pedro por una indemnización que supera los 700 millones de pesos. 

El caso volvió a tomar relevancia esta semana luego de conocerse la actualización del monto indemnizatorio reclamado por la familia, que anteriormente era de tan sólo 7 millones. 

En Sin Galera, los abogados Gustavo Racimora y Pilar Telenti Teniente repasaron el largo recorrido judicial que comenzó en 2009 y que tuvo un fallo favorable en primera instancia, que luego fue revertido por la Cámara Contencioso Administrativa y que finalmente fue revisado por la Suprema Corte de Justicia Bonaerense. 

“Se dictó una sentencia favorable a nuestro cliente, con responsabilidad directa de la Municipalidad”, afirmaron. 

Según explicaron, la Corte consideró que hubo una “ponderación inadecuada” de las pruebas por parte de la Cámara y confirmó la responsabilidad del Municipio de San Pedro por la falta de señalización de peligro en las barrancas y poca iluminación, ya que el siniestro sucedió de noche. 

"Lo dice en el fallo definitivo que la baranda era franqueable. Había poca iluminación y no había una señalización que te indicará el peligro", señalaron. 

El accidente tuvo lugar en enero de 2008 cuando el joven llegó a la ciudad con un grupo de amigos, todos menores de edad, que se encontraban visitando la zona de las barrancas. 

Tras el siniestro, en el que cayó de alrededor de 4 metros de altura, el adolescente sufrió un traumatismo de cráneo con hemorragia cerebral, por lo que fue internado de urgencia en el Hospital Fiorito, donde permaneció durante 6 meses. 

En la actualidad y luego de múltiples intervenciones quirúrgicas, Miguel se encuentra en silla de ruedas y padece una hemiparesia izquierda, lo que provoca una disminución motora en sus brazos, piernas y rostro. 

Finalmente, respecto al monto millonario de la indemnización, los abogados señalaron que ese dinero contempla las diversas necesidades con las que Miguel debe vivir desde el siniestro. Además, señalaron que está sujeto a actualizaciones. 

"Contempla que Miguel necesita pañales, que va a necesitar silla de ruedas de por vida, que Miguel tiene un tratamiento psicológico, que su mamá también lo necesita, que para sus tratamientos necesita movilizarse por un medio de transporte no público, que Miguel necesita, además, medicación de por vida”, finalizaron. 

Este sábado, el abogado Mauricio Gugger, que representa al concejal Mauro de Rosa en la causa penal en trámite en la que aparece denunciado por delitos de índole sexual, se refirió al devenir del expediente y señaló que todavía está caratulado como "averiguación de ilícito".

"Los expedientes se deben cargar en el sistema y en base a los hechos que se describen encajan o no en un determinado tipo. Esta denuncia de febrero ingresó con la carátula precaria, temprana, de averiguación de ilícito y continúa de esa manera", detalló.

Gugger explicó que el cambio de calificación puede llegar cuando el concejal De Rosa sea convocado para el primer acto de defensa, que es la declaración indagatoria, una vez que Fiscalía haya establecido la calificación penal de los hechos por los que fue denunciado.

"Lo que ha pasado dentro del expediente es muy poco y lo que ha pasado fuera es un montón", consideró del abogado de Mauro de Rosa.

Gugger informó que en el expediente ya fue agregada la declaración de la denunciante ante la psicóloga del Centro de Atención a  la Víctima. En ese marco, se refirió a lo que ocurre en el Concejo Deliberante, donde las partes comparten espacio de trabajo, puesto que ambos son ediles.

"Lo que sucede en el ámbito político no es de mi incumbencia, pero en la declaración de la denunciante surge una situación de desamparo porque los que la instigaron a hacer la denuncia la dejaron sola, sin acompañamiento institucional", señaló Gugger.

El "acompañamiento institucional" al que se refiere se reactivó tras la decisión del concejal denunciado de retomar su banca tras dos meses y medio de licencia y provocó toma de posición de la mayoría de los concejales e incluso la decisión de avanzar en una comisión investigadora que podría derivar en la destitución.

Respecto de las medidas de exclusión perimetral que rigen respecto de uno y de otro, Gugger explicó que "ninguno de los dos perímetros impide que puedan estar en el lugar institucional de trabajo, pero los obliga a que cesen y no cometan ningún acto perturbatorio".

Respecto del devenir de la investigación penal, el abogado sostuvo que "hay una línea muy delgada en lo que se denuncia, en el hecho, que la interpretación puede ser, para el vulgar de las personas y no técnicamente una conducta abusiva; pero entiendo yo, técnicamente, que puede llegar a no tener el tenor de esa conducta, en base a los antecedentes y a las declaraciones que surgieron en la causa".

En ese sentido, señaló que "dentro de las actuaciones, de las consideraciones técnicas del Centro de Asistencia a la Víctima, no hablan de conductas abusivos ni de síntomas compatibles o traumáticos en relación al delito de abuso sexual" y "deja entrever que hay una relación previa laboral, un conocimiento entre ellos".

“En ningún momento De Rosa se bajó los pantalones ni tuvo conductas de ese tenor para con la denunciante”, dijo el abogado

A su vez hizo referencia al acta labrada por el club Paraná tras el episodio en el que el concejal fue expulsado por integrantes de la comisión directiva de las instalaciones y que habla de “conductas indecorosas”.

"El acta del club Paraná no dice que mucha gente vio (la situación). Hay algunas afirmaciones respecto de la conducta de De Rosa que no están acreditadas. Me parece que la cautela es el mejor consejo para todas las partes".

Presentó su renuncia el empleado municipal que había sido condenado por abuso sexual contra una adolescente a la que sedujo y con la que mantuvo relaciones sexuales que la Justicia consideró abusivas por la inmadurez de la víctima.

J. L. C., cuyo nombre se preserva en el expediente al solo efecto de resguardar a la víctima, había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la inmadurez de la víctima, por ser cometido en contexto de violencia de género y por su rol de encargado de la educación deportiva de la adolescente.

Los hechos que la Justicia consideró abuso ocurrieron entres marzo y agosto de 2022. Casi tres años después, su abogado, Mauricio Gugger, acordó con Fiscalía la pena de tres años y el empleado municipal fue condenado en juicio abreviado a prisión de ejecución condicional, es decir que no debe cumplirla en la cárcel.

Ante el fallo condenatorio, la Municipalidad dispuso iniciar el trámite para dejarlo cesante, como establece la normativa vigente, pero no podía proceder a despedirlo porque tenía tutela sindical como vocal suplente de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz "Mono" Acosta.

Por eso, el Gobierno fue a la Justicia laboral a pedir la exclusión de esa tutela gremial. En enero, el juzgado interviniente dispuso la suspensión preventiva del empleado, un fallo que adelantó la posición sobre el planteo de fondo.

Ahora, ante el inminente riesgo de despido, el propio empleado decidió presentar la renuncia y desvincularse del Municipio, lo que pone fin al planteo en el fuero laboral.

JLC fue condenado porque la Justicia consideró que aprovechó su condición de adulto —al momento de los hechos tenía 50 años— y su rol como empleado del Estadio para seducir a la víctima, que tenía 15 años y no había mantenido relaciones sexuales.

El fallo judicial estableció que el presunto "vínculo amoroso" aludido en su defensa no podría haber existido por la "inmadurez sexual" de la chica. La denuncia había sido radicada por la madre de la víctima, que detectó mensajes con el luego condenado por abuso.

Finalmente, el sindicalista de Camioneros y exconcejal de San Pedro Fernando Espíndola será sometido a Juicio por la Verdad en el marco de la causa por abuso sexual infantil por la que fue denunciado por su sobrina y otras personas que lo acusaron de ser sus víctimas cuando eran menores de edad.

La Cámara de Apelaciones, que se había declarado incompetente pero volvió a recibir el expediente desde Casación para resolver, dispuso que es admisible un debate de esas características para los hechos denunciados.

Así lo reveló el diario El Norte, que indicó que los camaristas revocaron el fallo de primera instancia del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1, que había considerado que como no se trataba de delitos de lesa humanidad no correspondía encuadrar el caso en un Juicio por la Verdad.

La primera denuncia fue radicada por Cintia Espíndola. Luego sobrevinieron otras. En todas acusaron a Fernando Espíndola de cometer delitos de abuso sexual reiterado contra menores de edad cuando él mismo era menor y también cuando ya había cumplido la mayoría de edad.

La causa tramitó en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil y la Justicia determinó que los delitos estaban prescriptos por el paso del tiempo, por lo que no podían ser juzgados.

Sin embargo, la propia jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, primero, y la Cámara de Apelaciones, después, consideraron viable que el caso se ventile en un juicio por la verdad ante la aberración de los hechos relatados.

El juicio por la verdad no puede imponer penas de cárcel, pero sí atribuir responsabilidades en los hechos denunciados. Reparatorio y simbólico, no impone años de prisión pero sí puede establecer culpabilidades.

Ahora, el TOC n.° 1 está en condiciones de llevar adelante las audiencias de debate oral y público. El abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús, había considerado la decisión de Casación como "una victoria para todas las víctimas" porque "abre las puertas a muchas situaciones parecidas".

Fernando Espíndola permanece detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio por la causa Camioneros, que tendrá lugar a fines de septiembre, y en la que está acusado junto a Maximiliano Cabaleyro de "pedir coimas" para dejar trabajar a la empresa Rey Distribución, entre otros delitos.

La Justicia dispuso mantener detenido con prisión preventiva a Julio César "Jambao" Torres, el exconvicto que con libertad condicional por un homicidio fue acusado de participar de un violento asalto en la zona rural de Río Tala.

Jambao, de 43 años, fue detenido tras una investigación que permitió establecer elementos de prueba como testimonios y registros de cámaras de seguridad que alimentaron la sospecha sobre la autoría del hecho.

Tras una serie de allanamientos, Torres fue detenido el 12 de marzo pasado. Celebrada la audiencia de prisión preventiva, la Justicia resolvió mantenerlo tras las rejas mientras se sustancia el proceso que lo llevará a juicio.

El hecho ocurrió el 3 de marzo pasado en una finca ubicada en el callejón Marelli. Eran tres hombres armados que redujeron a un matrimonio y a su hija para revolverles la casa y huir con una suma de alrededor de 5 millones de pesos.

Jambao Torres estaba en libertad condicional tras ser condenado por el asesinato de Jesús Gutiérrez y la pena impuesta vencía en 2028, por lo que además de la prisión preventiva impuesta la Justicia deberá hacerle cumplir el tiempo que le resta de condena por homicidio.

Comenzó la etapa de ofrecimiento de pruebas camino al juicio oral y público por la causa Rainbowex, la plataforma de inversiones en criptomonedas que resultó una estafa piramidal tipo esquema ponzi, en la que las partes involucradas propondrán testigos, pericias, etc.

En ese marco, la defensa de uno de los imputados por el delito de estafas reiteradas hizo un planteo de recusación para apartar de la causa a la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, quien instruye la causa desde que decidió iniciarla de oficio ante las publicaciones de La Opinión sobre el caso.

La abogada Sofía Sanjurjo, defensora particular de Andrés Desanzo, planteó al juez en lo Correccional Sebastián Zubirí que hay una "situación de antagonismo e incompatibilidad que hace imposible la actuación imparcial" de Viviani "en cualquier causa en la que intervenga" ella como abogada.

En primer lugar, Sanjurjo señaló que en el marco de la causa por el caso Marcel ella denunció formalmente a Viviani ante la Procuración, lo que le valió un llamado de atención a la titular de la Fiscalía n.° 7 “por falta de diligencia y adecuado control en el manejo de efectos”, tras lo que se excusó de continuar.

"La existencia de este sumario administrativo, su tramitación y la sanción disciplinaria resultante, constituyen por sí solos un antecedente objetivo e incontrovertible", sostuvo la abogada.

Además, indicó que Viviani "ha adoptado una conducta sistemática y reiterada de excusarse en todas y cada una de las causas" en las que Sanjurjo interviene como defensora, lo que, consideró, constituye "un patrón de comportamiento" que "evidencia la existencia de un vínculo de hostilidad personal".

Por otra parte, en el escrito presentado ante el juez las abogadas Sanjurjo y Croizet, que representan a Desanzo, adhirieron a la prueba ofrecida por Fiscalía y ofrecieron testigos para que declaren en el juicio.

Desanzo había sido detenido en el marco de los allanamientos ordenados por la Justicia para el 19 de diciembre de 2024. En ese momento fueron apresados siete de los 14 sampedrinos imputados en la causa.

Estuvo alojado en la cárcel de San Nicolás hasta que a fines de enero de 2025 el juez de Garantías dictó la falta de mérito para él y otros acusados, por lo que sólo quedaron tras las rejas Maximilano Braga, Luis Pardo y Alexis Pan.

Desanzo es empleado de Papel Prensa y miembro del sindicato que conduce Gerardo Gelabert, quien forma parte del grupo de acusados que irá a juicio por el caso Rainbowex. En su defensa sostuvo que él también fue estafado al participar de la plataforma de "la China".

La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui dictó dos medida cautelares que establecen prohibición de acercamiento entre los concejales Tamara Vlaeminck y Mauro de Rosa.

Una surgió a pedido del abogado Maurio Gugger, defensor particular del edil acusado de delitos de índole sexual que esta semana retomó sus tareas tras levantar la licencia que había solicitado tras pedir "disculpas" por el escándalo protagonizado en el club Paraná y asegurar que estaba "avergonzado".

De Rosa denunció amenazas por parte de Vlaeminck tras un episodio que se registró en la zona del bloque Acuerdo Vecinal, en el marco de la tensa situación que implicó en el concejo el regreso a sus tarea del edil denunciado, reincorporación que valió críticas de la mayoría del arco político local.

Vlaeminck, por su parte, había solicitado lo mismo desde el día de la denuncia en sede penal y volvió a hacerlo tras hostigamiento en redes sociales luego de la reincorporación del edil a su banca.

Maiztegui firmó la medida pedida por Viviani como fiscal de la causa que denunció Vlaeminck a las 11.35 de la mañana. Luego, a las 12.52, firmó la otra, relacionada con la presentación de De Rosa.

Ambas medidas establecen lo mismo: una prohibición de acercamiento respecto del los domicilios de ambos, "los lugares de estudio y de esparcimiento", con un perímetro de 200 metros. 

Además, indica que no pueden  mantener ningún tipo de contacto ni "realizar actos de perturbación en el espacio institucional compartido" por 60 días.

El presidente del Concejo Deliberante deberá establecer de qué manera se garantiza el trabajo de los concejales mientras esté vigente la cautelar, sobre todo frente a lo que se viene en materia de funcionamiento del cuerpo, que la semana que viene sesionará.

En el Concejo, además, trabajan para la conformación de una comisión investigadora que evaluará las conductas públicas del concejal Mauro de Rosa, independientemente de la causa judicial, lo que podría derivar primero en su suspensión preventiva y luego en su destitución, de acuerdo a la distribución actual de votos en el HCD.

El juez José Ricardo Eseverri, titular del Juzgado Civil 2 de San Nicolás, ordenó desalojar a un empleado municipal que mantenía una ocupación ilegal e ilegítima sobre un inmueble ubicado en Crucero General Belgrano, cerca del club Los Andes.

El dueño, que compró esa propiedad en 2016, interpuso la demanda en 2018 luego de que los intrusos no respondieran cartas documento ni accedieran a mantener un diálogo de acercamiento para la restitución.

Finalmente, declarado en rebeldía por no presentarse ante la Justicia, ordenaron el desalojo del empleado municipal, identificado como Santiago Banegas —hermano del recientemente detenido por abuso sexual, Miguel Ángel—, que se desempeña en la Secretaría de Desarrollo Humano.

La sentencia tiene fecha del 11 de diciembre de 2024 y notificación efectiva de febrero de 2025, pero hubo una apelación presentada por un abogado en representación de otra persona que tiene un ranchito en el mismo predio, a quien también alcanza la orden de desalojo.

El juez dispuso desalojar "a Banegas, Santiago y/o cualquier otro ocupante del inmueble ubicado en Camino Crucero General Belgrano 2250". Esta semana, el magistrado dejó firme la orden al rechazar la apelación y dispuso la ejecución.

El oficial de Justicia y el abogado del dueño del predio se presentaron para notificar la orden de desalojo y en el lugar se vio movimientos relacionados con el desmantelamiento de la casa, lo que indica que el demandado estaba dispuesto a hacer caso a la orden judicial.

De lo contrario, la orden de desalojo dispuesta por la Justicia deberá cumplirse con la policía, tal como estableció el juez en su fallo, en el que autorizó “el auxilio  de la fuerza pública mínima, indispensable y con la debida moderación, y el allanamiento de domicilio”.

La jurisprudencia establece que quien tiene título de propiedad puede acceder al desalojo “aun cuando no probare la preexistencia de la propia posesión” como en este caso, en el que el comprador se encontró con los ocupantes.

“Debe presumirse que los antecesores del reivindicante tuvieron la posesión de la cosa desde la fecha de su título y ello basta para que como sucesor pueda ampararse en todos los derechos que hubiesen tenido aquellos para reivindicar”, consideró la Cámara de Apelaciones en un fallo citado en esta sentencia.

Un infractor de tránsito fue condenado por el Juzgado de Faltas, pero como no pagó la multa impuesta la Municipalidad fue a la Justicia Civil para reclamarle por la vía de apremio y ganó el juicio, por lo que ahora deberá pagar una suma millonaria.

Al infractor, que ahora tiene 31 años, le labraron un acta el 1 de agosto de 2023 por circular sin cédula verde, sin seguro y con 0,8 mg/l de alcohol en sangre. En todo el territorio provincial rige la "tolerancia cero".

Por alcoholemia positiva, le secuestraron el automóvil y la infracción pasó al Juzgado de Faltas, que el 22 de enero de 2024 dictó sentencia firme.

El infractor fue condenado a pagar 650 unidades funcionales, que a la fecha de la sentencia inicial ascendía a alrededor de 191 mil pesos. La multa venció en febrero y nunca la pagó. Antes tampoco se había presentado para el pago voluntario o para efectuar descargo.

En marzo pasado, a dos años de la multa impuesta sin cobrar, la Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta fue a la Justicia Civil y Comercial por la vía de apremio a reclamar la deuda y el juez Hernán Prat le dio la razón.

El magistrado consideró debidamente probado el reclamo del Municipio y condenó al infractor a pagar las 650 unidades fijas, que ahora cuestan 1896 pesos cada una, lo que implica que el monto a abonar asciende a más de 1.200.000 pesos, a lo que debe sumarse intereses y costas.

El demandado nunca respondió ni fijó domicilio procesal. El Municipio había pedido, como medida cautelar, que le embargaran bienes para hasta que pague la deuda.

El caso del faltante de 40 millones de pesos del Banco Nación que investiga la Justicia Federal fue difundido en los últimos días por la agencia oficial de noticias del Ministerio Público Fiscal.

Entre las novedades que aparecen allí, además de la imputación y los elementos de prueba que La Opinión reveló en los últimos días, está la confirmación de una medida preventiva sobre los bienes de la tesorera acusada.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo dispuso el embargo de su vivienda y la inhibición general de bienes mientras se sustancia el proceso penal en contra de la imputada por el delito de peculado.

El Ministerio Público Fiscal informó que el fiscal federal Matías di Lello analiza "posibles responsabilidades por fallas de control", como las que señalaron las abogadas defensoras de la tesorera, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet.

Aun así, indicaron que "la imputación, por el momento, se dirige exclusivamente contra la tesorera, que actualmente se encuentra con licencia médica". Además de la causa penal, está en marcha un sumario administrativo en el Banco Nación.