La tasa por conservación de la red vial, que pagan los contribuyentes con propiedades en la zona rural por el mantenimento de los caminos, tuvo en 2025 una recaudación que apenas alcanzó para cubrir el 28 por ciento del costo que implicó la prestación del servicio.

Históricamente, red vial fue uno de los gravámenes con mayor cobrabilidad. En el último año, cayó al 66,5 por ciento, según se desprende de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 y del informe de costos elaborado por la Secretaría de Economía municipal. 

Entre 2019y 2023 se mantuvo entre el 88 y el 80 por ciento. La caída fue del orden del 32 por ciento en los últimos años. En febrero, La Opinión reveló que el Gobierno preparaba intimaciones para cobrar alrededor de 400 millones de pesos adeudados por propietarios de inmuebles rurales. 

La prestación del servicio de conservación de la red vial insumió, según informó el Gobierno, 164,8 millones de pesos, promedio mensual. La recaudación fue de 46,2 millones, promedio  mensual.

El resultado arroja un rojo de 118,5 millones promedio por mes, es decir un 72 % negativo.

El costo sobre la emisión también fue muy superior: de los 164,8 millones que insumió el servicio, el total emitido fue de 69,5 millones. Es decir que aún si todos pagaran habría un resultado negativo, ya que alcanzaría para cubrir el 42 por ciento.

En materia de costos, el Gobierno informó que el promedio mensual de 164,8 millones de pesos se distribuyó de la siguiente manera: 38 millones en personal; 109,8 millones en combustibles, reparaciones y materiales; 9,2 millones en servicios no personales; 3,5 millones en bienes de uso; 4 millones en gestión administrativa.

Los productores rurales, especialmente los nucleados en la Sociedad Rural de San Pedro, son muy críticos del Gobierno municipal en relación al mantenimiento de los caminos.

El Gobierno municipal difundió esta semana la situación económico financiera al final del primer semestre del año, una publicación que es obligatoria y con la que el Estado local cumple habitualmente.

El informe revela que en la primera parte del año el déficit fue de poco más de 4100 millones de pesos, lo que representa un gasto del orden del 15 por ciento por sobre los fondos disponibles.

El Municipio tuvo alrededor de 25 766 millones de pesos en recursos efectivamente percibidos y devengó gastos por casi 29 900 millones.

En el corte no está contemplado el dinero que demandará el medio aguinaldo, unos mil millones de pesos más, por lo que el gasto en personal aparece con un porcentaje de alrededor del 52 por ciento del total y del 75 por ciento sobre los recursos de libre disponibilidad.

Con la primera cuota del sueldo anual complementario, el gasto en personal del Municipio superará el 80 por ciento, un porcentaje alto pero por debajo del 91,7 % de los recursos de libre disponibilidad que insumió en 2025.

El presupuesto 2026 aprobado por el Concejo Deliberante fue previsto en 57 mil millones, lo que implica que el Gobierno ya devengó alrededor del 52 por ciento, siempre sin contar el medio aguinaldo, que lleva ese porcentaje a casi el 55.

El área de Salud fue la que mayor gasto demandó en el primer semestre, con poco más de 8.400 millones del total, lo que representa alrededor del 33 por ciento de los gastos devengados.

El Gobierno municipal firmó un convenio con Ashira para financiar la deuda milmillonaria que el Estado local mantiene con la empresa prestataria del servicio de recolección de residuos.

La deuda con Ashira supera los 3600 millones de pesos y el plan es saldarla en 90 cuotas, lo que implicará a tres gestiones municipales, puesto que son siete años y medio, hasta fines de 2033.

Es decir que el compromiso recaerá sobre la actual gestión, cuyo mandato vence en diciembre de 2027; la que asuma en ese momento; y la siguiente, que asumirá en 2031.

Para entrar en vigencia, el convenio debe ser convalidado por el Concejo Deliberante con mayoría calificada, es decir por dos tercios del cuerpo: son 12 votos.

Para lograrlo, el oficialismo, que cuenta con siete bancas, deberá persuadir al resto del cuerpo acerca de la necesidad de aprobar este convenio.

Cuando lo firmó, la semana pasada, el Gobierno omitió explicar que se trata de un acuerdo para pagar una deuda que arrastra desde el año pasado y que suma más de 3600 millones de pesos.

Informaron que se trata de "un esquema de ordenamiento administrativo y contractual vinculado a la prestación del servicio de higiene urbana".

En los últimos dos meses, Ashira pagó fuera de término los sueldos de sus trabajadores por la falta de cumplimiento del Municipio,  lo que derivó en paros de los trabajadores, con la consecuente falta de recolección de residuos durante varios días.

En ese marco, Ashira pidió "previsibilidad" para los meses siguientes y alcanzaron este acuerdo, que debe ser convalidado por el Concejo porque se trata del financiamiento de deuda, con los intereses que ello comporta.

En 2017, el Concejo aprobó un convenio para saldar en 120 cuotas la deuda que el Municipio arrastraba con Ashira desde la gestión Guacone. En ese momento, la oposición tuvo reparos, pero acompañó.

El servicio de Ashira cuesta, desde la última actualización, 362 millones de pesos. Son 335 millones de la prestación en la ciudad cabecera y 27 millones de las localidades.

La Rendición de Cuentas 2025 reveló que lo recaudado por la tasa de alumbrado , barrido y limpieza (ABL) sólo alcanzó para cubrir el 25 por ciento del costo. 

Ese gravamen tuvo una cobrabilidad del 53 por ciento. Si todos pagaran, tampoco alcanzaría para cubrir el costo total del servicio.

En el Gobierno y en el Concejo ya tienen en marcha la tarea para persuadir a la oposición sobre la relevancia del convenio. Pero en Palacio saben que la cuestión de fondo es otra.

San Pedro deberá poner en debate si está en condiciones de mantener el tipo de servicio que brinda Ashira y si está dispuesto a pagarlo.

Derecho de Cementerio es uno de los tributos que peor registro de recaudación tuvo en 2025, según la Rendición de Cuentas que el Concejo aprobó a fines de mayo.

Del informe de costos elaborado por la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo se desprende que la recaudación alcanzó para cubrir poco más del 15 por ciento de lo que vale mantener el servicio.

El costo total fue de casi 209 millones. La recaudación, de apenas 32,6 millones. El déficit es del 84,39 por ciento,  176,3 millones de pesos que hay que pagar y que no ingresan.

La cobrabilidad quedó en el 43,3 por ciento, puesto que esos 32,6 millones representan ese porcentaje sobre los 75,3 millones de emisión anual del derecho de Cementerio. El valor promedio por cuenta, informó la Municipalidad, es de alrededor de  14.500 pesos anuales.

La diferencie entre costo y emisión implica que aun si pagaran todos los contribuyentes que corresponden, el déficit seguiría enorme y bajaría del 84,4 al 64 por ciento. Todavía faltarían 133,5 millones de pesos.

El costo mayor del mantenimiento de la necrópolis municipal es el personal: el gasto anual en sueldos fue en 2025 de 193,8 millones, más del 92 por ciento del total.

El resto de los gastos son 4,4 millones en bienes de consumo; 6 millones en servicios no personales; 452 mil pesos en bienes de uso; y 4,2 millones en administración tributaria.

El año pasado el Cementerio municipal se quedó sin servicio de seguridad privada tras el retiro de la empresa a cargo por falta de pago. Los reclamos por lo que ocurre en la necrópolis se incrementaron.

La recaudación registrada en 2025 para la tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) de la Municipalidad de San Pedro alcanza apenas para el 25 por ciento del costo del servicio. 

Así se desprende del análisis de la Rendición de Cuentas del año pasado y del informe de costos de prestación elaborado por la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo.

En 2025, el costo total de ABL fue de más de 5.260 millones de pesos, mientras que la recaudación anual fue de apenas 1313 millones.

El déficit es de 3.947 millones, lo que implica un 75 % negativo sobre lo recaudado.

Los datos revelan que el problema no es sólo la baja recaudación por la caída de la cobrabilidad. Si todos los contribuyentes hubiesen pagado, tampoco alcanzaría.

La cobrabilidad fue del 53,8 por ciento. Esos 1313 millones de pesos recaudados representan ese porcentaje de los poco más de 2460 millones establecidos en la emisión, de acuerdo al aumento del 100 % autorizado por el Concejo y los porcentajes de incremento aplicados, relacionados con el índice de precios.

El desglose del costo indica que 906 millones se pagaron por energía eléctrica de alumbrado público y 85,5 millones por mantenimiento y reposición de lámparas a Coopser.

Ashira costó 1972 millones por recolección de residuos en la ciudad cabecera; 1000 millones por barrido manual; y casi 250 millones por la recolección en las delegaciones, que el Municipio no pudo asumir por su cuenta, como planeaba.

Además fueron devengados 533,7 millones de pesos en personal; casi 180 millones en combustibles y materiales; 48,5 millones en servicios no personales; 90,7 millones en mantenimiento del basural; 43 millones para el sistema de reciclado; 26,6 millones en bienes de uso; y 103 millones en "apropiación gastos administración tributaria".

Al cierre del primer semestre, cuando La Opinión publicó el mapa de cobrabilidad de ABL, la recaudación representaba el 21 por ciento del costo del servicio, por lo que no hubo cambios significativos para el final del ejercicio..

El "festival de bonificaciones" que denunció la concejala Paola Basso respecto de la Rendición de Cuentas 2025 no terminó ahí. En lo que va del año, ya hubo beneficios para algunos funcionarios por encima de otros, un favoritismo que no cayó bien en el gabinete.

Todos los funcionarios cobran un porcentaje de "bonificación por función y gastos de representación" que engrosa el sueldo de bolsillo. Ese plus era del 50 por ciento. 

Pero ya no es igual para todos. Por ejemplo Isabel Carrasco y Mariano Brañas cobran un 100 por ciento por “función médica” y por “bloqueo de título”, respectivamente.

Hay  dos directores que fueron beneficiados en los últimos meses y cuyos decretos aparecen publicados en los boletines oficiales disponibles hasta el momento, que son cuatro y cubren el primer cuatrimestre del año, es decir hasta abril inclusive. Al menos no fueron “reservados” para esconder la decisión.

Uno es el joven director de Personal Rafael Torres, empleado municipal de carrera que pasó de coordinar los recursos humanos del Hospital a tener toda la Municipalidad a su cargo.

Torres cobra el doble de bonificación que la media de funcionarios. El 4 de febrero, a pocos días de su designación, lo beneficiaron con un aumento del 50 por ciento en ese ítem.

Así, su bonificación por función y gastos de representación pasó del 50 al 100 por ciento. Su sueldo bruto, según la última liquidación disponible, es de 3.572.412.80 pesos y es similar al de los subsecretarios del gabinete.

El otro caso es el de Pablo Vlaeminck, expresidente del Concejo Deliberante que cuando terminó su mandato fue designado como director de Centros de Salud.

El 23 de enero pasado, por expreso pedido de la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, le otorgaron con retroactividad al primer día del año un 25 por ciento por encima del resto.

Así, Vlaeminck pasó a cobrar una bonificación por función y gastos de representación del 75 por ciento, lo que llevó su sueldo bruto a  3.582. 722,49 pesos, según la última liquidación disponible, mayor al de Torres por antigüedad.

Dentro del gabinete, el beneficio a algunos directores por sobre otros no cayó del todo bien. 

Después de todo, aseguran, las responsabilidades políticas y laborales de cada uno son relevantes. De no ser así, entienden, prescindirían de ellos.

Sin embargo, otro aumento de bonificación otorgada este año hizo que el incremento con el que beneficiaron a Torres y a Vlaeminck fuera aún más llamativo.

Tras varios años de planteos relacionados con las responsabilidades del cargo, la jueza de Faltas Jimena Gómez recibió un incremento en la bonificación por función y gastos de representación.

La persona a cargo del Juzgado de Faltas municipal, que es delegado del intendente en esas funciones, tiene rango de director. Así, Gómez, como todos los directores, tenía una bonificación del 50 por ciento.

En reconocimiento a su labor, este año le otorgaron un aumento del 17 por ciento, lo que llevó la bonificación que percibe al 67 por ciento.

Esto es ocho por ciento menos que el director de Centros de Salud Pablo Vlaeminck y 33 por ciento menos que el director de Personal, Rafael Torres.

Este jueves es el cuarto día hábil del mes, límite para el pago de los sueldos municipales, y el Gobierno local, una vez más, no podrá abonarlos en tiempo y forma.

El Ministerio de Economía provincial recibió, como todos los meses, la solicitud para autorizar asistencia financiera, y si eso sucede deberán aguardar el visto bueno del directorio del Banco Provincia.

Si esos carriles, ya habituales en San Pedro y otros municipios con dificultades de liquidez, avanzan como se espera, los fondos estarían disponibles, como "descubierto bancario" que se devuelve con coparticipación, para el viernes.

Así, los empleados podrían ver reflejados sus salarios el sábado, una vez que hayan impactado en las cuentas de cada uno, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Economía municipal.

Para el aguinaldo, todavía falta. Paso a paso, dicen en el Municipio, mientras crece la expectativa entre los empleados.

Mientras tanto, y ante el incumplimiento que opera hoy de acuerdo a lo que establece la normativa, el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta volvió a convocar a un paro de actividades.

En un mensaje difundido entre sus afiliados, "Mono" Acosta informó que envió al Ministerio de Trabajo la nota para comunicar "paro y retención de tareas" desde este viernes.

La medida, señaló, es "no sólo por el pago de los haberes fuera de término, sino también de otros incumplimientos como por ejemplo entrega de ropa, recategorizaciones y todo lo que ya saben que este sindicato viene reclamando".

Desde ATE y UPCN no hubo comunicación para con los afiliados respecto de medida de fuerza alguna, a la espera de que los salarios estén disponibles para el sábado, como estima el Gobierno.

Este viernes el Concejo Deliberante tratará la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2025 en una sesión especial convocada para las 14.30, luego de la sexta ordinaria, que tuvo lugar este jueves.

En un clima caldeado por el altercado que protagonizaron los ediles Ariel Rey y Martín Rivas, con acusaciones de golpes de puño incluidas, el Gobierno confía en que obtendrá los votos necesarios para aprobar las cuentas del ejercicio 2025, año electoral.

La situación entre Rivas y Rey ocurrió mientras varios concejales estaban en la Secretaría de Economía para tomar vista de los denominados "decretos reservados", una serie de documentos que figuran así en el Boletín Oficial, es decir sin detalle público.

Gran sorpresa se llevaron los concejales presentes en esa revisión al detectar que los casi 130 decretos "escondidos" por el Gobierno de la visibilidad pública del Boletín Oficial no tienen una relevancia de "secreto de Estado".

Muy por el contrario, son un secreto a voces: nombramientos, pases a planta, bonificaciones y recategorizaciones, la gran mayoría de personas con vínculos políticos.

Un clásico: acomodos a troche y moche. Hay familiares directos de funcionarios y concejales y hasta miembros del Concejo Deliberante, más los clásicos hijos o parientes de punteros políticos, lo que no hace otra cosa que alimentar sospechas en un año electoral.

Al interior del gabinete no faltaron las voces que consideraron que la modalidad podría traer problemas. Habían visto lo obvio: todos juntos iban a llamar la atención, sobre todo a la hora de la Rendición de Cuentas.

Entre los más llamativos a los que tuvo acceso La Opinión aparecen por ejemplo el pase a planta permanente de la pareja de la concejala presidenta del bloque oficialista Soledad Llull.

El ingreso a la Municipalidad de la hermana del exdirector de Deportes y actual concejal Valentín Bravo, lo que ocurrió en plena campaña electoral en la que él encabezaba la lista de Salazar.

La incorporación a carrera médico hospitalaria del concejal Diego Lafalce, empleado municipal a quien le correspondería ese régimen porque es licenciado en Enfermería, aunque se la consignaron mientras no está desempeñando tareas, puesto que como edil debería estar de licencia en su rol de  trabajador del Estado local.

El traslado a comisión a Fiscalía de la hija del secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, quien ya había sido designada como empleada municipal y trabajaba en el Juzgado de Faltas.

Además, entre los decretos reservados el Gobierno puso la lista de renovación de cargos temporarios, algo que habitualmente publicaba La Opinión y que solía ser, en todos los gobiernos, motivo de "disgustos" puertas adentro de Palacio.

Allí, como siempre, aparecen apellidos vinculados a punteros políticos, empleados municipales de aceitada relación con el Gobierno, funcionarios del gabinete y a concejales.

Durante la sesión del jueves, el concejal Joaquín González, de La Libertad Avanza, dijo que habían visto los decretos reservados y que "todos los de acá", por el Concejo Deliberante, "tienen familiares, los acomodan con bonificaciones y demás".

Algo similar dijo Ariel Rey en diversas notas periodísticas que dio después de que La Opinión lo entrevistara en relación a lo ocurrido con Martín Rivas cuando miraban esos decretos.

Todo indica que la oposición, que tuvo la posibilidad de revisar esos casi 130 decretos reservados que el Gobierno decidió "esconder" de los boletines oficiales, expondrá al respecto en la sesión especial de este viernes.

El Concejo Deliberante debe tratar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 antes del 31 de mayo y lo hará este viernes, en una sesión extraordinaria convocada para tal fin para las 14.30.

Sin muchas posibilidades de revisar y con diversos pedidos que no fueron canalizados como corresponde, la oposición corre contrarreloj para analizar una serie de cuestiones vinculadas a lo que les toca: el análisis político de oportunidad, mérito y conveniencia de la ejecución del presupuesto de recursos y gastos durante el año electoral.

Aunque hubo dificultades para acceder a los módulos de Rafam —sólo habilitaron acceso a dos de los nueve y en una computadora sola para todos los ediles, sin reclamos airados de Martín Rivas, como en la época en la que no era "garante de la gobernabilidad"—, los bloques opositores revisaron algunos ítems sobre los que quieren detalles.

En el orden del día de la sesión ordinaria de este jueves figura una solicitud del bloque San Pedro Puede, que preside Ariel Rey, en la que piden que les remitan copia o les permitan tomar vista de órdenes de compra y órdenes de pago de 18 proveedores.

Entre ellos, llamó la atención al menos uno, del que piden ver el detalle de 60 facturas. Las vinculaciones de ese proveedor llamaron aún más la atención, puesto que tiene relaciones políticas, sindicales y hasta incompatibilidades administrativas previstas por la Ley Orgánica.

La empresa se llama Nexo de San Pedro SRL y su socio gerente, según obra en Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires desde 2021, es Mauricio Preiti, en cuyo domicilio tiene asiento legal.

Preiti es exconcejal, exsindicalista de Seda, expresidente del PJ local, habitual integrante de la asamblea de Mayores Contribuyentes —aunque tiene intereses en contratos con la Municiipalidad—y de fluida relación con Horacio Azzoni, el sindicalista de la Uocra.

Cada vez que se señala esa relación Azzoni dice que "Preiti no tiene nada que ver con el gremio" y que sólo son “amigos” y que tiene algún tipo de vínculo laboral con su hijo Santiago, con quien además comparte sociedad en otras empresas.

Nexo de San Pedro SRL tiene una amplia gama de actividades que abarca: servicios de comida; alojamiento y hospedaje; alquiler de maquinaria; transporte de cargas; construcción y reparación de edificios; servicios de protección civil; transporte automotor de pasajeros.

En Rafam figuran esas 60 órdenes de pago, muchas de ellas, la mayoría canceladas y algunas sin cobrar al cierre del ejercicio, por montos que van de los 80 mil pesos a los 8 millones.

Además de esas múltiples facturas por servicios cuyo detalle no aparece en sistema y forma parte de lo que pidió la oposición al Gobierno, Nexo de San Pedro aparece como adjudicataria de la contratación directa para la construcción de la platea de hormigón para los consultorios modulares externos del Hospital.

El detalle que pide la oposición más ese contrato de obra,  de 35,6 millones de pesos, suman en total alrededor de 164,5 millones de pesos.

Las facturas serían por tareas de “mantenimiento” en diversos sectores y por servicios de transporte de pasajeros como los que el Gobierno ofreció para eventos en localidades, como la Fiesta del Durazno.

Nexo de San Pedro aparece en los boletines oficiales del año 2024 como adjudicataria de refacciones del SUM de La Tosquera y porque en ese mismo año solicitó habilitación del shop de la estación de servicio de Pellegrini y 3 de Febrero, que fue denegada porque no cumplió con los requisitos relacionados con seguridad antisiniestral ante Bomberos de San Nicolás.

En ese momento, 11 de enero de 2024, la resolución establecía que la empresa tenía "siete días para que se proceda al retiro de las mercaderías, elementos, mobiliario y útiles existentes" en el lugar, que todavía funciona sin que haya aparecido en el Boletín Oficial la autorización correspondiente.

De la misma manera, la empresa Nexo de San Pedro fue hasta marzo locataria de un inmueble ubicado en Rivadavia y Perón, donde funciona la denominada Posada Los Robles, que históricamente careció de habilitación  y cuyos propietarios litigaron por ello con la Municipalidad.

En ese hospedaje, del que tampoco hay registro público de que haya sido habilitado como corresponde, solían parar funcionarios del Gobierno que no tenían domicilio en San Pedro, como el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, aunque se desconoce si por cuenta del Municipio o propia.

La solicitud para conocer detalles acerca de lo facturado por esta empresa tiene como eje la sospecha de que habría sido favorecida por sus vínculos políticos en una gran cantidad de contrataciones.

Un informe de la fundación Fundar, que monitorea la situación de las empresas argentinas, reveló que en el país cerraron  24 437 empresas desde que asumió el presidente Javier Milei, de las cuales 13 163 corresponden al último año.

El informe releva "datos actualizados de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo"  y considera como empresa a "cualquier persona física o jurídica que tenga al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con la excepción del personal doméstico y de casas particulares".

En San Pedro, ante la consulta de La Opinión, desde el Gobierno informaron que hay un trabajo similar en marcha, que analiza datos de altas y bajas de habilitaciones comerciales, que está en proceso para contemplar rubros, cantidad de puestos de trabajo que implican, reconversiones y otras aristas.

Mientras tanto, la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo informó a este medio que los primeros datos que tienen sistematizados en el área de Comercio revelan que la caída en la actividad económica registrada en el país también se ve en la ciudad.

"Las bajas superaron a las nuevas habilitaciones en un 39,5 por ciento", informó Borgo.

Los datos indican que hubo 60 habilitaciones comerciales dadas de baja en el primer cuatrimestre del año y 43 altas.  El promedio de bajas marca una tendencia: la diferencia siempre había sido a favor desde 2021 en adelante, con excepción del crítico año 2023, inflación desenfrenada mediante.

En 2021 hubo 197 altas y 115 bajas; en 2022, 163 y 132; en 2023, 144 y 148; en 2024, 143 y 137; en 2025, las altas fueron 167 y las bajas, 139.

Hay que tener en cuenta que desde 2024 es más fácil habilitar, gracias a una política implementada por el Municipio que agilizó los trámites y permitió resolver algunos problemas de larga data.

El relevamiento que se hizo hace unos años contribuyó también a regularizar y en 2024, cuando tomaron la decisión de dar de baja todo lo que había "dando vueltas", tiraron a la basura más de 600 expedientes que se habían acumulado sin resolución en los últimos ocho años, generalmente porque los titulares no volvían y ya habían cesado la actividad.

Borgo adelantó a La Opinión que una vez concluido el informe rubro por rubro pondrán en marcha un diagnóstico para evaluar comercio por comercio, controlar las habilitaciones y establecer actividades de riesgo ante la crisis actual.

En diálogo con este medio, el funcionario advirtió que "se nota el incremento de monotributistas dados de alta" y analizó: "Hay mucha gente tratando de compensar" la situación económica "amen de tener un empleo" en relación de dependencia.

Borgo habló de un "fenómeno de cuentrapropistas que están saliendo a hacer cosas porque no llegan y están buscando actividades comerciales simples", lo que también se ve reflejado en las solicitudes de habilitación en trámite.

El costo del servicio de barrido, limpieza y recolección de residuos que presta la empresa Ashira en San Pedro y las localidades cuesta 362 millones de pesos por mes.

Así quedó establecido tras el último aumento dispuesto a solicitud de la compañía, que pidió revisión del precio con arreglo a lo que estipula el contrato de concesión.

El incremento es del orden del 8,79 por ciento y rige con retroactividad al 1 de abril, de acuerdo con el decreto firmado por el intendente que tiene fecha del 15 de mayo.

El servicio para San Pedro cuesta ahora 335 millones de pesos por mes y el de las localidades, 27 millones. En total, el Municipio debe reunir 362 millones para cumplir con el pago mensual del contrato con Ashira.

Desde hace tiempo el Estado local no paga completo el costo a la empresa, lo que implica una acumulación de deuda que a comienzos de abril provocó un paro de los trabajadores, puesto que Ashira no había pagado el total de los salarios.

Tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo y el desembolso de Provincia de 80 millones de pesos correspondientes al Fondo de Fortalecimiento que fue directo al pago de ese servicio, la empresa pagó los sueldos y todo volvió a la normalidad, tras varios días sin recolección en la ciudad.

La declaración de emergencia económica de la provincia de Buenos Aires y de los municipios que la componen había advertido que "la crisis se profundiza" especialmente en territorio bonaerense.

Un informe de la consultora PPA analizó las transferencias de recursos de Provincia a los municipios en concepto de coparticipación y estableció que hubo una importante disminución en términos reales.

El primer trimestre de 2026 registra el nivel de recursos más bajo para un período similar desde la pandemia. El volumen total de transferencias está casi un 4 por ciento por debajo del año anterior.

Son 75 los municipios que registraron caídas que superan el 3 por ciento. San Pedro es uno de ellos. La evolución de la coparticipación de los últimos tres años en relación al primer trimestre así lo revela.

Si en enero hubo un incremento del 1,5 por ciento respecto del mes anterior, la caída para febrero fue estrepitosa: San Pedro recibió un 11,8 por ciento menos de recursos. 

Para marzo, el porcentaje respeto del mes anterior fue del 3,86 %, según datos obtenidos por La Opinión en análisis de las publicaciones que hace la Secretaría de Economía sobre la evolución de los recursos.

En el primer trimestre, San Pedro recibió unos 6 mil millones de pesos de coparticipación.

Como advirtió el secretario de Economía Roberto Borgo en una entrevista con este medio, los fondos que llegan de coparticipación por mes no alcanzan para cubrir la masa salarial que debe pagar el Estado  local.

En la declaración de emergencia, Kicillof advirtió que la situación es "causada por la profunda recesión y el incumplimiento, mora y/o detracción por parte del Estado Nacional de las transferencias automáticas y no automáticas que, por ley y acuerdos vigentes, corresponden a la Provincia de Buenos Aires".

En se marco, el Gobierno provincial sostuvo que "dicha conducta vulnera el federalismo fiscal, afecta la autonomía provincial y compromete la continuidad y calidad de los servicios esenciales, en detrimento de las y los bonaerenses".

El producto bruto interno muestra caída significativa en rubros como la construcción, la industria manufacturera y el comercio, arrastrado por una importante caída de la actividad económica.

Provincia atribuye además al "derrumbe en el consumo y la destrucción de empresas", con la consecuente pérdida de puestos laborales, los altísimos niveles de morosidad registrados entre las familias bonaerenses.

El impacto fiscal, en se sentido, es claro: la recaudación cae y con ella,  las transferencias automáticas a los municipios. 

Sólo en febrero, señalaron desde Provincia, Buenos Aires recibió 100 mil millones de pesos menos que el mismo mes del año anterior.

La emergencia económica dispuso un fondo especial de "emergencia y fortalecimiento de la inversión municipal" que destinará recursos, cuya primera cuota se desembolsó en abril.

A San Pedro le tocaron alrededor de 80 millones que fueron utilizados de inmediato para saldar deuda con Ashira, de manera tal de reponer el servicio cortado.

De esos recursos, el 70 por ciento es de libre disponibilidad y el 30 restante va para programas que pueden ser de Infraestructura, Transporte y Cultura. San Pedro eligió el primero, para un plan de refacción integral de calles con pavimento deteriorado.

El Gobierno municipal informó a los sindicatos que, tal como sucede todos los meses, no podrá pagar los sueldos en tiempo y forma ni tampoco podrá hacerlo con recursos propios provenientes del tesoro local.

"Estamos completando la información necesaria para la autorización del Ministerio de Economía. Mañana se presenta el pedido al Directorio del Banco Provincia para autorización del descubierto", informaron desde el Gobierno a los gremios este martes por la mañana.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, confirmó a La Opinión que pasado el mediodía recibieron el visto bueno por parte del Gobierno provincial y que resta ahora el tratamiento del directorio, lo que ocurriría recién mañana.

Así, de acuerdo a los plazos que tienen los trámites para aprobar la asistencia financiera que opera como una especie de descubierto bancario o de adelanto de coparticipación, el dinero estaría disponible para el fin de semana.

De esa manera, el Municipio podría el viernes proceder a las acreditaciones para que el sábado el dinero esté disponible en las cuentas de los trabajadores municipales.

Los haberes corresponden a los del mes de abril y llegan con un 10 por ciento de aumento otorgado por el Estado local en el marco de la paritaria acordada con los sindicatos. El mes que viene cobrarán otro 5 por ciento.

Esta semana, el secretario de Economía, Roberto Borgo, estuvo presente en el Concejo Deliberante para responder preguntas de los ediles en el marco del análisis de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025.

El funcionario fue a la comisión de Presupuesto, donde tramita al expediente, que debe ser tratado en sesión antes del 31 de mayo, por lo que queda la mitad del plazo disponible para su análisis.

"Fue más que nada para fijar el marco del resultado del ejercicio", dijo Borgo a La Opinión. El secretario de Economía señaló que fue "la primera reunión" y que acordaron que "vamos a volver a ir todas las veces que sea necesaria".

Borgo entiende que la próxima reunión podría estar más focalizada en detalles, tras este primer encuentro más general. "Habíamos acordado que el acceso a Rafam estaría disponible apenas entraba el expediente a tratamiento y eso se cumplió", señaló.

Concejales de la oposición hicieron consultas sobre algunos puntos y quedaron en analizar aspectos más finos para evacuar en diálogo con Borgo en otra reunión, aunque también lo pueden hacer en la Secretaría de Economía.

"Nosotros tenemos dos problemas complicados en la gestión: el costo de la salud pública, que tiene una sobreejecución respecto de los recursos que vienen de coparticipación; y que estamos muy atrasados en materia de recursos propios", dijo el funcionario a La Opinión.

Las reuniones con el secretario de Economía y los funcionarios municipales en el ámbito de la comisión de Presupuesto tienen un alcance técnico. La dimensión política del análisis de la Rendición de Cuentas, los concejales la abordarán en sesión cuando se trate el expediente.

"Hay cuestiones relacionadas con el planteo de eficiencia del gasto que hay que analizar que lo que ingresa no alcanza para cubrir los servicios, como el de recolección de residuos", señaló el funcionario.

En ese marco, Borgo consideró: "Si no hay actividad económica, los comercios no facturan, no tenemos posibilidad de obras de infraestructura de otras jurisdicciones vamos a seguir acumulando déficit".

Los concejales analizan la Rendición de Cuentas 2025, que deberán tratar antes del 31 de mayo. Mientras celebra que no le impusieron ninguna multa por el ejercicio 2024, el Gobierno mira con atención cómo los gráficos muestran el deterioro financiero del Estado local frente al resto de los municipios.

Uno de los puntos relevantes para el análisis es, desde hace mucho tiempo, el de la comparación entre los ingresos propios contra los ingresos totales de San Pedro, puesto que refleja la alta dependencia que el Municipio tiene de la coparticipación provincial.

Aun así, advirtió Roberto Borgo en Sin Galera el sábado pasado que lo que llega mensualmente de Provincia ya no alcanza para cubrir la masa salarial, es decir para pagar los sueldos.

El año pasado, San Pedro volvió a ubicarse muy por debajo del promedio del resto de los municipios bonaerenses, con alrededor del 22,2 por ciento de recursos propios sobre el total de ingresos.

El promedio consolidado del resto de los municipios es de 45,9 por ciento, más de la mitad que el porcentaje sampedrino. La curva es descendente en todos lados, pero San Pedro no para de caer desde que en 2019 había alcanzado un porcentaje aceptable.

El recuerdo de "el peor municipio de la provincia" del año 2014, el que le costó la renuncia al intendente Pablo Guacone, regresa: ese año, los ingresos propios fueron del 21,3 por ciento.

Luego, en 2015, subió cinco puntos. Cuando asumió Salazar, logró incrementar de a poquito hasta alcanzar en 2019 el máximo de los últimos años, con 30,5 por ciento.

La pandemia provocó una caída al 27,8 por ciento y desde entonces la curva es descendente: 25,1 % en 2021; 22,2 por ciento en 2022; 21,9 % en 2023; y el récord del porcentaje más bajo, incluso por debajo del de Guacone, en 2024, con 20,2 por ciento. En 2025 aumentaron dos puntos, lo que en dinero contante y sonante es importante.

El promedio provincial tuvo un 50,9 por ciento máximo en 2019 y luego, pandemia de por medio comenzó a descender algunos puntos, aunque la curva de la autonomía municipal en materia de ingresos tuvo su mayor caída en los años 2024 y 2025, coincidente con el ajuste impuesto por el Gobierno nacional, que repercute en Provincia y en los municipios. 

El análisis de la situación económico financiera publicada por el Gobierno municipal revela que en 2025 el Estado local apenas pudo cumplir con las obligaciones salariales.

La Rendición de Cuentas 2025 que ingresó al Concejo permitirá profundizar área por área para alcanzar a comprender cómo se llegó a la situación actual: el gasto en sueldos fue récord para el Municipio.

Los números hablan, pero también lo hacen en el contexto de crisis que afecta la recaudación provincial y municipal. 

Hay una queja constante respecto de la prestación de los servicios. Acaso estos números permitan abordar las razones del déficit de 10.500 millones del ejercicio, el 18,5 % de gasto por encima de los recursos percibidos.

El gasto en personal efectivamente pagado ascendió a poco más de 26 225 millones de pesos. Es el 83 por ciento de los recursos de libre disponibilidad, es decir aquellos ingresos que son para gastos corrientes, que alcanzaron poco más de 31 559 millones.

Si se compara el gasto en personal devengado —que es lo que se hace habitualmente para estos análisis—, que fue de 28 952 millones de pesos, representa el 91,7 % sobre esos recursos de libre disponibilidad.

Si se cuentan los más de 8 mil millones de recursos afectados —hay algunos sueldos que se pagan con esos fondos—, el porcentaje baja al 73 por ciento. No es casualidad que el Gobierno haya pedido al Concejo autorización para quintuplicar el uso de fondos afectados para gastos corrientes.

Sobre el total de los recursos efectivamente percibidos por el Municipio el año pasado,  que incluye recursos extrapresupuestarios y alcanzan poco más de 46 046 millones, el gasto en personal representa el 62 %, lo que implica un incremento respecto de años anteriores, en los que el porcentaje se ubicaba entre el 53 y el 56 por ciento.

Esos números dan cuenta de lo que el Gobierno advirtió durante todo el año pasado y que en 2026 tiende a profundizarse: la caída en la recaudación propia y el descenso de la coparticipación implican menos recursos de libre disponibilidad para gastos corrientes

La coparticipación se mueve por múltiples variables que involucran a los 135 municipios y a la recaudación provincial, también a la baja. Provincia declaró la emergencia económica y reclama al Gobierno nacional, al que acusa de ahogar financieramente su gestión, lo que repercute en los municpios.

Hay un dato clave que grafica la situación: los recursos que llegan mensualmente de coparticipación están al límite respecto de lo que se necesita sólo para pagar los sueldos. Sin cargas sociales. Sin guardar para cuando llegue el pago de los aguinaldos en poco más de dos meses.

En la situación económico financiera publicada hay una diferencia de alrededor de 2725 millones entre gasto en personal devengado y efectivamente pagado. Al cierre del ejercicio, en esa diferencia suelen estar aguinaldos y cargas sociales del último mes del año.  Deuda.

Pero en este caso también están las escalas salariales de la paritaria del personal de carrera médico hospitalaria que todavía no se aplicaron y los retroactivos adeudados.

La planta de personal aprobada para el Presupuesto 2026 asciende a 1236 agentes: 1006 permanentes, 164 temporarios, 58 guardias de reemplazo y 8 guardavidas.

En 2025, la planilla tenía 1225 agentes: 1002 permanentes, 142 temporarios y 81 guardias de reemplazo. No aparecían los guardavidas.

Entre el personal de carrera municipal, los ingresos de empleados que pueden observarse rápidamente son esos 22 de diferencia en los temporarios. 

El promedio de los 1236 empleados sobre los 28 952 millones de gasto en personal da alrededor de 23,5 millones al año. Contando aguinaldo, son 13 sueldos de poco más de 1.800.000 pesos por agente, promedio.

Está claro que unos ganan más y otros menos entre los trabajadores de carrera municipal, los de carrera médico hospitalaria, funcionarios y concejales, que también cobran y aparecen en el gasto en personal devengado.

No se tienen en cuenta para este análisis los incontables “decretos de ayuda social con contraprestación de tareas ”, cuyos magros haberes se pagan con recursos de programas sociales que llegan de Provincia y no van a los gastos en sueldos. Tampoco los contratos de locación de servicios, monotributistas que facturan al Municipio.

El déficit del sistema de salud tiene una incidencia muy importante en las cuentas municipales en general y en el gasto en sueldos en particular.

La paritaria municipal 2025 cerró el año con un aumento del 31,6 por ciento, apenas por encima de la inflación informada por el Indec y con reclamos de los sindicatos, que consideran escaso el porcentaje en relación a la economía "del supermercado".

En noviembre, el Municipio informó que hasta ese momento, "los agentes comprendidos en carrera médico hospitalaria han obtenido mejoras en el año en curso del 96 % sobre los salarios básicos en las negociaciones con el Gobierno provincial".

De los 1236 empleados municipales que tiene la planilla de personal, alrededor de 270 pertenecen a carrera médico hospitalaria. 

Antes de fin de año, el déficit operativo de Salud era del orden del 40 por ciento y delos 15 mil millones de pesos que había insumido el sistema de salud, más de 11 mil millones eran para sueldos.

El Gobierno municipal presentó ante el Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025, año electoral en el que la lista del intendente perdió las elecciones, lo que derivó en que ya no tiene mayoría propia en el cuerpo que debe tratar los expedientes.

El ejercicio económico financiero del año pasado fue, como se esperaba, deficitario: los 46 046 millones percibidos en total no alcanzaron para solventar los más de 56 500 millones de gastos devengados.

La diferencia, de alrededor de 10 500 millones, representa un déficit del orden del 18,5 por ciento.

Una vez más, el gasto en personal tuvo un alto porcentaje sobre los recursos percibidos y alcanzó el 73 por ciento. 

El monto del año en sueldos fue de 24 025 millones y los recursos de libre disponibilidad llegaron a 31 559 millones.

El resultado financiero del ejercicio 2025 según el artículo 44 de Rafam, que compara recursos percibidos menos gastos devengados más saldos de caja del ejercicio anterior e ingresos por deuda menos servicios de la deuda, alcanzó un déficit formal de  casi 7274 millones de pesos.

El déficit entre recaudación y costo de la prestación de los servicios obligó al Gobierno a pedir al Concejo que autorice quintuplicar el monto máximo de utilización de recursos afectados para gastos corrientes previsto en el Presupuesto 2025.

Los déficit mensuales de la comparativa entre recaudación de tasas y costo de los servicios iban del 64 al 80 por ciento en la principales tasas.

En ese cuyo contexto el 18,5 por ciento de déficit del ejercicio fue tomado en el Ejecutivo como un porcentaje bajo respecto de lo esperable en el contexto de crisis actual.

La Rendición de Cuentas 2025 fue presentada por el Gobierno ante el Concejo Deliberante el martes 31 de marzo, plazo límite de acuerdo a lo que ordena la Ley Orgánica de las Municipalidades.

"Se presentó a las 11.00 de la mañana. La contadora Mariana Giosa lo entregó al presidente del Concejo, Martín Baraybar", informó a La Opinión el secretario de Economía, Roberto Borgo.

El Gobierno cumplió además con la publicación obligatoria de la situación económico financiera al cierre del ejercicio, cuyo documento obra en La Opinión, autorizada formalmente por la Corte Suprema para publicaciones oficiales.

En el Concejo Deliberante escaneaban toda la documentación presentada por el Gobierno, tras lo que estará disponible para que la analicen los concejales, que deberán darle tratamiento en comisión y votar antes del 31 de mayo.

Cuando esté disponible, como todos los años, La Opinión analizará aspectos vinculados a la ejecución de los recursos, la evolución del gasto, los índices de cobrabilidad de tasas y derechos, entre otros puntos relevantes de la Rendición de Cuentas.

San Pedro es uno de los distritos que registró una disminución del denominado "coeficiente único de distribución" (CUD) con el que Provincia establece los recursos coparticipables a los municipios.

La estimación de la Secretaría de Economía local es que la caída de 0,62 a 0,60 por ciento implica alrededor de 800 millones de pesos menos que la ciudad recibirá en 2026.

El CUD representa una fórmula objetiva que surge de la combinación de una serie de variables como cantidad de habitantes, superficie del distrito, producción en salud (camas de internación, nivel de complejidad, consultas de pacientes).

Como esos datos son variables, cada año el Ministerio de Economía bonaerense difunde el porcentaje que corresponde a cada municipio, lo que implica que en algunos casos sube y en otros, como en San Pedro, baja.

Además, del CUD depende la asignación de recursos del fondo especial que la Legislatura aprobó para autorizar a Provincia a contraer deudas.

Hay municipios gobernados por la oposición a Kicillof que reclamaron que el CUD no siempre tiene en cuenta los datos actualizados de sus distritos, por lo que entienden que el porcentaje que les toca debería ser mayor.

En el Senado, el legislador oriundo de La Plata Marcelo "Chuby" Leguizamón (era del Pro y ahora pertenece a Hechos) presentó un proyecto para que haya mecanismos de control más "transparentes" en relación a la coparticipación y el CUD.

En San Pedro, la recientemente asumida diputada provincial Analía Corvino hizo un arriesgado análisis político respecto de la caída del 0,02 por ciento del CUD para San Pedro y aseguró que Provincia "le bajó la coparticipación a San Pedro", como si fuera una decisión arbitraria.

En ese marco se preguntó si acaso "Kicillof le soltó la mano a Salazar" y "por qué Kicillof le saca recursos a Salazar y a todos los sampedrinos".

Los 800 millones menos que recibirá San Pedro representan, por ejemplo, alrededor del 85 por ciento del total de recursos que el Municipio necesitó para pagar aguinaldos en diciembre.

Además de ese monto, del Presupuesto 2026 que había presentado inicialmente Salazar quedaron en el camino alrededor de 1800 millones de pesos tras la reducción de los porcentajes de aumento de tasas de ABL, Servicios Sanitarios y Red Vial que propuso el bloque Acuerdo Vecinal.

A ese monto asciende la masa salarial mensual del Estado local, según reveló La Opinión cuando confirmó que este viernes el Municipio pagará los sueldos con un “adelanto de cuenta” del banco Provincia.

Tras la autorización del Ministerio de Economía para la gestión del Gobierno municipal ante el Banco Provincia de un adelanto en cuenta para hacer frente al pago de los sueldos de diciembre, el Ejecutivo confirmó que el viernes hará la transferencia de recursos a las cuentas de los trabajadores.

Con el presupuesto 2026 aprobado, el viernes pasado, jornada con asueto administrativo local, en Economía, Personal y Modernización fueron a trabajar para avanzar en el proceso y llegar con la documentación necesaria para lograr la aprobación del adelanto.

"El directorio dio el okey", informó a La Opinión el secretario de Economía, Roberto Borgo este martes por la tarde y respondió preguntas de este medio relacionadas con la situación. 

El total de la masa salarial municipal, entre empleados de planta, carrera médica, funcionarios y concejales, insume 1728 millones de pesos.

El lunes el Gobierno cumplió con la entrega de documentación para garantizar el flujo de fondos que permitirá el pago del adelanto, que será descontado del goteo de coparticipación provincial.

Ahora, con la aprobación, necesitarán otras 48 horas para que el Municipio pueda proceder a la acreditación de los sueldos, por lo que las transferencias se activarán el viernes para que el sábado estén disponibles en las cuentas de los trabajadores.

El viernes es el quinto día hábil, por lo que la Municipalidad pagará por segundo mes consecutivo un día después de lo que establece la ley. "Pagamos aguinaldos y pagamos sueldos, hay municipios que están pagando en cuotas", señaló Borgo.

Además, sostuvo que adelantar el pago era imposible porque los plazos administrativos se extendieron por los feriados de las Fiestas y porque, sobre todo, el Gobierno necesita, indefectiblemente, asistencia financiera para hacer frente a los compromisos.

"La situación economico financiera del municipio de San Pedro es extremadamente compleja, la prioridad de la gestión del intendente sigue siendo el pago de las remuneraciones a los trabajadores", aseguró el secretario de Economía.

El sobregiro en cuenta que autorizó el directorio del Banco Provincia para el Municipio de San Pedro se cubrirá en los siguientes 15 días hábiles con recursos coparticipables.

El Gobierno logró pagar aguinaldo de diciembre y sueldos con este tipo de asistencia, pero sin necesidad de adelantos de coparticipación o aportes no reintegrables del Tesoro provincial. 

De hecho, el último adelanto de coparticipación fue en junio, unos 200 millones que se devolvieron a fin de año. Para todo lo demás, también hubo que echar mano a fondos afectados, una deuda interna para la que el Ejecutivo tiene al menos dos años para saldar.

La ordenanza fiscal aprobada por el Concejo Deliberante generó un nuevo tributo, denominado "derecho de vuelco" y que permite al Gobierno cobrar a quienes arrojen residuos en el Basural a cielo abierto de San Pedro.

El objetivo es "asegurar una adecuada gestión de los residuos que son dispuestos en el predio municipal" y obtener "recursos y mecanismos necesarios para garantizar su correcta recepción, manejo y control".

El Gobierno dispuso en la ordenanza que pagarán este tributo solo "quienes efectivamente lleven a cabo actividades de vuelco de residuos de forma continua, reiterada o con fines comerciales o lucrativos.

Están alcanzadas "las personas humanas o jurídicas, con o sin residencia" en San Pedro, que sean "titulares de dominio, poseedores, simples tenedores, inquilinos de inmuebles y/o titulares de la explotación comercial en cuyo ámbito se genere el hecho imponible".

También quienes "ejecuten obras, presten cualquier tipo de servicio y/o desarrollen actividades comerciales de cualquier naturaleza en el dominio público, cuando de dichas actividades se generen residuos cuyo volumen requiera su reacondicionamiento y disposición" en el Basural.

Para ejercer el control, el Gobierno podrá "verificar el cumplimiento de las condiciones previstas y requerir la documentación o declaraciones que resulten necesarias para acreditar la falta de habitualidad o profesionalidad en la actividad señalada".

Los tipos de vuelco que están permitidos y alcanzados por el gravamen son los de poda, desmontes, nivelación de terrenos, demolición o construcción.

Los que pueden ser reutilizados; y los que deban ser soterrados porque no puedanreutilizarse; y aquellos que están "compuestos por más de una corriente, que no permita su separación para su utilización".

El costo del tributo está fijado en módulos y cada módulo vale un litro de gasoil Infina Diesel de YPF en San Pedro

El costo varía de acuerdo a la cantidad de m3 arrojados. Las categorías se dividen en hasta 5, 8 y 25 m3.

Los residuos verdes pagarán entre 5 y 9 módulos (hoy, alrededor de entre 10 mil y 18 mil pesos); los que necesiten tratamiento para reutilización, entre 6 y 10; y los soterrados, entre 7 y 11.

Volcar tierra y excedentes de desmonte o nivelación de terreno, entre 5 y 10 para la primera categoría; entre 6 y 11 para la segunda; y entre 7 y 12 para la tercera.

El volcado de residuos de demolición o construcción, entre 5 y 11 módulos para la primera categoría; entre 6 y 12 para la segunda; entre 7 y 13 para la tercera.

Los domiciliarios o misceláneos en grandes volúmenes pagarán mil módulos, que son mil litros de gasoil Infinia Diesel de YPF, de acuerdo a lo dispuesto por la ordenanza impositiva, lo que implica alrededor de 1 millón de pesos.