Este viernes al mediodía,  el Tribunal Oral en lo Criminal de San Nicolás dio a conocer las penas correspondientes al segundo juicio por el asesinato del abogado y comerciante de Ramallo César Butara.

Walter Díaz, sindicado como líder de la banda, y Ramiro Cáceres, señalado como el autor del disparo homicida, fueron condenados a prisión perpetua tras ser hallados culpables por el jurado ciudadano.

Miguel Pereyra Retamal, por su parte, recibió una pena de 28 años de prisión efectiva, luego de que Fiscalía y querella pidieran 37 años para él en la audiencia de cesura, que tuvo lugar la semana pasada. 

En marzo pasado habían sido condenados a 20 años de prisión José “Toti” Pereyra Retamal y Facundo Gómez, quienes eligieron un juicio técnico.

En la primera audiencia, el Tribunal rechazó el planteo de la Defensoría Oficial que pidió la suspensión del juicio por una pericia que estableció que Cáceres, que tenía 18 años al momento del hecho y es señalado como el ejecutor del disparo homicida, carece de entendimiento para enfrentar la causa.

Ramiro Cáceres tiene una disminución intelectual que le impide procesar pensamiento abstracto, establecieron en la entrevista a cargo de personal de Adajus, el programa de asistencia a las personas con discapacidad en conflicto con la Justicia.

Durante el debate pasaron testigos  y peritos que alimentaron la teoría de que si bien Cáceres no sabe leer ni escribir y posee algún grado de discapacidad intelectual, sí comprende la criminalidad de sus actos.

En su declaración, Walter Díaz reconoció el hecho y asumió responsabilidades como jefe de la banda, aunque aseguró que no habían  ido con la intención de matar a nadie. Dijo que ni siquiera habían hecho tareas de planificación previa y que entraron a la casa de Butara al azar, porque les llamó la atención.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había.

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido.

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás dictó sentencia en el caso Salvador Eirín y declaró culpable de homicidio preterintencional a Walter de Araujo Otero, acusado en el caso.

Como había adelantado La Opinión, la causa se resolvió en juicio abreviado y el imputado fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que tras la audiencia recuperó la libertad, luego de permanecer casi un año y medio detenido.

La pena aplicada es la mínima para este tipo de delitos, teniendo en cuenta la falta de antecedentes del acusado, cuyos abogados, Karina Roca y Joaquín González, lograron cambiar la calificación penal, lo que favoreció su situación procesal.

De Araujo Otero había sido acusado inicialmente de homicidio simple y fue condenado por homicidio preterintencional, una figura que implica que la agresión que derivó en la muerte de Salvador Eirín no tenía como fin matar.

El hecho ocurrió en enero de 2025. Salvador Eirín, de 32 años, murió tras ser sometido a una cirugía luego de sufrir un ACV isquémico. El accidente cerebrovascular se produjo 36 horas después de la pelea con De Araujo Otero.

Salvador y Walter era amigos. Durante la madrugada del viernes 17 de enero mantuvieron una discusión que derivó en una pelea a golpes en la zona de Ayacucho y Miguel Porta, cerca de un bar al que habían concurrido.

La víctima habría recibido un golpe con un objeto contundente. Fue asistido en la Guardia del Hospital. Tras una serie de estudios, que incluyeron una tomografía y la evaluación de un neurólogo, fue dado de alta.

Días después, ante una opresión en el cráneo, fue asistido en el hospital privado Sadiv, donde detectaron que presentaba lesiones compatibles con un ACV. Lo intervinieron quirúrgicamentede urgencia, pero  no resistió.

El secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, fue denunciado penalmente por los concejales de Nuevos Aires por la continuidad de la construcción del edificio de Salta al 400, clausurado en dos oportunidades.

La presentación judicial, cuya instrucción recayó en la Fiscalía n.° 11 que conduce Viviana Ramos, pide investigar a Brañas por los delitos de "administración infiel en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La denuncia alcanza no sólo al arquitecto que conduce la Secretaría sino también a "arquitectos responsables de aprobación de planos, entre otros funcionarios públicos o particulares que surjan de la investigación".

La denuncia está relacionada con lo que ocurrió inmediatamente después de que inspectores de obras del Municipio procedieran a la clausura total por incumplimiento de la primera infracción, que había sido dispuesta solo para el cuarto piso, puesto que estaba pasado en altura de acuerdo a la normativa vigente.

Sin embargo, la obra continuó. "Lo llamativo fue que el cartel de clausura no se hallaba colocado en la puerta de ingreso de la obra, sino sobre un costado", advirtieron en la denuncia.

Ello, señalaron, permitió el libre acceso a la obra sin necesidad de romper la faja, que de todas maneras fue intervenida y aparece dada vuelta, por lo que no se ve.

"Pese a la clausura, los obreros se encontraban trabajando, como si nada ocurriera, llegando incluso a cortar la calle", dice la denuncia. Eso ocurrió durante toda la semana pasada, inclusive el feriado del 9 de julio, cuando el movimiento fue muy importante en la obra.

Para los denunciantes hay "posibles hechos  de corrupción" a investigar, entre ellos la existencia de dos planos, uno pasado en 28 metros y el otro, en más de 400.

El primero tiene sello de aprobado y firma autorizada de Obras Públicas, con fecha del 11 de julio de 2025. El segundo también tiene sello de "aprobado", pero sin firma ni fecha.

Para los denunciantes hay una "flagrante, abierta y desafiante" transgresión a las normas, lo que permite "presumir la eventual existencia de un delito", todo "a ojos vista de la Secretaría de Obras Públicas, que está a pocos metros" del edificio y sin que nadie haya procedido a tomar las medidas que corresponden ante la situación.

"Resulta evidente que ha habido un actuar irregular del Estado", consideraron en la denuncia los concejales Basso, Mosquera y Santos, quienes pidieron una medida cautelar de no innovar para que se paralicen las tareas.

El Tribunal de Faltas tomó intervención ante el acta de clausura —la segunda, la total— y libró oficio al secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, para responsabilizarlo de la custodia y cumplimiento de la medida, lo que no ocurrió.

Todo comenzó cuando el bloque Nuevos Aires presentó un pedido de informe en el Concejo, tras advertir a simple vista que el edificio en construcción tenía un piso más de lo que está permitido en esa zona.

El expediente pasó a comisión y lo citaron a Brañas, que reconoció que la construcción estaba "pasada",  dijo que había "clausurado el cuarto piso" y reveló la existencia de los dos planos.

Desde ese día, los concejales que ahora denunciaron penalmente la situación solicitaron la "demolición" del cuarto piso, teniendo en cuenta no solo la violación a la normativa vigente y el riesgo para la infraestructura urbana sino también el "natural beneficio económico" que implica un piso de más.

Será resuelto por la vía del juicio de trámite abreviado el caso de Salvador Eirín, el joven de 32 años que falleció tras sufrir un ACV días después de protagonizar una pelea con Walter de Araujo Otero, alías “el brasilero”, que era su amigo y permanece detenido.

De Araujo Otero había sido inicialmente acusado de homicidio simple, pero sus abogados defensores, Carina Roca y Joaquín González, lograron cambiar la calificación a homicidio preterintencional, una figura que tiene en cuenta que no hubo intención de causar la muerte.

Así, la fiscalía que conduce Viviana Ramos y los abogados defensores alcanzaron un acuerdo para ir a juicio abreviado, cuya audiencia tendrá lugar el 17 de julio próximo y en la que el Juzgado establecerá si el acusado es culpable o no del delito del que se lo acusa.

Si hay condena, la pena que se le aplicará será la mínima para ese tipo de delitos, establecida en tres años de prisión, de ejecución condicional. Así lo acordaron fiscalía y defensa.  Detenido desde hace un año y medio, aguardaba resolución de Casación sobre el planteo de arresto domiciliario.

El hecho ocurrió en enero de 2025. Salvador Eirín murió tras ser sometido a una cirugía luego de sufrir un ACV isquémico. El accidente cerebrovascular se produjo 36 horas después de la pelea con De Araujo Otero.

Salvador y Walter era amigos. Durante la madrugada del viernes 17 de enero mantuvieron una discusión que derivó en una pelea a golpes en la zona de Ayacucho y Miguel Porta, cerca de un bar al que habían concurrido.

La víctima habría recibido un golpe con un objeto contundente. Fue asistido en la Guardia del Hospital. Tras una serie de estudios, que incluyeron una tomografía y la evaluación de un neurólogo, fue dado de alta.

Días después, ante una opresión en el cráneo, fue asistido en el hospital privado Sadiv, donde detectaron que presentaba lesiones compatibles con un ACV. Lo intervinieron quirúrgicamentede urgencia, pero  no resistió.

Walter de Araujo Otero fue detenido identificado como la persona con la que Salvador se había peleado unos días antes de su fallecimiento. Estaba acusado de homicidio.

Su defensa presentó una pericia a cargo del médico y abogado Daniel Creus que consideró que "el deceso y la pelea" eran "hechos separados". Finalmente, lograron que la calificación sea distinta a la original y que De Araujo no sea acusado de haber tenido intenciones de matar a Eirín.

Así, el juicio abreviado es por homicidio preterintencional, una calificación que implica que si bien fue el autor de una agresión que derivó luego en la muerte, no tenía como fin ese resultado.

El homicidio preterintencional aparece cuando "el medio empleado por el autor" no debía "razonablemente" causar la muerte del agredido, aunque se trató de una acción que fue llevada adelante para causar daño.

El jurado ciudadano halló culpables a los tres acusados del crimen de César Butara en Ramallo que eligieron esa modalidad, de una banda que tenía en tota cinco integrantes, todos condenados.

Walter Díaz y Ramiro Cáceres, señalado como el autor del disparo que mató al reconocido abogado y comerciante ramallense, fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causae, es decir un asesinato cometido para consumar otro delito, en este caso el robo.

Miguel Pereyra Retamal, por su parte, fue condenado con un calificación penal menor, por lo que no recibirá pena de perpetua, aunque todo indica que cuando el Tribunal dé a conocer la sentencia le tocará una condena relevante.

En marzo pasado habían sido condenados a 20 años de prisión José "Toti" Pereyra Retamal y Facundo Gómez, quienes eligieron un juicio técnico.

En la primera audiencia, el Tribunal rechazó el planteo de la Defensoría Oficial que pidió la suspensión del juicio por una pericia que estableció que Cáceres, que tenía 18 años al momento del hecho y es señalado como el ejecutor del disparo homicida, carece de entendimiento para enfrentar la causa.

Ramiro Cáceres tiene una disminución intelectual que le impide procesar pensamiento abstracto, establecieron en la entrevista a cargo de personal de Adajus, el programa de asistencia a las personas con discapacidad en conflicto con la Justicia.

Durante el debate pasaron testigos  y peritos que alimentaron la teoría de que si bien Cáceres no sabe leer ni escribir y posee algún grado de discapacidad intelectual, sí comprende la criminalidad de sus actos.

Durante su declaración, Walter Díaz reconoció el hecho y asumió responsabilidades como jefe de la banda, aunque aseguró que no habían  ido con la intención de matar a nadie. Dijo que ni siquiera habían hecho tareas de planificación previa y que entraron a la casa de Butara al azar, porque les llamó la atención.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había.

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido.

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

El jurado popular declaró "no culpable" a Maricel "Pili" Solís, quien permanecía detenida desde hacía un año y medio acusada del homicidio de Marcel Javier González Jorge, el uruguayo que fue hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

Tras conocerse el veredicto de no culpabilidad, la abogada defensora de Solís, Antonela Travesaro, consideró que del debate se desprende que Marcel no fue asesinado.

La abogada sostuvo la teoría planteada por la defensa desde el inicio de las actuaciones respecto de que no hubo participación de terceros sino que las lesiones que presentaba el cuerpo de Marcel fueron autoinfligidas.

Aunque eso no es lo que el jurado tenía que determinar —su rol se limitó a establecer si Solís era culpable o no de homicidio calificado—, para Travesaro quedó demostrado que no hubo asesinato en el caso.

Durante las cuatro jornadas de debate, los testimonios presentados por la propia fiscalía —entre ellos el del doctor Monacci, encargado de practicar la autopsia, y el del médico legista doctor Serra— coincidieron en dictaminar que las 32 heridas detectadas en el cuerpo presentaban características de haber sido autoinfligidas.

Además, un informe complementario elaborado por tres médicas peritos de la ciudad de Junín convalidó las conclusiones de la operación de autopsia original.

Travesaro cargó, una vez más, contra la perito de parte Virginia Creimer, que firmó una pericia sobre la autopsia junto al jefe de la Asesoría Pericial de San  Nicolás, Manuel Caro, en la que establecieron que sí había signos participación de terceros, puesto que Marcel tenía heridas en las arterias yugular y femoral, ambas lesiones que producen la muerte de inmediato.

Para Travesaro, el informe de Craimer carecía de sustento científico al haber sido practicado en base a las fotografías de la escena en la que fue hallado Marcel.

Travesaro enfatizó que la perito enfrenta procesos por presunto falso testimonio e implantación de pruebas en otros casos en diversas jurisdicciones y aseguró que esta causa, como otras, estaba “armada”.

La abogada destacó que para el veredicto fueron de relevancia las pericias que establecieron que Solís no tenía la fuerza suficiente como para cometer un crimen de estas características y el hecho de que en el cuchillo hallado en la escena no había rastros de ella.

Comenzó este miércoles en San Nicolás el segundo juicio por el asesinato del reconocido abogado y comerciante de Ramallo César Butara, a quien un grupo de delincuentes de San Pedro, conocidos como "la banda de Walter Díaz", mató en su casa cuando entraron a robar.

En marzo pasado fueron condenados Facundo Gómez y José Pereyra Retamal, quienes recibieron una pena de 20 años de prisión en un juicio técnico. Los otros acusados habían elegido un juicio por jurados, que es el que se desarrolla esta semana.

Tras una larga etapa de selección del jurado popular, que llevó casi toda la mañana, pasadas las 13.30 comenzó en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales el debate oral y público que juzga a Walter Díaz, Miguel Pereyra Retamal y Ramiro Cáceres.

El Tribunal rechazó el planteo de la Defensoría Oficial que pidió la suspensión del juicio por una pericia que estableció que Cáceres, que tenía 18 años al momento del hecho y es señalado como el ejecutor del disparo homicida, carece de entendimiento para enfrentar la causa.

Ramiro Cáceres tiene una disminución intelectual que le impide procesar pensamiento abstracto, establecieron en la entrevista a cargo de personal de Adajus, el programa de asistencia a las personas con discapacidad en conflicto con la Justicia.

Durante el debate pasarán testigos que durante que alimentarán la teoría de que si bien Cáceres no sabe leer ni escribir y posee algún grado de discapacidad intelectual, sí comprende la criminalidad de sus actos.

Durante su declaración, Walter Díaz reconoció el hecho y asumió responsabilidades como jefe de la banda, aunque aseguró que no habían  ido con la intención de matar a nadie.

Díaz relató que ni siquiera habían hecho tareas de planificación previa y que entraron a la casa de Butara al azar, porque les llamó la atención.

En su declaración señaló a Cáceres como el autor del disparo y dijo que no entendía por qué lo había hecho. Además, aseguró que lo habían llevado a Ramallo diciéndole que iban "a pasear".

Por su parte, Pereyra Retamal sostuvo que él no estaba en el lugar del hecho y la defensa planteó que su participación es "secundaria" respecto del asesinato.

Los dos condenados en juicio técnico previo fueron hallados culpables del delito de homicidio criminis causae, el tipo de asesinato que se comete para consumar otro delito, en este caso el robo. 

La defensa busca en el debate modificar esa calificación para los tres imputados que eligieron ser juzgados por jurado popular ciudadano.

La declaración de los familiares de César Butara fue un momento duro y emotivo de la primera jornada del juicio, sobre todo la participación de su mamá, que se quebró ante el Tribunal, el jurado y los imputados, a quienes pidió explicaciones e insultó.

La esposa relató cómo fue el asalto, cómo entraron los delincuentes y la golpearon. Su relato fue crudo y tensionó la sala. Al igual que su suegra, lloró mucho durante la declaración.

También pasaron por ante el Tribunal dos de los tres hijos adolescentes del matrimonio, entre otros testigos relacionados con los movimientos que se vieron en la zona de la casa donde ocurrió el hecho.

Para este jueves está prevista una larga lista de testigos y todo indica que el debate podría extenderse hasta el viernes.

Entre las declaraciones para la segunda jornada se encuentran la de personas que contribuyeron al secuestro del arma y a los allanamientos, vecinos de Pereyra Retamal, que es quien vivía en Ramallo, y personal de la Asesoría Pericial de Necochea convocado para este juicio.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había.

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido.

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

El jurado ciudadano del juicio por el caso Marcel declaró no culpable a Marisel “Pili” Solís, por lo que la acusada, que llegó al debate detenida con prisión preventiva desde diciembre de 2024, seis meses después de la muerte del joven uruguayo, recuperaba la libertad.

Los vecinos integrantes del jurado popular dieron su veredicto este jueves en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales, luego de tres días de un debate que comenzó el martes, tras la selección que tuvo lugar el lunes.

La defensa de Pili Solís logró sembrar la duda entre el jurado respecto del homicidio y la presunta participación de la imputada que señaló en su acusación la Fiscalía.

“Mucha emoción. Se hizo justicia”, dijo a La Opinión la abogada de Pili Solís, Antonela Travesaro, tras el veredicto.

Los elementos de prueba y los alegatos del fiscal Vicente Gómez y de las abogadas Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, representantes de la familia de Marcel, no alcanzaron para persuadirlos respecto de la culpabilidad.

La abogada Antonela Travesaro, defensora particular de la imputada, sostuvo desde que asumió ese rol que la causa estaba “armada” y que todo lo que había en el expediente favorecía a su defendida.

Entre esos puntos destacó una pericia que indicaba que Solís no tenía la fuerza suficiente para cometer un crimen de esas características y la falta de huellas en el cuchillo hallado en la escena.

Solís, que llegó al juicio detenida, recuperaba su libertad luego del veredicto emitido por el jurado ciudadano que tuvo a su cargo ponderar las pruebas, testimonios y alegatos durante el juicio.

Marcel Xavier González Jorge, uruguayo de 33 años, fue hallado por la policía en un verdadero baño de sangre el 9 de junio de 204 en una de las habitaciones de la casa de la finca Sonho Verde, ubicada en inmediaciones del kilómetro 20 de la ruta 191.

Los efectivos habían llegado alertados por Marisel “Pili” Solís, que era su pareja. En su declaración, ella dijo que habían consumido hongos alucinógenos, que salió a caminar por el campo y que a su regreso del “viaje” de cucumelo, halló a Marcel sin vida.

En el lugar había gran cantidad de drogas y Solís fue aprehendida, acusada inicialmente de presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

A los pocos días fue liberada. El informe de la autopsia había señalado que todo indicaba que las lesiones que le causaron la muerte a Marcel habrían sido autoinfligidas.

Sin embargo, una pericia posterior firmada por la perito de parte Virginia Creimer y el jefe de la Asesoría Pericial de San Nicolás, el médico forense Manuel Caro, estableció que tuvo que haber participación de terceros.

Tras el debate del juicio oral y público, el jurado deliberó y consideró no culpable a Solís. Para condenarla era necesario unanimidad, puesto que la única pena posible en ese caso era la de prisión perpetua.

Se desarrolla en San Nicolás este martes la segunda jornada del juicio por jurados contra Marisel "Pili" Solís, acusada del asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo hallado en un verdadero baño de sangre en una fina ubicada en ruta 191.

El lunes tuvo lugar la selección de los jurados, 12 titulares y seis suplentes, que tendrán la responsabilidad de establecer si Solís es culpable o no del delito de homicidio agravado por el vínculo, una calificación que tiene como única pena posible la prisión perpetua.

Este martes, cuando comenzó el debate propiamente dicho, hubo incidentes tras los que solicitaron la intervención del Tribunal. Fue luego de los alegatos de apertura, en la que las partes expusieron sus planteos.

Las abogadas de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, acusaron al hermano de Solís, Javier, de amenazarlas dentro del Palacio de Tribunales cuando se les acercó en el momento en que bajaban una escalera en el edificio.

Sanjurjo dijo a La Opinión que informaron al Tribunal sobre lo ocurrido y que el juez que lo preside hizo una “advertencia” al público para que no haya situaciones que molesten a las partes.

Las abogadas representan a la familia como particulares damnificados en la causa cuyo trámite comenzó en la Fiscalía 7 y llegó a juicio bajo la órbita de la 9, que conduce Vicente Gómez, fiscal de Baradero.

"Pili" Solís había transitado prácticamente toda la instrucción de la causa con el abogado Gustavo Moreno como defensor particular, quien antes de la etapa final fue reemplazado por Antonela Travesaro.

La nueva abogada tiene como estrategia intentar persuadir al jurado de que Marcel no fue asesinado sino que, como había establecido al principio la autopsia, las lesiones que presentaba fueron autoinfligidas.

Una pericia posterior, firmada por la perito de parte Virginia Creimer y el jefe de la Asesoría Pericial de San Nicolás, Manuel Caro, consideró que él no podría haberse provocado a sí mismo ese tipo de heridas.

Por eso la causa llegó a juicio con la carátula de homicidio calificado. El jurado ciudadano deberá ponderar las pruebas y los testimonios para establecer si Marisel "Pili" Solís es culpable o no.

Este lunes, desde las 8.00 de la mañana, se desarrolla en San Nicolás la primera audiencia del juicio por jurados contra Marisel "Pili" Solís por la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años que fue hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

La primera jornada es de selección del jurado, 12 vecinos de la región que tendrán la responsabilidad de establecer si la acusada es culpable o no de un asesinato.

El martes, ya con el jurado elegido, habrá alegatos de apertura y comenzarán a pasar los testigos que declararán en el juicio, lo que incluye peritos, profesionales de la salud y efectivos policiales. Se espera que las audiencias se extiendan al menos hasta el jueves.

Solís llegó al debate oral y público detenida con prisión preventiva desde que una pericia sobre la autopsia estableció que Marcel no podría haberse autoinfligido las heridas que le causaron la muerte.

La acusación es por homicidio agravado por el vínculo, cuya única pena posible, en caso de culpabilidad, es la prisión perpetua. Para que la imputada sea declarada culpable debe haber unanimidad en el jurado.

Por eso la tarea del fiscal Vicente Gómez y de las abogadas Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, que representan a la familia de Marcel, será la de exponer un cuadro de situación que no deje dudas en los 12 vecinos de la región seleccionados para el juicio.

Por su parte, la abogada de Solís, Antonela Travesaro, llega con el plan de persuadir al jurado acerca de la inocencia de Solís o al menos con la intención de sembrar la duda respecto de la acusación de homicidio.

Cuando la policía llegó a la finca Sonho Verde, alertada por la propia Solís, Marcel estaba en una de las dependencias desnudo y en un charco de sangre, con un cuchillo cerca de él.

En el lugar había una gran cantidad de drogas y ella fue detenida bajo la acusación relacionada con la presunta comercialización de estupefacientes. Cinco días después, la liberaron.

La autopsia había señalado, inicialmente, que se trataría de una muerte producida por lesiones autoinfligidas, pero luego una pericia firmada por la perito de parte Virginia Creimer y el jefe de la Asesoría Pericial San Nicolás, el médico forense Manuel Caro, estableció la participación de terceros.

Pili Solís dijo que habían consumido cucumelo y que ella salió a caminar durante horas mientras duraba el "viaje" de los hongos alucinógenos y que al regresar encontró muerto a Marcel.

Aunque luego el informe toxicológico no reveló la presencia de psilocibina, la abogada de Solís sostiene su relato porque "no tenían las técnicas ni los reactivos específicos para buscar esa droga".

Hay pericias que Travesaro pondrá de relieve en defensa de su asistida, como la falta de huellas de Solís en el cuchillo hallado en la escena o el hecho de que no tendría la fuerza necesaria para cometer un crimen de estas características.

Fiscalía y la querella procurarán sostener que si Marcel murió por acción de terceros la victimaria no podría ser otra que su pareja, porque era los únicos que estaban en el campo.

El jurado ciudadano deberá ponderar cada una de las pruebas que aparezcan, más los testimonios y alegatos que se expongan durante el debate, para decidir si en la muerte de Marcel hubo un homicidio y si la responsable es o no Marisel "Pili" Solís.

El empleado municipal Juan Villalba, condenado por administración fraudulenta tras ser acusado de desviar materiales de la construcción del hotel Azahar Spa como contratista particular, será despedido de la Municipalidad.

Ese es el destino que tendrá el sumario administrativo que la semana pasada, luego de que La Opinión revelara el contenido de su condena, el Gobierno estableció que debe comenzar en su contra, de acuerdo a la normativa vigente.

A Villalba, que fue condenado a dos años y medio de prisión de ejecución condicional, le cabe la letra de la ley que establece el régimen de empleo municipal en la provincia de Buenos Aires, la 14 656.

El sumario tendrá similares características al que el Municipio inició contra el empleado municipal del Estadio que fue condenado por abuso sexual agravado, quien renunció antes de que lo echen.

El artículo 107 de ley de trabajo municipal establece que puede sancionarse "hasta con cesantía" las "inconductas notorias", la "sentencia condenatoria dictada en perjuicio del trabajador como autor, cómplice o encubridor de delito común de carácter doloso" y las "faltas graves" que "afecten el prestigio" de la administración municipal.

El intendente ya tiene en su poder el dictamen correspondiente emitido por la Asesoría Letrada municipal para dar curso al inicio del sumario administrativo, cuyo destino, como se dijo, no podría ser otro que el despido.

Villaba tiene 49 años y es empleado municipal hace más de 20. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre 2007 y 2013, cuando ya era trabajador del Estado local y fue contratado de manera particular para la obra del hotel Azahar Spa.

La Justicia lo halló culpable de desviar materiales para otras obras abusando de la confianza depositada por sus empleadores, lo que provocó un perjuicio patrimonial deliberado hacia la empresa.

En el marco de esa causa, está previsto que este martes comience en el Juzgado Correccional de San Nicolás el juicio oral y público contra el arquitecto Raúl Antoliche y el contratista Miguel “Mili” González.

El conflicto desatado entre el Gobierno municipal y los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales Juan Cruz Acosta y Luciana Pavón Duarte tiene ahora una causa penal, tras la denuncia de los gremialistas.

El matrimonio que conduce ese sindicato denunció por "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" a funcionarios del gabinete y la Justicia imputó al subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, quien será investigado por el caso.

Todo tiene que ver con la decisión del Gobierno de no pagarles el sueldo a Acosta y a Pavón Duarte luego de que les exigieran que retomen sus labores como empleados municipales, él en el Corralón y ella en Desarrollo Humano, y no lo hicieran.

Los sindicalistas aducen que el Gobierno "modificó" un artículo del Convenio Colectivo de Trabajo para hacer efectiva la retención de sus haberes por no presentarse a trabajar.

Por su parte, el Gobierno sostiene que ese convenio invocado "no está vigente", por lo que el concepto de "licencia gremial con goce de haberes" no correspondería y debería ser la organización gremial la que les pague, en lugar del Estado local, en cuyo caso deberían cumplir con su trabajo.

La disputa también tiene una causa en el fuero Laboral, donde Acosta y Pavón Duarte presentaron una demanda en cuyo marco el Tribunal interviniente rechazó una medida cautelar urgente para que les repongan los sueldos.

Los sindicalistas habían señalado que no cobrar sus salarios afecta la subsistencia de la familia que tienen en común y que la decisión del Gobierno es "persecutoria" porque apareció en medio de un conflicto gremial.

El juez Quadranti no hizo lugar a las pretensiones de los gremialistas y rechazó la cautelar, por lo que el Gobierno quedó habilitado para mantener la suspensión del pago de los sueldos mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La condena por transporte de drogas que recibieron el exgerente de Coplac Rafael Rodrigues y su cómplice, Nicolás Acuña Acevedo, fue innovadora respecto de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que permite celeridad en la administración de Justicia.

Ambos fueron detenidos el 18 de marzo cuando los interceptaron en ruta 1001 a bordo de un Toyota Corolla en el que llevaban escondido un ladrillo de un kilo de cocaína de máxima pureza.

Dos meses y medio después, en los primeros días de junio, el Juzgado Federal de San Nicolás que conduce Carlos Villafuerte Ruzo los condenó a cuatro años de prisión efectiva y dos años de prisión condicional, respectivamente.

El juicio fue a través de la institución del trámite abreviado, acordado entre el abogado de los imputados, Hugo Lima (h) y el fiscal federal Matías di Lello.

"El Estado consiguió la condena de dos personas. Uno salió en libertad y otro tuvo una pena menor", destacó Lima en diálogo con La Opinión y puso de relieve la importancia de la celeridad en los procesos judiciales.

"Aquí encontraron un kilo de cocaína de extrema pureza escondida en el auto. No había mucho que discutir, sino encontrar la mejor forma. Aprovechamos la posibilidad del juicio abreviado, lo pautamos, el juez lo homologó y dictó sentencia, en menos de tres meses", destacó.

Lima logró la pena mínima para Rodrigues, en un delito que tiene una escala que va de 4 a 15 años de prisión. La presunción de participación en una cadena de comercialización mayor podría haberle jugado en contra. Su condición de adicto y la falta de otros elementos de prueba favorecieron la consideración como "simple transportador" de la droga.

Apenas detenidos, Rodrigues y Acuña Acevedo fueron trasladados a la cárcel de Devoto. Desde allí contactaron a Lima y mantuvieron audiencias virtuales para el desarrollo del proceso. El brasileño quedó alojado en esa dependencia y el otro recuperó la libertad tras la condena.

"A la hora del acuerdo, les dije que no había mucho más para hacer. Ellos se dan cuenta, tenían toda esa droga encima, escondida en el auto, bajo el torpedo, la casa donde encontraron la plata era de Rodrigues, no había mucho para discutir", reconoció Lima.

Para el abogado, el proceso fue exitoso en la medida en que obtuvo penas menores para sus asistidos y "el Estado logró dos condenas". La sentencia no es apelable por haberse tramitado en juicio abreviado.

"Esto se achicó de un proceso de tres años a tres meses, todo el desgaste, escritos, gente, recursos, todo eso se ahorró, por eso el procedimiento fue muy innovativo", destacó Lima.

Tras la sanción de la ley que bajó la edad de imputabilidad penal juvenil de los 16 a los 14 años, el Gobierno nacional celebró y aseguró que "no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad".

La propuesta tuvo defensores y detractores en todo el arco político y social de la Argentina. La discusión de fondo es qué sucede con los jóvenes que cometen delitos antes, durante y después de los hechos

Estadísticas de la Procuración General bonaerense dan cuenta de que la problemática de la delincuencia juvenil existe y que hubo  intervención judicial en los casos en que los menores de edad, desde los 16 años, se veían involucrados.

En los últimos 9 años, el departamento judicial San Nicolás registró 13 276 causas penales iniciadas en todos los distritos que conforman su jurisdicción, entre ellos San Pedro en los fueros criminal y correccional.

Es un promedio de 1475 al año, que fluctuó a la baja en 2020 (1267 causas) y  tuvo un crecimiento sostenido desde entonces, hasta alcanzar casi 1800 en 2024.

Además de esas 13 276 investigaciones penales preparatorias iniciadas en las 16 fiscalías de la región —tres de ellas en San Pedro—, hay otras 6936 que corresponden al fuero de responsabilidad penal juvenil.

Del total de más de 20 mil causas en la última década, las que involucran a menores de edad representan casi el 35 por ciento.

En 2025 hubo un descenso del 0,9 por ciento en el fuero juvenil en toda la provincia. Sin embargo, en el departamento judicial San Nicolás, aumentó el 1,3 %: fueron 798, diez más que durante el año anterior.

Sin embargo, los jóvenes imputados formalmente por esos delitos, siempre según las estadísticas de la Procuración, son pocos. El promedio de los últimos cinco años es de menos de 50 por período. El promedio de privados de libertad es de 24 por año, es decir la mitad de los acusados.

En toda la provincia, alrededor del 70 por ciento de los delitos cometidos por menores de edad son contra la propiedad, en general robos y hurtos. 

En la región , ese porcentaje baja a alrededor del 30 por ciento porque hay un crecimiento muy importante de los "delitos contra las personas": amenazas, abuso de armas, enfrentamientos, tentativa de homicidio, incluido el asesinato de Lautaro Carlevaris, que fue cometido por un menor.

En la provincia de Buenos Aires, el 53,6 por ciento de los menores imputados tiene 17 años; el 41,2 por ciento tiene 16; y alrededor del 5 por ciento, 18. El 96 por ciento corresponde a varones.

Por lo general, las causas que involucran a menores de edad en el departamento judicial San Nicolás se resuelven a través de la figura del juicio de trámite abreviado, en el que defensa y fiscalía acuerdan un montó máximo de pena para que  el juez interviniente resuelva, sin necesidad de debate oral y público.

La gran mayoría de los casos que llega a instancia de juicio termina en condena. Según las estadísticas consultadas para esta nota, desde 2018 a 2024 todos los imputados fueron condenados. Entre 2014 y 2017 hubo un porcentaje de entre el 13 y el 44 por ciento de absueltos, según el período.

Seguirá detenida camino al juicio Marisel "Pili" Solís, acusada de homicidio agravado por la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el joven uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191 en junio de 2024.

Así lo resolvieron los jueces de la sala I del Tribunal de Casación Penal en La Plata, donde la defensa de la acusada había presentado un recurso en procura de lograr el beneficio de arresto domiciliario.

Solís está detenida con prisión preventiva desde que la pericia médica sobre la autopsia señalara que Marcel no podría haberse autoinfligido las lesiones que le provocaron la muerte.

Su abogada defensora, Antonela Travesaro, había solicitado que la imputada fuera alojada en su casa a la espera del juicio por jurados en la que se resolverá si es culpable o inocente de la muerte del joven uruguayo, que era su pareja.

El juez de Garantías había accedido al beneficio, pero el fiscal Vicente Gómez y la abogada de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo, apelaron esa decisión y lograron revocarla.

Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones de mantener presa a Solís, su defensa fue a Casación, donde también mantuvieron la decisión de que permanezca detenida en la Unidad Penal 3 de San Nicolás.

Los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral consideraron que es necesario mantener presa a Pili Solís ante "la persistencia de los peligros procesales" que derivaron en el dictado de prisión preventiva.

Los argumentos esgrimidos por su defensa en relación al cuidado de su hija de 14 años no alcanzaron. Por el contrario, el Tribunal de Casación ponderó los planteos de Gómez y Sanjurjo.

La querella había señalado que la hija de Solís podía permanecer bajo el cuidado de otros familiares y que su traslado a la finca Sonho Verde, donde ocurrieron los hechos, implicaba un "peligro de fuga" inminente, teniendo en cuenta la proximidad del debate oral y los recursos económicos con los que cuenta la acusada.

El juicio oral y público con jurado ciudadano contra Pili Solís comenzará el lunes 22 de junio en el Palacio de Tribunales de San Nicolás y todo indica que se extenderá al menos por cuatro jornadas.

El jurado deberá decidir si es culpable o no del delito de homicidio agravado, un delito cuya única pena posible, en caso de condena, es la prisión perpetua.

El exgerente de Coplac que fue detenido en marzo pasado con un kilo de cocaína cuando ingresaba a San Pedro junto a un acompañante oriundo de Lomas de Zamora fue condenado por el delito de "transporte de drogas".

La causa tramitó en el fuero Federal, puesto que ese tipo de calificación trasciende los límites de la Justicia ordinaria, y se resolvió en juicio abreviado por acuerdo entre las partes.

El fiscal federal Matías di Lello y los abogados del estudio jurídico Lima y asociados acordaron, para el caso de condena, penas mínimas para el delito en cuestión.

Con las pruebas obrantes en el expediente, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo condenó a Rafael Rodrigues, alias "el brasileño", a la pena de cuatro años de prisión efectiva.

Su cómplice, identificado como Nicolás Acuña Acevedo y oriundo de Lomas de Zamora, fue condenado a dos años y medio de ejecución condicional, como partícipe secundario, por lo que recuperó la libertad.

Ambos estaban detenidos en el Complejo Penitenciario Federal, conocido como la cárcel de Devoto. Rodrigues seguirá alojado bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, mientras que Acuña se fue libre apenas homologado el acuerdo del juicio abreviado.

Rafael Rodrigues y Nicolás Acuña Acevedo fueron detenidos la noche del 18 de marzo de este año en la ruta 1001, cuando ingresaban a la ciudad en un Toyota Corolla blanco en el que llevaban un kilo de cocaína.

Fueron interceptados por la policía de la División Drogas Ilícitas, que no tenía una investigación en marcha sobre ellos, pero evidentemente había tomado algún tipo de conocimiento respecto de ese traslado.

El Toyota iba a toda velocidad y la aumentó cuando vieron a la policía. Allí comenzó una persecución que permitió detenerlos. Cuando revisaron el vehículo, hallaron un ladrillo con un kilo de cocaína con el sello de un delfín y número 10 que estaba escondido bajo la consola del tablero del coche.

Un allanamiento de urgencia dispuesto en un domicilio de Fray Cayetano Rodríguez y Manuel Iglesias secuestró una bolsa de nylon negra que tenía 5 millones de pesos y que se sospecha estaban destinados a pagar esa droga. 

Esa casa guarda vínculos con otro resonante caso: el asesinato de la niña Uma Aguilera, ocurrido durante un asalto en Lomas de Zamora, que tiene un condenado que se escondió en San Pedro, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas.

La causa tramitó primero en la Fiscalía tematizada en comercialización de estupefacientes que conduce Verónica Marcantonio, pero la tipificación penal de "transporte de drogas" derivó el expediente al fuero Federal, donde se resolvió en poco más de dos meses a través de un juicio de trámite abreviado.

La defensa logró una pena de cuatro años para Rodrigues y de dos y medio para Acuña Acevedo. El segundo tuvo ese beneficio porque en los allanamientos que se dispusieron en su domicilio, el de su familia cercana y en su lugar de trabajo no encontraron nada.

Como no había una investigación en marcha, puesto que los detuvieron en un "operativo de rutina", los allanamientos se produjeron varios días después de que los detengan, sin éxito para los fines de la causa.

Rafael Rodrigues vivía en San Pedro desde que llegó junto con la fábrica de alfombras para automóviles Coplac. Su padre de crianza, José Luiz Lima Ricardo, era uno de los dueños. Primero trabajó en la planta de Córdoba de esa empresa y luego recaló en la local, donde fue gerente de ventas.

Rodrigues fue relacionado con el submundo de las drogas a poco de instalarse en San Pedro. Estaba en Coplac cuando un reconocido personaje que tiene negocios irregulares a la vista de todos y que supo estar procesado por causas por venta de estupefacientes lo amenazó de muerte porque le debía dinero del consumo.

Cuando lo desvincularon de la empresa porque descubrieron que habría desviado dinero para pagar deudas de drogas, Rodrigues se transformó en remisero. Las sospechas sobre vinculaciones con el presunto delivery de estupefacientes siempre lo rondaron.

La Justicia condenó al empleado municipal de San Pedro Juan Ramón Villalba a dos años y medio de prisión de ejecución condicional tras hallarlo penalmente responsable del delito de administración fraudulenta.

Villalba, de 49 años, fue considerado culpable de haber desviado materiales, herramientas y personal de la obra del hotel Azahar Spa, que el gobernador Axel Kicillof inaugurará formalmente el 12 de junio.

Trabajó allí entre los años 2007 y 2013, período en el que fue uno de los máximos referentes a cargo de la construcción.

En ese tiempo, Villalba respondía a las órdenes de Miguel "Mili" González, contratista a cargo de la obra cuyos máximos responsables eran los arquitectos Alberto Raúl Antoliche y Jorge Santiago.

Antoliche y González —Santiago falleció— irán a juicio oral y público. El debate comenzará el 23 de junio y se extenderá por cuatro días en los Tribunales de San Nicolás, bajo la órbita del Juzgado en lo Correccional n.° 1.

Villalba, por su parte fue a juicio de trámite abreviado, en cuyo marco quedó probada su participación en el delito de administración fraudulenta, por lo que fue condenado a dos años y medio de prisión de ejecución condicional, es decir que no irá preso.

El fallo condenatorio pone en riesgo su continuidad como empleado municipal, puesto que el Estado local deberá proceder, como en otros casos, a iniciarle el sumario administrativo correspondiente, con la cesantía como máxima sanción posible.

La Justicia consideró que Villalba era "la persona que administraba los bienes y cuidaba y disponía de materiales de la obra", por lo que sus conductas provocaron un "perjuicio patrimonial" a la empresa, "evidenciado con las pericias".

Cuando en 2013 los arquitectos Antoliche y Santiago dejaron la obra, comenzaron las inspecciones por parte de la empresa que derivaron en una denuncia penal contra ellos y contra los contratistas que pusieron al frente de la tarea.

Detectaron que junto a lo que denominaron "vicios de construcción" habían sufrido retiro de materiales sin control y su uso en otras obras, con maquinaria propia incluida.

En 2007, estimaban que la construcción del hotel iba a costar alrededor de 10 millones de dólares y que estaría listo en tres años. Pero el tiempo comenzó a pasar.

"A Villalba lo trajo Antoliche, de la Municipalidad", declaró Víctor Fera, el dueño de Maxiconsumo y de Polo Industrial, empresa propietaria del Azahar Spa y antes San Julián, en la Justicia. 

En una oportunidad, en el propio hotel otros obreros le informaron que se llevaban las máquinas para trabajar en otro lado. A Villalba, declaró, lo tomaron porque era "de confianza" del Municipio. Había llegado a través de "Mili" González y tenía rol de encargado.

Un testigo, que trabajaba para un contratista y manejaba una retroexcavadora, declaró que vio salir materiales de la obra hacia la casa de Villalba en varias oportunidades: piedra, cemento, cal, arena, etc. 

Desde la casa, señaló, llevaban todo a otras obras en una camioneta Chevrolet vieja color naranja. Incluso, declaró, hubo obras municipales hechas con esos materiales y con las herramientas del hotel.

Otro empleado de Villalba declaró que pudo ver que sacaban hierros y chatarras. Un tercero, también contratado por él, dijo que "las ordenes en la construcción las daba Villalba" y que "también se encargaba de solicitar los materiales de construcción" que "a veces salían de la obra".

Ese mismo empleado contó que trabajó en una quinta que sería propiedad de González y en la obra del Paseo de los Túneles, siempre bajo las órdenes de Villalba y con el sueldo "abonado por el hotel".

Personal de seguridad, por su parte, también dejó asentado en la causa que había "movimiento de materiales y herramientas" en esa camioneta naranja, conducida por un empleado del ahora condenado.

El exdirector de Cultura, José Luis Aguilar, también declaró en la causa. Villalba era empleado de su área. La obra del Paseo de los Túneles, dijo, se hizo con fondos municipales. Sí contó que Villalba llevó una retroexcavadora que "le prestó un amigo". Era la del hotel.

Las copias de los libros donde la empresa de seguridad dejaba asentados los movimientos fueron fundamentales para la condena de Villalba. 

Allí se detallan los días en los que personal señalado como "empleado de" o como "hombre de" Villaba se llevaban  materiales de todo tipo.

Los movimientos son muchos: cortes de hierro, bolsas de cemento, ladrillos, perfiles, mangueras, baldes, arena, más cemento, tablones, tanques, tirantes, la retroexcavadora, carretillas, más ladrillos, obreros para trabajar en otra obra, escombros, portantes, cables subterráneos, bolsas de cal, pegamento, bombas de agua, y así por decenas de veces.

Todos escuchaban comentarios acerca de que Villalba se llevaba el personal, el material y las herramientas para otras obras. Pero como había autorización expresa por parte de González, que respondía directamente a los arquitectos Antoliche y Santiago, sólo dejaban asentado lo que ocurría.

Un durlockero que detectó el faltante de alrededor de 200 metros cuadrados de construcción en ese material declaró que cuando preguntó por lo que faltaba le dijeron: "Callate la boca, porque nos echan a todos y se arma quilombo".

La camioneta y un acoplado de Villalba, refirió ese testigo, "siempre salía con más cosas que con las que entraba". Él también escuchó comentarios en el mundo de la construcción que los materiales se vendían afuera o se usaban para otras obras.

"Gonzalez, Villalba y sus obreros armaban un circo para que Fera viera todo bien", dijo un testigo.

En su declaración, Villalba dijo que nunca tuvo a su cargo administración de bienes ni hacer compras, sino que él hacía "limpieza en la obra" y que el personal que le atribuyen no eran empleados suyos sino gente que "recomendó".

Aseguró que nunca sacó materiales de la obra, a menos que hubiera orden para trasladar de un lugar a otro por parte de los responsables. 

La camioneta naranja, dijo, no era de su propiedad sino de una persona de apellido Bustamante —a quien los testigos señalan como "su chofer"—, que era vecino de él y trabajaba, también, en la construcción.

Aseguró que tomó "tres créditos" para terminar su casa y que no la construyó con materiales del hotel, porque todo lo que aparece en los libros como que él retiró lo hizo "para realizar obras a favor de la empresa".

Para la Justicia, quedó probado que tenía una autoridad y que la ejercía, por lo que su rol en la obra era "más activo que lo que él describe". Además, consideraron probado que sacó material, lo que a su vez se conjuga con la pericia que señala que hubo un "desfasaje del material comprado".

Así, la jueza Luciana Díaz Bancalari consideró probado que Villalba hizo abuso de la confianza que le habían dado y que, con ello, "provocó un perjuicio patrimonial deliberado a la empresa" de Víctor Fera, aprovechándose de la falta de control permanente de su parte.

Este fallo, previo al debate oral contra Antoliche y González que comenzará en pocas semanas, es de gran relevancia respecto de lo que ocurrirá en ese debate.

Por un lado, porque consideró probadas las deficiencias constructivas que obligaron a romper y rehacer gran parte de la obra del hotel Azahar Spa. 

Por el otro, porque Villalba estaba por debajo de los otros dos acusados y su condena por "administración fraudulenta" parece adelantar el destino que tendrán aquellos en el juicio.

El caso de la banda de policías que actuaba en la región cuyo juicio tendrá a algunos efectivos en debate oral y a otros en trámite abreviado, tuvo a un sampedrino involucrado: Juan Ramón Reinoso, oriundo de Santa Lucía, quien fue investigado y sobreseído por falta de pruebas.

Camino a la elevación a juicio de una investigación que comenzó cuando un delincuente perdió un celular al momento de escapar tras un robo, el fiscal Patricio Múgica Díaz consideró que no había elementos probatorios suficientes para endilgarle participación en los hechos investigados.

La falta de pruebas de cargo idóneas fue fundamental para que el santalucense quedara afuera de la investigación que ahora va a juicio y el juez Román Parodi dispuso "sobreseer totalmente a Juan Ramón Reinoso en orden a los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública".

A su vez, además de la causa penal Reinoso enfrentó un sumario administrativo ante la  Auditoría General de Asuntos Internos, donde también fue sobreseído y evitó así una sanción, lo que le permitió continuar trabajando, como hasta hoy, como efectivo de la Policía Bonaerense.

Juan Reinoso había sido detenido por la Policía Federal el 21 de septiembre de 2023, cuando la Justicia ordenó alrededor de 25 allanamientos en toda la región. Un mes más tarde, recuperó la libertad por falta de mérito para la prisión preventiva.

En su declaración dijo que con la única persona de las involucradas en los hechos con los que tuvo contacto fue con Lucas Artioli, el jefe de calle de Ramallo sindicado como cabecilla de la banda investigada, porque habían sido compañeros y mantenían vínculo laboral cuando ocurrían hechos relacionados entre Baradero, su nuevo destino, y Ramallo.

En 2022, Artioli le mandó mensajes por WhatsApp para comentarle que tenía un cupo de horas Cores disponible para la Comisaría de Baradero, por si le interesaban. Tenía que hablar con un tercero, con quien no se comunicó porque "no quería tener inconvenientes".

Reinoso declaró que nunca le pidieron dinero por horas Cores y que las que cumplió siempre fueron controladas por planilla y libro por parte de la encargada de la oficina administrativa y el jefe de la policía de Baradero.

En la causa obraban tres transferencias de dinero de Artioli a la cuenta de Reinoso, quien señaló en su declaración que esos montos correspondían a una suma que el sindicado como jefe de la banda de policías delincuentes le debía, pero que nada tenía que ver con retorno de horas Cores o algún tipo de actividad ilícita.

Las medidas de prueba producidas en el marco de la investigación que lleva a la banda a juicio respaldaron la declaración de Reinoso, lo que motivó la solicitud de Fiscalía de sobreseer totalmente al santalucense, a lo que el juez de Garantías Román Parodi accedió.

El Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro fue a la Justicia para reclamar la restitución del espacio público que le pertenece y que se encuentra ocupado por una guardería náutica desde el año 2012, tras un contrato firmado en 2019.

El predio forma parte de las instalaciones costeras propiedad del puerto que habían sido concesionadas en su momento a la Federación de Luz y Fuerza para el desarrollo del proyecto Mansa Lyfe.

Cuando ese sindicato restituyó el predio, la zona donde está emplazada la guardería náutica quedó en manos de la familia Asturi, titular del emprendimiento, que siguió trabajando.

El Consorcio envió cartas documento a Luz y Fuerza y al propio Asturi para recuperar el predio, pero como no lo logró por la vía administrativa recurrió a la Justicia, por lo que ahora es el Juzgado Civil y Comercial n.° 3 el que deberá resolver.

El predio formaba parte del espacio público concesionado a Luz y Fuerza, que a su vez subconcesionó —algo que no tenía permitido— a Asturi el sector donde construyó la guardería náutica.

Por eso el Consorcio fue a la Justicia contra ambos: contra Luz y Fuerza, porque debía restituir el predio concesionado libre de ocupantes; y contra la familia Asturi y Víctor Grabovieski como partes del emprendimiento de la guardería náutica.

El espacio público en disputa abarca entre 10 mil y 20 mil metros cuadrados que en su momento Luz y Fuerza reclamó ante la Justicia a Asturi por vencimiento de contrato, sin lograr la restitución.

En la causa que inició el Puerto hubo respuesta del sindicato, que sostiene que el Consorcio "siempre estuvo en pleno conocimiento" del proyecto de la guardería náutica y que, vencido el contrato y ante la negativa de restitución, Asturi quedó "en situación de tenencia precaria" sobre el predio.

Por su parte, Asturi respondió que el Puerto pretende reclamarle 20 mil metros cuadrados cuando el contrato de subconcesión habla de 10 mil, y en el mismo acto reconoce que lo restante es producto de "relleno" que hizo él mismo, por cierto sin los permisos ni los estudios de impacto ambiental correspondientes.

Asturi planteó además el tema de "las construcciones, instalaciones y mejoras realizadas sobre el inmueble", que contienen "un galpón de aproximadamente 22,40 metros por 50,60 metros, con una superficie cubierta superior a los 1.100 metros cuadrados".

El dueño de la guardería sostiene que "el valor actual de las construcciones e instalaciones existentes puede estimarse en una suma aproximada de 900 mil dólares" que invirtió y que, asegura, el Consorcio quiere quedarse en "un evidente abuso del derecho y enriquecimiento sin causa a su favor".

El fiscal Patricio Múgica Díaz llevará a juicio a los policías y civiles involucrados en la banda que lideraba el exjefe de calle de la Bonaerense en Ramallo Lucas Rubén Artioli y que tuvo al sampedrino Juan Ramón Reinoso, oriundo de Santa Lucía, entre los involucrados.

La semana pasada, cuando iba a desarrollarse el juicio oral, aparecieron propuestas ante el Tribunal para que algunos de los acusados sean juzgados mediante trámite abreviado, reveló El Norte.

Los imputados eran en total ocho policías y tres civiles, entre los que están quienes irán a debate y los que eligieron la modalidad abreviada. Entre los últimos, el propio Artioli, señalado como cabecilla de la banda. Además hubo efectivos que quedaron fuera de sospecha, entre ellos Reinoso.

Los demás están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer diversos delitos, entre ellos robos a mano armada con encapuchados y privación ilegítima de la libertad; hurtos; custodias no registradas y manejo discrecional de horas adicionales (Core) a cambio de retornos, cobrados vía transferencias en billeteras virtuales.

La sospecha es que fueron parte de una serie de robos cometidos en la región y además hay otro grupo, vinculado a este, a quienes acusaron de vender droga que se quedaban de operativos.

El fiscal Múgica Díaz comenzó la investigación en julio de 2022 cuando analizó un celular que un grupo de delincuentes había olvidado al escapar tras cometer un robo.

La tarea investigativa logró mapear la estructura delictiva y un año después se ordenaron 25 allanamientos. En ese marco, un comisario se quitó la vida antes de que lo allanaran y dejó un video en el que reconocía ser parte de la banda "del teniente primero Artioli".

Entre esos allanamientos, uno tuvo lugar en Santa Lucía, en la casa del oficial Juan Ramón Reinoso, vecino de esa localidad de San Pedro que se desempeñaba en Baradero y además es abogado.

A Reinoso ese día lo detuvo la Policía Federal, encargada de los procedimientos. Fue involucrado en la trama relacionada con el cobro de "changas" de custodia sin aviso a los superiores y en el manejo discrecional de horas adicionales, pero no aparece en la causa relacionada con la venta de drogas. 

Juan Ramón Reynoso fue sobreseído tanto en la causa penal como en el expediente administrativo ante Asuntos Internos.