Este viernes el Concejo Deliberante tratará la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2025 en una sesión especial convocada para las 14.30, luego de la sexta ordinaria, que tuvo lugar este jueves.

En un clima caldeado por el altercado que protagonizaron los ediles Ariel Rey y Martín Rivas, con acusaciones de golpes de puño incluidas, el Gobierno confía en que obtendrá los votos necesarios para aprobar las cuentas del ejercicio 2025, año electoral.

La situación entre Rivas y Rey ocurrió mientras varios concejales estaban en la Secretaría de Economía para tomar vista de los denominados "decretos reservados", una serie de documentos que figuran así en el Boletín Oficial, es decir sin detalle público.

Gran sorpresa se llevaron los concejales presentes en esa revisión al detectar que los casi 130 decretos "escondidos" por el Gobierno de la visibilidad pública del Boletín Oficial no tienen una relevancia de "secreto de Estado".

Muy por el contrario, son un secreto a voces: nombramientos, pases a planta, bonificaciones y recategorizaciones, la gran mayoría de personas con vínculos políticos.

Un clásico: acomodos a troche y moche. Hay familiares directos de funcionarios y concejales y hasta miembros del Concejo Deliberante, más los clásicos hijos o parientes de punteros políticos, lo que no hace otra cosa que alimentar sospechas en un año electoral.

Al interior del gabinete no faltaron las voces que consideraron que la modalidad podría traer problemas. Habían visto lo obvio: todos juntos iban a llamar la atención, sobre todo a la hora de la Rendición de Cuentas.

Entre los más llamativos a los que tuvo acceso La Opinión aparecen por ejemplo el pase a planta permanente de la pareja de la concejala presidenta del bloque oficialista Soledad Llull.

El ingreso a la Municipalidad de la hermana del exdirector de Deportes y actual concejal Valentín Bravo, lo que ocurrió en plena campaña electoral en la que él encabezaba la lista de Salazar.

La incorporación a carrera médico hospitalaria del concejal Diego Lafalce, empleado municipal a quien le correspondería ese régimen porque es licenciado en Enfermería, aunque se la consignaron mientras no está desempeñando tareas, puesto que como edil debería estar de licencia en su rol de  trabajador del Estado local.

El traslado a comisión a Fiscalía de la hija del secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, quien ya había sido designada como empleada municipal y trabajaba en el Juzgado de Faltas.

Además, entre los decretos reservados el Gobierno puso la lista de renovación de cargos temporarios, algo que habitualmente publicaba La Opinión y que solía ser, en todos los gobiernos, motivo de "disgustos" puertas adentro de Palacio.

Allí, como siempre, aparecen apellidos vinculados a punteros políticos, empleados municipales de aceitada relación con el Gobierno, funcionarios del gabinete y a concejales.

Durante la sesión del jueves, el concejal Joaquín González, de La Libertad Avanza, dijo que habían visto los decretos reservados y que "todos los de acá", por el Concejo Deliberante, "tienen familiares, los acomodan con bonificaciones y demás".

Algo similar dijo Ariel Rey en diversas notas periodísticas que dio después de que La Opinión lo entrevistara en relación a lo ocurrido con Martín Rivas cuando miraban esos decretos.

Todo indica que la oposición, que tuvo la posibilidad de revisar esos casi 130 decretos reservados que el Gobierno decidió "esconder" de los boletines oficiales, expondrá al respecto en la sesión especial de este viernes.

El Concejo Deliberante debe tratar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 antes del 31 de mayo y lo hará este viernes, en una sesión extraordinaria convocada para tal fin para las 14.30.

Sin muchas posibilidades de revisar y con diversos pedidos que no fueron canalizados como corresponde, la oposición corre contrarreloj para analizar una serie de cuestiones vinculadas a lo que les toca: el análisis político de oportunidad, mérito y conveniencia de la ejecución del presupuesto de recursos y gastos durante el año electoral.

Aunque hubo dificultades para acceder a los módulos de Rafam —sólo habilitaron acceso a dos de los nueve y en una computadora sola para todos los ediles, sin reclamos airados de Martín Rivas, como en la época en la que no era "garante de la gobernabilidad"—, los bloques opositores revisaron algunos ítems sobre los que quieren detalles.

En el orden del día de la sesión ordinaria de este jueves figura una solicitud del bloque San Pedro Puede, que preside Ariel Rey, en la que piden que les remitan copia o les permitan tomar vista de órdenes de compra y órdenes de pago de 18 proveedores.

Entre ellos, llamó la atención al menos uno, del que piden ver el detalle de 60 facturas. Las vinculaciones de ese proveedor llamaron aún más la atención, puesto que tiene relaciones políticas, sindicales y hasta incompatibilidades administrativas previstas por la Ley Orgánica.

La empresa se llama Nexo de San Pedro SRL y su socio gerente, según obra en Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires desde 2021, es Mauricio Preiti, en cuyo domicilio tiene asiento legal.

Preiti es exconcejal, exsindicalista de Seda, expresidente del PJ local, habitual integrante de la asamblea de Mayores Contribuyentes —aunque tiene intereses en contratos con la Municiipalidad—y de fluida relación con Horacio Azzoni, el sindicalista de la Uocra.

Cada vez que se señala esa relación Azzoni dice que "Preiti no tiene nada que ver con el gremio" y que sólo son “amigos” y que tiene algún tipo de vínculo laboral con su hijo Santiago, con quien además comparte sociedad en otras empresas.

Nexo de San Pedro SRL tiene una amplia gama de actividades que abarca: servicios de comida; alojamiento y hospedaje; alquiler de maquinaria; transporte de cargas; construcción y reparación de edificios; servicios de protección civil; transporte automotor de pasajeros.

En Rafam figuran esas 60 órdenes de pago, muchas de ellas, la mayoría canceladas y algunas sin cobrar al cierre del ejercicio, por montos que van de los 80 mil pesos a los 8 millones.

Además de esas múltiples facturas por servicios cuyo detalle no aparece en sistema y forma parte de lo que pidió la oposición al Gobierno, Nexo de San Pedro aparece como adjudicataria de la contratación directa para la construcción de la platea de hormigón para los consultorios modulares externos del Hospital.

El detalle que pide la oposición más ese contrato de obra,  de 35,6 millones de pesos, suman en total alrededor de 164,5 millones de pesos.

Las facturas serían por tareas de “mantenimiento” en diversos sectores y por servicios de transporte de pasajeros como los que el Gobierno ofreció para eventos en localidades, como la Fiesta del Durazno.

Nexo de San Pedro aparece en los boletines oficiales del año 2024 como adjudicataria de refacciones del SUM de La Tosquera y porque en ese mismo año solicitó habilitación del shop de la estación de servicio de Pellegrini y 3 de Febrero, que fue denegada porque no cumplió con los requisitos relacionados con seguridad antisiniestral ante Bomberos de San Nicolás.

En ese momento, 11 de enero de 2024, la resolución establecía que la empresa tenía "siete días para que se proceda al retiro de las mercaderías, elementos, mobiliario y útiles existentes" en el lugar, que todavía funciona sin que haya aparecido en el Boletín Oficial la autorización correspondiente.

De la misma manera, la empresa Nexo de San Pedro fue hasta marzo locataria de un inmueble ubicado en Rivadavia y Perón, donde funciona la denominada Posada Los Robles, que históricamente careció de habilitación  y cuyos propietarios litigaron por ello con la Municipalidad.

En ese hospedaje, del que tampoco hay registro público de que haya sido habilitado como corresponde, solían parar funcionarios del Gobierno que no tenían domicilio en San Pedro, como el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, aunque se desconoce si por cuenta del Municipio o propia.

La solicitud para conocer detalles acerca de lo facturado por esta empresa tiene como eje la sospecha de que habría sido favorecida por sus vínculos políticos en una gran cantidad de contrataciones.

Un informe de la fundación Fundar, que monitorea la situación de las empresas argentinas, reveló que en el país cerraron  24 437 empresas desde que asumió el presidente Javier Milei, de las cuales 13 163 corresponden al último año.

El informe releva "datos actualizados de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo"  y considera como empresa a "cualquier persona física o jurídica que tenga al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con la excepción del personal doméstico y de casas particulares".

En San Pedro, ante la consulta de La Opinión, desde el Gobierno informaron que hay un trabajo similar en marcha, que analiza datos de altas y bajas de habilitaciones comerciales, que está en proceso para contemplar rubros, cantidad de puestos de trabajo que implican, reconversiones y otras aristas.

Mientras tanto, la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo informó a este medio que los primeros datos que tienen sistematizados en el área de Comercio revelan que la caída en la actividad económica registrada en el país también se ve en la ciudad.

"Las bajas superaron a las nuevas habilitaciones en un 39,5 por ciento", informó Borgo.

Los datos indican que hubo 60 habilitaciones comerciales dadas de baja en el primer cuatrimestre del año y 43 altas.  El promedio de bajas marca una tendencia: la diferencia siempre había sido a favor desde 2021 en adelante, con excepción del crítico año 2023, inflación desenfrenada mediante.

En 2021 hubo 197 altas y 115 bajas; en 2022, 163 y 132; en 2023, 144 y 148; en 2024, 143 y 137; en 2025, las altas fueron 167 y las bajas, 139.

Hay que tener en cuenta que desde 2024 es más fácil habilitar, gracias a una política implementada por el Municipio que agilizó los trámites y permitió resolver algunos problemas de larga data.

El relevamiento que se hizo hace unos años contribuyó también a regularizar y en 2024, cuando tomaron la decisión de dar de baja todo lo que había "dando vueltas", tiraron a la basura más de 600 expedientes que se habían acumulado sin resolución en los últimos ocho años, generalmente porque los titulares no volvían y ya habían cesado la actividad.

Borgo adelantó a La Opinión que una vez concluido el informe rubro por rubro pondrán en marcha un diagnóstico para evaluar comercio por comercio, controlar las habilitaciones y establecer actividades de riesgo ante la crisis actual.

En diálogo con este medio, el funcionario advirtió que "se nota el incremento de monotributistas dados de alta" y analizó: "Hay mucha gente tratando de compensar" la situación económica "amen de tener un empleo" en relación de dependencia.

Borgo habló de un "fenómeno de cuentrapropistas que están saliendo a hacer cosas porque no llegan y están buscando actividades comerciales simples", lo que también se ve reflejado en las solicitudes de habilitación en trámite.

El costo del servicio de barrido, limpieza y recolección de residuos que presta la empresa Ashira en San Pedro y las localidades cuesta 362 millones de pesos por mes.

Así quedó establecido tras el último aumento dispuesto a solicitud de la compañía, que pidió revisión del precio con arreglo a lo que estipula el contrato de concesión.

El incremento es del orden del 8,79 por ciento y rige con retroactividad al 1 de abril, de acuerdo con el decreto firmado por el intendente que tiene fecha del 15 de mayo.

El servicio para San Pedro cuesta ahora 335 millones de pesos por mes y el de las localidades, 27 millones. En total, el Municipio debe reunir 362 millones para cumplir con el pago mensual del contrato con Ashira.

Desde hace tiempo el Estado local no paga completo el costo a la empresa, lo que implica una acumulación de deuda que a comienzos de abril provocó un paro de los trabajadores, puesto que Ashira no había pagado el total de los salarios.

Tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo y el desembolso de Provincia de 80 millones de pesos correspondientes al Fondo de Fortalecimiento que fue directo al pago de ese servicio, la empresa pagó los sueldos y todo volvió a la normalidad, tras varios días sin recolección en la ciudad.

La declaración de emergencia económica de la provincia de Buenos Aires y de los municipios que la componen había advertido que "la crisis se profundiza" especialmente en territorio bonaerense.

Un informe de la consultora PPA analizó las transferencias de recursos de Provincia a los municipios en concepto de coparticipación y estableció que hubo una importante disminución en términos reales.

El primer trimestre de 2026 registra el nivel de recursos más bajo para un período similar desde la pandemia. El volumen total de transferencias está casi un 4 por ciento por debajo del año anterior.

Son 75 los municipios que registraron caídas que superan el 3 por ciento. San Pedro es uno de ellos. La evolución de la coparticipación de los últimos tres años en relación al primer trimestre así lo revela.

Si en enero hubo un incremento del 1,5 por ciento respecto del mes anterior, la caída para febrero fue estrepitosa: San Pedro recibió un 11,8 por ciento menos de recursos. 

Para marzo, el porcentaje respeto del mes anterior fue del 3,86 %, según datos obtenidos por La Opinión en análisis de las publicaciones que hace la Secretaría de Economía sobre la evolución de los recursos.

En el primer trimestre, San Pedro recibió unos 6 mil millones de pesos de coparticipación.

Como advirtió el secretario de Economía Roberto Borgo en una entrevista con este medio, los fondos que llegan de coparticipación por mes no alcanzan para cubrir la masa salarial que debe pagar el Estado  local.

En la declaración de emergencia, Kicillof advirtió que la situación es "causada por la profunda recesión y el incumplimiento, mora y/o detracción por parte del Estado Nacional de las transferencias automáticas y no automáticas que, por ley y acuerdos vigentes, corresponden a la Provincia de Buenos Aires".

En se marco, el Gobierno provincial sostuvo que "dicha conducta vulnera el federalismo fiscal, afecta la autonomía provincial y compromete la continuidad y calidad de los servicios esenciales, en detrimento de las y los bonaerenses".

El producto bruto interno muestra caída significativa en rubros como la construcción, la industria manufacturera y el comercio, arrastrado por una importante caída de la actividad económica.

Provincia atribuye además al "derrumbe en el consumo y la destrucción de empresas", con la consecuente pérdida de puestos laborales, los altísimos niveles de morosidad registrados entre las familias bonaerenses.

El impacto fiscal, en se sentido, es claro: la recaudación cae y con ella,  las transferencias automáticas a los municipios. 

Sólo en febrero, señalaron desde Provincia, Buenos Aires recibió 100 mil millones de pesos menos que el mismo mes del año anterior.

La emergencia económica dispuso un fondo especial de "emergencia y fortalecimiento de la inversión municipal" que destinará recursos, cuya primera cuota se desembolsó en abril.

A San Pedro le tocaron alrededor de 80 millones que fueron utilizados de inmediato para saldar deuda con Ashira, de manera tal de reponer el servicio cortado.

De esos recursos, el 70 por ciento es de libre disponibilidad y el 30 restante va para programas que pueden ser de Infraestructura, Transporte y Cultura. San Pedro eligió el primero, para un plan de refacción integral de calles con pavimento deteriorado.

El Gobierno municipal informó a los sindicatos que, tal como sucede todos los meses, no podrá pagar los sueldos en tiempo y forma ni tampoco podrá hacerlo con recursos propios provenientes del tesoro local.

"Estamos completando la información necesaria para la autorización del Ministerio de Economía. Mañana se presenta el pedido al Directorio del Banco Provincia para autorización del descubierto", informaron desde el Gobierno a los gremios este martes por la mañana.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, confirmó a La Opinión que pasado el mediodía recibieron el visto bueno por parte del Gobierno provincial y que resta ahora el tratamiento del directorio, lo que ocurriría recién mañana.

Así, de acuerdo a los plazos que tienen los trámites para aprobar la asistencia financiera que opera como una especie de descubierto bancario o de adelanto de coparticipación, el dinero estaría disponible para el fin de semana.

De esa manera, el Municipio podría el viernes proceder a las acreditaciones para que el sábado el dinero esté disponible en las cuentas de los trabajadores municipales.

Los haberes corresponden a los del mes de abril y llegan con un 10 por ciento de aumento otorgado por el Estado local en el marco de la paritaria acordada con los sindicatos. El mes que viene cobrarán otro 5 por ciento.

Esta semana, el secretario de Economía, Roberto Borgo, estuvo presente en el Concejo Deliberante para responder preguntas de los ediles en el marco del análisis de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025.

El funcionario fue a la comisión de Presupuesto, donde tramita al expediente, que debe ser tratado en sesión antes del 31 de mayo, por lo que queda la mitad del plazo disponible para su análisis.

"Fue más que nada para fijar el marco del resultado del ejercicio", dijo Borgo a La Opinión. El secretario de Economía señaló que fue "la primera reunión" y que acordaron que "vamos a volver a ir todas las veces que sea necesaria".

Borgo entiende que la próxima reunión podría estar más focalizada en detalles, tras este primer encuentro más general. "Habíamos acordado que el acceso a Rafam estaría disponible apenas entraba el expediente a tratamiento y eso se cumplió", señaló.

Concejales de la oposición hicieron consultas sobre algunos puntos y quedaron en analizar aspectos más finos para evacuar en diálogo con Borgo en otra reunión, aunque también lo pueden hacer en la Secretaría de Economía.

"Nosotros tenemos dos problemas complicados en la gestión: el costo de la salud pública, que tiene una sobreejecución respecto de los recursos que vienen de coparticipación; y que estamos muy atrasados en materia de recursos propios", dijo el funcionario a La Opinión.

Las reuniones con el secretario de Economía y los funcionarios municipales en el ámbito de la comisión de Presupuesto tienen un alcance técnico. La dimensión política del análisis de la Rendición de Cuentas, los concejales la abordarán en sesión cuando se trate el expediente.

"Hay cuestiones relacionadas con el planteo de eficiencia del gasto que hay que analizar que lo que ingresa no alcanza para cubrir los servicios, como el de recolección de residuos", señaló el funcionario.

En ese marco, Borgo consideró: "Si no hay actividad económica, los comercios no facturan, no tenemos posibilidad de obras de infraestructura de otras jurisdicciones vamos a seguir acumulando déficit".

Los concejales analizan la Rendición de Cuentas 2025, que deberán tratar antes del 31 de mayo. Mientras celebra que no le impusieron ninguna multa por el ejercicio 2024, el Gobierno mira con atención cómo los gráficos muestran el deterioro financiero del Estado local frente al resto de los municipios.

Uno de los puntos relevantes para el análisis es, desde hace mucho tiempo, el de la comparación entre los ingresos propios contra los ingresos totales de San Pedro, puesto que refleja la alta dependencia que el Municipio tiene de la coparticipación provincial.

Aun así, advirtió Roberto Borgo en Sin Galera el sábado pasado que lo que llega mensualmente de Provincia ya no alcanza para cubrir la masa salarial, es decir para pagar los sueldos.

El año pasado, San Pedro volvió a ubicarse muy por debajo del promedio del resto de los municipios bonaerenses, con alrededor del 22,2 por ciento de recursos propios sobre el total de ingresos.

El promedio consolidado del resto de los municipios es de 45,9 por ciento, más de la mitad que el porcentaje sampedrino. La curva es descendente en todos lados, pero San Pedro no para de caer desde que en 2019 había alcanzado un porcentaje aceptable.

El recuerdo de "el peor municipio de la provincia" del año 2014, el que le costó la renuncia al intendente Pablo Guacone, regresa: ese año, los ingresos propios fueron del 21,3 por ciento.

Luego, en 2015, subió cinco puntos. Cuando asumió Salazar, logró incrementar de a poquito hasta alcanzar en 2019 el máximo de los últimos años, con 30,5 por ciento.

La pandemia provocó una caída al 27,8 por ciento y desde entonces la curva es descendente: 25,1 % en 2021; 22,2 por ciento en 2022; 21,9 % en 2023; y el récord del porcentaje más bajo, incluso por debajo del de Guacone, en 2024, con 20,2 por ciento. En 2025 aumentaron dos puntos, lo que en dinero contante y sonante es importante.

El promedio provincial tuvo un 50,9 por ciento máximo en 2019 y luego, pandemia de por medio comenzó a descender algunos puntos, aunque la curva de la autonomía municipal en materia de ingresos tuvo su mayor caída en los años 2024 y 2025, coincidente con el ajuste impuesto por el Gobierno nacional, que repercute en Provincia y en los municipios. 

El análisis de la situación económico financiera publicada por el Gobierno municipal revela que en 2025 el Estado local apenas pudo cumplir con las obligaciones salariales.

La Rendición de Cuentas 2025 que ingresó al Concejo permitirá profundizar área por área para alcanzar a comprender cómo se llegó a la situación actual: el gasto en sueldos fue récord para el Municipio.

Los números hablan, pero también lo hacen en el contexto de crisis que afecta la recaudación provincial y municipal. 

Hay una queja constante respecto de la prestación de los servicios. Acaso estos números permitan abordar las razones del déficit de 10.500 millones del ejercicio, el 18,5 % de gasto por encima de los recursos percibidos.

El gasto en personal efectivamente pagado ascendió a poco más de 26 225 millones de pesos. Es el 83 por ciento de los recursos de libre disponibilidad, es decir aquellos ingresos que son para gastos corrientes, que alcanzaron poco más de 31 559 millones.

Si se compara el gasto en personal devengado —que es lo que se hace habitualmente para estos análisis—, que fue de 28 952 millones de pesos, representa el 91,7 % sobre esos recursos de libre disponibilidad.

Si se cuentan los más de 8 mil millones de recursos afectados —hay algunos sueldos que se pagan con esos fondos—, el porcentaje baja al 73 por ciento. No es casualidad que el Gobierno haya pedido al Concejo autorización para quintuplicar el uso de fondos afectados para gastos corrientes.

Sobre el total de los recursos efectivamente percibidos por el Municipio el año pasado,  que incluye recursos extrapresupuestarios y alcanzan poco más de 46 046 millones, el gasto en personal representa el 62 %, lo que implica un incremento respecto de años anteriores, en los que el porcentaje se ubicaba entre el 53 y el 56 por ciento.

Esos números dan cuenta de lo que el Gobierno advirtió durante todo el año pasado y que en 2026 tiende a profundizarse: la caída en la recaudación propia y el descenso de la coparticipación implican menos recursos de libre disponibilidad para gastos corrientes

La coparticipación se mueve por múltiples variables que involucran a los 135 municipios y a la recaudación provincial, también a la baja. Provincia declaró la emergencia económica y reclama al Gobierno nacional, al que acusa de ahogar financieramente su gestión, lo que repercute en los municpios.

Hay un dato clave que grafica la situación: los recursos que llegan mensualmente de coparticipación están al límite respecto de lo que se necesita sólo para pagar los sueldos. Sin cargas sociales. Sin guardar para cuando llegue el pago de los aguinaldos en poco más de dos meses.

En la situación económico financiera publicada hay una diferencia de alrededor de 2725 millones entre gasto en personal devengado y efectivamente pagado. Al cierre del ejercicio, en esa diferencia suelen estar aguinaldos y cargas sociales del último mes del año.  Deuda.

Pero en este caso también están las escalas salariales de la paritaria del personal de carrera médico hospitalaria que todavía no se aplicaron y los retroactivos adeudados.

La planta de personal aprobada para el Presupuesto 2026 asciende a 1236 agentes: 1006 permanentes, 164 temporarios, 58 guardias de reemplazo y 8 guardavidas.

En 2025, la planilla tenía 1225 agentes: 1002 permanentes, 142 temporarios y 81 guardias de reemplazo. No aparecían los guardavidas.

Entre el personal de carrera municipal, los ingresos de empleados que pueden observarse rápidamente son esos 22 de diferencia en los temporarios. 

El promedio de los 1236 empleados sobre los 28 952 millones de gasto en personal da alrededor de 23,5 millones al año. Contando aguinaldo, son 13 sueldos de poco más de 1.800.000 pesos por agente, promedio.

Está claro que unos ganan más y otros menos entre los trabajadores de carrera municipal, los de carrera médico hospitalaria, funcionarios y concejales, que también cobran y aparecen en el gasto en personal devengado.

No se tienen en cuenta para este análisis los incontables “decretos de ayuda social con contraprestación de tareas ”, cuyos magros haberes se pagan con recursos de programas sociales que llegan de Provincia y no van a los gastos en sueldos. Tampoco los contratos de locación de servicios, monotributistas que facturan al Municipio.

El déficit del sistema de salud tiene una incidencia muy importante en las cuentas municipales en general y en el gasto en sueldos en particular.

La paritaria municipal 2025 cerró el año con un aumento del 31,6 por ciento, apenas por encima de la inflación informada por el Indec y con reclamos de los sindicatos, que consideran escaso el porcentaje en relación a la economía "del supermercado".

En noviembre, el Municipio informó que hasta ese momento, "los agentes comprendidos en carrera médico hospitalaria han obtenido mejoras en el año en curso del 96 % sobre los salarios básicos en las negociaciones con el Gobierno provincial".

De los 1236 empleados municipales que tiene la planilla de personal, alrededor de 270 pertenecen a carrera médico hospitalaria. 

Antes de fin de año, el déficit operativo de Salud era del orden del 40 por ciento y delos 15 mil millones de pesos que había insumido el sistema de salud, más de 11 mil millones eran para sueldos.

El Gobierno municipal presentó ante el Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025, año electoral en el que la lista del intendente perdió las elecciones, lo que derivó en que ya no tiene mayoría propia en el cuerpo que debe tratar los expedientes.

El ejercicio económico financiero del año pasado fue, como se esperaba, deficitario: los 46 046 millones percibidos en total no alcanzaron para solventar los más de 56 500 millones de gastos devengados.

La diferencia, de alrededor de 10 500 millones, representa un déficit del orden del 18,5 por ciento.

Una vez más, el gasto en personal tuvo un alto porcentaje sobre los recursos percibidos y alcanzó el 73 por ciento. 

El monto del año en sueldos fue de 24 025 millones y los recursos de libre disponibilidad llegaron a 31 559 millones.

El resultado financiero del ejercicio 2025 según el artículo 44 de Rafam, que compara recursos percibidos menos gastos devengados más saldos de caja del ejercicio anterior e ingresos por deuda menos servicios de la deuda, alcanzó un déficit formal de  casi 7274 millones de pesos.

El déficit entre recaudación y costo de la prestación de los servicios obligó al Gobierno a pedir al Concejo que autorice quintuplicar el monto máximo de utilización de recursos afectados para gastos corrientes previsto en el Presupuesto 2025.

Los déficit mensuales de la comparativa entre recaudación de tasas y costo de los servicios iban del 64 al 80 por ciento en la principales tasas.

En ese cuyo contexto el 18,5 por ciento de déficit del ejercicio fue tomado en el Ejecutivo como un porcentaje bajo respecto de lo esperable en el contexto de crisis actual.

La Rendición de Cuentas 2025 fue presentada por el Gobierno ante el Concejo Deliberante el martes 31 de marzo, plazo límite de acuerdo a lo que ordena la Ley Orgánica de las Municipalidades.

"Se presentó a las 11.00 de la mañana. La contadora Mariana Giosa lo entregó al presidente del Concejo, Martín Baraybar", informó a La Opinión el secretario de Economía, Roberto Borgo.

El Gobierno cumplió además con la publicación obligatoria de la situación económico financiera al cierre del ejercicio, cuyo documento obra en La Opinión, autorizada formalmente por la Corte Suprema para publicaciones oficiales.

En el Concejo Deliberante escaneaban toda la documentación presentada por el Gobierno, tras lo que estará disponible para que la analicen los concejales, que deberán darle tratamiento en comisión y votar antes del 31 de mayo.

Cuando esté disponible, como todos los años, La Opinión analizará aspectos vinculados a la ejecución de los recursos, la evolución del gasto, los índices de cobrabilidad de tasas y derechos, entre otros puntos relevantes de la Rendición de Cuentas.

San Pedro es uno de los distritos que registró una disminución del denominado "coeficiente único de distribución" (CUD) con el que Provincia establece los recursos coparticipables a los municipios.

La estimación de la Secretaría de Economía local es que la caída de 0,62 a 0,60 por ciento implica alrededor de 800 millones de pesos menos que la ciudad recibirá en 2026.

El CUD representa una fórmula objetiva que surge de la combinación de una serie de variables como cantidad de habitantes, superficie del distrito, producción en salud (camas de internación, nivel de complejidad, consultas de pacientes).

Como esos datos son variables, cada año el Ministerio de Economía bonaerense difunde el porcentaje que corresponde a cada municipio, lo que implica que en algunos casos sube y en otros, como en San Pedro, baja.

Además, del CUD depende la asignación de recursos del fondo especial que la Legislatura aprobó para autorizar a Provincia a contraer deudas.

Hay municipios gobernados por la oposición a Kicillof que reclamaron que el CUD no siempre tiene en cuenta los datos actualizados de sus distritos, por lo que entienden que el porcentaje que les toca debería ser mayor.

En el Senado, el legislador oriundo de La Plata Marcelo "Chuby" Leguizamón (era del Pro y ahora pertenece a Hechos) presentó un proyecto para que haya mecanismos de control más "transparentes" en relación a la coparticipación y el CUD.

En San Pedro, la recientemente asumida diputada provincial Analía Corvino hizo un arriesgado análisis político respecto de la caída del 0,02 por ciento del CUD para San Pedro y aseguró que Provincia "le bajó la coparticipación a San Pedro", como si fuera una decisión arbitraria.

En ese marco se preguntó si acaso "Kicillof le soltó la mano a Salazar" y "por qué Kicillof le saca recursos a Salazar y a todos los sampedrinos".

Los 800 millones menos que recibirá San Pedro representan, por ejemplo, alrededor del 85 por ciento del total de recursos que el Municipio necesitó para pagar aguinaldos en diciembre.

Además de ese monto, del Presupuesto 2026 que había presentado inicialmente Salazar quedaron en el camino alrededor de 1800 millones de pesos tras la reducción de los porcentajes de aumento de tasas de ABL, Servicios Sanitarios y Red Vial que propuso el bloque Acuerdo Vecinal.

A ese monto asciende la masa salarial mensual del Estado local, según reveló La Opinión cuando confirmó que este viernes el Municipio pagará los sueldos con un “adelanto de cuenta” del banco Provincia.

Tras la autorización del Ministerio de Economía para la gestión del Gobierno municipal ante el Banco Provincia de un adelanto en cuenta para hacer frente al pago de los sueldos de diciembre, el Ejecutivo confirmó que el viernes hará la transferencia de recursos a las cuentas de los trabajadores.

Con el presupuesto 2026 aprobado, el viernes pasado, jornada con asueto administrativo local, en Economía, Personal y Modernización fueron a trabajar para avanzar en el proceso y llegar con la documentación necesaria para lograr la aprobación del adelanto.

"El directorio dio el okey", informó a La Opinión el secretario de Economía, Roberto Borgo este martes por la tarde y respondió preguntas de este medio relacionadas con la situación. 

El total de la masa salarial municipal, entre empleados de planta, carrera médica, funcionarios y concejales, insume 1728 millones de pesos.

El lunes el Gobierno cumplió con la entrega de documentación para garantizar el flujo de fondos que permitirá el pago del adelanto, que será descontado del goteo de coparticipación provincial.

Ahora, con la aprobación, necesitarán otras 48 horas para que el Municipio pueda proceder a la acreditación de los sueldos, por lo que las transferencias se activarán el viernes para que el sábado estén disponibles en las cuentas de los trabajadores.

El viernes es el quinto día hábil, por lo que la Municipalidad pagará por segundo mes consecutivo un día después de lo que establece la ley. "Pagamos aguinaldos y pagamos sueldos, hay municipios que están pagando en cuotas", señaló Borgo.

Además, sostuvo que adelantar el pago era imposible porque los plazos administrativos se extendieron por los feriados de las Fiestas y porque, sobre todo, el Gobierno necesita, indefectiblemente, asistencia financiera para hacer frente a los compromisos.

"La situación economico financiera del municipio de San Pedro es extremadamente compleja, la prioridad de la gestión del intendente sigue siendo el pago de las remuneraciones a los trabajadores", aseguró el secretario de Economía.

El sobregiro en cuenta que autorizó el directorio del Banco Provincia para el Municipio de San Pedro se cubrirá en los siguientes 15 días hábiles con recursos coparticipables.

El Gobierno logró pagar aguinaldo de diciembre y sueldos con este tipo de asistencia, pero sin necesidad de adelantos de coparticipación o aportes no reintegrables del Tesoro provincial. 

De hecho, el último adelanto de coparticipación fue en junio, unos 200 millones que se devolvieron a fin de año. Para todo lo demás, también hubo que echar mano a fondos afectados, una deuda interna para la que el Ejecutivo tiene al menos dos años para saldar.

La ordenanza fiscal aprobada por el Concejo Deliberante generó un nuevo tributo, denominado "derecho de vuelco" y que permite al Gobierno cobrar a quienes arrojen residuos en el Basural a cielo abierto de San Pedro.

El objetivo es "asegurar una adecuada gestión de los residuos que son dispuestos en el predio municipal" y obtener "recursos y mecanismos necesarios para garantizar su correcta recepción, manejo y control".

El Gobierno dispuso en la ordenanza que pagarán este tributo solo "quienes efectivamente lleven a cabo actividades de vuelco de residuos de forma continua, reiterada o con fines comerciales o lucrativos.

Están alcanzadas "las personas humanas o jurídicas, con o sin residencia" en San Pedro, que sean "titulares de dominio, poseedores, simples tenedores, inquilinos de inmuebles y/o titulares de la explotación comercial en cuyo ámbito se genere el hecho imponible".

También quienes "ejecuten obras, presten cualquier tipo de servicio y/o desarrollen actividades comerciales de cualquier naturaleza en el dominio público, cuando de dichas actividades se generen residuos cuyo volumen requiera su reacondicionamiento y disposición" en el Basural.

Para ejercer el control, el Gobierno podrá "verificar el cumplimiento de las condiciones previstas y requerir la documentación o declaraciones que resulten necesarias para acreditar la falta de habitualidad o profesionalidad en la actividad señalada".

Los tipos de vuelco que están permitidos y alcanzados por el gravamen son los de poda, desmontes, nivelación de terrenos, demolición o construcción.

Los que pueden ser reutilizados; y los que deban ser soterrados porque no puedanreutilizarse; y aquellos que están "compuestos por más de una corriente, que no permita su separación para su utilización".

El costo del tributo está fijado en módulos y cada módulo vale un litro de gasoil Infina Diesel de YPF en San Pedro

El costo varía de acuerdo a la cantidad de m3 arrojados. Las categorías se dividen en hasta 5, 8 y 25 m3.

Los residuos verdes pagarán entre 5 y 9 módulos (hoy, alrededor de entre 10 mil y 18 mil pesos); los que necesiten tratamiento para reutilización, entre 6 y 10; y los soterrados, entre 7 y 11.

Volcar tierra y excedentes de desmonte o nivelación de terreno, entre 5 y 10 para la primera categoría; entre 6 y 11 para la segunda; y entre 7 y 12 para la tercera.

El volcado de residuos de demolición o construcción, entre 5 y 11 módulos para la primera categoría; entre 6 y 12 para la segunda; entre 7 y 13 para la tercera.

Los domiciliarios o misceláneos en grandes volúmenes pagarán mil módulos, que son mil litros de gasoil Infinia Diesel de YPF, de acuerdo a lo dispuesto por la ordenanza impositiva, lo que implica alrededor de 1 millón de pesos.

Este lunes 29 de diciembre se desarrollará en el Salón Dorado de la Municipalidad la asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales para dar tratamiento a la ordenanza impositiva 2026, que prevé aumentos de tasas y otros tributos.

Los incrementos previstos son del 80 por ciento para ABL y Red Vial; 60 por ciento para Servicios Sanitarios; 100 por ciento para Cementerio; 35 por ciento para Seguridad e Higiene; y un promedio de 50 por ciento para el resto de los gravámenes.

El Gobierno tiene los votos para aprobar el expediente. Entre los concejales, ya tuvo 11 manos levantadas —las siete de la bancada oficialista más las cuatro de Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce— y entre los Mayores Contribuyentes cuenta con la mayoría.

Los inscriptos de manera voluntaria, como Sandra Mari, Fernando Bennazar, Bruno Sciarra, Martín Palazón y Juan Gutiérrez, votarán en contra. Algunos ya lo anunciaron públicamente y de otros se estima que así lo harán, pero serán minoría.

El secretario de Economía Roberto Borgo les dijo a los concejales que "no hay presupuesto posible sin ingresos" y que de no aprobarse el aumento de tasas estará en peligro, más de lo que ya está, el pago de sueldos.

Luego de la asamblea, los concejales tendrán sesión extraordinaria para tratar el cálculo de recursos y gastos para el año que viene, el Presupuesto 2026 propiamente dicho.

Son alrededor de 57 mil millones de pesos que el intendente Cecilio Salazar tendrá disponibles y de los que el 50 por ciento está destinado a los servicios de salud.

Del total, el 66 por ciento se va en salarios, porcentaje que aumenta al 80 por ciento si se cuentan sólo los recursos de libre disponibilidad, es decir sin fondos de afectación específica.

Como analizó La Opinión, muchas áreas municipales sólo tienen presupuesto para pagar sueldos, por lo que la planificación para el año que viene estará supeditada a las posibilidades financieras que surjan conforme pasan los meses.

El lunes a las 13.00 será la asamblea de Mayores Contribuyentes para tratar el aumento de tasas para el año que viene y todo indica que, como ocurrió en la preparatoria, el oficialismo tiene los votos para aprobar la ordenanza impositiva.

Antes de Navidad, la Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante recibió al secretario de Economía, Roberto Borgo, quien fue convocado para responder consultas sobre el cálculo de recursos y gastos, aunque en el encuentro volvieron a dialogar sobre las tasas.

Borgo fue claro: "O tenemos presupuesto el 29 o no cobra nadie", les dijo en la reunión. Ese día pagaron guardias médicas, y los aguinaldos de trabajadores de carrera municipal y de carrera médica hospitalaria. Fueron 933 millones alcanzados con coparticipación, plan Sumar, fondos afectados y descubiertos bancarios.

La frase de Borgo está relacionada con el pago de los sueldos, que es el paso siguiente. El miércoles 31 hay asueto y el 2 de enero, también. Recién el lunes 5 volverá la administración pública y ese día esperan hacer efectivo el pago. Si llegan con los recursos.

Tras las modificaciones a la ordenanza impositiva que propuso el denominado "interbloque de la gobernabilidad" de Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce, el Gobierno tuvo que rehacer el presupuesto, que se redujo en alrededor de 1.400 millones de pesos.

"Trabajamos sábado y domingo para que ingrese el presupuesto el lunes. No tenemos mucho tiempo, pasamos el aguinaldo  pero pagar los sueldos será tanto o más difícil", dijo Borgo a La Opinión.

El secretario de Economía consideró que la reunión fue de "buen diálogo" con todos. Allí, los concejales que votaron en contra del aumento de tasas (los de Basso, Rey y LLA) plantearon la necesidad de que el Gobierno trabaje en mejorar la cobrabilidad.

"No hay presupuesto posible si no hay ingresos", sostuvo el funcionario. "Podés imaginarte una ciudad de maravillas, pero hay que tener los fondos para hacer las cosas", advirtió.

"Nos piden que mejoremos la cobranza y lo haremos. Estamos trabajando y tenemos el primer grupo. En el Concejo están a favor de ir un poco más a fondo en ese sentido", señaló Borgo.

El lunes el Concejo Deliberante, tras la asamblea de Mayores Contribuyentes, tratará el Presupuesto 2026, el cálculo de recursos y gastos que elevó el Gobierno para el año que viene.

Son poco más de 57 mil millones de pesos, de los que el 66 por ciento se va en sueldos. El área que más recursos insumirá será, una vez más, Salud, que se lleva el 50 por ciento.

Los ingresos por tasas previstos suman 5 mil millones, menos del 10 por ciento del total del presupuesto. En total, los recursos de origen municipal suman poco más de 12.500 millones, lo que representa alrededor del 22 por ciento de recursos propios sobre el presupuesto.

Como se dijo, el gasto en sueldos significa un 66 por ciento sobre los recursos totales. Pero descontando los fondos afectados el porcentaje se va al 80 por ciento.

Si se calcula el total de gasto en salarios sobre los recursos de libre disponibilidad, que son los que se pagan los salarios de municipales, médicos, funcionarios y concejales,el porcentaje asciente al 80 por ciento y sin contar aumentos para el año que viene, que seguro habrá.

El sueldo para calcular el salario del intendente y las dietas de concejales se fijó en 667.275 pesos. Así, el jefe comunal tendrá un haber de 9.352.083,94 más 10 por ciento de gastos de representación, lo que suma casi 10,3 millones, y la dieta pura queda en 2.335.462,5 a lo que hay que sumar antigüedad y bonificaciones para luego descontar cargas sociales e impuestos.

Salud se llevará el porcentaje mayor del presupuesto, como era previsible: son 28 mil millones, alrededor del 50 por ciento. De esos 28 mil millones, 24.600 son para el gasto en personal y el resto, unos 3400, para los insumos y demás gastos. Del total, más de 18500 millones son para el Hospital de San Pedro.

La secretaría de Desarrollo de la Comunidad que conduce Walter Sánchez tendrá disponibles 4500 millones de pesos, lo que representa apenas el 8 por ciento del total. Poco menos de la mitad es para salarios.

La Dirección de Deportes que conduce Pablo Guereta y que depende de esta secretaría, contará con 364 millones más 182,5 millones del Fondo de Promoción del Deporte. 

Educación, con Alan Ocampo al frente, tendrá 1256 millones, de los que mil millones gastará en personal, y se le sumarán 91,2 millones del fondo especial para educación.

La secretaría de Seguridad contará con casi 3 mil millones en total, poco más del 5 por ciento del presupuesto general de San Pedro para 2026. De ellos, 654 millones serán para el personal de la Dirección de Tránsito y 279,5 millones para el del Centro de Monitoreo. El Fondo de Seguridad aportará al total unos 456,3 millones más.

Unos mil millones tendrá Obras Públicas. De ellos 770 millones serán para sueldos. Además, contará con 1370 millones del fondo afectado. 

Servicios Públicos, por su parte, contará con 7500 millones, dividido en partes casi iguales entre salarios e insumos para la prestación de servicios.

Desarrollo Económico, en cuya órbita están las delegaciones municipales, Producción, Cultura y Turismo, contará con 4462 millones de pesos, de los que 4244 gastará en sueldos.

Para Producción, Industria y Comercio están previstos 377,6 millones, todo en sueldos, aunque contará con casi 130 millones del fondo de fortalecimiento productivo; para Modernización, 310,7 millones, también todo en sueldos; para Ambiente, 114 millones, también solo para sueldos.

Cultura tendrá 399,7 millones más alrededor de 90 millones del Fondo de Promoción Cultural; y Turismo, 936,4 millones más 91,5 millones del Fondo de Turismo.

Para las delegaciones, el presupuesto solo prevé gasto en sueldos: 500 millones para Gobernador Castro, que incluye a Vuelta de Obligado 467 millones para Santa Lucía, que incluye a Pueblo Doyle; 275 millones para Río Tala; y 68,4 millones para La Tosquera. Para todo lo demás, los recursos deberán salir de otro lado, porque no fueron asignados.

En la Secretaría de Gobierno, que tendrá 2 mil millones disponibles, destaca la subsecretaría de Género que conduce Laura Monfasani, con 544,5 millones presupuestados que solo serán para sueldos, puesto que no está previsto otro gasto para el área.

Algo similar ocurre con Defensa Civil, que tiene asignados 97 millones para sueldos y nada más. Suman 191 millones para Legal y Técnica; 99,6 millones para la Dirección General Administrativa; y 323 millones para la Dirección de Personal. Todo en sueldos.

Alrededor de las 14.00 de este martes, el Gobierno municipal depositó el medio aguinaldo para los trabajadores de planta y el monto de las guardias adeudadas a personal de carrera médico hospitalaria.

Así lo confirmó a La Opinión el secretario de Economía, Roberto Borgo. "Ya cerrado en cuentas sueldos", dijo.

Agregó que esperaban inyección de recursos para hacer lo propio con el aguinaldo de los profesionales de la salud, los que llegaron antes de las 15.00.

Hubo que reunir 933 millones de pesos para pagar.

También se hizo efectivo el depósito del aguinaldo de los trabajadores que cobran anticipos jubilatorios, informó Borgo, por lo que, además de los médicos, quedarán para después funcionarios políticos y concejales.

Para hacer el pago, el Gobierno reunió recursos de coparticipación provincial y solicitó la inyección de fondos correspondientes a, por ejemplo, los programas Nacer y Sumar, que aportaron casi 100 millones de pesos para alcanzar la masa de dinero que se necesitaba.

También hubo que utilizar fondos afectados y un descubierto bancario para alcanzar los 933 millones de pesos que insumió el pago de guardias y aguinaldo.

Los sindicatos municipales habían convocado a un paro por tiempo indeterminado desde las 12.00 de este martes hasta tanto no tuvieron confirmación del pago del aguinaldo.

Mientras el Gobierno espera una inyección de recursos de último momento para hacer frente a las guardias médicas y al medio aguinaldo del personal de planta, los sindicatos están en alerta.

Tanto desde ATE como desde el STM comunicaron a sus afiliados que en caso de que este martes no haya confirmación sobre el pago, habrá una medida de fuerza con paro por tiempo indeterminado hasta cobrar.

Desde el Gobierno aseguraron que estaban "tratando de llegar" con los recursos para hacer frente a ambas obligaciones, tal como había adelantado el sábado el secretario de Economía, Roberto Borgo, en Sin Galera.

Hasta este mediodía, alrededor de dos horas antes del cierre de la administración pública, la situación era complicada porque los fondos de coparticipación no llegaban ni alcanzaban para cubrir el compromiso.

Borgo dijo el sábado que el pago de aguinaldos sería "secuencial" y que la prioridad la tendrían los empleados de menores ingresos. Médicos, funcionarios y concejales quedaban relegados en ese esquema.

El Gobierno municipal espera reunir para esta semana los recursos necesarios para pagar guardias de los médicos y los aguinaldos a los trabajadores municipales, con la expectativa de que eso sea antes de Navidad, aunque el secretario de Economía, Roberto Borgo, dijo que el panorama es "complicadísimo".

Tras pagar las horas extras el viernes, Borgo informó que esta semana esperaban contar fondos para hacer frente a esas dos obligaciones, que son las que tienen prioridad en el horizonte del Municipio.

En ese sentido, el funcionario adelantó que "seguramente va a haber algún sector de liquidación que no vaya a cobrar" esta semana, tal como ocurrió el mes pasado, cuando pagaron primero a los que menos ganan.

"Seguramente vamos a tener un cronograma secuencial, dando prioridad a los de menores ingresos", señaló Borgo y aseguró que la decisión del intendente es dejar para lo último a los funcionarios del gabinete y a los concejales.

"Es la situación que tenemos. Entendemos que esto puede generar inconvenientes y pedimos mil disculpas, pero los ingresos fluyen y se han concentrado en esta última etapa del mes, que es muy traumática", dijo el secretario de Economía en Sin Galera.

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro sentó posición sobre el aumento de tasas que propuso el Ejecutivo y aprobó el Concejo Deliberante, que el 29 de diciembre próximo será tratado por la asamblea de Mayores Contribuyentes.

"Entendemos que todas las variables de la economía se han visto modificadas y que el Municipio debe hacerse cargo de una gran cantidad de servicios que, lamentablemente, no logran ser financiados en su totalidad con el aporte de todos los contribuyentes", señalaron desde la entidad que preside Daniel Churruarín.

En ese marco, expresaron preocupación por los porcentajes de aumento, que en las principales tasas es del 60 al 80 por ciento, y por la autorización para ajustes bimestrales por inflación, con un mínimo del 20 % y un máximo atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuestionaron "la escasa participación de entidades intermedias" en el análisis previo y señalaron que sería importante que haya un vínculo institucional mayor para este tipo de definiciones, "más aún teniendo en cuenta la celeridad con la que este tema será tratado en un contexto económico y social particularmente sensible".

Consideraron "imprescindible optimizar la igualdad de condiciones entre todos los contribuyentes" y pidieron políticas que tiendan a aumentar la cobrabilidad, de manera tal que se evite "que los mayores esfuerzos recaigan, una vez más, sobre quienes cumplen regularmente, en un escenario donde el año 2026 se proyecta aún como económicamente complejo".

"Valoramos el esfuerzo que se realiza para sostener el sistema de salud pública, al que cada vez más vecinos deben recurrir producto de la situación general. Al mismo tiempo, consideramos necesario un replanteo profundo sobre cómo y cuánto se gasta", indicaron.

Destacaron que el objetivo debe ser "administrar de manera eficiente los recursos de los sampedrinos y destinar una parte del presupuesto a estimular a quienes generan, proponen y desarrollan actividades productivas, comerciales y turísticas que permitan revertir la situación económica y generar mayores recursos genuinos para la ciudad".