El trato que debe aprobar el Concejo Deliberante compromete varios ejercicios fiscales. Si se pagan las 90 cuotas llegará el 2033 y quien maneje las finanzas de San Pedro seguirá tributando porque si no lo hiciera existe la posibilidad de ejecutar el contrato y entregar un bien inmueble como pago. Hace pocos días, los ediles citaron a los responsables de la empresa para conocer más detalles pero por lo que trasncendió, es poco probable que el pacto prospere.

Sin el dictamen de las comisiones ni fecha confirmada de tratamiento en sesión, la convalidación del convenio  duerme en las comisiones y si la respuesta a la empresa se demora hay riesgos ciertos de suspensión del servicio. Hay que recordar que hubo hasta una banca abierta que ocupó en nombre de un grupo de ciudadanos, el Dr. Valentín Mastrángelo para oponerse a este endeudamiento a largo plazo. 

El convenio de refinanciación de deuda entre la Municipalidad de San Pedro y la empresa Ashira S.A.  ingresó por Mesa de Entradas el pasado 24 de julio bajo el expediente N° 5755/26, tras la firma del acuerdo suscripto el 1° de julio de 2026 entre el intendente Cecilio Salazar y el representante de la prestataria, Sebastián Insua.

La deuda está calculada al 31 de mayo de 2026 por un capital total de $3.666.410.927,00. La cifra se compone de atrasos acumulados en las prestaciones mensuales del servicio de recolección y barrido y corresponden a los ejercicios 2025 y 2026, con actualizaciones de precios reconocidas, e incorpora las sumas reclamadas judicialmente ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás.

Tal como informó La Opinión el contrato impone un plan de cancelación dividido en 90 cuotas mensuales y consecutivas bajo el sistema de amortización francés. El vencimiento del compromiso se fijó para los días 20 de cada mes, extendiendo el cronograma de erogaciones hasta diciembre del año 2033, lo que trasciende el mandato de Salazar y ata a dos gestiones comunales completas.

El punto central del expediente radica en el mecanismo de indexación estipulado en su cláusula cuarta: la deuda devenga un interés mensual equivalente a la tasa TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina informada por el Banco Central) más un diferencial de tres puntos porcentuales básicos (3%), a lo que se suma el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente.

De acuerdo con el cuadro de amortización adjunto como anexo al expediente —tomando como base la tasa de referencia informada a junio de 2026 de 22,9375% TNA más el margen pactado—, el Municipio arrancaría con una cuota mensual estimada en $92.789.235,04. Con esa base de cálculo, el monto total a desembolsar trepa a $8.351.031.153,49, de los cuales más de 4.684 millones corresponden exclusivamente a intereses, sujeto además a los recálculos mensuales según la variación de la tasa que fije el BCRA.

El mayor debate se produjo no solo por los montos actualizados y los plazos sino por las cláusulas que garantizan el pago con inmuebles de propiedad municipal. 

Una vez que el Concejo convalide el convenio mediante ordenanza la prestadora del servicio quedará  facultada a ejecutar saldos impagos sin necesidad de juicio de conocimiento previo y además, si eso sucede, el trato se cae en cuanto no se paguen tres cuotas consecutivas con factultades para exigir el pago inmediato de la totalidad de la deuda. Por ello, la norma tiene previsto que la autorización del Concejo Deliberante habilita al Municipio a ceder inmuebles del dominio privado municipal para cancelar capital de la deuda, sujeta a la tasación de mercado, autorización del HCD y aceptación expresa de la propia firma.

Con ese panorama y el año electoral por delante resulta difícil imaginar alternativas que generen mejores condiciones de negociación para una deuda mil millonaria.

El Ejecutivo municipal y los representantes gremiales mantuvieron este martes la primera reunión  para encaminar la negociación salarial del segundo semestre. El encuentro concluyó sin acta firmada ni porcentaje cerrado sobre la mesa, con el compromiso de retomar el diálogo el próximo martes con una propuesta concreta elaborada por el área económica comunal. Es el primer encuentro tras el levantamiento de la última medida de fuerza.

El secretario de Hacienda, Roberto Borgo, explicó a La Opinión los alcances del cuadro de situación expuesto ante los sindicatos: "En realidad, la primera reunión fue un poco de consulta con los gremios. Se pactó una nueva reunión para el martes donde seguramente va a haber alguna propuesta".

El funcionario recordó que en la mesa anterior la administración comunal había presentado un incremento que fue rechazado por las representaciones gremiales. Frente a ese escenario, la pauta que analiza el Ejecutivo busca empalmar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con lo expuesto por Borgo, el margen presupuestario oficial apunta a compensar la inflación acumulada al mes de agosto y seguir la pauta técnica hasta el cierre de año,  dividida en dos etapas.

 "Seguramente se puede elaborar en una propuesta de dos tramos: una en el mes de octubre y otra en el mes de noviembre", precisó el titular de la cartera económica.

Respecto a diciembre, Borgo se mostró escéptico porque no habrá margen para aplicar subas salariales en ese período que es el mismo que corre para los aguinaldos.

"Por las cuestiones de liquidación es imposible ya que el aguinaldo hay que liquidarlo antes de la liquidación del mes; no hay posibilidades técnicas".

Durante la reunión, Hacienda expuso a los secretarios generales el estado financiero de las arcas municipales y el peso que tuvieron los compromisos asumidos en las últimas semanas. Entre ellos, la actualización de la Carrera Médico Hospitalaria, un convenio que arrastraba más de un año y cuatro meses de demora.

"La situación financiera es muy compleja. Se les explicó que el mes pasado Carrera Médica tuvo una actualización de convenio que estaba demorada más de un año y cuatro meses prácticamente; los trabajadores cobraron el aguinaldo antes y todavía ahora en los primeros días de octubre recién termina de cobrar el último tramo y algunos de planta política, que se tuvo que hacer con un cronograma por los de menores ingresos", indicó Borgo.

Por su parte, los sindicatos plantearon sus estimaciones sobre la necesidad de recomposición del básico municipal e incorporaron puntos sectoriales que serán elevados a consideración del intendente Cecilio Salazar. La discusión continuará formalmente el martes próximo en el despacho de Hacienda.

ATE y UPCN solicitaron un incremento del 20 %. Por su parte, el STM mantuvo un reclamo del 30 %, una cifra que amplió la distancia entre las posiciones. En lo que va de 2026, los empleados municipales percibieron un aumento del 10 % en abril y otro del 5 % en junio. En paralelo, la inflación acumulada hasta agosto alcanzó el 21,35 %.

El presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, elevó el anteproyecto de presupuesto para 2027. Son poco más de 1308 millones de pesos, de los que el 95 por ciento se va en sueldos.

El total de gasto en personal es de más de 1251 millones. Incluye las 18 dietas, los sueldos políticos de secretario y prosecretario legislativo, y los salarios de los nueve empleados de planta permanente.

Para el resto del funcionamiento del cuerpo queda menos del 5 por ciento del total: casi 4 millones son para productos alimenticios; un millón y medio para "textiles y vestuarios"; 8 millones para pintura y librería; y otros 8 millones para artículos de limpieza, útiles de escritorio, materiales eléctricos, repuestos.

Hay 9,2 millones para gas, luz y otros servicios; 5 millones para mantenimiento, reparación y limpieza; 1,7 para servicios técnicos y profesionales; 7,5 millones para servicios comerciales y financieros; 500 mil pesos para publicidad; 3 millones para servicios de ceremonial y digitalización; y 8,2 millones para maquinarias y equipos.

La Ley Orgánica prevé dos maneras posibles de calcular el presupuesto del HCD. Dice que no podrá superar el 2 por ciento del general del Municipio y que si ese monto no alcanza se puede confeccionar con el total de las dietas más el 50 por ciento.

Habitualmente, en San Pedro se utiliza la segunda opción. El total de las dietas asciende a poco más de 872 millones de pesos, de acuerdo al monto actual de los salarios sobre los que se fijan.

Si las 18 dietas cuestan al año 872 millones en total, con contribuciones, antigüedad, etc., cada concejal cuesta alrededor de 48,5 millones por período legislativo.

Ese monto dividido por 13 —los concejales también cobran aguinaldo— da un promedio de 3.727.040 pesos por mes por edil.

Ese costo promedio tiene sus diferencias en cada caso, puesto que hay quienes tienen más antigüedad y quienes "renunciaron" a la dieta para cobrar dos tercios del total sin contribuciones.

El cálculo da cuenta del costo promedio de los concejales. Lo que cada uno percibe efectivamente como neto depende de diversas variables. 

Como en San Pedro no hay una política de transparencia que permita conocer cuánto gana de bolsillo cada edil, se calcula ese promedio para conocimiento de la ciudadanía.

Alguna vez, ante publicaciones similares de La Opinión —que hace este cálculo todos los años— habían anunciado que difundirían los recibos de sueldo a través de la web del Concejo. Todavía no ocurrió.

El secretario de Economía municipal Roberto Borgo apuntó contra la Sociedad Rural por el bajo nivel de cobrabilidad de la tasa de red vial y aseguró que la entidad fomenta de manera activa el incumplimiento del tributo entre los productores de San Pedro.

Consultado por La Opinión a raíz del último comunicado de los ruralistas, en el que lo cuestionaron personalmente tras reclamar que recibieron un informe incompleto tras solicitar datos de la tasa, el funcionario no ocultó su descontento.

"Desde el año pasado la Sociedad Rural está promocionando que los productores rurales no paguen la tasa", disparó Borgo y relató situaciones con contribuyentes que se acercaron a regularizar su situación en cuotas y que expusieron la postura de la entidad.

“Cuando vos conversás con esa gente, que por lo menos tiene algo de honor, te dicen: 'Sí, pero viste que nosotros cuando fuimos a plantear a la Sociedad Rural qué te dicen: no, no paguen, esto es todo un desastre que no hay que pagar, nosotros vamos a quejarnos y nos van a condonar'”, reveló.

Borgo defendió la respuesta oficial entregada a la institución agraria ante sus recientes reclamos y cuestionó su reacción: "Ahora se enojan porque le contamos con datos y demostramos que ha sido una maniobra, que acá lo que ha habido es una campaña para el no pago de la tasa".

El representante del Ejecutivo contextualizó la situación económica del sector agrario a nivel nacional para remarcar la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales locales.

 “En la Argentina de Milei, el agro es uno de los sectores que ha crecido un 20 % en un año. Le ha ido muy bien a la gente y me parece muy bien que le vaya, para eso trabajan, pero por otro lado tienen que pagar la tasa para que los caminos estén más o menos arreglados”, disparó.

Finalmente, el secretario de Economía reclamó un debate serio sobre la ordenanza impositiva y aseguró que los montos que pagan los contribuyentes de la tasa de red vial son accesibles frente a otros municipios vecinos. 

Sostuvo que a la tasa “hay que reconvertirla con un valor lógico" y aseguró: "Nosotros no los estamos asaltando a los productores rurales, el valor que tenemos es bajísimo por hectárea".

Además, adelantó que “en el próximo informe” revelarán “cuánto paga cada uno de los municipios de la Segunda Sección” para que la comunidad conozca esa comparación.

En medio de la polémica por el mantenimiento de los caminos rurales, el costo de la prestación, la recaudación de la tasa de Red Vial y los cuestionamientos de la Sociedad Rural al Gobierno municipal, un informe elaborado en el gabinete de Cecilio Salazar aporta datos relevantes para abordar la problemática.

Si en 2025, según la Rendición de Cuentas y el informe de la Secretaría de Economía y la Dirección de Rentas, la recaudación alcanzó para apenas el 28 por ciento del costo del servicio, la situación no cambió demasiado en 2026.

Aunque la Sociedad Rural consideró primero "falsos" los datos difundidos por el Gobierno municipal y luego "insuficientes" los informes que le elevaron, las cuentas no cierran.

En el distrito hay 6800 cuentas de contribuyentes de la tasa por conservación y mantenimiento de los más de 1800 kilómetros que tiene la red vial. 

Al cierre del primer semestre, el 61,5 por ciento tenía algún tipo de deuda. Es decir que al día sólo está el 38,5 por ciento de los dueños de propiedades en la zona rural. La deuda implica más de 622 millones de pesos.

El análisis que hacen puertas adentro de Palacio indica que hay una insuficiencia financiera que tienen al menos dos aristas relevantes: la morosidad (la cobrabilidad cae todos los años y también bajó del segundo al primer trimestre de 2026) y las dificultades para hacer frente a los costos del servicio aun si pagaran todos.

La brecha estructural entre costo y emisión es del orden de los 90 millones por mes. Si pagaran todos, sólo alcanzaría para el 60 por ciento de lo que cuesta prestar el servicio.

El déficit no se detuvo en el primer semestre de 2026 en relación al año pasado. La recaudación de alrededor de 512,6 millones representa un 62 por ciento de cobrabilidad sobre los 822,6 millones de emisión de la tasa.

Pero prestar el servicio costó más de 1363 millones. Si la recaudación ascendió a más de 512,6 millones, la diferencia, el rojo, es de 850.5 millones.

En el Gobierno advierten que hay una importante "brecha entre el costo de conservación de la infraestructura rural y el financiamiento obtenido directamente mediante la tasa".

El desequilibrio estructural implica dificultades para "alcanzar un umbral razonable de contraprestación" que demandan los contribuyentes rurales, considera el informe del Gobierno.

"El análisis de la prestación no puede limitarse exclusivamente a la gestión operativa municipal, sino que debe considerar conjuntamente la suficiencia de la tasa, su nivel de cobrabilidad y el costo real del mantenimiento de la red vial rural", finaliza el informe.

El Gobierno municipal cumplió el compromiso con los profesionales de la Salud y otros incluidos en carrera hospitalaria, y depositó este viernes el primero de los cuatro tramos en los que acordó con Cicop el pago del aguinaldo.

Desde el sindicato que nuclea a médicos y otros profesionales confirmaron que el Ejecutivo les comunicó el depósito del medio sueldo anual complementario correspondiente a quienes tenían que cobrar hasta 800 mil pesos y las guardias del último mes.

Además, los sindicatos municipales informaron a sus afiliados que el Municipio depositó las horas extras, un pago que los trabajadores esperaban para el martes y que se demoró unos días.

“Todo cumplimentado", confirmó a La Opinión el intendente Cecilio Salazar ante la consulta respecto de que si se había hecho efectivo el depósito, teniendo en cuenta que la fecha del compromiso estaba encima.

Horas extras, guardias y el primer tramo del aguinaldo de médicos inusmieron alrededor de 450 millones de pesos.

El jefe comunal señaló que el pago de horas extras, guardias y el primer tramo del aguinaldo de los médicos implicó una erogación que dejó en cero las arcas municipales.

El lunes, cuando comience la semana administrativa, volverá a “gotear” la coparticipación y en la Secretaría de Economía deberán analizar qué compromisos tienen por delante para tomar decisiones respecto de su cumplimiento.

En alrededor de 10 días deberán reunir los recursos para abonar sueldos del personal de planta, de médicos, funcionarios y dietas de concejales —los políticos aún no cobraron aguinaldo— y el SAC de los médicos que perciben por ese concepto hasta 1.100.000 pesos.

El Gobierno municipal remitió a Provincia la documentación correspondiente para la solicitud de asistencia financiera para hacer frente al pago de sueldos del personal.

Como todos los meses, el pedido está relacionada con una línea de asistencia que opera como una especie de descubierto bancario que luego se devuelve a través de descuentos en la coparticipación.

El trámite tiene un proceso que comenzó el lunes, primer día hábil del mes, y que atraviesa autorizaciones del Ministerio de Economía y del propio Banco Provincia.

La estimación en la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo es que podrán hacer efectivas las transferencias el viernes, para que el sábado los trabajadores vean reflejado el pago en sus cuentas.

Con esas fechas, el Gobierno local pagará una vez más el sueldo fuera del plazo de ley, que vence el jueves. En los meses anteriores, cuando llegó el límite los sindicatos convocaron a un paro hasta cobrar el salario.

La semana pasada, el intendente participó de una reunión en la Casa Matriz del Banco Provincia  junto a alrededor de 30 jefes comunales que fueron recibidos por el presidente de la entidad, Juan Cuattromo, y la vicegobernadora Verónica Magario.

“En un contexto difícil, la banca pública provincial sigue acompañando a las y los vecinos, con herramientas, líneas crediticias y beneficios, además del aporte fundamental de soluciones a los 135 municipios”, difundió el  Gobierno local tras el encuentro.

Los trabajadores municipales aguardan el depósito del aguinaldo que el Gobierno local debería haber pagado a fin de junio o principios de julio. En ese marco, votaron seguir de paro por otras 48 horas.

Por su parte, el intendente Cecilio Salazar informó que el gobernador Axel Kicillof confirmó la asistencia financiera solicitada y que podrían estar en condiciones de pagar este viernes.

Los sindicatos municipales ATE, STM y UPCN, más el de médicos, Cicop, decidieron este miércoles en una asamblea que tuvo lugar en el Hospital continuar con el paro de actividades hasta que el Gobierno deposite el aguinaldo.

La decisión fue tomada a pesar de que el intendente Cecilio Salazar les había comunicado que "en el día ayer se logró que la Provincia de Buenos Aires nos diera un auxilio económico a los efectos de abonar" la primera cuota del sueldo anual complementario, que implica unos mil millones de pesos que faltan en el mercado local.

"En caso de que hoy o mañana nos depositen esa ayuda extra, estaríamos depositando lo más urgente posible", agregó el jefe comunal en esa comunicación que remitió.

En la asamblea, los trabajadores votaron continuar con la medida de fuerza que comenzaron el lunes, al menos por otras 48 horas, informó a La Opinión el secretario general de ATE, Gustavo Gauna.

Desde el STM, Juan Cruz “Mono” Acosta dijo por su parte que van "a seguir de paro hasta que paguen el aguinaldo" y adelantó que van a "armar una carpa en la esquina o en la puerta de la Municipalidad", a modo de protesta.

Consultado por La Opinión, el intendente Cecilio Salazar informó que el Gobierno de Axel Kicillof autorizó un adelanto de coparticipación para hacer frente a ese compromiso.

El intendente será recibido este jueves por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, encuentro al que concurrirá con el secretario de Hacienda local, Roberto Borgo.

"Me recibe en La Plata", confirmó el jefe comunal y agregó que estiman “que entre hoy y mañana estarán depositando” ese adelanto porque "la decisión ya está", pero depende de los trámites internos.

En Palacio saben que el adelanto de coparticipación implica diferir el problema, puesto que es dinero propio de la comuna que se entrega por anticipado y que luego deberá ser descontado de lo que estaba previsto que llegue.

La semana que viene el Municipio deberá volver a pedir un descubierto bancario para hacer frente a los sueldos de julio y el camino hacia el medio aguinaldo de diciembre, con esta "deuda interna", será cuesta arriba.

Pagar el aguinaldo descomprime la situación con  los sindicatos al menos por unos días, puesto que la Mesa de Relaciones Laborales todavía tiene debate abierto respecto del aumento de sueldo para la segunda mitad del año.

El Gobierno municipal requirió asistencia financiera de Provincia para hacer frente al pago del  medio aguinaldo de los trabajadores del Estado local, ante la carencia de recursos propios.

La primera cuota del sueldo anual complementario debería haber sido abonada al 30 de junio o, como máximo, al cuarto día hábil de julio. Pasaron alrededor de 20 días y los empleados municipales siguen a la espera.

El aguinaldo implica para el Municipio alrededor de mil millones de pesos, entre el importe que perciben los trabajadores y las cargas sociales. Ese es el monto que no circula en la ciudad por estos días.

La falta de esa inyección de dinero en las familias municipales afecta al circuito comercial local. Desde los comercios de barrio y los supermercados, a tiendas de indumentaria o electrodomésticos.

Como el aguinaldo es un dinero extra que ingresa en los hogares, muchos planifican la adquisición de bienes o servicios no habituales.

En otros casos, en la coyuntura económica actual, aguardan ese pago para hacer frente a compromisos que "patearon" porque contaban con esos recursos.

En ambas situaciones, la falta de pago afecta al comercio local, en medio de una retracción del consumo generalizada que mantiene preocupados a los diversos rubros comerciales.

Con un déficit de más de 4 mil millones de pesos para el primer semestre, el Gobierno municipal todavía no pudo hacer frente al pago del medio aguinaldo y espera a Provincia para cumplir con ese compromiso.

Con la recaudación a la baja, la caída de la coparticipación y los costos de los servicios por encima de los fondos disponibles incluso si todos los contribuyentes pagaran, el panorama es delicado para las cuentas del Estado local.

Este lunes, el Gobierno de Cecilio Salazar cerró la jornada administrativa sin novedades acerca de la línea de financiamiento extraordinario que solicitó a Axel Kicillof.

El Ministerio de Economía recibió la semana pasada toda la documentación correspondiente y en el Municipio esperan la respuesta que habilite los recursos para hacer frente a la primera cuota del sueldo anual complementario.

El monto total de los aguinaldos del Municipio asciende a 1040 millones de pesos.

En ese marco, los sindicatos se reunieron el viernes y anunciaron un paro por 48 horas que cumplirán durante martes y miércoles de esta semana, en reclamo del aguinaldo adeudado.

La medida de fuerza abarca a todos los agentes municipales, representados por los sindicatos ATE, STM, UPCN, incluidos los médicos y otros profesionales incluidos en carrera médico hospitalaria nucleados en Cicop.

Cuando depositó los sueldos de junio, una vez más fuera de tiempo, el Gobierno les informó a los gremios que si Provincia confirmaba la asistencia solicitada podrían pagar aguinaldo entre el 15 y el 20.

La fecha pasó y la incertidumbre reina entre los empleados municipales. Los sindicatos no tienen respuesta certera, pero el Gobierno tampoco: depende de Kicillof y hay que esperar.

Mientras tanto, en Palacio ya empezaron a hacer cuentas para iniciar el camino hacia el pago del sueldo de julio, que debe hacerse efectivo hasta el cuarto día hábil de agosto.

Generalmente, eso se cubre con una línea de asistencia financiera provincial que opera, desde el Banco Provincia, como una especie de descubierto que se paga con descuentos de los fondos coparticipables.

Los empleados municipales no son los únicos acreedores que esperan la cancelación de deudas por parte de la Municipalidad. La lista de proveedores que aguardan con las facturas en la mano es larga.

La tasa por conservación de la red vial, que pagan los contribuyentes con propiedades en la zona rural por el mantenimento de los caminos, tuvo en 2025 una recaudación que apenas alcanzó para cubrir el 28 por ciento del costo que implicó la prestación del servicio.

Históricamente, red vial fue uno de los gravámenes con mayor cobrabilidad. En el último año, cayó al 66,5 por ciento, según se desprende de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 y del informe de costos elaborado por la Secretaría de Economía municipal. 

Entre 2019y 2023 se mantuvo entre el 88 y el 80 por ciento. La caída fue del orden del 32 por ciento en los últimos años. En febrero, La Opinión reveló que el Gobierno preparaba intimaciones para cobrar alrededor de 400 millones de pesos adeudados por propietarios de inmuebles rurales. 

La prestación del servicio de conservación de la red vial insumió, según informó el Gobierno, 164,8 millones de pesos, promedio mensual. La recaudación fue de 46,2 millones, promedio  mensual.

El resultado arroja un rojo de 118,5 millones promedio por mes, es decir un 72 % negativo.

El costo sobre la emisión también fue muy superior: de los 164,8 millones que insumió el servicio, el total emitido fue de 69,5 millones. Es decir que aún si todos pagaran habría un resultado negativo, ya que alcanzaría para cubrir el 42 por ciento.

En materia de costos, el Gobierno informó que el promedio mensual de 164,8 millones de pesos se distribuyó de la siguiente manera: 38 millones en personal; 109,8 millones en combustibles, reparaciones y materiales; 9,2 millones en servicios no personales; 3,5 millones en bienes de uso; 4 millones en gestión administrativa.

Los productores rurales, especialmente los nucleados en la Sociedad Rural de San Pedro, son muy críticos del Gobierno municipal en relación al mantenimiento de los caminos.

El Gobierno municipal difundió esta semana la situación económico financiera al final del primer semestre del año, una publicación que es obligatoria y con la que el Estado local cumple habitualmente.

El informe revela que en la primera parte del año el déficit fue de poco más de 4100 millones de pesos, lo que representa un gasto del orden del 15 por ciento por sobre los fondos disponibles.

El Municipio tuvo alrededor de 25 766 millones de pesos en recursos efectivamente percibidos y devengó gastos por casi 29 900 millones.

En el corte no está contemplado el dinero que demandará el medio aguinaldo, unos mil millones de pesos más, por lo que el gasto en personal aparece con un porcentaje de alrededor del 52 por ciento del total y del 75 por ciento sobre los recursos de libre disponibilidad.

Con la primera cuota del sueldo anual complementario, el gasto en personal del Municipio superará el 80 por ciento, un porcentaje alto pero por debajo del 91,7 % de los recursos de libre disponibilidad que insumió en 2025.

El presupuesto 2026 aprobado por el Concejo Deliberante fue previsto en 57 mil millones, lo que implica que el Gobierno ya devengó alrededor del 52 por ciento, siempre sin contar el medio aguinaldo, que lleva ese porcentaje a casi el 55.

El área de Salud fue la que mayor gasto demandó en el primer semestre, con poco más de 8.400 millones del total, lo que representa alrededor del 33 por ciento de los gastos devengados.

El Gobierno municipal firmó un convenio con Ashira para financiar la deuda milmillonaria que el Estado local mantiene con la empresa prestataria del servicio de recolección de residuos.

La deuda con Ashira supera los 3600 millones de pesos y el plan es saldarla en 90 cuotas, lo que implicará a tres gestiones municipales, puesto que son siete años y medio, hasta fines de 2033.

Es decir que el compromiso recaerá sobre la actual gestión, cuyo mandato vence en diciembre de 2027; la que asuma en ese momento; y la siguiente, que asumirá en 2031.

Para entrar en vigencia, el convenio debe ser convalidado por el Concejo Deliberante con mayoría calificada, es decir por dos tercios del cuerpo: son 12 votos.

Para lograrlo, el oficialismo, que cuenta con siete bancas, deberá persuadir al resto del cuerpo acerca de la necesidad de aprobar este convenio.

Cuando lo firmó, la semana pasada, el Gobierno omitió explicar que se trata de un acuerdo para pagar una deuda que arrastra desde el año pasado y que suma más de 3600 millones de pesos.

Informaron que se trata de "un esquema de ordenamiento administrativo y contractual vinculado a la prestación del servicio de higiene urbana".

En los últimos dos meses, Ashira pagó fuera de término los sueldos de sus trabajadores por la falta de cumplimiento del Municipio,  lo que derivó en paros de los trabajadores, con la consecuente falta de recolección de residuos durante varios días.

En ese marco, Ashira pidió "previsibilidad" para los meses siguientes y alcanzaron este acuerdo, que debe ser convalidado por el Concejo porque se trata del financiamiento de deuda, con los intereses que ello comporta.

En 2017, el Concejo aprobó un convenio para saldar en 120 cuotas la deuda que el Municipio arrastraba con Ashira desde la gestión Guacone. En ese momento, la oposición tuvo reparos, pero acompañó.

El servicio de Ashira cuesta, desde la última actualización, 362 millones de pesos. Son 335 millones de la prestación en la ciudad cabecera y 27 millones de las localidades.

La Rendición de Cuentas 2025 reveló que lo recaudado por la tasa de alumbrado , barrido y limpieza (ABL) sólo alcanzó para cubrir el 25 por ciento del costo. 

Ese gravamen tuvo una cobrabilidad del 53 por ciento. Si todos pagaran, tampoco alcanzaría para cubrir el costo total del servicio.

En el Gobierno y en el Concejo ya tienen en marcha la tarea para persuadir a la oposición sobre la relevancia del convenio. Pero en Palacio saben que la cuestión de fondo es otra.

San Pedro deberá poner en debate si está en condiciones de mantener el tipo de servicio que brinda Ashira y si está dispuesto a pagarlo.

Derecho de Cementerio es uno de los tributos que peor registro de recaudación tuvo en 2025, según la Rendición de Cuentas que el Concejo aprobó a fines de mayo.

Del informe de costos elaborado por la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo se desprende que la recaudación alcanzó para cubrir poco más del 15 por ciento de lo que vale mantener el servicio.

El costo total fue de casi 209 millones. La recaudación, de apenas 32,6 millones. El déficit es del 84,39 por ciento,  176,3 millones de pesos que hay que pagar y que no ingresan.

La cobrabilidad quedó en el 43,3 por ciento, puesto que esos 32,6 millones representan ese porcentaje sobre los 75,3 millones de emisión anual del derecho de Cementerio. El valor promedio por cuenta, informó la Municipalidad, es de alrededor de  14.500 pesos anuales.

La diferencie entre costo y emisión implica que aun si pagaran todos los contribuyentes que corresponden, el déficit seguiría enorme y bajaría del 84,4 al 64 por ciento. Todavía faltarían 133,5 millones de pesos.

El costo mayor del mantenimiento de la necrópolis municipal es el personal: el gasto anual en sueldos fue en 2025 de 193,8 millones, más del 92 por ciento del total.

El resto de los gastos son 4,4 millones en bienes de consumo; 6 millones en servicios no personales; 452 mil pesos en bienes de uso; y 4,2 millones en administración tributaria.

El año pasado el Cementerio municipal se quedó sin servicio de seguridad privada tras el retiro de la empresa a cargo por falta de pago. Los reclamos por lo que ocurre en la necrópolis se incrementaron.

La recaudación registrada en 2025 para la tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) de la Municipalidad de San Pedro alcanza apenas para el 25 por ciento del costo del servicio. 

Así se desprende del análisis de la Rendición de Cuentas del año pasado y del informe de costos de prestación elaborado por la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo.

En 2025, el costo total de ABL fue de más de 5.260 millones de pesos, mientras que la recaudación anual fue de apenas 1313 millones.

El déficit es de 3.947 millones, lo que implica un 75 % negativo sobre lo recaudado.

Los datos revelan que el problema no es sólo la baja recaudación por la caída de la cobrabilidad. Si todos los contribuyentes hubiesen pagado, tampoco alcanzaría.

La cobrabilidad fue del 53,8 por ciento. Esos 1313 millones de pesos recaudados representan ese porcentaje de los poco más de 2460 millones establecidos en la emisión, de acuerdo al aumento del 100 % autorizado por el Concejo y los porcentajes de incremento aplicados, relacionados con el índice de precios.

El desglose del costo indica que 906 millones se pagaron por energía eléctrica de alumbrado público y 85,5 millones por mantenimiento y reposición de lámparas a Coopser.

Ashira costó 1972 millones por recolección de residuos en la ciudad cabecera; 1000 millones por barrido manual; y casi 250 millones por la recolección en las delegaciones, que el Municipio no pudo asumir por su cuenta, como planeaba.

Además fueron devengados 533,7 millones de pesos en personal; casi 180 millones en combustibles y materiales; 48,5 millones en servicios no personales; 90,7 millones en mantenimiento del basural; 43 millones para el sistema de reciclado; 26,6 millones en bienes de uso; y 103 millones en "apropiación gastos administración tributaria".

Al cierre del primer semestre, cuando La Opinión publicó el mapa de cobrabilidad de ABL, la recaudación representaba el 21 por ciento del costo del servicio, por lo que no hubo cambios significativos para el final del ejercicio..

El "festival de bonificaciones" que denunció la concejala Paola Basso respecto de la Rendición de Cuentas 2025 no terminó ahí. En lo que va del año, ya hubo beneficios para algunos funcionarios por encima de otros, un favoritismo que no cayó bien en el gabinete.

Todos los funcionarios cobran un porcentaje de "bonificación por función y gastos de representación" que engrosa el sueldo de bolsillo. Ese plus era del 50 por ciento. 

Pero ya no es igual para todos. Por ejemplo Isabel Carrasco y Mariano Brañas cobran un 100 por ciento por “función médica” y por “bloqueo de título”, respectivamente.

Hay  dos directores que fueron beneficiados en los últimos meses y cuyos decretos aparecen publicados en los boletines oficiales disponibles hasta el momento, que son cuatro y cubren el primer cuatrimestre del año, es decir hasta abril inclusive. Al menos no fueron “reservados” para esconder la decisión.

Uno es el joven director de Personal Rafael Torres, empleado municipal de carrera que pasó de coordinar los recursos humanos del Hospital a tener toda la Municipalidad a su cargo.

Torres cobra el doble de bonificación que la media de funcionarios. El 4 de febrero, a pocos días de su designación, lo beneficiaron con un aumento del 50 por ciento en ese ítem.

Así, su bonificación por función y gastos de representación pasó del 50 al 100 por ciento. Su sueldo bruto, según la última liquidación disponible, es de 3.572.412.80 pesos y es similar al de los subsecretarios del gabinete.

El otro caso es el de Pablo Vlaeminck, expresidente del Concejo Deliberante que cuando terminó su mandato fue designado como director de Centros de Salud.

El 23 de enero pasado, por expreso pedido de la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, le otorgaron con retroactividad al primer día del año un 25 por ciento por encima del resto.

Así, Vlaeminck pasó a cobrar una bonificación por función y gastos de representación del 75 por ciento, lo que llevó su sueldo bruto a  3.582. 722,49 pesos, según la última liquidación disponible, mayor al de Torres por antigüedad.

Dentro del gabinete, el beneficio a algunos directores por sobre otros no cayó del todo bien. 

Después de todo, aseguran, las responsabilidades políticas y laborales de cada uno son relevantes. De no ser así, entienden, prescindirían de ellos.

Sin embargo, otro aumento de bonificación otorgada este año hizo que el incremento con el que beneficiaron a Torres y a Vlaeminck fuera aún más llamativo.

Tras varios años de planteos relacionados con las responsabilidades del cargo, la jueza de Faltas Jimena Gómez recibió un incremento en la bonificación por función y gastos de representación.

La persona a cargo del Juzgado de Faltas municipal, que es delegado del intendente en esas funciones, tiene rango de director. Así, Gómez, como todos los directores, tenía una bonificación del 50 por ciento.

En reconocimiento a su labor, este año le otorgaron un aumento del 17 por ciento, lo que llevó la bonificación que percibe al 67 por ciento.

Esto es ocho por ciento menos que el director de Centros de Salud Pablo Vlaeminck y 33 por ciento menos que el director de Personal, Rafael Torres.

Este jueves es el cuarto día hábil del mes, límite para el pago de los sueldos municipales, y el Gobierno local, una vez más, no podrá abonarlos en tiempo y forma.

El Ministerio de Economía provincial recibió, como todos los meses, la solicitud para autorizar asistencia financiera, y si eso sucede deberán aguardar el visto bueno del directorio del Banco Provincia.

Si esos carriles, ya habituales en San Pedro y otros municipios con dificultades de liquidez, avanzan como se espera, los fondos estarían disponibles, como "descubierto bancario" que se devuelve con coparticipación, para el viernes.

Así, los empleados podrían ver reflejados sus salarios el sábado, una vez que hayan impactado en las cuentas de cada uno, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Economía municipal.

Para el aguinaldo, todavía falta. Paso a paso, dicen en el Municipio, mientras crece la expectativa entre los empleados.

Mientras tanto, y ante el incumplimiento que opera hoy de acuerdo a lo que establece la normativa, el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta volvió a convocar a un paro de actividades.

En un mensaje difundido entre sus afiliados, "Mono" Acosta informó que envió al Ministerio de Trabajo la nota para comunicar "paro y retención de tareas" desde este viernes.

La medida, señaló, es "no sólo por el pago de los haberes fuera de término, sino también de otros incumplimientos como por ejemplo entrega de ropa, recategorizaciones y todo lo que ya saben que este sindicato viene reclamando".

Desde ATE y UPCN no hubo comunicación para con los afiliados respecto de medida de fuerza alguna, a la espera de que los salarios estén disponibles para el sábado, como estima el Gobierno.

Este viernes el Concejo Deliberante tratará la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2025 en una sesión especial convocada para las 14.30, luego de la sexta ordinaria, que tuvo lugar este jueves.

En un clima caldeado por el altercado que protagonizaron los ediles Ariel Rey y Martín Rivas, con acusaciones de golpes de puño incluidas, el Gobierno confía en que obtendrá los votos necesarios para aprobar las cuentas del ejercicio 2025, año electoral.

La situación entre Rivas y Rey ocurrió mientras varios concejales estaban en la Secretaría de Economía para tomar vista de los denominados "decretos reservados", una serie de documentos que figuran así en el Boletín Oficial, es decir sin detalle público.

Gran sorpresa se llevaron los concejales presentes en esa revisión al detectar que los casi 130 decretos "escondidos" por el Gobierno de la visibilidad pública del Boletín Oficial no tienen una relevancia de "secreto de Estado".

Muy por el contrario, son un secreto a voces: nombramientos, pases a planta, bonificaciones y recategorizaciones, la gran mayoría de personas con vínculos políticos.

Un clásico: acomodos a troche y moche. Hay familiares directos de funcionarios y concejales y hasta miembros del Concejo Deliberante, más los clásicos hijos o parientes de punteros políticos, lo que no hace otra cosa que alimentar sospechas en un año electoral.

Al interior del gabinete no faltaron las voces que consideraron que la modalidad podría traer problemas. Habían visto lo obvio: todos juntos iban a llamar la atención, sobre todo a la hora de la Rendición de Cuentas.

Entre los más llamativos a los que tuvo acceso La Opinión aparecen por ejemplo el pase a planta permanente de la pareja de la concejala presidenta del bloque oficialista Soledad Llull.

El ingreso a la Municipalidad de la hermana del exdirector de Deportes y actual concejal Valentín Bravo, lo que ocurrió en plena campaña electoral en la que él encabezaba la lista de Salazar.

La incorporación a carrera médico hospitalaria del concejal Diego Lafalce, empleado municipal a quien le correspondería ese régimen porque es licenciado en Enfermería, aunque se la consignaron mientras no está desempeñando tareas, puesto que como edil debería estar de licencia en su rol de  trabajador del Estado local.

El traslado a comisión a Fiscalía de la hija del secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, quien ya había sido designada como empleada municipal y trabajaba en el Juzgado de Faltas.

Además, entre los decretos reservados el Gobierno puso la lista de renovación de cargos temporarios, algo que habitualmente publicaba La Opinión y que solía ser, en todos los gobiernos, motivo de "disgustos" puertas adentro de Palacio.

Allí, como siempre, aparecen apellidos vinculados a punteros políticos, empleados municipales de aceitada relación con el Gobierno, funcionarios del gabinete y a concejales.

Durante la sesión del jueves, el concejal Joaquín González, de La Libertad Avanza, dijo que habían visto los decretos reservados y que "todos los de acá", por el Concejo Deliberante, "tienen familiares, los acomodan con bonificaciones y demás".

Algo similar dijo Ariel Rey en diversas notas periodísticas que dio después de que La Opinión lo entrevistara en relación a lo ocurrido con Martín Rivas cuando miraban esos decretos.

Todo indica que la oposición, que tuvo la posibilidad de revisar esos casi 130 decretos reservados que el Gobierno decidió "esconder" de los boletines oficiales, expondrá al respecto en la sesión especial de este viernes.

El Concejo Deliberante debe tratar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 antes del 31 de mayo y lo hará este viernes, en una sesión extraordinaria convocada para tal fin para las 14.30.

Sin muchas posibilidades de revisar y con diversos pedidos que no fueron canalizados como corresponde, la oposición corre contrarreloj para analizar una serie de cuestiones vinculadas a lo que les toca: el análisis político de oportunidad, mérito y conveniencia de la ejecución del presupuesto de recursos y gastos durante el año electoral.

Aunque hubo dificultades para acceder a los módulos de Rafam —sólo habilitaron acceso a dos de los nueve y en una computadora sola para todos los ediles, sin reclamos airados de Martín Rivas, como en la época en la que no era "garante de la gobernabilidad"—, los bloques opositores revisaron algunos ítems sobre los que quieren detalles.

En el orden del día de la sesión ordinaria de este jueves figura una solicitud del bloque San Pedro Puede, que preside Ariel Rey, en la que piden que les remitan copia o les permitan tomar vista de órdenes de compra y órdenes de pago de 18 proveedores.

Entre ellos, llamó la atención al menos uno, del que piden ver el detalle de 60 facturas. Las vinculaciones de ese proveedor llamaron aún más la atención, puesto que tiene relaciones políticas, sindicales y hasta incompatibilidades administrativas previstas por la Ley Orgánica.

La empresa se llama Nexo de San Pedro SRL y su socio gerente, según obra en Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires desde 2021, es Mauricio Preiti, en cuyo domicilio tiene asiento legal.

Preiti es exconcejal, exsindicalista de Seda, expresidente del PJ local, habitual integrante de la asamblea de Mayores Contribuyentes —aunque tiene intereses en contratos con la Municiipalidad—y de fluida relación con Horacio Azzoni, el sindicalista de la Uocra.

Cada vez que se señala esa relación Azzoni dice que "Preiti no tiene nada que ver con el gremio" y que sólo son “amigos” y que tiene algún tipo de vínculo laboral con su hijo Santiago, con quien además comparte sociedad en otras empresas.

Nexo de San Pedro SRL tiene una amplia gama de actividades que abarca: servicios de comida; alojamiento y hospedaje; alquiler de maquinaria; transporte de cargas; construcción y reparación de edificios; servicios de protección civil; transporte automotor de pasajeros.

En Rafam figuran esas 60 órdenes de pago, muchas de ellas, la mayoría canceladas y algunas sin cobrar al cierre del ejercicio, por montos que van de los 80 mil pesos a los 8 millones.

Además de esas múltiples facturas por servicios cuyo detalle no aparece en sistema y forma parte de lo que pidió la oposición al Gobierno, Nexo de San Pedro aparece como adjudicataria de la contratación directa para la construcción de la platea de hormigón para los consultorios modulares externos del Hospital.

El detalle que pide la oposición más ese contrato de obra,  de 35,6 millones de pesos, suman en total alrededor de 164,5 millones de pesos.

Las facturas serían por tareas de “mantenimiento” en diversos sectores y por servicios de transporte de pasajeros como los que el Gobierno ofreció para eventos en localidades, como la Fiesta del Durazno.

Nexo de San Pedro aparece en los boletines oficiales del año 2024 como adjudicataria de refacciones del SUM de La Tosquera y porque en ese mismo año solicitó habilitación del shop de la estación de servicio de Pellegrini y 3 de Febrero, que fue denegada porque no cumplió con los requisitos relacionados con seguridad antisiniestral ante Bomberos de San Nicolás.

En ese momento, 11 de enero de 2024, la resolución establecía que la empresa tenía "siete días para que se proceda al retiro de las mercaderías, elementos, mobiliario y útiles existentes" en el lugar, que todavía funciona sin que haya aparecido en el Boletín Oficial la autorización correspondiente.

De la misma manera, la empresa Nexo de San Pedro fue hasta marzo locataria de un inmueble ubicado en Rivadavia y Perón, donde funciona la denominada Posada Los Robles, que históricamente careció de habilitación  y cuyos propietarios litigaron por ello con la Municipalidad.

En ese hospedaje, del que tampoco hay registro público de que haya sido habilitado como corresponde, solían parar funcionarios del Gobierno que no tenían domicilio en San Pedro, como el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, aunque se desconoce si por cuenta del Municipio o propia.

La solicitud para conocer detalles acerca de lo facturado por esta empresa tiene como eje la sospecha de que habría sido favorecida por sus vínculos políticos en una gran cantidad de contrataciones.

Un informe de la fundación Fundar, que monitorea la situación de las empresas argentinas, reveló que en el país cerraron  24 437 empresas desde que asumió el presidente Javier Milei, de las cuales 13 163 corresponden al último año.

El informe releva "datos actualizados de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo"  y considera como empresa a "cualquier persona física o jurídica que tenga al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con la excepción del personal doméstico y de casas particulares".

En San Pedro, ante la consulta de La Opinión, desde el Gobierno informaron que hay un trabajo similar en marcha, que analiza datos de altas y bajas de habilitaciones comerciales, que está en proceso para contemplar rubros, cantidad de puestos de trabajo que implican, reconversiones y otras aristas.

Mientras tanto, la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo informó a este medio que los primeros datos que tienen sistematizados en el área de Comercio revelan que la caída en la actividad económica registrada en el país también se ve en la ciudad.

"Las bajas superaron a las nuevas habilitaciones en un 39,5 por ciento", informó Borgo.

Los datos indican que hubo 60 habilitaciones comerciales dadas de baja en el primer cuatrimestre del año y 43 altas.  El promedio de bajas marca una tendencia: la diferencia siempre había sido a favor desde 2021 en adelante, con excepción del crítico año 2023, inflación desenfrenada mediante.

En 2021 hubo 197 altas y 115 bajas; en 2022, 163 y 132; en 2023, 144 y 148; en 2024, 143 y 137; en 2025, las altas fueron 167 y las bajas, 139.

Hay que tener en cuenta que desde 2024 es más fácil habilitar, gracias a una política implementada por el Municipio que agilizó los trámites y permitió resolver algunos problemas de larga data.

El relevamiento que se hizo hace unos años contribuyó también a regularizar y en 2024, cuando tomaron la decisión de dar de baja todo lo que había "dando vueltas", tiraron a la basura más de 600 expedientes que se habían acumulado sin resolución en los últimos ocho años, generalmente porque los titulares no volvían y ya habían cesado la actividad.

Borgo adelantó a La Opinión que una vez concluido el informe rubro por rubro pondrán en marcha un diagnóstico para evaluar comercio por comercio, controlar las habilitaciones y establecer actividades de riesgo ante la crisis actual.

En diálogo con este medio, el funcionario advirtió que "se nota el incremento de monotributistas dados de alta" y analizó: "Hay mucha gente tratando de compensar" la situación económica "amen de tener un empleo" en relación de dependencia.

Borgo habló de un "fenómeno de cuentrapropistas que están saliendo a hacer cosas porque no llegan y están buscando actividades comerciales simples", lo que también se ve reflejado en las solicitudes de habilitación en trámite.